Sentencia Contencioso-Administrativo 114/2025 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 799/2021 de 27 de marzo del 2025

PRIMERO. - La referida resolución del TEAR, cita en los antecedentes de hecho que el Acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria, describe y pormenoriza las deudas pendientes de SUINTOR SA indicando su origen.

Considera el órgano recaudatorio la aplicación del art. 43, 1 a) de la LGT porque las deudas corresponden a sanciones tributarias liquidadas como consecuencia de la comisión de infracciones tributarias por parte de SUINTOR SA, en concreto la infracción consistió en dejar de ingresar dentro del plazo establecido la deuda tributaria que debiera resultar de su correcta autoliquidación.

Por otro lado, el órgano recaudatorio considera la aplicación del art. 43,1 b) de la LGT, por el cese de la mercantil SUINTOR SA en el ejercicio de sus actividades en el año 2014, en base a la documentación aportada, si bien no fue hasta el día 11 de abril de 2016cuando se presentó por la mercantil la declaración censal modelo 036 en la que hacía constar el cese de actividades. Entendiendo pues, que hubo un abandono de la sociedad total de entre 2014 y 2016.

El TEARM, examina los motivos alegados en la reclamación económico-administrativa, resolviéndolos en la fundamentación jurídica:

1.- En cuanto a las deficiencias en el expediente administrativo del Acuerdo de derivación causantes de indefensión, entiende el TEARM que si bien es cierto que en trámite de Audiencia no se incorporaron los documentos justificativos de las diligencias de embargo, esta omisión no le causo indefensión ya que la información completa si se integraba en el acuerdo de derivación de responsabilidad y desde entonces pudo recurrir en reposición, como después ha efectuado en la reclamación económico administrativa.

Por lo que se refiere a la caducidad alegada, el TEARM parte de lo dispuesto en el art. 104 de la LGT, diciendo que tal y como afirma el recurrente no fue utilizada documentación obtenida en el primer procedimiento iniciado, es decir el segundo procedimiento es un procedimiento completamente independiente del anterior por lo que la no inclusión de documentación referente al mismo no produce indefensión alguna.

Igualmente niega que haya existido un primer tiro,ya que no llego a dictarse resolución sobre el fondo.

2.- En cuanto a la falta de motivación del acuerdo de derivación de responsabilidad conforme a lo dispuesto en el art. 43.1 a) de la LGT, el TEARM considera que esta explicado que las sanciones impuestas a la entidad y que han sido derivadas corresponde a infracciones por parte de SUINTOR SA al dejar de ingresar retenciones efectuadas en los ejercicios 2014 y 2015, años en los que el recurrente D. Leon era administrador mancomunado de dicha mercantil.

Igualmente considera que está motivada la culpabilidad citando la doctrina del TEAC en resolución nº 3642/2010.

Cita también el artículo 105 de la LGT en cuanto a la carga de la prueba del recurrente de la inexactitud de los hechos imputados o la concurrencia de causas de exculpación.

SEGUNDO.- Alegaciones del demandante.

Alega el actor en su demanda expone como hechos que en el mes de octubre de 2018 le fue notificada comunicación de inicio y puesta de manifiesto de expediente de responsabilidad subsidiaria en aplicación exclusivamente del artículo 43.1. b) LGT ,emitido por la Dependencia Regional de Recaudación Tributaria de Murcia con número de expediente NUM002 (Código de expediente: NUM003).

Con dicho acto se le inició un procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria por determinadas deudas de la mercantil Suintor, SA (A30156954).

Que, tras el transcurso del plazo legalmente establecido en la normativa tributaria para la resolución del referido expediente de derivación ( Art. 104 LGT y 124.1 del R.D 939/2005), esto es, seis meses a contar desde la fecha de notificación del acto administrativo descrito en el punto anterior, éste se entendió por caducadoy no existido a todos los efectos. Fin del primer tiro.

Que, posteriormente, con fecha 30 de julio de 2019, le fue notificado nuevo acuerdo de inicio y puesta de manifiesto de expediente de responsabilidad subsidiaria, en aplicación, ahora, no sólo del artículo 43.1. b) LGT, sino también 43.1. a) LGT ,emitido igualmente por la Dependencia Regional de Recaudación Tributaria de Murcia con número de expediente NUM001, y ello, no sólo por las idénticas deudas a las descritas en el acto administrativo con el que se dio inicio al primer tiro del procedimiento, sino también por expedientes sancionadores no mencionados antes.

Que, tras la revisión del expediente en el trámite de audiencia y la interposición de las correspondientes alegaciones que este contribuyente entendió por conveniente, la Administración, manteniéndose en su postura, le notificó con fecha 16 de octubre de 2019 el acuerdo de derivación de responsabilidad, desestimando las alegaciones interpuestas e incluyendo, dicho sea de paso, numerosa documentación adicional al expediente que inicialmente no obraba en el mismo.

Que, tomando en consideración que esta parte sostenía la inadecuación a Derecho dicho acto administrativo, se promovió la reclamación económico-administrativa de número de referencia NUM000; la cual posteriormente fue resuelta de forma desestimatoria, a través de la referida resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia (en adelante "TEAR de Murcia"), dictada en fecha 30 de septiembre de 2021 y notificada el 20 de octubre de 2021.

Fundamenta los motivos de oposición reiterando sustancialmente las mismas alegaciones jurídicas esgrimidas en las reclamaciones económico- administrativas:

MANIFIESTA INDEFENSIÓN CAUSADA A ESTA PARTE: EXISTENCIA DE DEFICIENCIAS -VARIAS- EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ACREDITATIVAS DE TAL CIRCUNSTANCIA.

CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA: TRANSCURSO DEL PLAZO DE RESOLUCIÓN LEGALMENTE ESTABLECIDO ( Art. 104 LGT) .

FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACUERDO DE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA: Inexistencia de argumento de culpabilidad, más allá de la condición de administrador. Inversión de la carga de la prueba.

IMPROCEDENCIA DEL ACUERDO DE DERIVACIÓN: NO EXISTE NEGLIGENCIA EN LA ACTUACIÓN DE ESTA PARTE.

Alegaciones del Abogado del Estado.

Por su parte, la Administración demandada se opone a la demanda con base en los mismos argumentos esgrimidos en la resolución impugnada que resume y sintetiza, haciendo referencia a que el objeto del presente recurso se circunscribe a determinar el ajuste a derecho de la resolución impugnada, en cuanto confirma la responsabilidad subsidiaria del recurrente como administrador de la mercantil SUINTOR S.A., limitándose exclusivamente, a dicha cuestión.

Señala el actor que habría caducidad del procedimiento por haberse superado el plazo máximo y para ello suma los plazos derivados de un procedimiento distinto iniciado contra la empresa de la que era administrador ya archivado por caducidad.

En este punto tal y como señala la Resolución recurrida a la que nos remitimos, nos encontramos ante un procedimiento distinto no existiendo el "doble tiro" alegado de contrario ya que en el primer procedimiento no se dictó resolución alguna sobre el fondo, siendo que en el presente procedimiento no se han excedido los plazos para poder apreciar la caducidad alegada de contrario.

Tal y como señala la resolución impugnada, la derivación de responsabilidad acordada, tiene su fundamento, respecto a las sanciones impuestas a la mercantil de la que el actor era administrador, por no ingresar las retenciones correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, en lo dispuesto en el artículo 43.1. a) de la LGT.

Dicho precepto señala que, 1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: "a. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones."

Debemos analizar, por tanto, si concurrían en el recurrente las condiciones que dicho artículo exige para la procedencia de derivación de responsabilidad, dado que el actor niega tal concurrencia reiterando los argumentos que ya empleara en vía administrativa, que son pormenorizadamente analizados en la Resolución recurrida a cuyo contenido íntegro nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias.

En cuanto a la infracción cometida por la sociedad derivada, consta en el expediente administrativo que la citada mercantil ha dejado de ingresar las liquidaciones derivadas de retenciones correspondientes a las declaraciones-liquidaciones de los ejercicios 2014 y 2015.

En cuanto a la condición de administrador de la mercantil del recurrente, en el momento de la comisión de las infracciones por la mercantil, consta la misma en el expediente administrativo, por tanto, el recurrente era conocedor o podía serlo del impago de las retenciones derivadas, por lo que fue partícipe directo en la generación de la deuda derivada sin que sea necesario la existencia de negligencia o mala fe de acuerdo con la STS de 25 de junio de 2010.

Finalmente, en cuanto a la motivación de la Resolución recurrida, en la misma se expresa detalladamente la causa de la liquidación y sanción impuestas siendo obvio, como señala el TEARM, que el hecho de no ingresar cantidades retenidas es motivo suficiente para acreditar al menos la negligencia que justificaría la imposición de las distintas sanciones. Además no existe prueba alguna de que las facultades de administración del recurrente tuviesen alguna limitación en sus poderes como administrador de la sociedad existiendo en el expediente electrónico un otorgamiento de poderes a favor del recurrente, con fecha 24-10-14, de duración indefinida, lo que, salvo prueba en contrario, que no ha sido aportada por el recurrente, no existía limitación en sus poderes como administrador, por lo que era a él a quien le correspondía la obligación de presentar las autoliquidaciones de la sociedad, y de presentarlas además correctamente, cosa que no hizo.

La segunda derivación tiene su causa en el cese de la empresa sin que se efectuaran por el actor las operaciones de liquidación pendientes o, en su caso, se promoviera el concurso de esta. El artículo 43.1. b) de la LGT establece que: "Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: (...) b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago".

Por tanto, como correctamente señala el TEARM, este tipo de responsabilidad exige: a) La cesación de hecho de actividad de la persona jurídica teniendo obligaciones tributarias pendientes; y b) La condición de administrador al tiempo del cese, extendiéndose la responsabilidad a las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas, exceptuadas las sanciones.

Consta en el expediente administrativo que la sociedad SUINTOR de la que era administrador el recurrente presentó declaración censal de cese de sus actividades en 2016, aun cuando su última autoliquidación corresponde al 2º trimestre de 2014, b no existiendo disolución ni liquidación debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

Como correctamente aprecia la Resolución recurrida el recurrente no ha promovido, en su condición de administrador, una ordenada liquidación de la sociedad que salvaguardara el respeto a las expectativas de los acreedores; ni se ha promovido la declaración de concurso, ni la liquidación de la entidad, ni realizado ningún otro acto que permitiera garantizar las expectativas de los acreedores, a pesar de lo dispuesto por la normativa mercantil, por lo resulta evidente su negligencia, lo que determina su responsabilidad por cese material de la sociedad por él administrada.

TERCERO. - De acuerdo con el apartado primero del artículo 104 de la Ley General Tributaria "el plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de seis meses, salvo que esté establecido por una norma con rango de ley o venga previsto en la normativa comunitaria europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses", añadiendo que el plazo se contará, en los procedimientos iniciados de oficio, "desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio".

En el artículo 124 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación tras declarar, en su apartado primero que "el procedimiento de declaración de responsabilidad se iniciará mediante acuerdo dictado por el órgano de recaudación competente que deberá ser notificado al interesado y que "el trámite de audiencia será de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo", dispone que "el plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento será de seis meses".

De este modo, no se ofrece dudas que el plazo de caducidad es de seis meses y este debe computarse desde la fecha de notificación del acuerdo de inicio.

Citaremos la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, a juicio de esta Sala, es relevantes para la resolución de parte del presente recurso:

El Tribunal Supremo, en sentencia nº 1667/2020, de 3 de diciembre, recurso 8332/2019 ha fijado como doctrina que "para la reapertura de un procedimiento administrativo en que se ejercitan potestades de gravamen, existiendo uno previo que debe considerarse caducado, es necesario una previa resolución administrativa expresa declarando la caducidad del inicial, sin que, mientras tanto, pueda considerarse que se trate de un nuevo procedimiento"y, con referencia a un procedimiento de gestión tributaria, en la Sentencia 468/2023, de 11 de abril, recaída en el recurso 4566/2021 ha declarado que la caducidad del procedimiento de gestión, susceptible de causar efectos desfavorables o de gravamen, ha de ser declarada obligatoriamente, sin que exista una pretendida facultad administrativa de no declararla y que tal declaración de caducidad ha de ser expresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 104.5 LGT, en relación con el artículo 103.2 del mismo texto legal.

En consecuencia, en el presente caso, tenemos un primer procedimiento administrativo iniciado por la Dependencia Regional de Recaudación Tributaria de Murcia con número de expediente NUM002 (Código de expediente: NUM003).

Con dicho acto se inició contra el recurrente un procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria por determinadas deudas de la mercantil Suintor, SA (A30156954) en aplicación del supuesto de hecho del articulo 43,1 a) de la LGT.

Dicho artículo dice lo siguiente:

1.Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

Según consta en las actuaciones y así lo reconocen ambas partes, este procedimiento nunca terminó ni formalmente mediante archivo, al amparo del nº 5 del art. 104 LGT, ni materialmente en cuanto el fondo.

Dado que no consta la notificación al interesado de la resolución de terminación del indicado expediente NUM002, aún pervive, pendiente de que se resuelva acordando el archivo de las actuaciones, por lo que, el primer tiro,por emplear el belicista termino, es inexistente.

La conclusión a la que debemos estar, siguiendo la sentencia reseñada es la de que no es posible iniciar un nuevo procedimiento sobre el mismo objetosin que hubiera finalizado el primero no solo sin que todavía no se hubiera cumplido el plazo de caducidad, sino que incluso, no es posible iniciar un nuevo procedimiento sobre el mismo objetosin que hubiera finalizado el primero por resolución expresa, aunque se hubiera cumplido el plazo de caducidad.

O, dicho de otra manera, el abandono por la administración de un procedimiento formalmente vivo, aunque este incurso en causa de caducidad, no es una mera irregularidad sino de una causa de nulidad.

En este sentido, la reclamación económica-administrativa de número de registro NUM000, interpuesta contra el Acuerdo de declaración de responsabilidad tributaria número NUM001, dictado por la Dependencia Regional de Recaudación Tributaria de la Administración de Murcia, en cuanto a la declaración de responsabilidad del recurrente D. Leon por deudas al amparo de la causa descrita en el art. 43,1 a) de la Ley General tributaria, tanto por la infracción como por la sancione debe ser anulada.

Advertimosque esto que se ha razonado es lo que se desprende del presente procedimiento, sin perjuicio de que en la sentencia nº 457 de 2023 de 28 de septiembre dictada en el Procedimiento 801/21 de esta Sala seguido a instancias de D. Demetrio, administrador mancomunado junto con el actor de este procedimiento D. Leon, no se declaró la nulidad de la reclamación económico-administrativa n.º NUM004 interpuesta por D. Demetrio contra el acuerdo dictado por el Jefe de Dependencia Regional de Recaudación de la AEAT de 4 de octubre de 2019 de derivación de responsabilidad subsidiaria previsto en el artículo 43.1 a dado que en aquel procedimiento, la terminación del procedimiento por la causa prevista en el artículo 43.1 a, fue salvado por el Abogado del Estado haciendo ver que el primer procedimiento había fenecido al adjuntar como documento nº 1 el acuerdo declarativo de caducidad del procedimiento de derivación.

CUARTO.- Como se ha apuntado, existe otro procedimientoincoado por la Dependencia Regional de Recaudación Tributaria de Murcia con número de expediente NUM001, de responsabilidad subsidiaria, contra el recurrente D. Leon en aplicación, del artículo 43.1. b) LGT. O sea, por el cese indebido de la actividad de la sociedad. Dicho precepto dispone:

1.Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

(...)

b)Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

El Acuerdo de declaración de fallido de la mercantil: SUINTOR SA fue fechado el 26 de enero de 2018.

Frente al Acuerdo de inicio de actuaciones de declaración de responsabilidad subsidiaria (expediente NUM001), el interesado formulo alegaciones mediante escrito fechado el 30 de agosto de 2019 (acontecimiento 2 PDF del expediente advo.) en el que alegaba exclusivamente la PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE DIRIGIRSE FRENTE A UN RESPONSABLE SUBSIDIARIO ( Arts. 66 ss. LGT) .

Dicho escrito de alegaciones, en lo que se refiere a la prescripción (única casusa de oposición) fue contestado por la administración en el Acuerdo de declaración de responsabilidad tributaria en virtud del art. 43.1 A) y B) de la LGT de 7 de octubre de 2019.

Sin embargo, en la reclamación económico-administrativa que interpuso contra dicho Acuerdo, y cuya desestimación es el objeto del presente recurso C-A, no se alega dicha prescripción sino las siguientes:

PRIMERO. - DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL ACUERDO DE DERIVACIÓN, CAUSANTES DE UNA MANIFIESTA INDEFENSIÓN:

-De la existencia de un expediente incompleto en el trámite de audiencia del procedimiento en cuestión.

-De la posterior remisión a este Tribunal de un expediente con una clara ausencia de documentos capitales para la defensa de este contribuyente.

SEGUNDO. - FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACUERDO DE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA: Inexistencia de argumento de culpabilidad en las sanciones que se pretenden derivar, más allá de la condición de administrador. Inversión de la carga de la prueba

TERCERO. - IMPROCEDENCIA DEL ACUERDO DE DERIVACIÓN: NO EXISTE NEGLIGENCIA EN LA ACTUACIÓN DE ESTA PARTE

Estos motivos de oposición, que fueron oportunamente respondidos en la resolución del TEARM recurrida, han sido reiterados en la presente demanda.

La Sala al examinar las deficiencias denunciadas del expediente administrativo coincide con el TEARM en que no han ocasionado efectiva indefensión al recurrente, no solo porque la omisión parcial de documentos en el traslado del expediente, en trámite de Audiencia no se incorporaron los documentos justificativos de las diligencias de embargo, es irrelevante materialmente, ya que el recurrente era administrador mancomunado y tenía que ser conocedor de todas las actuaciones de cobro dirigidas contra la mercantil SUINTOR SA, sino también porque la información completa si se integraba en el acuerdo de derivación de responsabilidad y desde entonces pudo recurrir en reposición, como después ha efectuado en la reclamación económico administrativa.

Por lo que se refiere a la falta de Motivación del Acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria, tampoco debe ser admitida ya que el órgano recaudatorio considera la aplicación del art. 43,1 b) de la LGT, por el cese de la mercantil en el ejercicio de sus actividades en el año 2014, en base a la documentación aportada, si bien no fue hasta el día 11 de abril de 2016cuando se presentó por la mercantil la declaración censal modelo 036 en la que hacía constar el cese de actividades. Entendiendo pues, que hubo un abandono de la sociedad total de entre 2014 y 2016.

Además, en el fundamento de derecho TERCERO del mencionado Acuerdo, cita el art. 360, 361, 363, 364 y 365 del RDL 1/2010 de 2 de julio de Sociedades de Capital, para justificar los cinco requisitos que concurren en el recurrente para hacer efectiva su responsabilidad subsidiaria del párrafo b del apartado 1 del art. 43 LGT.

También acredita la existencia de obligaciones pendientes a cargo de la persona jurídica de la que el recurrente era administrador mancomunado y el Cese en el ejercicio de actividad empresarial.

En fin, seis folios de fundamentos para motivar el Acuerdo de derivación de responsabilidad solo por el motivo de la letra B).

Por último, por lo que se refiere al examen de la culpabilidad, no podemos perder de vista que la responsabilidad subsidiaria que examinamos es la del párrafo b del apartado 1 del art. 43 LGT:

1.Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

(...)

b)Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

O sea, no se considera en la resolución recurrida que el recurrente haya sido negligente por el impago de la mercantil de la que el actor era administrador mancomunado, sino por no haber promovido la liquidación de la sociedad en la forma extensamente motivada en los seis folios que el Órgano Administrativo recaudatorio dedica a motivar el Acuerdo de derivación de responsabilidad solo por el motivo de la letra B).

QUINTO.- En razón de todo ello procede estimar EN PARTE el recurso formulado anulando y dejando sin efecto el acto impugnado en cuanto a la declaración de responsabilidad del recurrente D. Leon por deudas al amparo de la causa descrita en el art. 43,1 a) de la Ley General Tributaria, tanto por la infracción como por la sanción por no ser conformes a derecho y confirmamos la resolución recurrida en cuanto a la declaración de responsabilidad del recurrente D. Leon al amparo de la causa descrita en el art. 43,1 b) de la Ley General tributaria, tanto por la infracción como por la sanción; y sin expresa imposición de costas a las partes, de acuerdo con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional, reformado por la Ley de Agilización Procesal 37/2010, de 10 de octubre.

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,