Sentencia Contencioso-Administrativo 722/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 770/2025 de 03 de noviembre del 2025

PRIMERO:El presente recurso de apelación se dirige por la representación procesal de la FEDERACIÓN ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CGT contra la sentencia nº 32/2025, de 4 de febrero de 2025, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, dictada en sus autos de Procedimiento Especial para la Protección de los Derechos Fundamentales nº 412/2024, que acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto a través de dicho procedimiento especial contra el Decreto de 24 de julio de 2024 de la Delegada del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda por el que se establecen los servicios mínimos en garantía de la prestación de los servicios esenciales con ocasión de los paros previstos para las fechas 26 y 27 de julio y 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto de 2024, en las fechas de escenarios de alto riesgo climático y en aquellas instalaciones deportivas de la ciudad de Madrid que tengan la condición de refugio climático.

La sentencia apelada considera que el decreto impugnado no vulnera el ejercicio del derecho fundamental a la huelga del artículo 28.2 de la Constitución Española, con cita de diversas sentencias del tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; y concluye que en el decreto analizado se ha razonado la restricción producida al derecho de huelga para permitir el funcionamiento de determinados servicios, de modo que los destinatarios conozcan las razones por las que se limita su derecho, al entender, conforme al sentido de la lógica y el común, ya que ciertos servicios tienen la consideración de esenciales para la comunidad.

El recurso de apelación solicita que se dicte sentencia en la que estime el presente recurso de apelación y, por consiguiente, se acuerde la estimación de la demanda rectora del presente proceso en todos sus pedimentos tras acoger la falta de congruencia de la sentencia y entrar al fondo de los motivos alegados por esa representación procesal. Alega los siguientes motivos de apelación:

-Falta de congruencia de la resolución recurrida.

-Falta de motivación de la sentencia.

-Falta de contestación al resto de los motivos del recurso.

La letrada del Ayuntamiento de Madrid se opone el recurso de apelación, en resumidísima síntesis, porque entiende que:

-Las alegaciones formuladas por la parte apelante no desvirtúan en modo alguno la ratio decidendi de la sentencia apelada, pues se limitan básicamente a reproducir los argumentos ya esgrimidos en alegaciones anteriores.

-No existe incongruencia, ni falta de motivación de la sentencia apelada, con cita de la jurisprudencia que entiende aplicación.

-En cuanto al fondo del asunto, reitera sus alegaciones de su escrito de contestación a la demanda y conclusiones.

El Fiscal se opone al recurso de apelación, con base en su propia fundamentación jurídica.

SEGUNDO:Comenzaremos el razonamiento de esta sentencia rechazando la recurrente alegación de oposición de la letrada del Ayuntamiento de Madrid, según la cual las alegaciones formuladas por la parte apelante no desvirtúan la ratio decidendide la sentencia apelada, pues se limitan a reproducir los argumentos ya esgrimidos en alegaciones anteriores. Este "alegato-tipo", que debería quedar reservado a los casos en que manifiestamente así sucediera, sin embargo, se utiliza en este caso, en el cual el recurso de apelación claramente incorpora una crítica a la sentencia apelada. Alegar la falta de incongruencia o de motivación de la citada sentencia no puede ser otra cosa, de suyo, que criticar la sentencia apelada, con unos motivos que obviamente se refieren específicamente a dicha sentencia y que no pudieran articularse en la primera instancia. Esta alegación se ha de rechazar, pues, sin necesidad de más añadidos.

TERCERO:Contra lo que sostienen la representación del Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio Fiscal, la sentencia adolece de una clara ausencia de motivación, e incurre en vicio de incongruencia omisiva, porque deja de resolver alegaciones que sustentan el recurso contencioso-administrativo que interpuso en su día la parte apelante. Basta la lectura de sus fundamentos de derecho para comprobar que la misma:

a) Enuncia los cinco motivos en que la parte actora sustenta su recurso:

-que el servicio de las instituciones municipales no supone un servicio esencial que se ha de cubrir, por lo que no es necesario el establecimiento de unos servicios mínimos.

-falta de motivación de la resolución recurrida.

-justificación para el establecimiento de servicios mínimos y la emergencia climática así como su incumplimiento en funcionamiento.

-falta de proporcionalidad de los servicios mínimos establecidos previsto en el artículo 28 de la Constitución Española.

-petición de indemnización de daños y perjuicios.

b) Enunciados los mismos, su fundamentación jurídica recoge una declaración genérica sobre el derecho a la huelga, sobre la proporcionalidad que deben tener los servicios mínimos que limiten su ejercicio y sobre la necesidad de que se motiven de forma específica. Transcribe parcialmente una sentencia del Tribunal Supremo y otra del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivación de la restricción del derecho fundamental, para concluir que "En el decreto analizado se ha razonado la restricción producida al derecho de huelga para permitir el funcionamiento de determinados servicios, de modo que los destinatarios conozcan las razones por las que se limita su derecho, al entender, conforme al sentido de la lógica y el común, ya que ciertos servicios tienen la consideración de esenciales para la comunidad";y transcribe parcialmente el decreto recurrido en la parte en la que entiende que de forma motivada se justifica la esencialidad de los servicios. Acto seguido, se dice que se desestima el recurso contencioso-administrativo, sin incorporar ninguna valoración o razonamiento sobre la parte del decreto que transcribe, esto es, sin explicar de ninguna manera el proceso de razonamiento que lleva desde la jurisprudencia que cita a la conclusión que alcanza.

Además de lo dicho, la sentencia se pronuncia exclusivamente sobre uno de los motivos de impugnación articulados en la demanda, la presunta falta de motivación del decreto recurrido. Lo hace, como hemos dicho, sin incorporar razón alguna que justifique por qué entiende que la motivación es suficiente para superar el "standard" exigido por la jurisprudencia que cita. Y, además, no se hace referencia alguna a las restantes cuestiones que plantea la demanda: supuesto que el decreto esté motivado, no se dice por qué entiende la juzgadora que los servicios mínimos que se motivan son proporcionales; o si el servicio es esencial o no lo es; o si esa necesidad y proporcionalidad guardan relación con la situación de emergencia climática que se aduce. Se omite, pues, el análisis de motivos que fundamentan el recurso, como exige el artículo 33.1 de la Ley 29/1998; y no se incorpora un razonamiento para justificar por qué la motivación del decreto, una vez que constata que existe, es suficiente para cubrir las exigencias de la doctrina constitucional sobre la necesidad de justificar las concretas medidas de restricción del ejercicio del derecho de huelga, en este caso el alcance de los servicios mínimos establecidos.

La incongruencia omisiva o "ex silencio" aquí denunciada, como pone de manifiesto la STC 25/2012, "(...) se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales...".En este caso, asiste plena razón a la parte apelante: la sentencia omite pronunciamiento alguno sobre alegaciones esenciales llevadas al debate, incurriendo así en el vicio de incongruencia omisiva. El silencio de la sentencia apelada sobre las alegaciones planteadas por la parte recurrente impide conocer la causa jurídica por la que hay que entender desestimadas las mismas, lo que conduce a la estimación del recurso en cuanto a la pretensión revocatoria de la sentencia; y al dictado de otra que analice los motivos de impugnación sobre los que se omitió el debido pronunciamiento.

CUARTO:Puesto que nos encontramos en el seno de un procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales que regulan los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, el análisis jurídico de esta sentencia ha de limitarse, exclusivamente, a determinar si se ha incurrido, o no, en violación de un derecho fundamental invocado por la parte apelante en su recurso. Ese derecho fundamental es el del artículo 28.2 de la Constitución española (CE), que reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Se dice vulnerado ese derecho fundamental mediante la resolución municipal recurrida, por la que se establecen los servicios mínimos en garantía de la prestación de los servicios esenciales con ocasión de los paros previstos para las fechas 26 y 27 de julio y 2,3,9,10, 16, 17,23, 24, 30 y 31 de agosto de 2024, en las fechas de escenarios de alto riesgo climático y en aquellas instalaciones deportivas de la ciudad de Madrid que tengan la condición de refugio climático. La parte recurrente entiende que el establecimiento de tales servicios mínimos supone una vulneración del derecho a huelga, en tanto en cuanto, por un lado, los mismo no han de ser considerados "esenciales"; y, por otro lado, los servicios mínimos resultan tanto desproporcionados en su establecimiento, como carentes de justificación sólida. La anterior afirmación se articula en los siguientes motivos de impugnación, que pasamos a analizar.

Se dice, en primer lugar, que la resolución recurrida no está adecuadamente motivada. Se recuerda que la jurisprudencia ha venido manteniendo, en materia de establecimiento de servicios mínimos, que el deber de motivación es un requisito necesario y exigente, debiendo pedirse a estos efectos un mayor nivel de motivación en las resoluciones en las que la autoridad laboral viene a establecer estos servicios, en tanto que limitadoras de un derecho fundamental, que contenga un análisis concreto y un estudio más o menos detallado de porque se llega a la conclusión de que los servicios mínimos establecidos resultan los apropiados en esa ponderación necesaria que ha de hacer la autoridad entre el derecho a huelga y los efectivos derechos en juego. La queja se concentra en un punto concreto: el decreto recurrido se limita a establecer el número de persona para la necesidad concreta que la misma entiende necesario sin que se exponga ni se haga un análisis de porqué son esos los servicios mínimos necesarios a establecer y no otros, es decir, porque son estos los servicios necesarios y mínimos que se han de cubrir, siendo estas las personas por puesto, y no otras personas y puestos.

No comparte esta Sala la anterior afirmación. Hay una primera explicación que se encuentra, en sí misma, en la precisa delimitación de cada una de las tareas y funciones que hace la resolución para fijar el número de empleados que debe cubrir cada una de las distintas tareas que se enuncian. No se fija un número genérico de trabajadores que englobe todas las tareas, sin explicación alguna. Antes al contrario, se van diferenciando cada uno de los servicios a prestar en las instalaciones municipales y se fija un número de trabajadores para cada uno de ellos en cada turno, diferenciando los necesarios para garantizar el acceso a las instalaciones, el mantenimiento, la prestación del servicio en cada una de las instalaciones deportivas o espacios determinados como refugios climáticos, la venta de entradas presencialmente (añadiendo la justificación de que se necesita para atender a personas usuarias afectadas por la brecha digital) y el personal socorrista. Pero hay una segunda explicación que se añade a lo anterior. En efecto, tampoco compartimos con la recurrente que no haya explicación de por qué permanecen abiertas todas las piscinas y todos los vasos y no solo alguno de ellos. A lo largo del cuerpo del decreto recurrido se van desgranando distintas razones que amparan esta decisión. En primer lugar, se acota expresamente la fijación de los servicios mínimos a las instalaciones a las que se pueda asignar la condición de refugio climático y no a todas las instalaciones deportivas municipales. Se considera que, respecto de las primeras, estamos ante un servicio esencial, en atención a las circunstancias concurrentes; se explican los riesgos para la población que derivan de fenómenos climáticos extremos, como consecuencia del incremento de olas de calor; se consideran las medidas que derivan de los planes estatal, autonómico y municipal, para prevenir los efectos de las altas temperaturas, en relación con las temperaturas que concretamente se esperan para los días de huelga, a desarrollar en Madrid, en el mes de agosto, valorando que las instalaciones municipales afectadas por la huelga que reúnan las condiciones para ser consideradas "refugios climáticos" son las que deben verse afectadas por la aplicación de los servicios mínimos, en consideración a una situación que se describe y que se considera de alto riesgo, lo que obliga a garantizar el funcionamiento de dichas instalaciones, mediante el establecimiento de dichos servicios mínimos. Todo este razonamiento se encuentra en el decreto recurrido. Podrá discutirse (lo hace la parte apelante y ahora analizaremos su queja al respecto) que dicho razonamiento sea o no acertado; pero lo que no puede discutirse es que, contra lo que se sostiene por la parte apelante, la decisión de abrir todas las instalaciones y vasos y el establecimiento de los servicios mínimos carezcan de motivación. Una motivación que, unida a la pormenorizada descripción de las tareas a las que se asignan los servicios mínimos, es suficiente, cualitativa y cuantitativamente, porque permite conocer por qué se fijan servicios mínimos para unas instalaciones sí y para otras no; por qué se entiende necesario mantener abiertas las instalaciones y, vinculado a ello, por qué se asignan determinado número de porcentaje de empleados a cada tarea concreta, con el único objetivo de fijar el personal mínimo necesario para mantener la apertura de dichos centros. Por lo tanto, todo lo razonado nos lleva a desestimar este primer argumento de la demanda.

QUINTO:Se discute en la demanda que el servicio municipal de instalaciones deportivas no es esencial; en otro motivo de impugnación de cuestiona la situación de emergencia climática y el sometimiento a dicho condicionamiento; y, finalmente se arguye la falta de proporcionalidad de los servicios concretamente establecidos. Tampoco comparte la Sala estos argumentos de la demanda, que se exponen en su apartado tercero y en los dos apartados "cuarto" de la demanda, que analizaremos conjuntamente.

A) La propia parte apelante expone que el concepto de "servicio esencial" es un concepto jurídico indeterminado, ya que, como dice la STC 11/1981, de 8 de abril de 1981, que cita, ha de ir determinándose en cada caso en el que se somete a la consideración de los tribunales la asignación de "esencial" a un determinado servicio. Buena prueba de ello es que el art. 10.2 del RDLey 10/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo (DLRT) hace referencia a "empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad".Esta dicción contrasta con la más escueta del art. 28.2CE, que, sin más, alude a "servicios esenciales de la comunidad".Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que la dicción del art. 10.2 DLRT tiene encaje en la constitucional del artículo 28.2, dirigiendo su atención a los dos elementos del art. 10.2 DLRT que permiten definir un servicio como "esencial": que se trate de "servicios de reconocida e inaplazable necesidad"; y que concurran "circunstancias de especial gravedad". Así diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, a partir de la citada STC 11/1981, de 8 de abril, o de la STC 26/1981, de 17 de julio, ofrecen una flexible interpretación de lo que deba entenderse por servicios esenciales a efectos de huelga, elaborando una "cláusula general de esencialidad", conforme a la cual, para que un servicio sea esencial, deben serlo los bienes e intereses que satisface, entendiendo por tales "los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos". Por tanto, no existe a prioriningún tipo de actividad que por sí pueda ser considerada esencial, siendo preciso examinar, en cada caso singular, las circunstancias que concurren en la misma. La STC 8/1992, de 16 de enero, sintetiza y sistematiza la jurisprudencia constitucional precedente, al declarar que "...la noción de servicio esencial de la comunidad hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza, entendiendo por tales los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos, con la consecuencia de que a priori ningún tipo de actividad productiva puede ser considerado en sí mismo como esencial".Únicamente lo será cuando "la satisfacción de los mencionados intereses afectados exija el mantenimiento del servicio, y en la medida y con la intensidad en que efectivamente lo exija",por cuanto "los servicios esenciales no son dañados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma".Por esa razón, la autoridad gubernativa, a la hora de fijar servicios mínimos, "ha de ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute".Eso es precisamente lo que hace, a nuestro criterio, el decreto aquí recurrido. Las sentencias que cita como referencia, en relación con instalaciones deportivas, no pueden servir, por ello, de pauta para resolver el caso de autos. Determinar si unas instalaciones de natación o deportivas son o no un servicio esencial dependerá de las circunstancias de tiempo, lugar u ocasión de cada caso, por lo que no puede acudirse a declaraciones generales (como en la STS, Sala Tercera, de 9-7-2012, recurso nº 4202/2011, que cita); o a casos circunstancialmente diferentes del analizado (como sucede en la sentencia del TS Sala Tercera, de 1-10-2014, recurso nº 1560/2013, que confirma otra del TSJ de Galicia, que analizó los servicios mínimos fijados para una instalación deportiva en Galicia). Para enjuiciar si el servicio público que nos ocupa puede ser considerado "esencial" han de enjuiciarse las necesidades que viene a subvenir concretamente en la ciudad de Madrid y en el mes de agosto, en días con previsión de temperaturas en el entorno de los 38 grados. Desde esta perspectiva, el criterio de la Sala es que las instalaciones deportivas de la ciudad de Madrid a las que alude el decreto han de ser consideradas "esenciales", en las condiciones de tiempo y lugar a las que se refiere la resolución recurrida. La resolución justifica que concurren las condiciones que contempla el Plan de Actuación ante Episodios de Altas Temperaturas Extraordinarias de la Comunidad de Madrid, de 2024; o en el Plan de Actuación ante Altas Temperaturas Extraordinarias del Ayuntamiento de Madrid, de 2024. Unas temperaturas esperadas superiores como media durante los días de huelga a 36,5 grados y de hasta 38,5 grados, se consideran (por intensidad y acumulación, que son los criterios contemplados en el Plan autonómico) como "situación de alto riesgo" y justifican la consideración de las instalaciones deportivas municipales aludidas por el decreto como "esenciales" a los efectos de la fijación de los servicios mínimos que aseguren su apertura y funcionamiento, en la medida en la que se erigen en "refugios climáticos", o lugares asimilados a los mismos, para los ciudadanos afectados por la situación de alto riesgo climático. Las condiciones urbanas de la capital, la condensación de edificios y focos de calor, los índices de contaminación propios de una gran ciudad, o el volumen de población son factores que coadyuvan a alcanzar esta conclusión. Los riesgos y posibles consecuencias para la salud y la vida que tal situación de emergencia pudiera generar en la población, especialmente la más vulnerable, se explican perfectamente en ambos planes, autonómico y municipal. Concurren, pues, los elementos que la doctrina del TC que hemos glosado exige para apreciar la "esencialidad": unas "circunstancias de especial gravedad"; y un servicio, el que analizamos, que se convierte, por mor de esas circunstancias, en un "servicio de reconocida e inaplazable necesidad". La resolución, además, explica y razona prolijamente sobre las circunstancias que le conducen a considerar que el servicio es "esencial"; y a aplicar servicios mínimos a su funcionamiento, como también exige la jurisprudencia. Y, finalmente, aunque de suma importancia, todo lo dicho tiene una proyección directa sobre derechos fundamentales de los ciudadanos, como la igualdad del artículo 14, o la integridad física del artículo 15; y sobre otros derechos constitucionales que dimanan de principios esenciales que rigen la política social y económica de los poderes públicos, como el derecho a la salud del artículo 43, o al medio ambiente adecuado del artículo 45, todos ellos de la Constitución española. A la hora de plantearse quiénes son los directamente beneficiados por la consideración como "esencial" del servicio de instalaciones deportivas con piscinas, duchas, o zonas verdes sombreadas, en estas condiciones climáticas extremas, la respuesta es inmediata: los colectivos más vulnerables, tales como los titulares de viviendas con 20 m2 o menos por habitante, las personas con determinados problemas de salud a quienes afecte especialmente el calor, o con algún grado de discapacidad, la población anciana o menor de edad, y hasta turistas, especialmente los no acostumbrados a tan altas temperaturas. Pero, de una manera muy directa, los colectivos más con menor nivel de renta: personas sin hogar, perceptores de la Renta Mínima de Inserción, o con muy bajos ingresos, población desempleada y, en general, todas aquellas personas, familias, o grupos cuyos medios y recursos económicos no les permiten abandonar la ciudad de Madrid, gozar de descanso vacacional, ni mucho menos disponer de piscinas privadas en sus urbanizaciones o viviendas. Estos son los directamente beneficiados por el mantenimiento del servicio de instalaciones municipales deportivas con piscinas, los que necesitan de dicho servicio durante una situación de alto riesgo climático como el que describe el decreto recurrido y no discute la parte apelante. Es evidente la situación de desigualdad real de estos colectivos y el mayor riesgo a que se les somete, si se clausuran las instalaciones municipales con piscina en los días de mayor calor.

En suma, es posible compartir con la parte apelante que el servicio municipal de instalaciones deportivas no sea un servicio "esencial" en otras épocas del año, o en circunstancias climatológicas menos adversas o, incluso contrarias (la demanda alude a la tormenta "Filomena"), o en otras regiones de clima más benigno, o en entornos rurales, o en situaciones de emergencia por crisis sanitarias (también alude a la crisis de la covid-19); pero en la ciudad de Madrid, en las condiciones de tiempo y lugar que hemos visto, que son totalmente distintas y hasta contrarias a las que se proponen como término de comparación, la conclusión que alcanza la resolución recurrida se ajusta correctamente al concepto jurídico indeterminado "servicio esencial" y justifica la adopción de servicios mínimos para garantizar su mantenimiento. La situación de cierres puntuales de instalaciones por obras en verano, a la que alude también hace la apelante, carece de cualquier virtualidad como término de comparación con una eventual posibilidad de cierre de la totalidad de dichas instalaciones.

B) No hay la inconcreción de los servicios mínimos que se pretende en la demanda. Y el hecho de que se haga depender el establecimiento de los servicios mínimos con la declaración como de "alto riesgo" de cada día en concreto, en función de las temperaturas, tiene una significación totalmente contraria a la que se propone por la apelante. La resolución es muy clara al establecer las condiciones de aplicación de los servicios y vincularla a la activación del nivel alto riesgo por temperaturas. Y ello no tiene por qué obedecer a ninguna intención de generar "incertidumbre" en los trabajadores, pues la condición es muy clara, sino a la pura coherencia con la motivación del propio establecimiento de los servicios mínimos. Si se trata de acotar la aplicación de los servicios mínimos a una situación de necesidad, parece lógico que se excluya (como de hecho, lo hace el decreto en el apartado "quinto" de su parte dispositiva) cualquier limitación del derecho de huelga, si no concurre ese caso de estricta necesidad. Baste imaginar la situación exactamente contraria, esto es, que se impusieran los servicios mínimos en días en los que, finalmente, no se produjeron las altas temperaturas que justifican dichos servicios. El mismo argumento que ahora se utiliza para criticar la decisión recurrida se podría utilizar en sentido exactamente inverso, para alegar que se han establecido servicios mínimos en días en los que la situación climatológica no justificaba la esencialidad del servicio. Ningún obstáculo se aprecia en que el decreto condicione la aplicación de los servicios mínimos a ese requisito, pues lo contrario sería incoherente con su razonamiento acerca de la causa del establecimiento de tales servicios mínimos; y ningún obstáculo al ejercicio efectivo del derecho de huelga supone para el trabajador que, decidido a ejercer ese derecho, constata en el día de prestación del servicio que no concurre la condición objetiva a la que se sujeta la prestación del servicio mínimo.

La alegación de que las instalaciones deportivas municipales no son expresamente declaradas como "refugios climáticos" por el Plan de Actuación de Altas Temperaturas Extraordinarias del Ayuntamiento de Madrid tampoco es compartida con la parte apelante. Hay que decir que el apartado 5.4 de dicho Plan de fine los "Refugios climáticos" como "aquellas infraestructuras que pueden alojar de manera provisional a personas en riesgo".Si ya dentro de esa declaración genérica caben perfectamente instalaciones como la que nos ocupa, sucede que el mismo apartado inicia que "...a la fecha de redacción del presente documento el Ayuntamiento de Madrid dispone de más de 290 instalaciones distribuidas en los distintos distritos que se podrían utilizar como refugio climático, que se recogen a título informativo en el Anexo VIII".La redacción del apartado permite perfectamente entender que la alusión a esas instalaciones y la enumeración del anexo es meramente informativa de un listado de los que "podrían" reunir esa condición, lo que en absoluto excluye que se consideren otras instalaciones que encajen en la definición genérica que hemos transcrito.

c) Todo cuanto hemos expuesto conduce a una conclusión contraria a la de la parte apelante, sobre la proporcionalidad de los servicios mínimos aplicados. Sobre la necesidad de mantener abiertas las instalaciones ya hemos razonado "supra". La crítica se centra en el caso concreto de los socorristas y hay que aplicar el mismo razonamiento: no es posible admitir, por una razón de elemental seguridad, que la piscina permanezca abierta al público sin la presencia de un socorrista. Cabe aplicar reducciones de personal que ejercite el derecho a la huelga (la parte apelante no dice que no se haga) en otras áreas del servicio (taquillas, mantenimiento, limpieza...), pero no es posible reducir la seguridad de la instalación respecto de los usuarios. Y tal decisión no es desproporcionada, una vez admitido que no lo es, con carácter general, mantener la apertura de los vasos de cada centro, que son la parte de las instalaciones en que se concentra el carácter de esencialidad de la instalación en un caso de emergencia climática por altas temperaturas.

SEXTO:Todo lo razonado en los anteriores fundamentos de derecho conduce a concluir que el decreto recurrido no ha vulnerado el derecho fundamental a la huelga del artículo 28.2 de la CE, que se decía infringido, lo que conduce a la desestimación íntegra de las pretensiones de la demanda, incluyendo, correlativamente, la de indemnización que se contiene en el suplico de la misma.

El artículo 139.2 de la Ley 29/1998, en materia de costas, determina que no proceda efectuar pronunciamiento sobre las costas de la segunda instancia, ante la estimación de la pretensión revocatoria de la sentencia "a quo".

Y, en relación con las costas de la primera instancia, tampoco procede su imposición a la parte cuyas pretensiones hayan sido totalmente desestimadas, en este caso la parte recurrente, toda vez que la sentencia apelada no las imponía y no se ha deducido pretensión que solicite su imposición a la parte actora.

Vistos los anteriores preceptos y razonamientos,