Sentencia Contencioso-Administrativo 773/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 226/2024 de 25 de septiembre del 2024

PRIMERO.- Objeto del recurso de apelación y pretensiones de las partes.

Es objeto de recurso de apelación la sentencia número 58/2024, del JCA nº 4 de Alicante, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el demandante frente a la Resolución de 15 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Villajoyosa, que desestimó el recurso de alzada frente a la calificación del Tribunal Calificador del proceso selectivo en el que participó el demandante, confirmando la actuación administrativa y declarando su conformidad a Derecho.

El demandante interpuso recurso de apelación al considerar que la sentencia había incurrido en error de hecho/derecho a la hora de aplicar la normativa oportuna y valorar la prueba. Así las cosas, el apelante pretende que se deje sin efecto la sentencia de instancia, acordando la nulidad absoluta de pleno derecho del supuesto práctico por no ajustarse a las Bases y el temario de la convocatoria o, subsidiariamente, que se anule la resolución recurrida en relación a la puntuación otorgada al apelante fijando una puntuación mínima de 5 puntos, superando así el ejercico del proceso selectivo consistente en un supuestos prácticos.

Por su parte, la parte codemandada interesa que se desestime el recurso de apelación y que se confirme en sus términos la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- La sentencia de instancia.

El Ayuntamiento de Villajoyosa, convocó un proceso selectivo para cubrir en propiedad dos plazas de Inspector de la Policía Local, una por turno libre y otra reservada a promoción interna.

La Base 7ª establecía que "las plazas no cubiertas por el turno de promoción interna ordinario se acumularán a las del turno libre".

El demandante participó en el proceso selectivo para acceder a la plaza convocada por turno de promoción interna.

La codemandada tomó parte en el proceso selectivo para ocupar una plaza de Inspector de la Policía Local por el turno libre.

Por resolución del Tribunal Calificador de 22 de marzo de 2023, se acordó que tras quedar desierta la convocatoria del turno de promoción se acumulara la plaza de promoción interna al turno libre. La codemandada obtuvo la segunda mejor puntuación en el proceso selectivo seguido por el turno libre.

La sentencia de instancia, tras examinar la legitimación de la codemandada, concluye que tiene un interés directo en los términos que establece el artículo 19 de la LJCA, debiendo formar parte de la relación jurídico procesal.

Por lo que a la cuestión de fondo se refiere, la sentencia de instancia se pronuncia en los siguientes términos:

"(...) Seguidamente, procede entrar a analizar el fondo del asunto. Y al respecto, en el presente supuesto, por el recurrente se solicita en el Suplico de su demanda que sea declarada la nulidad absoluta de pleno derecho del supuesto practico planteado por no ajustarse a las Bases ni al temario de la Convocatoria, o que subsidiariamente sea revisada la puntuación que le ha sido otorgada, siendo en consecuencia declarado APTO en el proceso selectivo.

Y dicha solicitud de nulidad, tal y como indican los demandados, se efectúa de una manera totalmente extemporánea, ya que se plantea una vez ha sido resuelto y evaluado el supuesto practico planteado, a la vista de la puntuación desfavorable que ha obtenido, sin que en ningún momento anterior hubiera mostrado su disconformidad con las Bases de la Convocatoria, o con el examen en el momento de su realización, mostrando su queja o disconformidad cuando le fue entregado, ni cuando le fueron explicados tanto el contenido del supuesto como los ítems de corrección, como indicó en el acto de la vista el Jefe de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Villajoyosa , presidente del Tribunal Calificador, que depuso en el acto de la vista como testigo.

El recurrente procedió a contestar a las preguntas del examen y a desarrollar el supuesto practico planteado sin mostrar objeción alguna, y tras conocer su calificación de no apto, es cuando plantea la nulidad absoluta del mismo, presentando los diferentes recursos.

La cuestión relativa a si el supuesto practico se ajustaba o no al contenido de las Bases y al Temario de la Convocatoria encuentra cumplida respuesta en la declaración testifical de D. Cayetano, Jefe de la Policía Local y Presidente del Tribunal Calificador. Así, como el referido testigo indicó el supuesto practico planteado- " Protocolo de actuación municipal por accidente o rotura en la presa del embalse de Amadorio"-, era perfectamente incardinable en el temario de la Convocatoria - temas 19, 20, 24, 25, 27 y 28- en la medida en que lo que se planteaba eran preguntas genéricas relativas al protocolo de actuación ante una situación de emergencia, y el nivel de respuesta que un Cuerpo de Seguridad del Estado, dentro de las obligaciones que le competen debe conocer, máxime en un proceso selectivo como el que nos ocupa, tendente a la provisión de una plaza de Inspector, dotada de mando.

Asimismo, no cabe habla de arbitrariedad ni desviación de poder ni falta de imparcialidad en la fijación de tal supuesto practico, dado que el mismo, como indicó el testigo Sr. Cayetano, fue planteado por el Jefe de la Policía Local de Elche, estando redactados por escrito, con anterioridad a la prueba los criterios, los ítems y las respuestas para la corrección del supuesto practico. La nota otorgada al aspirante es adoptada por unanimidad de todos los miembros del tribunal calificador, siendo ésta una garantía de parcialidad y objetividad del Tribunal. Por lo tanto, debe ser desestimado el primer motivo de impugnación que se plantea en el recurso, entendiendo que el supuesto practico planteado era conforme a las Bases y al Temario propuesto.

CUARTO.- La misma suerte desestimatoria debe correr el segundo de los motivos de impugnación que se plantean, dirigido a obtener una revisión en la nota obtenida. Y ello por cuanto que, no podemos obviar que son los miembros del Tribunal Calificador dotados de la debida formación, profesionalidad y conocimientos técnicos inherentes a su profesión, y superiores jerárquicos del aspirante, los que deben determinar si a la vista de las respuestas aportadas, merecía o no la calificación de apto, ya que la valoración del supuesto practico planteado, entra dentro del ámbito de la denominada " discrecionalidad técnica".

Es reiterada la doctrina jurisprudencial sentada entre otras por la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2000 , la que ha venido declarando la imposibilidad de revisar en sede judicial las decisiones de los evaluadores en lo que se refiere al núcleo técnico, que es lo que aquí se pretende, esto es, revocar por el recurrente, pretendiendo sustituir el criterio objetivo y cualificado del examinador, por su mero criterio parcial y subjetivo.

En los mismos términos se pronuncia el Tribunal Constitucional en la sentencia 39/1993 , en la que se afirma en su fundamento cuarto que "no puede olvidarse que ese control (judicial) puede encontrar en algunos casos límites determinados. Así ocurre en cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado en elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano especializado de la Administración y que en sí mismo escapa, por su propia naturaleza, al control jurídico que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales".

Por su parte, la sentencia de 29 de noviembre de 2005 , dispone que :

"Por último procede citar la S. del TS de 22-4-1994 (EDJ 1994/3559 ) en cuanto deja bien claro que una cosa es la verificación y control de la legalidad de la actividad administrativa en orden de la estricta observancia de las reglas del concurso desde la perspectiva finalista de los principios básicos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y otra, sustancialmente distinta y ajena a la potestad jurisdiccional, la de sustituir a los órganos administrativos en los criterios técnicos de valoración de los conocimientos o de la suficiencia".

Las anteriores consideraciones conducen inexorablemente a la desestimación del recurso presentado y a la integra confirmación de las resoluciones que se impugnan, por considerar que las mismas son acordes a Derecho".

TERCERO.- Exigencia de motivación en la valoración de las pruebas de los procesos selectivos. Discrecionalidad Técnica.

Tal y como reitera el Tribunal Supremo no hay duda de que, pese a la solvencia y profesionalidad del tribunal calificador, esta labor de selección ha de ser explicada. En efecto, existe una inequívoca jurisprudencia que insiste en la necesidad de motivar el juicio técnico de los tribunales calificadores de pruebas selectivas para el ingreso en la Administración. Esta abundante doctrina, perfectamente conocida y reiterada en múltiples sentencias del Tribunal Supremo (por todas, las n.º 74 y 666/2022, de 27 de enero y 1 de julio, dictadas en los recursos de casación n.º 8179/2019 y 1960/2021, respectivamente, que resolvieron cuestiones de interés casacional sustancialmente similares), sostiene que el deber de motivar es una exigencia derivada del mandato constitucional de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ( artículo 9.3 de la Constitución) y que su contenido debe cumplir, al menos, las siguientes exigencias: (i) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado que niega la aptitud de un aspirante o que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás.

En lo que se refiere al momento en que se ha de llevar a cabo ese deber de motivación, también se ha precisado que la justificación del juicio técnico emitido por los tribunales calificadores u órganos de selección ha de cumplirse al tiempo de adoptarse la decisión administrativa y, en todo caso, cuando algún aspirante lo solicite o cuando sea objeto de impugnación en vía administrativa, lo que resulta fundamental para que ese aspirante pueda defenderse.

Por último, esa motivación debe provenir del propio órgano técnico o tribunal calificador que ejerce la discrecionalidad técnica y que ha de quedar constancia de la misma en el expediente administrativo. Así se ha acordado el Tribunal Supremo en sentencia n.º 471/2023, de 13 de abril (recurso de casación n.º 4104/2020).

No hay duda de que, sobre la base de los principios de especialización, profesionalización e imparcialidad que rodean la actuación de sus integrantes, los tribunales calificadores gozan de discrecionalidad técnica y sus decisiones tienen presunción de acierto y razonabilidad.

Pero, según viene señalando nuestro Alto Tribunal, nada impide que esa presunción iuris tantum sea desvirtuada en el proceso mediante prueba practicada con todas las garantías, resultando especialmente idónea a tal fin la prueba pericial (por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2012, dictada en el recurso de casación n.º 1408/2011 ). A los órganos jurisdiccionales les está vedado sustituir el juicio técnico emitido por esos órganos de selección por el suyo propio (salvo, claro está, en cuestiones estrictamente jurídicas en que tienen la obligación de conocer el ordenamiento jurídico) o por opiniones técnicas de peritos que, dentro del margen de apreciación que existe en todas las ramas del saber especializado, simplemente expresan un criterio técnico diferente del que razonadamente ha establecido el tribunal calificador. Pero nada les impide que, tras la valoración del expediente y del resto del material probatorio existente en las actuaciones, muy en particular, de la prueba pericial practicada en el proceso, lleguen a alcanzar una convicción sobre la aptitud del recurrente que desvirtúe inequívocamente el acierto de la decisión técnica adoptada por el tribunal calificador, sentencia del Tribunal Supremo n.º 705/2024, de 25 de abril, dictada en el recurso de casación n.º 4854/2022.

CUARTO.- La codemandada tiene legitimación para participar en el proceso selectivo. La sentencia es susceptible de recurso de apelación.

El demandante/apelante cuestiona, en primer lugar, la legitimación de la codemandada en el proceso selectivo. La sentencia de instancia desestima esta petición y considera que la demandante ostenta un interés legítimo derivado de la relación unívoca existente entre el sujeto y el objeto de la pretensión e identificable con cualquier ventaja o utilidad jurídica, o desventajas, derivadas de la reparación pretendida.

La parte demandante participó en el proceso selectivo para optar a una plaza por el turno de promoción interna. Al no obtener la calificación de apto en el supuesto práctico, en cumplimiento de lo estipulado en la Base 7ª de la convocatoria, la plaza no cubierta por el turno de promoción interna se acumuló a las del turno libre. Paralelamente, la codemandada tomó parte en el proceso selectivo en el turno libre. La acumulación de la plaza de promoción interna al turno libre, supuso que las dos plazas objeto de convocatoria se cubriesen por el turno libre. La demandante obtuvo la segunda mejor puntuación, lo que le permitió superar el proceso selectivo. Si eventualmente se estimase el recurso que promueve el demandante/apelante, el turno libre tendría 1 plaza en lugar de 2 al quedar la plaza acumulada dentro del turno de promoción interna. De ahí el interés directo y legítimo de la demandante en este recurso, en los términos que establece el artículo 19 de la LJCA.

Por tal motivo, se desestima el motivo de apelación que aduce el demandante/apelante.

Asimismo, la sentencia de instancia es apelable al ser de cuantía indeterminada.

QUINTO.- El supuesto práctico se ajusta a las bases de la convocatoria.

Como ya ha sido indicado, el demandante/apelante obtuvo una calificación de 4,25 puntos en el supuesto práctico incluido en el proceso selectivo. El demandante obtuvo una calificación de NO APTO y pretende que se declare la nulidad del supuesto práctico o, subsidiariamente, que se le declare APTO.

Tanto la Administración como la parte codemandada, entienden que el supuesto práctico se ajustaba a las Bases y al temario de la Convocatoria haciendo referencia a la declaración testifical del señor Cayetano, Jefe de la Policía Local y Presidente del Tribunal Calificador.

El supuesto práctico que fue planteado a los candidatos fue el siguiente: "Estando ustedes de servicio es informado por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de que se acaba de considerar la hipótesis eventual de rotura en situación de avenida extremo en el Embalse del Amadorio, en un escenario H2, previsto en el Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 81/2010 del Consell".

El apelante considera que el proceso selectivo que nos ocupa se rige por el Decreto 153/2019, de 12 de julio, mientras que otro proceso selectivo que afecto al municipio alicantino de Altea, se rigió por el Decreto 179/2021, de 5 de noviembre, donde sí se recogía expresamente en el Anexo III C.2 Temario Grupo A2. Categoría de inspector/a, Promoción Interna lo siguiente: "Tema 7: Planes de emergencia. Normativa sobre protección civil y emergencias. Normativa sobre autoprotección. Planes de Protección y gestión de emergencias de la Comunitat Valenciana. Plan territorial de emergencias de la CV. Plan territorial de emergencias municipal. Protocolo de actuación municipal".

De este modo, entiende la parte apelante que ha existido un error a la hora de formular el supuesto práctico al no estar contemplado en el temario y en el Decreto que regía el propio proceso selectivo, que era el 153/2019. Si la norma de aplicación hubiese sido el Decreto 179/2021, el supuesto práctico hubiese quedado incluido dentro del ámbito de aplicación del proceso selectivo.

La apelante analiza las declaraciones testificales prestadas por el Jefe de la Policía Local de Villajoyosa, por un opositor a Inspector de la Policía Local de Almoradí, por el ex Intendente Jefe de la Policía Local de Villajoyosa, y por los peritos Florentino y Celestino.

El hecho de que el Ayuntamiento hubiese formado o no a los integrantes del cuerpo de la Policía Local para una eventual rotura del embalse del pantano del Amadorio, no puede suponer, per se, que el supuesto práctico del proceso selectivo en el que participó el apelante no pudiese ser formulado en los términos que constan consignados en las actuaciones. Tampoco cabe conceder relevancia a la declaración prestada por un opositor o por el ex Intendente Jefe de la Policía Local de Villajoyosa, al ser preciso examinar el concreto proceso selectivo en el que participó el apelante y ver si el caso práctico quedaba dentro del temario de la convocatoria.

Al respecto, como valora la sentencia de instancia, el Presidente del Tribunal Calificador indicó que el supuesto práctico controvertido era perfectamente incardinable en el temario de la Convocatoria (temas 19, 20, 24, 25, 27 y 28), en la medida en que lo que se planteaba eran preguntas genéricas relativas al protocolo de actuación ante una situación de emergencia y el nivel de respuesta que un Cuerpo de Seguridad del Estado, dentro de las obligaciones que le competen debe conocer, máxime en un proceso selectivo tendente a la provisión de una plaza de Inspector, plaza dotada de mando.

También se destaca en la sentencia que el supuesto práctico fue planteado por el Jefe de la Policía local de Elche, estando redactados por escrito, con anterioridad a la prueba, los criterios, los ítems y las respuestas para la corrección del supuesto práctico.

Así las cosas, el supuesto práctico se ajusta a las bases de la convocatoria.

Del mismo modo, no es posible sustituir el criterio del Tribunal Calificador por el que pretende el apelante, al actuar el órgano encargado de la valoración del proceso selectivo amparado por la institución de la "discrecionalidad técnica " a la que se ha hecho referencia en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia. Como se hace constar en la sentencia de instancia, el Tribunal Supremo, entre otras en sentencia de 14 de julio de 2000, ha venido declarando la imposibilidad de revisar en sede judicial las decisiones de los evaluadores en lo que se refiere al núcleo técnico, que es lo que pretende el apelante.

Se aduce también en el recurso de apelación, que se ha incurrido en un supuesto de desviación de poder, tratándose de una manifestación de defensa no amparada en elemento probatorio alguno. Como ya ha sido indicado, con independencia de la aplicación del Decreto 153/2019 o 179/2021, lo determinante es que el Tribunal Calificador ha considerado que el supuesto práctico podía ser resuelto a partir de los temas contenidos en la Convocatoria.

Por todo lo expuesto, desestimamos el recurso de apelación,

SEXTO.- Costas.

De conformidad con lo establecido en el art. 139 de la LJCA, se imponen las costas causadas a la codemandada a la parte apelante, sin que su importe pueda exceder de 800 euros por todos los conceptos.

VISTOSlos preceptos legales citados por las partes concordantes y de general aplicación,