Sentencia Contencioso-Administrativo 404/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 81/2023 de 18 de septiembre del 2025

PRIMERO.- Objeto del proceso

La parte demandante en la instancia interpone recurso de apelación contra la sentencia n.º 263/2022, dictada el 16 de diciembre de 2022 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de Donostia-San Sebastián.

La sentencia tiene la siguiente parte dispositiva:

"Declaro la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Florian contra la actuación administrativa indicada en el encabezamiento; por haberse interpuesto por persona no legitimada, en los términos previstos en el artículo 69.b) de la LJCA ; con expresa imposición de costas a la parte actora, si bien limitadas por todos los conceptos hasta una cifra máxima de 1.000 euros. En este límite no se incluye el IVA correspondiente."

La parte apelante pide en el cuerpo de su escrito que se revoque la sentencia dictada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de San Sebastián respecto de la inadmisión del recurso y que se acuerde:

"a) Retrotraer las actuaciones judiciales al momento procesal oportuno a fin de que el órgano judicial dicte nueva Sentencia en la que no se aprecie la inadmisión del recurso contencioso-administrativo por falta de legitimación del recurrente.

b) O, alternativamente, que sea el propio TSJPV quien al dictar una nueva sentencia se pronuncie sobre el fondo del asunto."

En el suplico concreta aún más sus pretensiones, pidiendo que este Tribunal Superior de Justicia proceda a:

Revocar la citada sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Donostia, nº 263/2022, de 16 de diciembre y, en su virtud, acuerde:

(I) Estimar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente ( art. 24.1.CE ), en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

(II) Restablecerle en su derecho, y dicte nueva sentencia, por virtud de la cual, declare:

a) La nulidad de la sentencia recurrida, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse ésta, para que se dicte una nueva resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental

b) O, alternativamente, dicte nueva sentencia, declarando:

1- La nulidad del proyecto de reparcelación, retrotrayendo las actuaciones al momento inicial, el cual está viciado de nulidad por cuanto no se les ha reconocido en el mismo, para que sean incluidos en calidad de interesados.

-Subsidiariamente, acuerde la nulidad del proyecto de reparcelación, retrotrayendo las actuaciones a la aprobación definitiva del proyecto, el cual está viciado de nulidad por cuanto no se les ha reconocido en el mismo, para que sean incluidos en calidad de interesados.

2- Se acuerde, asimismo, la modificación del proyecto de reparcelación, para que los terrenos del DIRECCION000 y sus pertenecidos se califiquen como de titularidad dudosa o litigiosa, conforme al artículo 103.4 RGU."

Las partes apeladas han pedido la íntegra desestimación del recurso devolutivo.

SEGUNDO.- Sentencia apelada

El Juzgado aprecia la concurrencia de una causa de inadmisibilidad del recurso interpuesto, a saber, la falta de legitimación activa del recurrente para solicitar la revisión de oficio del proyecto de reparcelación, en los términos previstos en el artículo 69.1 b) de la LJCA. El actor debió acreditar, como paso previo a enjuiciar el fondo de la pretensión esgrimida en su demanda, tener la condición de interesado en el Proyecto de Reparcelación de la U.E. AY.06 del AIU "AY.06. ARBAIZENEA", cuya revisión de oficio se instó por aquel; lo que implicaba la necesidad de probar cumplidamente el efecto positivo que la anulación de la resolución recurrida implicaría para la esfera jurídica del recurrente.

Para el Juzgado, la posesión y explotación de la finca que se llevó a cabo por D. Celestino; y, a su fallecimiento, por Dña. Celia, y D. Constantino (padre del recurrente), lo fue a título de precario. Ahora bien, éste último "fue debidamente indemnizado por los conceptos que dicha posesión precaria implicaba; y que, con carácter general, vienen fijados en los artículos 361 en relación con los artículos 452 y siguientes del Código Civil ; tal y como se acreditó con la firma del documento fechado el día 29 de marzo de 2010; cobro de la indemnización pactada que implicaba la renuncia a efectuar reclamación ulterior alguna tanto por parte de quienes suscribieron el citado contrato como de sus herederos; entre ellos el recurrente en calidad de hijo de aquel; de tal manera que el actor, hijo de D. Constantino, carecía manifiestamente de derecho o interés legítimo alguno, en los términos previstos en el artículo 76.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, que implicara la necesidad de que el mismo hubiera debido ser considerado como parte en el expediente de reparcelación; máxime cuando el actor no acreditó haber sido titular de un derecho o interés legítimo sobre la finca citada, al tiempo de iniciarse el expediente de reparcelación, que no derivara de dicha posesión precaria que ostentaba su padre D. Constantino; deduciéndose de dicha carencia de titularidad de derecho o interés alguno (originario o en virtud de título hereditario alguno), que podría verse afectado por el expediente de reparcelación cuya revisión de oficio se interesa por el actor (...)"

TERCERO.- Recurso de apelación

Para el apelante, la sentencia incurre en los siguientes vicios.

1.- Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) en su vertiente de "acceso a la jurisdicción", y del art. 19 y 69.1.b) LJCA, al inadmitir el recurso contencioso administrativo. La sentencia valora la "prueba documental aportada por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián", para pronunciarse sobre la "vigencia" del arrendamiento rústico histórico al tiempo de iniciarse el expediente de reparcelación, considerando que no se ha acreditado que el actor fuera titular de un derecho arrendaticio, que el apelante considera incontrovertido. La sentencia omite que, al tiempo de iniciarse la reparcelación, existía la coposesión familiar centenaria, actuando como dueños durante ese periodo (mediante actos que se recogen expresamente al folio 3º, antecedente 1º, apartados 7 y 8 de la demanda, que no han sido negados de contrario) y que motivó la usucapión declarada en la primera instancia del juicio posesorio. Se trata de una cuestión civil, que pende, y que no puede resolverse en esta jurisdicción contenciosa.

Está documentado que, cuando menos, desde el 14 de enero de 1.897, de forma pública, pacífica e ininterrumpida hasta nuestros días, el actor y su familia Florian Celestino Celia Constantino, han estado en posesión y explotaban el DIRECCION000 y sus pertenecidos. Por tanto, al inicio del expediente reparcelatorio, en el año 2007, habían pasado más de 30 años desde que el padre del actor actuaba como dueño, por lo que habría adquirido la finca por usucapión, lo que beneficia al actor, aunque el apelante añade que "al tiempo de la iniciación del expediente, la titularidad de la misma es dudosa, porque la reclaman para si los Florian Celestino Celia Constantino (...)". Y, más adelante, sostiene que " Celestino no era precarista",y que "al tiempo de iniciarse la reparcelación, "subsisten" los arrendamientos al no haberse resuelto por los arrendadores en uso de la facultad que la ley les confiere".

Por ello, "la apreciación del Juzgador es errónea, y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción ( art. 24.1.CE ), ya que nunca podía hacer una declaración de tal naturaleza al resolver el recurso sobre el acto administrativo recurrido".

Sostiene el recurso que el recurrente Florian (nacido el NUM000 de 1968), es parte de una cadena posesoria familiar, y coposeedor al tiempo en que se tramitó la reparcelación (2007). Objeta que "Las valoraciones de la sentencia recurrida no excluyen su condición de interés legítimo en el recurrente. Son todas ellas cuestiones sobe el fondo del asunto, y por tanto, no debieran afectar a la admisibilidad o no del recurso.

Considera el apelante que los documentos por los que los tíos del actor renunciaron a sus derechos son "documentos privados, que, a lo sumo, son una compensación o indemnización, como señala la propia Junta, del "cese de la actividad agrícola", que no de ningún derecho real u obligacional, entre otras cosas, porque no se elevó a escritura pública",como era imperativo tratándose de un arrendamiento rústico. Además, el padre, Constantino, no podía renunciar a los derechos del hijo que estaba vivo y actuaba en nombre propio, pues era mayor de edad, coposeedor y cultivador.

Añade que la sentencia de la Audiencia Provincial, que revoca la del Juzgado que estimó la usucapión extraordinaria, carece en este caso concreto y, desde esa perspectiva particular, del efecto de cosa juzgada respecto al dominio de la finca. De manera incontrovertible concluye que el efecto positivo que la anulación de la resolución implicaría para la esfera jurídica del actor, es obvio.

2.- Vulneración del art. 24.1 y 24.2, 105.c) de la CE, y arts 4.1, art. 47.1 a) y e), art. 82 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, al no otorgar al Sr. Florian la consideración de interesado en el proyecto de reparcelación.

Esta situación "trae consigo la nulidad de pleno derecho de los actos impugnados, en este caso el proyecto de reparcelación, o subsidiariamente, la aprobación definitiva de dicho proyecto, en cuanto adolecen de los vicios de nulidad denunciados: haber prescindido total y absolutamente de normas esenciales del procedimiento".

3.- Vulneración del art. 24.1 y 24.2, 105.c) de la CE, y arts 4.1, art. 47.1 a) y e), art. 82 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, nulidad para que se acuerde la modificación del proyecto de reparcelación, para que en virtud de la litigiosidad de los terrenos del DIRECCION000 y sus pertenecidos, se califique como de titularidad "dudosa o litigiosa", conforme al artículo 103 RGU. Como es obvio, la cuestión del dominio deberá dilucidarse en el correspondiente procedimiento declarativo civil.

CUARTO.- Oposición del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

1.- El recurrente no ha acreditado el interés legítimo que ampara su legitimación activa, pues no ha justificado que la pretendida anulación del Proyecto de Reparcelación pudiera tener efecto alguno en su esfera jurídica.

La prueba documental aportada a los autos, a la que se refiere la Sentencia, permite desmontar la tesis del recurrente y afirmar, entre otras cuestiones, (i) que no existió arrendamiento ni mucho menos usucapión de la finca, (ii) que a la ocupación de la finca en precario de algunos familiares se puso fin con los acuerdos privados de 2008 y 2010, que nunca fueron impugnados de contrario, y (iii) que, ni antes, ni durante la tramitación del expediente de reparcelación, ni desde su aprobación, el recurrente hizo valer su condición de interesado a pesar del perfecto conocimiento que siempre tuvo de la ejecución urbanística del ámbito.

La falta de acreditación del "beneficio o utilidad jurídica" que le puede reportar la anulación del Proyecto de Reparcelación se traduce en la ausencia de interés legítimo del Recurrente ex. art. 51.1. b) LJCA. Por tanto, la conclusión de la Sentencia respecto de su falta de legitimación y la procedencia de la inadmisión del recurso contencioso-administrativo ex. art. 69 b) LJCA es correcta.

D. Florian siempre fue un tercero ajeno a la UE.AY.06, a la Finca y a los propietarios que integran la Junta de Concertación, por lo que no se deduce beneficio o perjuicio alguno respecto de la revisión de oficio del Proyecto de Reparcelación que promueve.

2.- No existe incorrecta valoración de la prueba cuando la Sentencia no considera "abusivos" los acuerdos privados aportados como prueba documental: ni siquiera ha sido acreditado que hayan sido impugnados. Tampoco puede el Recurrente referirse como "omisión" al rechazo de circunstancias que no han sido justificadas fehacientemente -por ejemplo, a través de inscripciones registrales o sentencias firmes-, como la adquisición por usucapión.

2.- En todo caso, resulta improcedente pretender la revisión de oficio por vulneración de los límites del art. 110 LPACAP.

3.- La falta de llamamiento como interesado del apelante en el expediente de reparcelación no implica un motivo de nulidad que justifique la revisión de oficio del proyecto de reparcelación. Según la jurisprudencia, la ausencia del trámite de audiencia en el procedimiento no constituye causa de nulidad de pleno derecho sino, a lo sumo, causa de anulabilidad, y sólo en los casos excepcionales en los que se produzca indefensión (con cita de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 18 de mayo de 2020, REC. 5732/2017). En este caso no concurre esa indefensión real y efectiva en la medida en que el recurrente podía haber remitido sus alegaciones en los trámites de información pública durante la tramitación del expediente o haber recurrido en tiempo y forma tras su aprobación el acto que pretende ahora, transcurridos más de 14 años, revisar.

Reitera el Ayuntamiento que ni el recurrente ni el resto de la familia Florian Celestino Celia Constantino tenían título sobre la finca ni ningún derecho sobre ella, más allá de la ocupación transitoria que se toleró a algunos miembros de la familia, tal y como se desprende de los acuerdos privados y de la escritura de compraventa de la Finca. Por tanto, no se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el art. 76 del RGU; ni se personaron durante la tramitación del expediente de reparcelación a pesar del perfecto conocimiento que tenían sobre la ejecución urbanística inminente del ámbito.

QUINTO.- Oposición de la Junta de Concertación de Arbaizenea,

1.- Esta parte sostiene que una vez indemnizados los precaristas de la finca y habiendo éstos renunciado a sus derechos, el recurrente, otro hermano y una prima entraron a ocupar el caserío sin autorización de las sociedades propietarias, lo que dio lugar a la interposición de una acción de desahucio por precario por parte de éstas. Este procedimiento finalizó con la Sentencia de la Audiencia Provincial que condenó al recurrente al desalojo de la finca ante la ausencia de cualquier título que amparase su ocupación o una hipotética condición de propietario.

El recurso de apelación tergiversa los hechos para contradecir frontalmente la correcta valoración de la prueba documental efectuada por la Sentencia. La prueba documental aportada a los autos, a la que se refiere la Sentencia, permite desmontar la tesis del Recurrente y afirmar, entre otras cuestiones, (i) que no existió arrendamiento ni mucho menos usucapión de la Finca, (ii) que a la ocupación de la Finca en precario de algunos familiares se puso fin con los acuerdos privados de 2008 y 2010, que nunca fueron impugnados de contrario, y (iii) que, ni antes o durante la tramitación del expediente de reparcelación, ni desde su aprobación, el Recurrente hizo valer su condición de interesado a pesar del perfecto conocimiento que siempre tuvo de la ejecución urbanística del ámbito.

Alega esta parte que el único y verdadero fin que mueve al recurrente es un "desesperado" intento de reabrir el debate zanjado en la Audiencia Provincial, que le condenó al desalojo de la Finca. Una actuación procesal que, a juicio de esta parte, debe calificarse de "temeraria" ex. art. 139 LJCA a efectos, en su caso, de la condena en costas del Recurrente.

La falta de acreditación del "beneficio o utilidad jurídica" que le puede reportar la anulación del Proyecto de Reparcelación se traduce en la ausencia de interés legítimo del Recurrente ex. art. 51.1. b) LJCA. Por tanto, la conclusión de la Sentencia respecto de su falta de legitimación y la procedencia de la inadmisión de su recurso contencioso-administrativo ex. art. 69 b) LJCA es correcta.

2.- En ningún escenario, las facultades de revisión de oficio del Ayuntamiento podrían ser ejercidas por virtud de lo dispuesto en el artículo 110 de la LPACAP. El tiempo transcurrido (catorce años) y la seguridad jurídica generada desde la aprobación del Proyecto de Reparcelación, así como la buena fe y confianza legítima forjada con la suscripción de los acuerdos privados, operan como límites al ejercicio de las potestades de revisión de oficio del Ayuntamiento.

Por añadidura, para la Junta de Concertación codemandada tampoco existe motivo de nulidad que justifique esa revisión de oficio.

SEXTO.- Criterio del tribunal

1.- El recurrente interpuso demanda frente a la desestimación de su solicitud de revisión de oficio del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución «AY.06 Arbaizenea» presentada el 26 de noviembre de 2020 por el Recurrente ante el Ayuntamiento de San Sebastián (ff. 1 a 60 del expediente administrativo). Este proyecto de reparcelación fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el 20 de junio de 2008.

La legitimación activa para ser parte en un determinado proceso debe ser examinada por el órgano judicial como presupuesto necesario para el acceso a la tutela judicial. Es una carga que debe levantar quien busca esta tutela la de acreditar que se encuentra en una determinada situación jurídica y fáctica que le permite ejercitar el derecho de acceso a la jurisdicción. La interpretación necesariamente antiformalista de este presupuesto no requiere estimar una legitimación desvinculada del fondo del asunto, y quien pretende el enjuiciamiento de la actuación administrativa tiene que alegar con suficiente fundamento que los hechos y el derecho en que pretende ampararse le permiten obtener un beneficio legítimo.

Desde esta perspectiva, incuestionable en el actual estado de desarrollo de los principios básicos de nuestro derecho procesal, una decisión de inadmisión por falta de legitimación en nada afecta a la integridad del derecho a la tutela judicial efectiva, pues el acceso a la jurisdicción es un derecho de configuración legal, lo que significa que su ejercicio debe atenerse a las reglas y plazos establecidos por el legislador en desarrollo de las normas contenidas en el art. 24 CE.

2.- El ahora apelante sostiene que tiene una titularidad jurídica sobre la finca (sin que se alcance a distinguir si lo que pretende es que se reconozca en su modalidad de arrendatario o de dueño por usucapión inmemorial). El Juzgado ha valorado la prueba que las partes han aportado y no encuentra ningún motivo para considerar al recurrente en ninguna de las dos situaciones jurídicas.

Al resolver sobre la legitimación activa, el Juzgado ni está prejuzgando el fondo del asunto ni se está colocando al margen del ámbito de la jurisdicción que le es propia. Todo órgano judicial viene obligado a valorar la concurrencia de los requisitos impuestos por el legislador para emprender válidamente el proceso. La sentencia apelada no resuelve sobre la titularidad de la finca (cuestión que corresponde al orden civil), sino que se pronuncia sobre la falta de acreditación de la condición de interesado que sostiene el actor (que es sobre lo que le corresponde decidir).

Y lo hace a la vista de la sucesión en los posibles títulos sobre la finca, de la renuncia a los mismos conforme a los documentos aportados y a una sentencia firme (dictada con el n.º 244/2019, de 22 de marzo, por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en el juicio verbal de desahucio n.º 586/2019, recogida en los ff. 29 a 41 del expediente administrativo), que el apelante considera basada en "afirmaciones" que "no son ciertas".

Como correctamente argumentan las partes, no existe razón alguna para que la titularidad de la finca pudiera ser calificada como "dudosa" o "litigiosa" (ex. art. 103.3 del RGU), como pretende el apelante. La propietaria pacífica de la Finca era la mercantil Inmobiliaria Rentería (propietaria registral, que había adquirido el dominio en virtud de escritura pública de compraventa de 1999). Frente a este título no se alzó en ningún momento el apelante, siendo conocedor del mismo y de la transformación urbanística de la finca, contra la que no se ha manifestado sino hasta el escrito presentado el 26 de noviembre de 2020, esto es, transcurridos más de 12 años desde la aprobación del Reparcelación, cuando solicita la revisión y/o modificación del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución "AY.06. ARBAIZENEA", inscrita en el Registro de la Propiedad. La sentencia apelada ha tenido a la vista, además, la resolución dictada en apelación por la jurisdicción civil mediante la que se declara la inexistencia de título arrendaticio o dominical sobre la finca.

3.- Por lo que respecta a la impugnación de la condena en costas, la sentencia aplica correctamente la regla contenida en el art. 139.1 LJCA, que acoge el sistema de vencimiento, sin que aparezca como evidente motivo alguno de hecho o de derecho por el que el Juzgado debiera moderar la condena.

5.- A la vista de cuanto ha sido razonado hasta ahora, este Tribunal no encuentra motivos para revocar la sentencia apelada.

SÉPTIMO.- Costas

Conforme a lo dispuesto en el art. 139 LJCA, procede imponer las costas de esta apelación a la parte apelante, con el límite máximo de 1.000 euros por todos los conceptos, a la vista de la naturaleza de la controversia entre las partes y según el uso de esta Sala y Sección.

Por lo hasta ahora razonado, este Tribunal Superior de Justicia dicta el siguiente