Sentencia Contencioso-Administrativo 144/2025 Tribunal Superior de Justicia de País Vasco . Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 36/2024 de 05 de marzo del 2025

PRIMERO. -Objeto del recurso.

El objeto del presente recurso es la ORDEN DE LA CONSEJERA DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO POR LA QUE SE INADMITE EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO POR Leonardo CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 4 DE ABRIL DE 2023 POR LA QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DE LAS RELACIONES DEFINITIVAS DE CALIFICACIONES FINALES Y PUESTOS OFERTADOS EN EL PROCESO EXCEPCIONAL DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO DE ACCESO A LA ESCALA DE ENFERMERÍA.

SEGUNDO. -Sobre el acto impugnado y la tesis de la demandante.

El acto administrativo cuya impugnación nos ocupa resuelve la inadmisión del recurso de alzada presentado contra la resolución de 4 de abril de 2023 que ordenaba la publicación de la relación definitiva de calificaciones finales y puestos ofertados en el proceso de consolidación de empleo. En ese acto administrativo que apreció la extemporaneidad del recurso se estimó que dicha extemporaneidad respondía a que el recurso de alzada se interpuso el 8-5-2023 y que el plazo finalizaba el 24 de junio de 2022, y ello entendiendo el recurso dirigido contra la Orden de 18-5-2022 de aprobación de bases generales y de convocatoria, publicada en el BOPV de 23 de mayo de 2022. Aun cuando en la parte dispositiva "desestima" el recurso de alzada lo cierto es que más bien procede a su inadmisión por extemporaneidad, aun cuando formalmente no haya plasmado ello mismo en la parte dispositiva de la resolución.

Combate en primer lugar la actora en su demanda dicho pronunciamiento de inadmisión en la medida que no se ha tomado en cuenta que lo así articulado al recurrir la resolución de 4-4-2023 no es sino la impugnación indirecta de las bases de la convocatoria, al entender que se vulneraban los principios de igualdad, mérito y capacidad. Ya en conclusiones, cuando por la Administración en su contestación había considerado que el recurso de alzada sería extemporáneo al estar presentado el 8-5-2023 habiendo sido la fecha de publicación de la resolución la de 5 de abril de 2023, por lo que el último día de plazo sería el 5-5-2023, contesta a ese nuevo argumento justificando que la propia información que se transmitió por la Administración convocante fijaba como plazo para recurrir precisamente hasta el 8-5-2023 y el recurrente se guió por esa propia información facilitada , de modo que entiende que no puede ir la Administración contra sus propios actos al pretender ahora oponer la inadmisibilidad del recurso.

Ya en cuanto al fondo, después de efectuar una exposición inicial sobre el alcance de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, así como de la jurisprudencia del TC sobre esta materia, opone en concreto las siguientes consideraciones a las bases aquí indirectamente cuestionadas:

-En primer lugar, en relación al art. 4 de las bases que, tanto en relación a la experiencia general como a la específica, limita el que se trate de la experiencia de los últimos 25 años. Expone que podría entenderse una limitación a la experiencia en cuanto a la puntuación total a obtener, pero considera que excluir la posible experiencia que se hubiera alcanzado en periodos anteriores a esos 25 años carece de toda posible justificación y no permite se acredite la mayor destreza habilidad o conocimiento efectivamente adquirido.

-En segundo lugar, y también referido a ese punto 4, pone de manifiesto el carácter desproporcionado de la mayor valoración que se otorga a los servicios prestados como enfermero en la Administración general del País Vasco y organismos autónomos (0,170 por mes con un máximo de 45 puntos) frente a esa misma experiencia como enfermero en cualquier otra Administración pública (0,056 puntos por mes con un máximo de 15 puntos). Ello entiende hace irreal la posible concurrencia de terceros pues están en una situación de clara y desproporcional desventaja. Expone que le constan servicios como enfermero en Osakidetza SVS y además en el Instituto foral de Asistencia social (servicios sociosanitarios) y en el Ayto. De Bilbao y entiende que no tiene ningún sentido ni justificación, que los servicios prestados, a título de ejemplo, en una Administración pública como el IFAS, puntúen tres veces menos cuando son servicios sociosanitarios agregados de prestaciones incluidas en las respectivas carteras del sistema social y del sanitario, y coordinados y prestados entre las distintas administraciones. Ciertamente, no se entiende ni se justifica la razón por la que se valora en menor medida los servicios prestados por estos profesionales, cuando las funciones a realizar son las mismas. Expone que, en cualquier caso, en la medida en que los servicios pertenecen al mismo ámbito funcional y categoría (Enfermería), no es constitucionalmente admisible una distinta valoración únicamente en atención a la distinta administración en que se prestaron los servicios. Y mucho menos en el grado en el que se hace cuantitativamente, ya que los servicios prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos puntúan hasta tres veces más que los prestados en otra administración pública.

-En tercer lugar pone de manifiesto como los mismos servicios prestados para la Administración general de País Vasco o sus organismos autónomos se valora doblemente pues se toma en cuenta tanto como experiencia general (0,056 puntos por mes) como experiencia específica por lo que ese mayor valor a la experiencia por servicios en la Administración convocante es más aun acentuada pues puede alcanzar hasta 60 puntos (45 más 15) mientras que alguien que no haya trabajado en la Administración convocante sino en otra Administración pública solo alcanzaría 15 puntos (los correspondientes a experiencia general pues no tendría puntuación alguna por experiencia específica).

Expone que acreditaba un total de 5954 días, esto es, 198 meses, lo que debería ascender a 11,088 puntos, mientras que se le dio 10,864 puntos lo que achaca a un error en la aplicación informática que no permitía alegar periodos de prestación en los que se solaparan unos días con otros.

Recoge en concreto en su escrito los servicios prestados:

Osakidetza-Svs entre el 01/07/2005 y el 10/12/2015 2024 días

Ayuntamiento de Bilbao desde el 08/05/2008 hasta el 29/08/2012 1566 días

GUFE-IFAS entre el 11/12/2015 y el 22/06/2022 2364 días

5954 días: 30 días/mes = 198 meses computables x 0,056 = 11,088 puntos.

Ello debe entenderse referido a la experiencia general.

Esos mismos servicios entiende deberían igualmente plasmarse en el apartado de experiencia específica, alcanzando una puntuación de 33,660 puntos que resultarían de lo siguiente:

5954 días: 30 días/mes = 198 meses computables x 0,17 = 33,660 puntos

-En cuarto lugar, cuestiona el apartado 4. c) de la convocatoria referido a la puntuación por superación de pruebas de acceso a la condición de funcionario de carrera cuerpo técnico-diplomatura en enfermería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos (hasta 24 puntos) o formar parte de las bolsas de trabajo de enfermería de la Administración convocante y entiende que nuevamente se introduce una discriminación en función de para qué Administración Pública se hayan celebrado las oposiciones o en la bolsa de trabajo de qué Administración Pública se haya formado parte, lo que carece de sentido, pues no se establece ninguna justificación para la misma y si el aprobar un ejercicio de un proceso selectivo es un mérito ello es independiente de la administración que haya convocado el referido proceso.

Cuestiona en este punto también la no toma en consideración de la puntuación que entiende debería habérsele dado por este apartado b de titulaciones y superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario pues no se le ha tenido en cuenta la superación de procesos selectivos en los que el propio IVAP forma parte de sus tribunales ni tampoco se le ha valorado la pertenencia a bolsas de trabajo en Osakidetza e IFAS de lo que concluye que debería haber alcanzado 24 + 18 puntos más.

Expone finalmente como debería a su juicio habérsele puntuado por los diferentes apartados del baremo y contrastado ello con lo que resulta de la puntuación reconocida en vía administrativa, la diferencia se encuentra en el apartado de experiencia específica (el recurrente postula 33,660 puntos y no consta puntuación en dicho apartado), en el apartado de titulaciones y superación proceso selectivo en el que el recurrente postula 30 puntos y no consta puntuación en ese apartado. El recurrente postula así un total 88,748 puntos frente a los 24,864 reconocidos.

TERCERO. -Tesis de la demandada.

Por la representación de la demandada tras exponer los antecedentes relativos al acto impugnado y la pretensión actora, expone que el recurso de alzada presentado fue en todo caso extemporáneo ya que interpuesto el 8-5-2023, el plazo había expirado el 5 de mayo, plazo de un mes desde la publicación de la resolución.

Plantea la incongruencia que aprecia en la pretensión actora en la medida que entiende se plantea que la Sala determine el contenido final de las bases, cuando lo que sucede es que una declaración de nulidad provocaría que los méritos quedasen sin valoración a expensas de una nueva configuración de las bases que determinase la administración convocante. Por tanto, si la base es nula, la propia petición de reconocimiento de situación jurídica individualizada es de imposible concesión en la medida que determinaría que fuera el tribunal quien determinase cómo deba ir redactada la base.

Hecha la anterior consideración, expone que el interesado no alegó en su momento el mérito correspondiente a superación de procesos selectivos o pertenencia a bolsas de trabajo sino que ello solo se hizo con ocasión del recurso de alzada, por lo que entiende que el cuestionamiento de las bases resulta una cuestión de mera legalidad que no determina interés legitimador para pretender su nulidad, pues, en cualquier caso, ninguna ventaja obtendría el recurrente, en orden a valorar unos eventuales méritos que no fueron alegados.

Considera que las bases recurridas de forma indirecta no han afectado al derecho fundamental de acceso al empleo público, y hace hincapié en que el proceso se sitúa en el marco de las previsiones excepcionales que establece la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Entiende que se exige una restricción calificable como intolerable y falta de la necesaria proporcionalidad que haya limitado de forma irrazonable el acceso al empleo público a un determinado colectivo de aspirantes. Entiende que en este contexto excepcional, primar, con una mayor puntuación, la experiencia en el seno de la Administración en que haya de consolidarse los puestos de trabajo o la pertenencia a las bolsas de empleo temporal en cada Administración o la superación de procesos selectivos que se hayan convocado en cada Administración, resulta coherente con el objetivo de, no sólo consolidar el empleo temporal de larga duración, sino estabilizar al personal que ha mantenido una mayor permanencia en la correspondiente organización administrativa convocadora de los procesos de consolidación.

Manifestación de lo dicho, es la previsión que se contiene en las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que transcribe en su escrito. Expone en concreto que teniendo en cuenta, por una parte, que la Ley 20/2021 (a la que se remite la Ley 7/2021, de 11 de noviembre) cuando se refiere a la valoración de la experiencia señala que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate, sin concretar más; y, por otra parte, que tanto el proceso especial como excepcional definidos por la Ley 20/2021 son procesos de estabilización que se enmarcan en un mismo marco jurídico, en un mismo contexto de temporalidad y con la misma finalidad de reducir dicha temporalidad, esta Administración ha considerado que es proporcionado y razonable, utilizar los mismos criterios para definir la experiencia como mérito en el proceso especial y en el excepcional. De igual modo en relación a la valoración de pertenencia a bolsas o superación de procesos selectivos, enmarcado ello en el proceso de consolidación de empleo temporal.

Pone de manifiesto posteriormente la doctrina del TC sobre la posibilidad de celebración de procesos en donde se prime de manera notable un determinado mérito como puede ser los servicios prestados en la Administración, así como la celebración de procesos restringidos, esto es, reservados a quienes acrediten ya previa experiencia en la Administración convocante, cuando existe una justificación amparada en una situación excepcional ( SSTC 27/1991, de 14 de febrero; 185/1994, de 20 de junio; 16/1998, de 26 de enero; 12/1999, de 11 de febrero).

Expone finalmente el distinto ámbito funcional en que ha desarrollado su trabajo el actor, ya sea en Osakidetza-Servicio vasco de salud, de acuerdo a la Ley 8/2007 de ordenación sanitaria de Euskadi o el IFAS Instituto foral de asistencia social de acuerdo a la Ley 5/1996 de 12 de noviembre de servicios sociales. En cambio, en la Administración general de la CAPV la escala de enfermería desarrolla sus funciones en el marco del art. 4 Decreto 57/2022 de 3 de mayo y en el que en la Escala de Enfermería le corresponde "Atender consultas; elaborar informes, gestionar órdenes de asistencia, planes, programas, quejas y reclamaciones en aseguramiento y contratación sanitaria; gestionar formación y diseñar material para promocionar la salud; evaluar resultados sanitarios; inspeccionar y homologar servicios; así como, las propias de la profesión regulada de Enfermería."De este modo, dado que intervienen en contextos organizativos y funcionales diferenciados, la limitación que realizan las bases respecto de la valoración de la pertenencia a bolsas de empleo temporal o superación de procesos selectivos y por tanto la no valoración de la comprendida en el ámbito al que alude el recurrente, se justifica con mayor intensidad como coherente y proporcionado, ínsito en el ámbito de la discrecionalidad de que dispone la Administración para la configuración de tales bases, sin que la discrepancia que suscita el recurrente, respecto de las bases cuestionadas en impugnación indirecta, comporte una vulneración del derecho fundamental del art. 23 de la CE.

CUARTO. -Sobre la extemporaneidad del recurso de alzada presentado.

Ha versado inicialmente el debate en relación a la inadmisión del recurso de alzada. El examen de las actuaciones lleva a considerar que dicho recurso estuvo presentado en plazo, y ello por una doble razón. En primer lugar, por considerar que el acto administrativo ha centrado su causa de oposición en este sentido al entender que el recurrente impugnaba en dicho recurso de alzada el acto de la propia convocatoria de forma directa, así como las bases específicas que la misma regulan en su anexo octavo, pero lo cierto es que no era ese planteamiento del recurso, sino que impugnando la resolución que ponía fin al proceso, se combatía de forma indirecta la propia convocatoria, es decir, se planteaba sencillamente una impugnación indirecta de la convocatoria. Por tanto, no podía oponerse como causa de inadmisión del recurso de alzada el que hubiera pasado el plazo de un mes desde la notificación o publicación de dicha convocatoria, ya que el plazo del mes al que debe atenerse sería el de la propia resolución que puso fin a ese proceso. En segundo lugar, se debe tomar en cuenta que si bien es cierto que efectivamente consta la publicación de dicha resolución en fecha 5 de abril de 2023 y que en principio, el plazo del mes de recurso de alzada expiraría el 5 de mayo de 2023, no puede dejar de considerarse que así como ha podido acreditar el demandante, la propia administración convocante incluía al respecto a una información errónea al indicar que la presentación de recursos al listado definitivo de evaluación de méritos alcanzaría el periodo de 6 de abril de 2023 al 8 de mayo de 2023. El examen de los documentos, contenidos en los apartados 44 a 46 del programa de gestión así lo avalan de tal forma que sería atentatorio a elementales principios de buena fe, el que la propia administración haya facilitado al administrado una determinada información sobre qué fecha y en qué periodo podía articular el recurso de alzada contra un determinado acto administrativo y que a posteriori, la propia administración se desdijera de sus actos y viniera así a oponer la existencia de un plazo del que antes no se dio noticia al interesado. Elementales criterios igualmente de confianza legítima apuntan a entender que deban considerarse presentado en plazo el referido recurso, toda vez que no ha hecho el interesado sino guiarse por las instrucciones que la propia administración convocante publicitó sobre en qué periodos podría recurrirse ese listado definitivo.

QUINTO. -Sobre la impugnación indirecta de la convocatoria y la alegada incongruencia en el planteamiento del actor. Objeto doble del recurso.

Nos encontramos en un recurso en el que se articula una impugnación indirecta de las bases que rigen la convocatoria que nos ocupa.

El recurrente ha articulado su impugnación de nulidad de las bases e interesa a la vez el reconocimiento de situación jurídica individualizada en orden a que se le reconozca una determinada puntuación. Ciertamente podemos coincidir con la Administración demandada en que a priori puede entenderse una cierta incongruencia en dicho planteamiento en la medida que si se acuerda efectivamente la nulidad de unas determinadas bases, el efecto que ello va aparejado no es otorgar al recurrente una determinada puntuación en cuanto a situación jurídica individualizada, sino el que dicha base quede sin efecto y que deba ser la Administración la que, redacte una base distinta, que respete aquellos principios de igualdad o criterios de proporcionalidad que se entienda hayan sido vulnerados. Sucede, sin embargo, que en el planteamiento que efectúa el recurrente lo que se viene a sostener en realidad es que esos servicios prestados tengan la misma puntuación, con independencia de la administración en la que se hayan prestado. Lo que postula, en definitiva, es una igualdad de trato en relación a dicha experiencia profesional, con independencia de la administración en la que se hayan desarrollado dichos servicios. Por lo tanto, y sin perjuicio de lo que a continuación se expondrá en relación a la resolución final de esta Litis, no se aprecia tal incongruencia, o al menos no se aprecia de una forma que sea insalvable para la toma en consideración de la pretensión que aquí se ha sostenido.

Por otro lado, debemos diferenciar en el estudio de esta cuestión que se nos plantea lo que ha sido la impugnación indirecta de las bases con lo que sea una aplicación incorrecta de las mismas, pues de hecho en el recurso se han entremezclado ambas cuestiones y así como se opone la nulidad de determinados apartados de las bases también se expone en la demanda que no se han valorado unos determinados méritos (superación de procesos selectivos y pertenencia a bolsas de trabajo) y ello aun con las propias reglas y bases objeto de impugnación indirecta, lo que lógicamente requiere un pronunciamiento por separado.

Dedicaremos el siguiente fundamento de derecho a esta cuestión relativa a la no toma en consideración de unos determinados méritos que se afirma en demanda no se han valorado (la superación de los procesos selectivos y la pertenencia o formar parte de las bolsas de trabajo) y en los posteriores fundamentos, lo que propiamente es ya la impugnación indirecta de las bases.

SEXTO. -Sobre la valoración como mérito de la superación de procesos selectivos y de pertenencia a bolsas de empleo.

Expone el actor en su demanda (página 25) que no se le ha tenido en cuenta al demandante la superación de los procesos selectivos en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, en los que el propio IVAP forma parte de sus tribunales, como OSAKIDETZA e IFAS (BFA-DFB) y que igualmente, tampoco se le ha tenido en cuenta la pertenencia o formar parte de las bolsas de trabajo de estas mismas administraciones públicas (Osakidetza e IFAS).

Lo cierto es que a este respecto el actor se ha movido en términos en exceso genéricos en su planteamiento y no expone en demanda en concreto qué proceso selectivo de los contemplados en la convocatoria (punto 4 apartado c-2) no se haya tomado en cuenta ni tampoco su inclusión en una bolsa de trabajo de enfermería en los términos del apartado 4.c-3 pues solo se limita a indicar a este respecto (página 25 de su demanda) que no se han tomado en cuenta la superación de los procesos selectivos (sin decir cuales) ni tampoco la pertenencia a bolsa de trabajo de las contempladas específicamente en la letra c-3. Es de interés que en el propio expediente administrativo consta la respuesta que se le dio ante su reclamación (folio 593) en el que se señalaba lo siguiente:

"Todos los servicios alegados han sido valorados en el apartado de experiencia general. Le recordamos que la fecha de referencia para la posesión de los méritos y requisitos que se aleguen es la de finalización del plazo de presentación de solicitudes, es decir, 22 de junio de 2022. (apartado 9 de las bases generales que han de regir los procesos especiales de consolidación de empleo y los procesos excepcionales de consolidación de empleo en los cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos [BOPV de 23 de mayo de 2022]). Asimismo le recordamos que en el apartado de experiencia específica se valoran los servicios prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos (apartado 4b de las Bases específicas de Enfermería) y la experiencia alegada lo ha sido en el Instituto Foral de Asistencia Social, Ayuntamiento de Bilbao y Osakidetza (que como sabrá es un ente público de derecho privado y no un organismo autónomo), por tanto no procede su valoración en este apartado. Tampoco procede valoración alguna por la superación de pruebas o pertenencia a bolsas de trabajo, ya que según establece el apartado 9.9 de las Bases generales: ""serán valorados de oficio, en los términos que se establezcan en las respectivas bases específicas, los siguientes méritos:

- La superación de pruebas en procedimientos de acceso la condición de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, y

- Formar parte de las bolsas de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos." Una vez más recordarle que ni el IFAS ni Osakidetza entran en este apartado independientemente de quién forme parte de los Tribunales."

No se trata por tanto de que el mérito haya sido invocado o no (no hacía falta invocarlo pues se apreciaba de oficio) sino que, simplemente, no concurrían en el actor los referidos méritos referidos en concreto a la superación de procesos selectivos o pertenencia a bolsa de trabajo en los términos a que se referían las bases.

Por tanto, el recurso planteado en estos términos no puede tener acogida. Cuestión distinta y que se analizará por separado es si la propia base (punto 4. c 2 y c3) en los términos en que fue aprobada sea o no disconforme a derecho, lo que se analizará de forma separada.

SÉPTIMO. -Sobre la referencia contenida en el apartado de experiencia a la existencia de un límite de 25 años y existencia de menor puntuación por cómputo erróneo de los servicios.

Ha cuestionado el actor el que en el apartado 4 a) y b) referido a experiencia general y experiencia específica se trate en ambos casos de los periodos trabajados en los últimos 25 años. Expone en su demanda que limitar la experiencia a la adquirida en los últimos 25 años no guarda justificación alguna y postula por tanto la nulidad de dicha previsión. Lo cierto es que a este respecto debe considerarse que estando como es el caso ante una impugnación indirecta de las bases con ocasión de la resolución del proceso selectivo, y de la aplicación por tanto al actor de las previsiones contenidas en dicha base, nos encontramos con que premisa para el análisis de esta cuestión es que, por razón de la misma, no se le haya computado al actor algún servicio prestado y que por encontrase más allá de ese límite de 25 años, haya implicado una minoración en su puntuación pues de otro modo lo así alegado no es propio de impugnación indirecta de una base sino en su caso del recurso directo contra la misma. Pues bien, ello nos situaría en que, siendo una convocatoria en la que los méritos son computables hasta el 22-6-2022, los servicios que quedarían fuera serían los adquiridos desde 22-6-1997 hacia atrás, es decir, méritos anteriores a junio de 1997. En el caso del actor nada se nos expone en demanda sobre que exista algún servicio prestado anterior a esa fecha de junio de 1997 y que por tanto no haya sido valorado pues los servicios más antiguos que se nos dice son los de 1-7-2005 y, por tanto, se han tenido en cuenta todos ellos sin que al actor le haya sido aplicada minoración alguna en su puntuación por el hecho de no considerar servicios anteriores a 1997. Téngase en cuenta que el propio título de diplomado en enfermería del actor es de junio de 2005 y, por tanto, difícilmente podría haber desarrollado servicios como enfermero para la Administración antes de junio de 1997.

Por otro lado, y en relación a que haya habido un error en el cómputo de los servicios prestados en la medida que debía habérsele reconocido 11,088 puntos en lugar de los 10,864 puntos reconocidos y ello porque, como expone en demanda, se hubieran producido un solapamiento en parte de los servicios prestados que no permitió un cómputo correcto, cabe exponer que lo cierto es que ello se trata de una afirmación de la parte igualmente genérica pues no se nos precisa ni concreta qué periodo en particular no se le haya considerado para que, frente a lo así tomado en cuenta de 10,864 puntos, que equivale a 194 meses computados a 0,056 puntos /mes acredite que le hubiera correspondido 11,088 puntos por cuatro meses más (198 meses como postula frente a 194 computados). Es decir, el que haya habido un error en el referido cómputo por parte de la Administración que condujera a reconocerle esa diferencia de 0,224 puntos y que ese error resultase precisamente no ya en función de los méritos que se invoquen en fase de recurso (de alzada) sino precisamente en función de los méritos hechos constar en su solicitud y así como se ha dirigido prueba sobre otros extremos (así se solicitó en el trámite previsto en el art. 60.2 LJCA) no se ha articulado prueba para acreditar que en función de los méritos invocados por el actor y hechos constar en su solicitud resultase esa puntuación que recoge en su escrito.

OCTAVO. -Sobre la diferente valoración en los servicios prestados en cuanto a experiencia general y experiencia específica.

La redacción de las bases al respecto es la siguiente:

4.- Proceso selectivo.

El sistema de selección será el de concurso en el que la calificación del proceso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo al siguiente baremo:

a) Experiencia general.

Por experiencia general se entiende los servicios prestados en cualquier Administración Pública -incluida la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos-, Organismos Autónomos o Entes Públicos de Derecho Privado en Cuerpos, Escalas o categoría de enfermería del subgrupo A2 o en puestos adscritos a los mismos, con independencia del carácter funcionarial o laboral de la relación de la que traiga causa.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,056 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos. El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 25 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

b) Experiencia específica. De manera específica diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, se valorarán los siguientes servicios prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos:

- Con nombramiento en la Escala de Enfermería el Cuerpo Técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

- Con nombramiento en la Opción Diplomatura en Enfermería del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, de conformidad con la tabla de correspondencias contenida en la Ley 7/2021 de 11 de noviembre, de los cuerpos y las escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

- Con relación laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la CAE asimiladas a dicha escala.

- En puestos adscritos a la Escala de Enfermería del Cuerpo Técnico en la relación de puestos de trabajo vigente en el momento de la convocatoria.

Esta experiencia se valorará a razón de 0,170 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 45 puntos. El cómputo se efectuará realizando la suma de los períodos trabajados en los últimos 25 años y, una vez finalizada la misma, despreciándose las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días".

Nos encontramos así con un sistema de valoración en la que se computa por un lado como experiencia general los servicios prestados en cualquier Administración pública como enfermero y que se valoran a 0,056 puntos por mes y con un máximo de 15 puntos.

Por otro lado, se valora la experiencia específica en la Administración general del País Vasco y sus organismos autónomos y que se valora a 0,170 puntos por mes, y con un máximo de 45 puntos.

Es evidente que existe una gran diferencia entre la valoración dada a la denominada "experiencia general" y la denominada experiencia específica pues la primera tiene un límite de 15 puntos y la segunda de 45 y, junto a ello, el valor/mes es igualmente diferente siendo el primero de 0.056 puntos/mes y el segundo de 0,170 puntos/mes. Existe el elemento adicional consistente en que la experiencia en la Administración general del País Vasco y sus organismos autónomos se valoraba doblemente pues se valora como experiencia específica y también como experiencia general. De este modo, a los 0,170 puntos por mes como experiencia específica se unen los 0,056 puntos por mes de la experiencia general. Esta puntuación total de los servicios prestados como experiencia específica significa que un año de experiencia en la AG del País Vasco implica alcanzar 2,712 puntos (resultado de sumar los 0,170 por mes más los 0,056 por mes y ello multiplicado por los 12 meses del año) mientras que esa misma experiencia si es en otra Administración pública alcanzaría 0,672 puntos. Es decir, una persona con 10 años de experiencia en la AG del País Vasco totaliza 27,12 puntos mientras que esos mismos años (10) en otra administración pública permite llegar a 6,72 puntos (menos de la cuarta parte) y necesitaría 40 años para poder alcanzar esos 27 puntos, puntuación que en ningún caso podría totalizar pues, además de que el límite de años a tomar en cuenta son los últimos 25, el máximo de puntos en la experiencia general es de 15 puntos (en la experiencia específica es 45). Se ha valorado así cuatro veces más la experiencia específica que la experiencia general y, con el añadido de disponer un límite de 15 puntos en total para la experiencia general y de 45 para la experiencia específica, hace en la práctica inviable o extraordinariamente dificultoso alcanzar la puntuación necesaria para superar el proceso selectivo si no se tiene puntuación por experiencia específica , y de hecho acudiendo al listado de personas finalmente seleccionadas casi la práctica totalidad han correspondido a personas que tenían puntuación en el apartado de experiencia específica (página 377 del expediente).

No se está en este caso, como puede suceder en otros supuestos, de una diferencia entre experiencia adquirida en el ámbito de las Administraciones públicas y la obtenida en el sector privado, en el que pudiera entenderse que esa mayor valoración fuera correspondiente a la inherente exigencia de superación de procesos de igualdad mérito y capacidad en el acceso a ese puesto en la Administración y en razón a la cual se ha obtenido esa experiencia. En este caso se trata en ambos supuestos (experiencia específica o general) de puestos desempeñados en una Administración pública y la única diferencia es que se produce esa mayor valoración cuando se trata de servicios prestados en la propia Administración convocante (o en sus organismos autónomos). Esa mayor valoración implica un 400% más de valoración que la que resultaría de esa misma experiencia en otra Administración pública y, cara al resultado final del proceso, tiene un peso del 45% del total de puntuación posible (el máximo son 100 puntos) y se ha acreditado ha resultado absolutamente determinante.

El Tribunal Supremo ha tenido oportunidad de pronunciarse recientemente sobre ese mayor peso o valoración que se ha venido aplicando en procesos selectivos convocados en razón a procesos de estabilización tras la Ley 20/2021 de 28 de diciembre y así cabe citar la St de 26-09-2024 rec 6920/2023 que resuelve lo siguiente:

"Efectivamente, esta Sala de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional ha mantenido en las sentencias invocadas por el escrito de oposición y por el Ministerio Fiscal que, en procesos selectivos, en la fase de concurso de méritos no es en sí mismo contrario al principio de igualdad que servicios prestados con anterioridad en la categoría convocada o en otra equivalente reciban distinta valoración según la Administración en que tuvieron lugar. No hay controversia al respecto, pues el recurrido conoce y no discute esa jurisprudencia.

Ahora bien, todas las partes saben que esa misma jurisprudencia, constitucional y de esta Sala no admite cualquier diferencia. El mayor valor que cabe atribuir a la experiencia en la Administración convocante no puede ser absoluto o, como dice, el Tribunal Constitucional, no puede superar el límite de lo tolerable. Y, además de ese límite material, ha impuesto otro formal: la diferencia ha de ser justificada. Justificación que debe consistir en la explicación de las razones por las cuales el ejercicio de la misma actividad debe suponer una superior valoración y en qué medida según haya tenido lugar en la Administración que convoca o en otra distinta, aquí en el Servicio Gallego de Salud o en cualquier otro de los servicios que forman parte del Sistema Nacional de Salud.

Aquí nos encontramos con que la resolución de convocatoria estableció la diferente puntuación de la que venimos hablando, pero la sentencia ahora recurrida no apreció que fuera acompañada de la imprescindible justificación de esa doble puntuación de los servicios prestados en instituciones sanitarias del Sistema de Salud de Galicia. Y lo cierto es que el escrito de interposición no nos dice lo contrario. Solamente apunta al marco normativo en el que se encuadra la resolución impugnada en la instancia y a la finalidad pretendida. Ahora bien, de ese marco no se desprende, más allá de la recomendación de primar la experiencia previa en la Administración gallega, ninguna razón de por qué debe valer el doble a la habida en otras Administraciones.

La excepcionalidad del proceso selectivo, su finalidad y el que sea por una sola vez no aportan la justificación necesaria. No porque este no sea el primero de los procesos de estabilización del empleo temporal, tal como insiste el escrito de oposición. Ni porque sea cuestionable, que no lo es, sino todo lo contrario, el objetivo de reducir esa temporalidad. Estas circunstancias pueden servir para fundamentar una mayor valoración de la experiencia previa en la Administración convocante, pero no la concretamente establecida. En efecto, en la medida en que la puntuación por experiencia previa suponía el 70% de la total que se podía alcanzar, tiene razón el escrito de oposición al decir que el distinto trato controvertido puede hacer que el proceso selectivo, de facto se convierta en restringido, en contra, por tanto, de lo prescrito por la Ley 20/2021. De ahí la importancia determinante de la falta de explicación.

Tampoco nos parece relevante lo que se haya hecho en otras Comunidades Autónomas pues no sabemos si allí la puntuación se distribuía del mismo modo que en Galicia, ni si se aportó la justificación que falta aquí. Y, por lo que respecta a la alegada reciprocidad, hemos de decir que no conduce a una conclusión distinta a la desestimatoria que resulta de cuanto venimos diciendo. Así es porque no hay constancia de los términos en que se haya observado, si es que ha sido el caso, y, de todos modos, no casa con el carácter abierto de sus convocatorias que afirma la Ley 20/2021.

En fin, la mencionada coordinación a la que aluden la recurrente y el Ministerio Fiscal podría servir para articular los mecanismos que impidan que se frustre el proceso extraordinario de estabilización en el supuesto de que los mismos aspirantes superen los procesos selectivos en distintos ámbitos territoriales.

QUINTO. - La respuesta a la cuestión planteada por el auto de admisión.

Cuanto hemos dicho hasta ahora lleva a que la respuesta a la cuestión que nos ha sometido el auto de admisión sea la siguiente: la falta de justificación de la puntuación más elevada de los servicios prestados en la Comunidad Autónoma convocante de un proceso de estabilización derivado de la previsión del artículo 2.4 y disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre , de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo, quiebra el principio de igualdad y libre concurrencia.".

Resulta igualmente de interés la ST TC 27/2012 de 1 de marzo de 2012 que dispuso que "Debe recordarse que en otras ocasiones, por todas la STC 67/1989, de 18 de abril , se consideró a la luz de las concretas circunstancias del caso, que el hecho de que la valoración de los servicios prestados alcanzara el 45 por 100 de la nota total, era acorde con el art. 23.2, pero se llegó a dicha conclusión no solamente por "las especiales circunstancias creadas por la puesta en marcha de la Administración autonómica, y a la necesidad de contar inmediatamente con personal propio" que justificaba la desproporción en la valoración, sino también porque los participantes damnificados, al menos contaban con la posibilidad de que sus "méritos personales se muestren en la fase de oposición", para cuyo acceso no se establecía nota de corte; un argumento similar se señaló en las SSTC 83/2000, de 27 de marzo, FJ 4 y 107/2003, de 2 de junio , FJ 5, afirmándose en esta última que "la puntuación otorgada a quienes poseían servicios previos computables, aunque es cierto que otorga una sustancial ventaja a estos aspirantes (en mayor grado cuantos más años de servicios prestados acreditasen, con el máximo indicado), no excluye de la competición a quienes, como la recurrente, carecen de dicho mérito, pese a que imponga a estos opositores 'por libre', para situarse a igual nivel de puntuación que los opositores interinos, un nivel de conocimientos superior, pero sin que ello signifique el establecimiento de un obstáculo insalvable que impida el acceso a la función pública de quienes no han prestado servicios previamente en la Administración de la Seguridad Social".

En aquellas ocasiones se ponderó la posibilidad de que los participantes sin experiencia previa, si bien se veían perjudicados, tenían la oportunidad de equilibrar su puntuación en la fase de oposición."

Es cierto que el proceso selectivo que nos ocupa se enmarca en los procesos excepcionales a que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley autonómica 7/2021 de 11 de noviembre que dispone que "Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional anterior,(referida al proceso especial de consolidación) las administraciones públicas podrán realizar, con carácter excepcional, procesos especiales de consolidación de empleo para el acceso a la función pública vasca a través del sistema de concurso, en el marco de lo dispuesto en la legislación básica estatal sobre el empleo público.".Y asimismo en el marco de la disposición adicional sexta y octava de la Ley 20/2021 y en concreto la disposición adicional sexta dispone que "Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP , por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma.".

Aun teniendo en cuenta este carácter excepcional del proceso y el marco en el que se sitúa, lo cierto es que, de acuerdo a la reciente jurisprudencia del TS, un baremo de méritos como el que nos ocupa en el que los servicios prestados para la propia Administración convocante tienen un valor cuatro veces superior a los servicios que pudieran haber sido prestados para otra Administración pública y que, como ya se ha expuesto, permite así tener un peso total real del 60% es contrario al principio de igualdad (a los 45 puntos alcanzables por esos servicios como experiencia específica se une el que esos mismos servicios se computan a su vez como experiencia general, de modo que al poder llegar a 15 puntos, ello permite así alcanzar un total de 60, sobre el máximo de 100 posible).

No se nos ha expuesto una razón justificativa para tal desproporción que implica valorar cuatro veces más los servicios prestados para la misma Administración y tampoco en la memoria de la Dirección de la función pública que obra en el expediente se encuentra una razón explicativa de tan abierta desproporción y nada sobre ello se nos expone en concreto en la contestación a la demanda. Encontramos además que únicamente se refiere a que con el objeto de homogeneizar los procesos (el especial y el excepcional) el concepto de experiencia es idéntico en el proceso excepcional de consolidación (página 15 de la contestación) y que se han utilizado los mismos criterios en el proceso especial y excepcional. En la memoria aportada, consta igualmente informe jurídico que asevera que se ha respetado el límite máximo de valoración de la experiencia establecida en la disposición adicional primera de la Ley 7/2021 de cuerpos y escalas (página 159). Sin embargo, esos criterios a los que se dice se remite (los referidos a los procesos especiales de consolidación contemplados en la disposición adicional primera Ley 7/2021 de cuerpos y escalas ) tampoco se han respetado ya que a este respecto dicha disposición establece que "En la fase de concurso se valorará la experiencia por los servicios prestados en cualquier Administración pública, incluida la Administración convocante, en puestos adscritos a los cuerpos, escalas, subescalas, opciones, especialidades o grupos profesionales asimilados a los anteriores que sean objeto del respectivo proceso selectivo, con independencia del carácter, funcionarial o laboral, de la relación de la que traiga causa. A los efectos del proceso especial de consolidación de empleo, dicha modalidad de experiencia acreditada tendrá la consideración de experiencia general.

Asimismo, el correspondiente baremo de méritos contemplará la valoración, de manera específica, diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general, de los servicios prestados en la Administración convocante por el desempeño de puestos convocados en el respectivo proceso selectivo.

La puntuación derivada de dicha valoración específica, diferenciada y complementaria de la experiencia general no podrá, en ningún caso, superar el veinte por ciento de la puntuación total alcanzable en el conjunto del proceso selectivo,excluida la valoración como mérito del conocimiento del euskera.

En todo caso, la puntuación total por experiencia se obtendrá de la suma de la puntuación obtenida en los apartados de experiencia general y, en su caso, de experiencia específica por servicios prestados en la Administración convocante."

Pues bien, en este caso la experiencia específica tiene un peso total del 45% sobre los 100 posibles excluyendo el conocimiento del euskera y, por tanto, aun cuando se refiere al proceso especial y no al excepcional, ese propio límite del 20% de la puntuación total alcanzable que se dice respetado tampoco se ha cumplido.

Tampoco encontramos razón justificativa para esa tan significativa valoración diferente de la experiencia entre la adquirida en la Administración convocante y la correspondiente a cualquier otra Administración por razón del contenido funcional del puesto pues, por más que efectivamente las funciones de la Escala de enfermería de acuerdo al art. 4 Decreto 57/2022 de 3 de mayo pudieran no tener principalmente esa función netamente sanitaria o social-sanitaria propia de servicios prestados en los servicios de salud o servicios sociales sino más bien de elaboración de informes o de planes, programas (Atender consultas; elaborar informes, gestionar órdenes de asistencia, planes, programas, quejas y reclamaciones en aseguramiento y contratación sanitaria; gestionar formación y diseñar material para promocionar la salud; evaluar resultados sanitarios; inspeccionar y homologar servicios; así como, las propias de la profesión regulada de Enfermería)lo cierto es que las bases en el apartado 4.a) y b) no atienden a dicha diferenciación funcional, sino única y exclusivamente en razón a la Administración para la que se presta sus servicios de modo que esos mismos servicios antes descritos de la escala de enfermería (es decir, servicios no netamente sanitarios sino "técnicos" de elaboración de informes etc.) pero que hubieran sido prestados para otra Administración autonómica diferente (o para la Administración general del Estado) se verían sujetos a cero valoración como experiencia específica, y solo tendrían encaje en el apartado de experiencia general, notoriamente inferior, e incluso a todo ello cabe añadir que en la propia descripción de funciones de la referida escala recoge la referencia a " las propias de la profesión regulada de Enfermería " por lo que incluso esas funciones netamente "sanitarias" más que técnico administrativas, no podrían decirse que no entrasen también dentro de las funciones propias de la Escala de enfermería y , por tanto, la quiebra del principio de igualdad se vería igualmente producida.

Procede así acoger el recurso en este apartado y declarar la nulidad de la base 4 en el apartado a) de "experiencia general" en el inciso referido a que "Esta experiencia se valorará a razón de 0,056 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos"y en el apartado b) referido a que "Esta experiencia se valorará a razón de 0,170 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 45 puntos"al considerarlo contrario al principio de igualdad y libre concurrencia que se desprenden del art. 2.4 Ley 20/2021 de 28 de diciembre y de nuestro texto constitucional ( art. 23. 2, 14 y 103) al establecer un trato desproporcionado a los servicios prestados que allí son objeto de valoración. No corresponde a este Tribunal el determinar cómo deba ser redactada la base en cuestión ( art. 71.2 LJCA) y qué límites en concreto de puntuación deban reconocerse en uno y otro apartado y por tanto no podemos reconocer al actor el derecho pretendido para que los servicios prestados se valoren con la misma puntuación al margen de la Administración para la que hubieren sido prestados pues, si bien ello efectivamente es una solución posible, entra dentro del ámbito de decisión de la Administración el que pueda efectivamente otorgar una mayor puntuación a servicios prestados para la Administración convocante ya que el juego de la Disposición adicional primera y segunda de la Ley 7/2021 lo ampara; la jurisprudencia citada lo admite, y el propio carácter excepcional del proceso y marco en que se desarrolla lo permite, pero de así hacerse, deberá respetarse el principio de proporcionalidad, los propios límites legales y tener en cuenta los criterios jurisprudenciales ya reseñados, en particular la St TS de 26-9-2024 rec 6920/2023 antes citada que entendió lesivo al principio de igualdad una valoración en el doble de los servicios prestados para la propia Administración convocante que para el resto de Administraciones -aquí esa mayor valoración ha sido de 4 veces más y dando una valoración a la experiencia en la propia administración convocante que alcanza al 45% de la puntuación posible cuando el criterio que se decía seguir (el propio del baremo establecido para el proceso especial) fijaba un peso máximo de un 20% en cuanto a la experiencia específica (con el añadido de computarlo además también dentro de la experiencia general).

NOVENO. -Resta analizar la pretensión de nulidad que se dirige igualmente a los apartados 4.c.2 y c.3 referidos específicamente a superación de procesos selectivos previos y formar parte de las bolsas de trabajo de enfermería.

La redacción en concreto de esas bases es la siguiente:

c.2 Por la superación de pruebas en procedimientos de acceso la condición de personal funcionario de carrera cuerpo técnico-diplomatura en enfermería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, celebrados desde el año 2000, incluido, se valorará con un máximo de 24 puntos:

- Superación de la fase oposición: 24 puntos.

- Superación del primer ejercicio de la fase oposición: 18 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

c.3.- Por formar parte de las bolsas de trabajo de enfermería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos del, se valorará con 18 puntos siendo esta la puntuación máxima alcanzable en este subapartado.

La queja que plantea el recurrente en su demanda es el que no se ha valorado el que puedan haberse superado pruebas selectivas para ese mismo cuerpo, escala o categoría de enfermería o formar parte de las bolsas de trabajo correspondiente y siendo la única causa que impide esa valoración el que no haya sido objeto de convocatoria por la Administración convocante sino por otra Administración distinta. Téngase en cuenta además que la valoración de este apartado c) puede alcanzar hasta 30 puntos, por lo que se presenta igualmente como decisivo en el proceso selectivo (el máximo es 100) y que impide el que esas mismas pruebas selectivas que se hubieran superado en otra Administración pública puedan ser objeto de puntuación. Ello no se ve soportado por justificación que se nos haya aportado pues se coincide con el actor en que, si el mérito es precisamente el que resulta de la superación de ese ejercicio o ejercicios, y que da lugar asimismo a su integración en la bolsa de trabajo, ese mérito igualmente se produce cuando se ha acreditado ante otra Administración diferente. Por tanto, la superación de procedimiento de acceso a adquisición de condición de personal funcionario de carrera de cuerpo técnico-diplomatura en enfermería de otras Administraciones públicas debe ser igualmente valorado. La existencia de eventual denominaciones diferentes por parte de otras CCAA u otras Administraciones no es obstáculo para que, si tiene un carácter análogo al del cuerpo técnico de la CCAA de Euskadi y con análogas funciones, pueda ser igualmente valorado.

La Sala considera que asiste razón al recurrente y que no está justificado el que solamente pueda tenerse en cuenta la superación de pruebas selectivas o integración en las bolsas si es en la Administración convocante y no en otra Administración pública y para ello nos remitimos a lo que así fue acordado por esta Sala en su sentencia 33/2024 de 19 de enero de 2024 en el recurso 934/2022 cuando se expresa que "En segundo lugar, se habla de discriminación porque solo se tiene en cuenta la superación del proceso o de pruebas en procedimiento de acceso en los términos referidos, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y Organismos Autónomos.

En este ámbito le asiste razón al recurrente, porque ha de asimilarse la situación contraria a la Doctrina del Tribunal Constitucional, nos remitimos a la STC 281/1993 , que exige que la valoración de la experiencia y de los servicios prestados lo sea en relación con las distintas Administraciones Públicas, no pudiéndose limitar a los servicios prestados a la administración convocante, habiéndose acreditado por el demandante, con la prueba aportada con la demanda, no está en cuestión, que ha participado en procesos de acceso a plazas de arquitecto Técnico, en concreto en el ámbito de la Administración local.

Recordar que las bases generales, aprobadas por la Orden de 18 de mayo de 2022, cuando en los apartados 24 y 27, Anexos II y III, respectivamente de las normas específicas de los procesos especiales de consolidación y de los procesos excepcionales de consolidación, recogen que se podrá valorar la superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo , sin el límite en relación con pruebas convocadas por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, como recogen los Anexos XVII y XVIII de la Orden recurrida de 8 de septiembre de 2022, objeto del presente recurso.

Ha de darse la razón parcialmente al recurrente, para que se valore también la superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de personal funcionario de carrera o laboral fijo, en relación con plazas de arquitecto técnico, no solo en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, sino también en cualquier otra administración pública. "

Dicha sentencia concluyó con la anulación parcial de los correspondientes apartados de los Anexos allí cuestionados en el sentido de deber incluirse la valoración de la superación de pruebas en procedimientos de acceso en otras administraciones públicas, lo que aquí igualmente se resuelve.

Igual solución procede en relación al apartado c.3 referido a formar parte de bolsas de trabajo, no aportándose razón alguna que justifique la no toma en consideración del mérito cuando se trata de bolsa objeto de formación por otra Administración pública. Se tiene en cuenta que aun cuando no fue esto lo acordado en la sentencia precedente (se anuló este apartado del baremo) ello respondió a los términos en que fue planteado el debate y la pretensión en dicho proceso, en el que se cuestionó el que esa pertenencia a bolsas de trabajo no pudiera computar como mérito al acreditarse que no se hizo proceso selectivo para acceder a la misma y, en este caso, ni ha sido esa la pretensión ni tampoco los términos del debate han descansado en que no se hubiera seguido proceso selectivo para acceso a la bolsa. Se estima así que la solución en relación al apartado c.3 debe ser la misma que la correspondiente al apartado c.2 y que por tanto debe incluirse igualmente la valoración de formar parte de bolsas de trabajo de enfermería en otras administraciones públicas.

La solución que aquí se adopta (que se valore igualmente los referidos méritos de los apartados c.2 y c.3 al margen de la Administración pública de que se trate) es diferente de la acordada en relación al apartado 4.a) y b) en la medida que diferente son también las propias bases y al haberse recogido en las mismas no ya una diferente puntuación en esos apartados c.2 y c.3 en función de la Administración convocante y unos determinados límites y peso de una y otra, sino simplemente su no toma en consideración.

DÉCIMO. -Resultado final de la estimación del recurso.

Procede en consideración a lo expuesto la parcial estimación del recurso en el sentido siguiente:

-Declarar la nulidad de la base 4 en el apartado a) de "experiencia general" en el inciso referido a que "Esta experiencia se valorará a razón de 0,056 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 15 puntos"y en el apartado b) referido a que "Esta experiencia se valorará a razón de 0,170 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 45 puntos"y ello con el alcance recogido en el fundamento de derecho octavo de esta sentencia.

- Anular parcialmente los apartados 4.c2. (superación de pruebas) y 4.c.3 (formar parte de bolsas de trabajo) debiendo incluir en ambos casos igualmente la valoración de la superación de pruebas en procedimientos de acceso a la condición de personal funcionario de carrera cuerpo técnico-diplomatura en enfermería de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos y además enotras administraciones públicas y organismos autónomos, respecto del apartado c)3 debiendo incluirse también en la valoración el formar parte de bolsas de trabajo en otras Administraciones y organismos autónomos además de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi .

- Desestimar el resto de pretensiones.

En la medida que la anulación antes indicada permite la invocación de méritos diferentes antes no contemplados (el superar pruebas de acceso en otra Administración pública y formar parte de bolsas de trabajo en otra Administración pública) y al objeto de valorar la incidencia que ello pueda tener en relación al aquí aspirante en orden a poder conocer si alcanzaría puntuación suficiente para poder figurar en la relación de aspirantes seleccionados deberá otorgarse un plazo para que los aspirantes en su día seleccionados puedan así invocarlos y, cumplido ello, y fijado un nuevo baremo de méritos en relación a los apartados 4.a) y b), efectuar una nueva valoración de méritos de modo que si el recurrente alcanzara puntuación suficiente para ello, figure el aquí recurrente en la relación de aspirantes seleccionados con el número bis correspondiente y con mismos efectos económicos y administrativos que los aspirantes en su día admitidos y sin que la eventual obtención de plaza por el aquí recurrente perjudique a los que en su día fueron aspirantes seleccionados al haber sido ellos ajenos a la irregularidad aquí producida y aplicando en definitiva el criterio jurisprudencial seguido en este tipo de impugnaciones de procesos selectivos(St TS de 16 de febrero de 2023 Sentencia: 197/2023 Recurso: 4118/2021 así como las sentencias nº 991/2016, de 4 de mayo (casación 3221/2014 ), 29 de junio de 2015 (casación nº 438/2014 ).

UNDÉCIMO. -Costas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 LJCA, acogido en parte el recurso no procede imposición de costas.

Es por los anteriores fundamentos, por los que este Tribunal pronuncia el siguiente