PRIMERO.-Por D. IGNACIO DE ANZIZU PIGEM, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de TRILLAS PLATJA TAMARIT SL, se interpuso recurso contencioso administrativo, contra la resolución del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de fecha 17 de febrero de 2020 ( DOGC 10.3.2020 )que dio conformidad a la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona per a la seva adaptació al Pla Urbanístic del Sistema Costaner PDUSC 1 i PDUSC 2. Exp. 2017/062989/T
SEGUNDO.-La parte actora, en la demanda presentada, tras exponer la situación del camping i las zonas que lo integran realiza una descripción de la evolución de la ordenación urbanística de la zona muntanya del camping Trillas, e impugna la resolución recurrida, y en concreto la directriz urbanística incorporada en el artículo 318.3.a) de la NNUU del POUM de 2013 por el artículo 1 de la Modificación aquí recurrida, por considerar que no existe ningún documento que justifique la procedencia de incluir dicha prescripción urbanística, suponiendo dicha limitación una arbitrariedad, incumpliendo el deber de motivación, no siendo un hecho suficiente para justificar la misma el que se encuentre en una plana deltaica, por lo que solicita la estimación del recurso y la anulación de la resolución recurrida.
Por su parte, el ADVOCAT DE LA GENERALITAT considera en su contestación a la demanda que no existe ninguna de las vulneraciones alegadas, por lo que solicita la desestimación del recurso.
Por su parte, el AJUNTAMENT DE TARRAGONA, en su contestación a la demanda sostiene la existencia de la causa de inadmisibilidad establecida en el artículo 69.e) de la Ley Jurisdiccional al haberse interpuesto el recuso extemporáneamente, y en cuento al fondo de la cuestión planteada considera que no existe ninguna de las vulneraciones alegadas, por lo que solicita la desestimación del recurso.
TERCERO.-Debemos analizar en primer lugar, la causa de inadmisibilidad planteada por el Ajuntament de Tarragona al amparo de lo establecido en el artículo 69.e) de la Ley Jurisdiccional al considerar que el presente recurso se ha interpuesto extemporáneamente.
Considera que el acuerdo recurrido se publicó en el DOGC de fecha 10.3.2020 y que el recurso contencioso administrativo se interpuso en fecha 31.7.2020, por tanto mas allá del plazo legalmente establecido, sin que sean de aplicación las disposiciones dictadas para la crisis sanitaria provocada por el Covid 19.
En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de octubre de 2023 ( recurso 7006/2021 ) señala:
Desde el punto de vista cronológico han de tomarse en consideración los siguientes hitos normativos.
1.- La Disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 , que entró en vigor el 14 de marzo de 2020:
"Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales.
1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
[...]
3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:
a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley .
[...]
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. "
2.- El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, introduce en el apartado 1 de su artículo 2 , Cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir, la siguiente previsión:
"1. Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente."
De este modo, como aclara el Preámbulo del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril "[e]n aras de la seguridad jurídica resulta necesario establecer unas reglas generales para el cómputo de los plazos, optándose en el artículo 3 por el reinicio del cómputo de los plazos y por no tomar en consideración, por tanto, el plazo que hubiera transcurrido previamente a la declaración del estado de alarma":
3.- La Disposición derogatoria única del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, que prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, derogó con efectos desde el 4 de junio de 2020, la aludida Disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 .
En cualquier caso, la suspensión de los plazos procesales se alzó con efectos desde el 4 de junio de 2020, conforme estableció el artículo 8 del expresado Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo .
...
Finalmente, ténganse en consideración que el abogado del Estado sugiere en su escrito de oposición que el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo no es un plazo procesal y, por ende, no se encontraría afectado por la suspensión.
Ahora bien, una cosa es admitir que no exista estrictamente una actuación judicial al no haberse presentado aún el recurso ante la jurisdicción competente, de modo que no quepa hablar de un plazo intraprocesal y otra cosa muy distinta avalar interpretaciones contrarias a la propia letra y finalidad de la Disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , norma de excepción, dirigida precisamente a paliar los graves efectos que, en clave de tutela judicial efectiva, hubiera podido determinar la situación generada por la pandemia del COVID-19.
En efecto, la expresada Disposición adicional segunda ordena, por un lado, la suspensión de términos y la suspensión e interrupción de los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales y, sin duda, el plazo de los 2 meses para la interposición del recurso contencioso administrativo está previsto en una ley procesal , concretamente en el artículo 46 LJCA .
Por otro lado, mantener que dicho plazo no fue objeto de suspensión a través de la simple evocación de la distinción entre plazos procesales y sustantivos, comportaría una gravísima afección del derecho fundamental al acceso a la jurisdicción, cuando, como aquí ocurre y así lo hemos afirmado, se trata de un plazo previsto en una ley procesal.
No cabe pues, relativizar el acceso a la jurisdicción -en este caso, la pretensión de obtener la primera respuesta de un órgano jurisdiccional- con interpretaciones restrictivas y, por ende, contrarias, al contenido nuclear del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el artículo 24 de la Constitución .
Es por ello, que habiéndose alzada la suspensión de plazos procesales en fecha 4.6.2020, la presentación del recurso contencioso administrativo en fecha 31.7.2020, es no resulta en modo alguno extemporánea, por lo que la causa de inadmisibilidad alegada no puede prosperar.
CUARTO.-En cuanto al fondo de la cuestión planteada, la impugnación de la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tarragona per a la seva adaptació al Pla Urbanístic del Sistema Costaner PDUSC 1 i PDUSC 2, aquí recurrida, establece:
Article 1.- Modificació de l'article 318 de les Normes Urbanístiques.
El redactat vigent de l'article 318 de les Normes Urbanístiques del POUM és el següent:
"1. Es podran formular els diversos tipus de Plans Especials Urbanístics regulats per l'Article 67 del text refós de la Llei d'Urbanisme. Les determinacions d'aquests plans hauran de respectar, en qualsevol cas, els objectius, els criteris d'ordenació i les altres disposicions
establertes per aquest Pla i no podran alterar les seves determinacions, excepte per regular més restrictivament les condicions d'edificació i d'ús.
2. Pel desenvolupament del Pla en el sòl no urbanitzable es podran formular els plans especials expressament determinats per aquest Pla d'Ordenació, d'acord amb les condicions que s'estableixen:
a) Es preveu la possibilitat de dur a terme un Pla Especial Urbanístic de preservació, arranjament i millora del riu Gaià i del seu entorn natural, sobre un àmbit continu que comprèn els terrenys situats entre el límit de terme i la desembocadura al mar per mantenir, recuperar, potenciar i convertir aquests espais naturals en uns espais d'ús permanent a l'aire lliure a mode d'un futur parc urbà fluvial, de forma que signifiqui i pugui esdevenir una fita paisatgística que millori la relació entre la població i la natura.
El Pla especial, preferentment, abastarà la totalitat de l'àmbit representat, si bé es podran tramitar plans especials d'abast més limitat sempre que es justifiqui la coherència territorial i urbanística de la delimitació.
La seva delimitació es representa als plànols de la sèrie d'ordenació.
b) S'haurà d'elaborar un Pla especial urbanístic per a l'àmbit de la platja llarga, d'acord amb el contingut de la memòria ambiental.
Aquest pla estarà sotmès a avaluació ambiental, i entre els objectius s'haurà de tenir en compte la recuperació de la platja com a espai natural i la connectivitat entre l'espai natural de la Punta de la Móra, a l'est, i de la Punta del Morrot i de la Punta de la Savinosa, a l'oest.
No obstant l'anterior, i atenent als diferents tipus de regim de sòl que afecten l'àmbit, es podran tramitar plans especials d'abast més limitat sempre que es justifiqui la coherència territorial i urbanística de la delimitació."
L'article 318 de les Normes Urbanístiques del POUM es modifica incorporant els apartats 3r i 4t, passant a tenir el redactat següent:
"1. Es podran formular els diversos tipus de Plans Especials Urbanístics regulats per l'article 67 del text refós de la Llei d'Urbanisme. Les determinacions d'aquests plans hauran de respectar, en qualsevol cas, els objectius, els criteris d'ordenació i les altres disposicions
establertes per aquest Pla i no podran alterar les seves determinacions, excepte per regular més restrictivament les condicions d'edificació i d'ús.
2. Pel desenvolupament del Pla en el sòl no urbanitzable es podran formular els plans especials expressament determinats per aquest Pla d'Ordenació, d'acord amb les condicions que s'estableixen:
a) Es preveu la possibilitat de dur a terme un Pla Especial Urbanístic de preservació, arranjament i millora del riu Gaià i del seu entorn natural, sobre un àmbit continu que comprèn els terrenys situats entre el límit de terme i la desembocadura al mar per mantenir, recuperar, potenciar i convertir aquests espais naturals en uns espais d'ús permanent a l'aire lliure a mode d'un futur parc urbà fluvial, de forma que signifiqui i pugui esdevenir una fita paisatgística que millori la relació entre la població i la natura.
El Pla especial, preferentment, abastarà la totalitat de l'àmbit representat, si bé es podran tramitar plans especials d'abast més limitat sempre que es justifiqui la coherència territorial i urbanística de la delimitació.
La seva delimitació es representa als plànols de la sèrie d'ordenació.
b) S'haurà d'elaborar un Pla especial urbanístic per a l'àmbit de la platja llarga, d'acord amb el contingut de la memòria ambiental.
Aquest pla estarà sotmès a avaluació ambiental, i entre els objectius s'haurà de tenir en compte la recuperació de la platja com a espai natural i la connectivitat entre l'espai natural de la Punta de la Móra, a l'est, i de la Punta del Morrot i de la Punta de la Savinosa, a l'oest.
No obstant l'anterior, i atenent als diferents tipus de regim de sòl que afecten l'àmbit, es podran tramitar plans especials d'abast més limitat sempre que es justifiqui la coherència territorial i urbanística de la delimitació.
3. Els plans especials urbanístics dels càmpings de l'àmbit del Gaià que puguin elaborar-se en aplicació de la Disposició Transitòria 7ª de les presents Normes Urbanístiques, hauran de respectar les directrius urbanístiques i ambientals següents:
a) Directrius urbanístiques:
- Els plans especials hauran d'abastar tot l'àmbit territorial actualment ocupat pels càmpings, sense perjudici que certes zones dels mateixos s'excloguin de l'activitat de càmping d'acord amb les directrius següents.
- S'hauran d'excloure els àmbits amb pendents superiors al 20% no ocupats amb instal·lacions de càmping a la data d'aprovació del Pla director urbanístic del sistema costaner, atès que es tracta d'una plana deltaica i que res no justifica els moviments de terres i l'impacte paisatgístic que representa l'ocupació d'aquest espai tant visible.
- Cal reduir l'espai ocupat al front litoral annex a la desembocadura del Gaià, de forma substancial, fins l'entorn de les instal·lacions esportives existents i permetre la recuperació ambiental d'aquest indret.
- S'haurà d'ampliar la secció del camí del Castell de Tamarit, de manera que es doti de capacitat per dos carrils de circulació rodada, carril bici i espai de vianants adequats a la seva situació en sòl no urbanitzable.
- S'haurà d'ordenar un espai de transició en els límits exteriors de les activitats que configurin una imatge integrada paisatgísticament amb l'entorn.
- S'hauran de programar actuacions de restauració dels àmbits exclosos amb un tractament naturalitzat de màxima adaptació paisatgística i ambiental al sòl no urbanitzable de protecció on s'ubiquen.
b) Directrius ambientals:
- El Pla Especial de cada càmping haurà de contemplar una reducció de l'espai ocupat i/o establir mesures compensatòries, havent-se de considerar com a ordre de prioritat ambiental el següent:
· Reducció física de l'afecció sobre la plana inundable del riu Gaià.
· Mesures compensatòries -adquisició de terrenys de característiques similars a les proximitats-.
· Mesures compensatòries -projectes de restauració dels hàbitats fluvials del riu Gaià-.
- Es reconsiderarà els límits i els usos dels càmpings a la zona d'afectació de l'àrea d'influència del PEIN, re-avaluant les tipologies i formats dels tancaments i aquesta delimitació per tal de respectar la zona d'influència del Pla Especial de la Desembocadura del Gaià.
- Els plans especials avaluaran l'impacte paisatgístic i ecològic de les mesures per controlar la inundabilitat del sector, i es valorarà la possibilitat d'aplicar mesures correctores de baix impacte ambiental necessàries per evitar la inundabilitat.
- Es promourà la protecció de l'Espai d'Interès Natural del Gaià, i en aquest sentit es zonificarà per tal de reduir la pressió i la contaminació acústica i lumínica a les àrees més properes al riu, i en qualsevol cas s'atendrà al que estableixi la legislació vigent en relació a la contaminació lluminosa i acústica.
- Amb l'objectiu de protegir i recuperar el sistema dunar, s'haurà de reordenar els accessos del càmping a la platja de manera que s'eviti el trepig de les dunes i la sobre-freqüentació de l'espai del PEIN. Els plans especials, a través d'un estudi específic, determinaran la interferència amb el sistema dunar, per tal d'ajustar els usos idonis.
- Els Plans Especials dels càmpings de l'àmbit del Gaià que es tramitin s'han de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària de conformitat amb la Disposició Addicional 8 apartat 6 a) tercer, de la Llei 16/2015, de simplificació administrativa.
4.- Els usos que possibilitin els plans especials urbanístics dels càmpings de l'àmbit del Gaià que puguin elaborar-se en aplicació de la Disposició Transitòria 7ª de les presents Normes Urbanístiques, hauran de complir les següents condicions en matèria d'inundabilitat:
- Els usos hauran de ser compatibles amb les directrius sobre inundabilitat recollides en els articles 9 i 14 del Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, mitjançant el qual s'aprovà el Reglament del Domini Públic Hidràulic.
- La compatibilitat d'aquests usos en base als riscos d'inundabilitat ha de ser acreditada mitjançant l'estudi corresponent, que haurà de ser validat per l'Agència Catalana de l'Aigua."
Ahora bien la citada normativa no se recurre en su integridad sino tan solo en cuanto a la directriz urbanística incorporada en el artículo 318.3.a) de la NNUU del POUM de 2013 por el artículo 1 de la Modificación referida que señala:
a) Directrius urbanístiques:
- S'hauran d'excloure els àmbits amb pendents superiors al 20% no ocupats amb instal·lacions de càmping a la data d'aprovació del Pla director urbanístic del sistema costaner, atès que es tracta d'una plana deltaica i que res no justifica els moviments de terres i l'impacte paisatgístic que representa l'ocupació d'aquest espai tant visible.
QUINTO.-La demanda viene a sostener que dicha norma carece de motivación alguna por lo que incurre en una evidente arbitrariedad.
Por el Ayuntamiento demandado se pretende sostener en su escrito de conclusiones que la cuestión ya había sido analizada por la sentencia de la sección Tercera de esta misma Sala de fecha 19 de junio de 2019 ( recurso 79/2006 ) y posterior sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de diciembre de 2012 ( recurso 5454/2009 ) que desestimó el recurso de casación interpuesto. Ahora bien, tal apreciación no puede ser compartida por cuanto precisamente la sentencia de la Sección Tercera antes referida, en relación con la arbitrariedad alegada se desestima en basa a la prueba practicada en dichas actuaciones, lo que no es óbice, para llegado el caso, estimar o no el recurso, en base a las pruebas obrantes en el presente procedimiento.
En este sentido obran en el expediente administrativo el acuerdo de la CTU de Tarragona de fecha 15.6.2017 que se reitera en el acuerdo de 27.2.2019 que señalan:
S'han d'excloure els àmbits amb pendents superiors al 20%, atès que es tracta d'una plana deltaica i que res no justifica els moviments de terres i l'impacte paisatgístic que representa l'ocupació d'aquest espai tant visible.
Asimismo, los informes de fecha 23.112028 y 9.1.2019 de los Servicios Territoriales de Urbanismo de Tarragona señalan:
S'han d'excloure els àmbits amb pendents superiors al 20%, atès que es tracta d'una plana deltaica i que res no justifica els moviments de terres i l'impacte paisatgístic que representa l'ocupació d'aquest espai tant visible.
Tambien consta en el expediente el DAE y la resolución de fecha 5.6.2017 que aprieba el informe ambiental estratégico ( DOGC de 15.6.2017 ) que señala:
El documento ambiental estratégico presentado evalúa el territorio ocupado en la llanura aluvial de la desembocadura del río Gaiá, por los cámpings Tamarit Park, Trillas Playa Tamarit y Caledonia, no autorizados por el POUM en parte de su superficie y afectados por la Disposición transitoria 2ª del PDUSC. Este documento hace un repaso exhaustivo de los elementos ambientalmente relevantes del ámbito, que identifica como uno de los más sensibles del término municipal de Tarragona. Su relevancia no es únicamente a escala municipal sino que afecta a un marco territorial mucho más grande, en tanto que el río Gaiá se configura como un conector ecológico de primer orden entre espacios naturales del interior y del litoral. La importancia ambiental del ámbito ha sido recogida por toda la planificación territorial, general y sectorial: Plan territorial parcial del Campo de Tarragona, Plan director urbanístico del ámbito central del Campo de Tarragona (no aprobado pero con la evaluación ambiental completada), Plan director urbanístico del sistema costero y Plan de ordenación urbanística municipal de Tarragona. Por otra parte en el ámbito encontramos diferentes figuras de protección ambiental: Plan de espacios de interés natural, red Natura 2000, Reserva natural de fauna salvaje, zonas húmedas catalogadas y por lo que se refiere al PEIN cuenta con Plan especial de protección del medio natural y del paisaje. También es importante remarcar que el POUM de Tarragona prevé la redacción del Plan especial urbanístico de preservación, arreglo y mejora del río Gaiá y de su entorno natural y que la modificación actual y cualquier otra o el planeamiento derivado deben adaptarse a sus objetivos.
Por el contrario, el dictamen pericial judicial, que consta en el presente procedimiento, realizado por el arquitecto Sr. Milton, tras examinar la totalidad de la documentación referida viene a concluir que la ubicación, como ocurre en el presente caso, en un aplana deltaica no supone siempre y en todo caso un valor ambiental a proteger, sino que para poder establecer limitaciones debe realizarse un estudio detallado que determine cuales son esos valores paisajísticos y ambientales del concreto lugar y establezca asimismo "las condiciones pertinentes para que cualquier implantación que se lleve a cabo mantenga o mejore los valores paisajísticos que definen el lugar y los rasgos ambientales que lo hacen valioso y a la vez establecer las condiciones para que no haya riesgos derivados de la implantación ".
En el presente caso, todos, los informes que constan en el expediente parten de una afirmación, que consiste en sostener la necesidad de la medida en base a que no encontramos en presencia de una plana deltaica, sin concretar extremo alguno en cuanto a tal cuestión, ni valorar, como señala la referida pericial, que valores concretos son los que se necesitan proteger, ni menos aún analizar alternativas o justiciar en modo alguno la medida que se adopta, incurriendo así en una clara falta de motivación que ha de conllevar la estimación del recurso.
SEXTO.-En cuanto a las costas, el artículo 139 LJCA establece que en primera o única instancia el órgano jurisdiccional al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, si bien haciendo uso de la facultad que otorga el artículo 139.4 LJCA y teniendo en cuenta las características y el contenido del presente pleito, se limitan las mismas a la cantidad de 3.000€ por todos los conceptos.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
