Sentencia Contencioso-Administrativo 518/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1782/2023 de 12 de marzo del 2026

PRIMERO. -Impugna la parte recurrente la desestimación de su recurso de alzada contra Acuerdo del Tribunal de proceso selectivo para ingreso en la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, declarándole no apto tras la prueba de entrevista personal, donde obtuvo 4 puntos (siendo el apto 6 puntos), siendo valorado negativamente el factor de COMUNICACIÓN y COMPETENCIAS PROFESIONALES.

En esencia, argumenta el demandante que la resolución impugnada vulnera el principio de legalidad, y se ha incurrido en arbitrariedad al basarse únicamente en valoraciones subjetivas.

Se añade que el informe pericial aportado por la parte actora, realizado tras someter a esta a diversos test de personalidad, contradicen las conclusiones del Tribunal Calificador sobre su aptitud.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado se opuso a la pretensión de la actora pues la actuación administrativa se ajustó a las bases de la convocatoria y a la normativa aplicable.

Considera el Acuerdo suficientemente motivado, correspondiendo su contenido a la discrecionalidad técnica del órgano de selección.

Subsidiariamente, y solo si se estimara la existencia de defectos de motivación -extremo que niega- pide que la Sala se limite a ordenar la retroacción de actuaciones al momento anterior a la entrevista, para repetirla con las debidas garantías, tal como establece la doctrina del Tribunal Supremo, pero sin declarar apto al recurrente ni atribuirle efectos económicos o administrativos derivados de una superación que no ha tenido lugar.

TERCERO.- La prueba de entrevista personal, a tenor de lo previsto en la Base 6.1.3.b) se configuraba de la siguiente manera:

"6.1.3.b) Entrevista personal.

De carácter profesional y personal, y con la finalidad de comprobar la idoneidad de cada aspirante tomando como referencia criterios que tienen incidencia directa en la función policial a desarrollar, será realizada por al menos una persona integrante del tribunal calificador y con el asesoramiento de los especialistas que se estimen necesarios. Las cuestiones que se planteen por el tribunal irán encaminadas a determinar la idoneidad de las personas aspirantes para el desarrollo futuro de las funciones policiales.

La entrevista se evaluará atendiendo a los resultados y conclusiones obtenidos exclusivamente durante su transcurso, sin perjuicio de que con anterioridad y a efectos de lograr la mayor utilidad de la misma, se pueda realizar tanto un cuestionario de información biográfica como pruebas de exploración del perfil de personalidad de la persona opositora, de modo que sirvan como información complementaria, apoyadas con un curriculum vitae y una vida laboral que se deberá aportar en la fecha de citación para la ejecución de la entrevista.

El cuestionario de información biográfica, de realizarse, contendrá datos y aspectos de la vida de la persona opositora, así como la opinión de la misma ante las cuestiones que se le planteen. El cuestionario dispondrá de instrucciones específicas de obligado cumplimiento, que les serán indicadas para su confección.

En ningún caso la evaluación del resultado de la entrevista vendrá condicionada o vinculada de modo exclusivo a las pruebas de personalidad, ya que constituyen un elemento previo para que el tribunal pueda orientar, si lo estima conveniente, el contenido de esta.

A efectos de valoración de la entrevista, el tribunal tomará en consideración los criterios: socialización, comunicación, orientación hacia las metas, características de la personalidad, observaciones clínicas y competencias profesionales. Su incidencia en la valoración final será motivadamente individualizada en aquellos casos que el opositor/a resulte declarado «no apto/a».

Para la calificación de la entrevista se otorgará a cada aspirante una puntuación inicial de seis puntos, uno por cada criterio. Para que un opositor/a sea considerado «apto/a» en la entrevista debe mantener la puntuación inicial de seis puntos. Si un aspirante es valorado negativamente en uno a varios criterios se le detraerán los puntos que correspondan a cada criterio de la puntuación inicialmente otorgada.

Un opositor será declarado «no apto/a» si al finalizar la entrevista obtiene una puntuación inferior a seis puntos.

El desarrollo de la entrevista será objeto de grabación.

La calificación de la parte b) será de «apto/a» o «no apto/a»."

A efectos de valoración de la entrevista, se establecía por tanto que el Tribunal tomaría en consideración factores tales como la socialización, comunicación, orientación hacia las metas, características de la personalidad, observaciones clínicas y competencias profesionales, cuya incidencia en la valoración final sería motivadamente individualizada para cada aspirante, y para su calificación, que el Tribunal otorgaría una puntuación inicial a los aspirantes convocados. De la puntuación inicial asignada, 6 puntos, y en base a los resultados de la entrevista, el Tribunal podría detraer puntuaciones parciales tras la valoración de los factores señalados.

En fin, se disponía que la calificación de la parte b) ("Entrevista personal") sería de "apto" o "no apto".

CUARTO.- Tras examinar el expediente, entendemos, como ya lo hicimos respecto de convocatorias anteriores, que, sin perjuicio de la diferencia en la redacción de las bases en las sucesivas convocatorias anuales, la prueba de entrevista personal en el presente proceso selectivo se ha desarrollado de manera análoga a ejercicios anteriores, y este Tribunal considera que su valoración incumple las exigencias de motivación impuestas por la doctrina jurisprudencial.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2022 (recurso de casación 1960/2021) analiza con exhaustividad la prueba de entrevista personal en procesos selectivos y constituye la base de la aplicación de la doctrina al caso de autos. Dicha Sentencia razona que, a la vista del expediente administrativo, no se establecen de forma objetiva los criterios o parámetros a valorar para cada uno de los factores que incluye la base de la convocatoria (socialización, comunicación, etc.), ni tampoco los subfactores o su individualización y puntuación. El Alto Tribunal destaca la ausencia de las evaluaciones cualitativas empleadas para determinar la calificación de "adecuado" o "no adecuado", así como la falta de los elementos empleados por el órgano de valoración para determinar la puntuación parcial correspondiente a los factores a valorar y, por ende, para alcanzar la calificación global de la entrevista.

La jurisprudencia antes citada establece que la calificación de una prueba en la que se valoran rasgos o factores de personalidad y aptitudes debe cumplir, como mínimo, con tres exigencias ineludibles, cuya omisión vulnera los principios de publicidad y transparencia, la obligación de motivación de las resoluciones administrativas y la garantía de interdicción de la arbitrariedad ( artículo 9.3 de la Constitución Española). Estas exigencias son:

a) Expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico.

b) Consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico.

c) Expresar de forma específica las razones concretas por las que la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado de negar la aptitud del candidato.

La aplicación de esta doctrina al presente recurso nos permite adelantar su estimación. Faltando una motivación que incluya tales elementos, no es posible discernir si el juicio técnico plasmado en la calificación aplicada se movió dentro de los márgenes de apreciación tolerables que resultan de la discrecionalidad técnica o si, por el contrario, respondió a criterios ilógicos, subjetivos o carentes de justificación técnica. Del mismo modo, no se ofrecen al interesado los elementos imprescindibles para que pueda articular debidamente, con plenitud de su derecho de defensa, la impugnación jurisdiccional, afectando a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución.

El expediente administrativo revela la falta de los criterios cualitativos seguidos para aplicar y valorar cada uno de los factores y/o subfactores investigados. Tampoco consta la justificación de los criterios seguidos para la puntuación finalmente otorgada al actor como consecuencia de la detracción, ni se explica cómo el Órgano de Selección ha llegado a valorar la "Entrevista Personal" realizada, al no constar la valoración ni la puntuación asignada a cada factor. En cuanto a las fuentes de información, el expediente incluye un "resultado global del test de personalidad", que sin embargo no se valora ni se interpreta, lo que invalida la función de contraste que posee la entrevista, que ha de modularse en función de los resultados obtenidos en las pruebas de personalidad y cuestionarios previos.

El Tribunal Supremo ha manifestado, por ejemplo, en su Sentencia de 26 de mayo de 2016 (recurso de casación 1785/2015), que la entrevista no puede erigirse en una prueba autónoma o principal y determinante del proceso selectivo con carácter eliminatorio, porque el proceso selectivo tiene su principal elemento en las pruebas de conocimientos de la fase de oposición, que el recurrente sí superó con éxito. La muy grave consecuencia que supone la exclusión de quien ha superado con esfuerzo esas primeras pruebas, mediante la declaración de no apto en la prueba de entrevista personal, requerirá que su falta de adecuación profesional quede demostrada de una manera inequívoca y rigurosa, y justificada y explicada con ese superior nivel de rigor y exigencia para cumplir con el imperativo constitucional de interdicción de la arbitrariedad.

Si bien el "Informe Técnico de Evaluación de la Entrevista" detalla las conductas que fueron apreciadas para la valoración negativa, lo cierto es que no se explica con un soporte objetivo y una debida justificación por qué se llega a esos resultados deficitarios. Lo que se ofrece son tan sólo juicios subjetivos y mayormente genéricos que no expresan los criterios seguidos para llegar a dicho resultado valorativo de déficit en las competencias correspondientes. Concluimos, por tanto, que la actuación administrativa es contraria a Derecho.

QUINTO.- Como decimos, se aporta en el expediente un Informe Técnico de Valoración, que en definitiva contiene la motivación del entrevistador, que el Tribunal Calificador hace suya para excluir a la recurrente.

Del informe técnico se desprende que el Tribunal Calificador fundamenta la exclusión del aspirante en la evaluación de los factores COMPETENCIAS PROFESIONALES y COMUNICACIÓN.

El informe sostiene que el aspirante presenta una falta de integridad incompatible con la función policial. Basa esta afirmación en la existencia de contradicciones entre el Cuestionario de Información Biográfica (CIB), la entrevista y su trayectoria vital y laboral. Se afirma que el opositor oculta información relevante, especialmente sobre sanciones administrativas por tenencia de sustancias estupefacientes, y que solo la reconoce tras ser repreguntado insistentemente. A ello se añade que, según el evaluador, el aspirante ofrece respuestas evasivas, incompletas y en ocasiones imprecisas, lo que llevaría a poner en duda su sinceridad y su capacidad para asumir responsabilidades propias del cargo.

En segundo lugar, el informe considera que el aspirante muestra tolerancia hacia conductas de terceros relacionadas con sustancias estupefacientes, lo que, a juicio del tribunal, evidenciaría un déficit de percepción del riesgo y un patrón moral divergente del que se exige a un policía. Según el informe, esa tolerancia sería incompatible con la función preventiva y con el deber de perseguir delitos o infracciones cuando sea necesario.

Finalmente, el informe aprecia deficiencias en el factor de comunicación, tanto en comprensión como en expresión. En el CIB se aprecian, según los evaluadores, respuestas genéricas, incompletas o no ajustadas a lo preguntado; y durante la entrevista, un estilo expresivo caracterizado por frases cortas, escasa precisión y dificultades para comprender el alcance de determinadas preguntas. Según el informe, estas limitaciones afectarían a la futura capacidad del aspirante para interactuar con ciudadanos, superiores, compañeros y autoridades judiciales.

Del examen del expediente no resulta un patrón de deshonestidad incompatible con la función policial. Las contradicciones señaladas por el Tribunal, o no son tales, o pueden explicarse razonablemente por el contexto propio de la entrevista, caracterizada por la tendencia natural a los lapsus o imprecisiones espontáneas. Que el entrevistador cuestione las razones por las que el aspirante no se presentó a alguna convocatoria anterior no tiene nada que ver con su honestidad. Tampoco el que haya indicado en el CIB la inexistencia de hechos que hayan impulsado su deseo de ser policía, y que en la entrevista refiera tener familiares guardias civiles.

El hecho de que el aspirante reconociera voluntariamente los episodios de identificación y sanción, aun cuando inicialmente no los reflejó en el CIB, evidencia un ejercicio de transparencia y sinceridad, y no un propósito deliberado de engaño. En ningún caso el informe demuestra que las omisiones persiguieran obtener una ventaja ilegítima en el proceso selectivo.

Tampoco puede interpretarse como falta de ética o tolerancia hacia el consumo de estupefacientes el hecho de haber estado presente en situaciones grupales en las que otros jóvenes portaban o consumían dichas sustancias. No se desprende que participara en tales conductas ni que las aprobara. Antes bien, reconoce expresamente que fueron hechos ajenos en los que no intervino y que ocurrieron cuando era adolescente. Es desproporcionado afirmar que dos sanciones administrativas de hace más de una década (no penales, no reiteradas en la edad adulta y no vinculadas a ejercicio profesional alguno) constituyen un signo permanente de falta de aptitud moral.

En cuanto al criterio de comunicación, las dificultades expresivas observadas en una entrevista oral desarrollada en un clima de confrontación, donde los entrevistadores critican y descalifican cada respuesta, no permiten sostener un déficit estructural que inhabilite para la labor policial. El CIB no debe ser un examen de redacción ni un instrumento diseñado para evaluar la amplitud de vocabulario, o la rapidez en la escritura, sino un cuestionario biográfico cuya finalidad es obtener información personal básica. Las respuestas más breves, genéricas o imperfectamente desarrolladas no son, por sí mismas, indicador de incapacidad comunicativa, cuando el aspirante se ve constreñido por el espacio y el tiempo. Ningún elemento del informe demuestra que el aspirante carezca de la comprensión lingüística mínima necesaria, y las supuestas dificultades pueden explicarse por la ansiedad inherente al proceso selectivo y por un estilo comunicativo espontáneo, no necesariamente elaborado.

En su conjunto, el razonamiento del informe revela una valoración subjetiva y carente de un nexo causal claro entre los hechos descritos y la conclusión de no aptitud. Ninguno de los elementos expuestos (contradicciones menores, sanciones administrativas antiguas o estilo comunicativo imperfecto) permite afirmar motivada y objetivamente la existencia de carencias insubsanables en los criterios de integridad o comunicación.

Corrobora esta conclusión el informe pericial aportado por el demandante, el cual, tras someter al interesado a diversos test y pruebas de competencia, expresa: "no encuentro motivación alguna para considerar la ineptitud de esta persona para trabajar en cualquier administración, incluidos los cuerpos policiales". Y más allá de dicho informe, es igualmente corroborativo el hecho de que el aspirante superase una entrevista de convocatoria anterior, así como otra entrevista -y el resto del proceso selectivo- en convocatoria posterior, siendo nombrado policía alumno. Siempre hemos mantenido que el resultado de una prueba en un proceso selectivo no es determinante del resultado de la misma en otra convocatoria distinta, al tratarse de procesos independientes con valoraciones asimismo independientes, que pueden depender de muchos factores. Pero los aspectos en los que se pretende indagar mediante la entrevista son factores de la personalidad, y por lo tanto persistentes. Si la personalidad es un constructo estable, un instrumento de medida que arroja resultados contradictorios (Apto / No Apto / Apto) demuestra baja fiabilidad.

SEXTO.- Nos encontramos, a nuestro parecer, con una motivación subjetiva, e insuficientemente fundamentada del no apto, basada en opiniones e interpretaciones del entrevistador, que en algunos puntos no se ajusta a los parámetros de la convocatoria.

La Administración no ha dado adecuado cumplimiento a la primera de las exigencias a que alude la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Mayo de 2016 (recurso de casación 1785/2015), consistente en establecer con anterioridad a la entrevista los criterios que se van seguir para apreciar la existencia o no de déficit en cada una de las competencias que serán objeto de evaluación para apreciar la adecuación del candidato al perfil profesional, mediante la expresión de la clase de conducta o respuesta del aspirante que será considerada como expresiva de la posesión o no de cada una de las competencias.

SEPTIMO.-Estimado el recurso, las opciones que se ofrecen como alternativas posibles son en principio dos, una primera avalada por los pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de 29 de Enero de 2014 (casación 3201/2012) y de 26 de Mayo de 2014 (casación 2075/2013), que permitiría concluir en reconocer el derecho del recurrente a ser declarado "apto" en la "entrevista personal" de la convocatoria a que vienen referidas las actuaciones, con las demás consecuencias que se expresarán en siguiente Fundamento de Derecho. Y la segunda, a la luz de lo resuelto por el propio Alto Tribunal en Sentencia de 1 de Junio de 2022 (casación 1960/2021), comportaría la retroacción de las actuaciones en el procedimiento selectivo respecto del recurrente al momento inmediatamente anterior a la celebración de la entrevista, a fin de que volviéndose a reunir el órgano calificador, previo establecimiento y publicidad criterios de baremación y de corrección en la forma indicada, se proceda a su repetición y a su posterior calificación, con continuación del proceso selectivo por todos los trámites establecidos en la convocatoria hasta su conclusión en el caso de que fuese declarado apto.

Pues bien, la reciente Sentencia del TS, de 25 de abril de 2024 ( recurso 4854/2022) indica que el órgano jurisdiccional que anule por falta de motivación el juicio técnico emitido por el tribunal calificador en una prueba de entrevista personal de las características de la antes referida tiene la facultad para declarar la aptitud de un aspirante cuando alcance fundadamente esa convicción tras la valoración del expediente y del resto del material probatorio existente en actuaciones, muy en particular, de la prueba pericial practicada en el proceso con todas las garantías.

OCTAVO.-En cuanto a los efectos de esta declaración de aptitud, ha de tenerse en cuenta que el actor ha superado el proceso selectivo de ingreso en la escala básica en una convocatoria posterior, y así, ha sido nombrado policía alumno por Resolución de 30 de junio de 2025, de la Dirección General de la Policía, por la que se nombran policías alumnos y alumnas y se emplaza para realizar la fase de formación, a las personas aprobadas en la fase de oposición para ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional, convocada por Resolución de 31 de julio de 2024.

Esta Sala viene declarando de forma reiterada que, cuando un aspirante es readmitido en el proceso selectivo en el que obtuvo la consideración de no apto, no resulta exigible que deba repetir las pruebas aún pendientes si ya han sido superadas en una convocatoria posterior, con plena validez y bajo iguales condiciones de concurrencia. Lo contrario conduciría a un resultado incompatible con el principio de reparación íntegra de la situación jurídica individualizada y con la efectividad de la tutela judicial.

Por ello, procede reconocer el derecho del actor a ser considerado apto en la entrevista personal realizada en la convocatoria de 2022 y, en caso de superar el curso de formación correspondiente a la convocatoria de 2024, a que le sean reconocidos todos los efectos administrativos y económicos inherentes a la superación del proceso selectivo en el que inicialmente participó. Tal reconocimiento incluye su escalafonamiento en el puesto que le hubiera correspondido en aquella promoción, con idéntica antigüedad y con los mismos efectos retributivos y administrativos que los atribuidos a sus compañeros que superaron la convocatoria de 2022.

Este criterio encuentra respaldo en la doctrina del Tribunal Supremo, particularmente en la Sentencia de 27 de enero de 2022, casación 8179/2019, en la que, anulada una prueba selectiva y reconocido el derecho de los recurrentes a continuar el proceso, se dispone que, caso de superar todas las pruebas previstas, la Administración deberá declarar su derecho a ser nombrados funcionarios con efectos desde la misma fecha en que lo fueron quienes obtuvieron plaza en su momento. Ello comporta que la restitución deba ser plena y no meramente nominal.

En ejecución de lo anterior, y en su caso, deberá practicarse la correspondiente liquidación de haberes para abonar al interesado las diferencias existentes entre las retribuciones efectivamente percibidas durante su condición de policía alumno y aquellas que debieron abonarse de haber sido nombrado funcionario en la misma fecha que los integrantes de la promoción de 2022.

En el cálculo de las cantidades debidas deberán deducirse los ingresos que el actor hubiera percibido por actividades o conceptos incompatibles con el ejercicio de la función policial, incluidos, en su caso, los derivados de trabajos que no podría haber desempeñado legal o materialmente, de haber sido nombrado en su momento, así como prestaciones públicas de carácter sustitutivo, como la prestación por desempleo.

La cantidad resultante devengará el interés legal desde la fecha en la que el recurrente fuera efectivamente nombrado funcionario de carrera en la Escala Básica, una vez superada la fase práctica de la convocatoria 2024, momento en que la obligación adquiera carácter líquido, vencido y exigible, hasta la fecha de su completo pago.

Finalmente, en el supuesto de que el recurrente no supere el curso de formación, la presente resolución deberá tenerse por íntegramente ejecutada, sin ulterior efecto económico o administrativo.

NOVENO. -La estimación del recurso implica la condena en costas a la Dirección General de la Policía, hasta un máximo de 800 euros, más IVA si corresponde ( art. 139 LJCA)

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO. -Impugna la parte recurrente la desestimación de su recurso de alzada contra Acuerdo del Tribunal de proceso selectivo para ingreso en la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, declarándole no apto tras la prueba de entrevista personal, donde obtuvo 4 puntos (siendo el apto 6 puntos), siendo valorado negativamente el factor de COMUNICACIÓN y COMPETENCIAS PROFESIONALES.

En esencia, argumenta el demandante que la resolución impugnada vulnera el principio de legalidad, y se ha incurrido en arbitrariedad al basarse únicamente en valoraciones subjetivas.

Se añade que el informe pericial aportado por la parte actora, realizado tras someter a esta a diversos test de personalidad, contradicen las conclusiones del Tribunal Calificador sobre su aptitud.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado se opuso a la pretensión de la actora pues la actuación administrativa se ajustó a las bases de la convocatoria y a la normativa aplicable.

Considera el Acuerdo suficientemente motivado, correspondiendo su contenido a la discrecionalidad técnica del órgano de selección.

Subsidiariamente, y solo si se estimara la existencia de defectos de motivación -extremo que niega- pide que la Sala se limite a ordenar la retroacción de actuaciones al momento anterior a la entrevista, para repetirla con las debidas garantías, tal como establece la doctrina del Tribunal Supremo, pero sin declarar apto al recurrente ni atribuirle efectos económicos o administrativos derivados de una superación que no ha tenido lugar.

TERCERO.- La prueba de entrevista personal, a tenor de lo previsto en la Base 6.1.3.b) se configuraba de la siguiente manera:

"6.1.3.b) Entrevista personal.

De carácter profesional y personal, y con la finalidad de comprobar la idoneidad de cada aspirante tomando como referencia criterios que tienen incidencia directa en la función policial a desarrollar, será realizada por al menos una persona integrante del tribunal calificador y con el asesoramiento de los especialistas que se estimen necesarios. Las cuestiones que se planteen por el tribunal irán encaminadas a determinar la idoneidad de las personas aspirantes para el desarrollo futuro de las funciones policiales.

La entrevista se evaluará atendiendo a los resultados y conclusiones obtenidos exclusivamente durante su transcurso, sin perjuicio de que con anterioridad y a efectos de lograr la mayor utilidad de la misma, se pueda realizar tanto un cuestionario de información biográfica como pruebas de exploración del perfil de personalidad de la persona opositora, de modo que sirvan como información complementaria, apoyadas con un curriculum vitae y una vida laboral que se deberá aportar en la fecha de citación para la ejecución de la entrevista.

El cuestionario de información biográfica, de realizarse, contendrá datos y aspectos de la vida de la persona opositora, así como la opinión de la misma ante las cuestiones que se le planteen. El cuestionario dispondrá de instrucciones específicas de obligado cumplimiento, que les serán indicadas para su confección.

En ningún caso la evaluación del resultado de la entrevista vendrá condicionada o vinculada de modo exclusivo a las pruebas de personalidad, ya que constituyen un elemento previo para que el tribunal pueda orientar, si lo estima conveniente, el contenido de esta.

A efectos de valoración de la entrevista, el tribunal tomará en consideración los criterios: socialización, comunicación, orientación hacia las metas, características de la personalidad, observaciones clínicas y competencias profesionales. Su incidencia en la valoración final será motivadamente individualizada en aquellos casos que el opositor/a resulte declarado «no apto/a».

Para la calificación de la entrevista se otorgará a cada aspirante una puntuación inicial de seis puntos, uno por cada criterio. Para que un opositor/a sea considerado «apto/a» en la entrevista debe mantener la puntuación inicial de seis puntos. Si un aspirante es valorado negativamente en uno a varios criterios se le detraerán los puntos que correspondan a cada criterio de la puntuación inicialmente otorgada.

Un opositor será declarado «no apto/a» si al finalizar la entrevista obtiene una puntuación inferior a seis puntos.

El desarrollo de la entrevista será objeto de grabación.

La calificación de la parte b) será de «apto/a» o «no apto/a»."

A efectos de valoración de la entrevista, se establecía por tanto que el Tribunal tomaría en consideración factores tales como la socialización, comunicación, orientación hacia las metas, características de la personalidad, observaciones clínicas y competencias profesionales, cuya incidencia en la valoración final sería motivadamente individualizada para cada aspirante, y para su calificación, que el Tribunal otorgaría una puntuación inicial a los aspirantes convocados. De la puntuación inicial asignada, 6 puntos, y en base a los resultados de la entrevista, el Tribunal podría detraer puntuaciones parciales tras la valoración de los factores señalados.

En fin, se disponía que la calificación de la parte b) ("Entrevista personal") sería de "apto" o "no apto".

CUARTO.- Tras examinar el expediente, entendemos, como ya lo hicimos respecto de convocatorias anteriores, que, sin perjuicio de la diferencia en la redacción de las bases en las sucesivas convocatorias anuales, la prueba de entrevista personal en el presente proceso selectivo se ha desarrollado de manera análoga a ejercicios anteriores, y este Tribunal considera que su valoración incumple las exigencias de motivación impuestas por la doctrina jurisprudencial.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2022 (recurso de casación 1960/2021) analiza con exhaustividad la prueba de entrevista personal en procesos selectivos y constituye la base de la aplicación de la doctrina al caso de autos. Dicha Sentencia razona que, a la vista del expediente administrativo, no se establecen de forma objetiva los criterios o parámetros a valorar para cada uno de los factores que incluye la base de la convocatoria (socialización, comunicación, etc.), ni tampoco los subfactores o su individualización y puntuación. El Alto Tribunal destaca la ausencia de las evaluaciones cualitativas empleadas para determinar la calificación de "adecuado" o "no adecuado", así como la falta de los elementos empleados por el órgano de valoración para determinar la puntuación parcial correspondiente a los factores a valorar y, por ende, para alcanzar la calificación global de la entrevista.

La jurisprudencia antes citada establece que la calificación de una prueba en la que se valoran rasgos o factores de personalidad y aptitudes debe cumplir, como mínimo, con tres exigencias ineludibles, cuya omisión vulnera los principios de publicidad y transparencia, la obligación de motivación de las resoluciones administrativas y la garantía de interdicción de la arbitrariedad ( artículo 9.3 de la Constitución Española). Estas exigencias son:

a) Expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico.

b) Consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico.

c) Expresar de forma específica las razones concretas por las que la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado de negar la aptitud del candidato.

La aplicación de esta doctrina al presente recurso nos permite adelantar su estimación. Faltando una motivación que incluya tales elementos, no es posible discernir si el juicio técnico plasmado en la calificación aplicada se movió dentro de los márgenes de apreciación tolerables que resultan de la discrecionalidad técnica o si, por el contrario, respondió a criterios ilógicos, subjetivos o carentes de justificación técnica. Del mismo modo, no se ofrecen al interesado los elementos imprescindibles para que pueda articular debidamente, con plenitud de su derecho de defensa, la impugnación jurisdiccional, afectando a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución.

El expediente administrativo revela la falta de los criterios cualitativos seguidos para aplicar y valorar cada uno de los factores y/o subfactores investigados. Tampoco consta la justificación de los criterios seguidos para la puntuación finalmente otorgada al actor como consecuencia de la detracción, ni se explica cómo el Órgano de Selección ha llegado a valorar la "Entrevista Personal" realizada, al no constar la valoración ni la puntuación asignada a cada factor. En cuanto a las fuentes de información, el expediente incluye un "resultado global del test de personalidad", que sin embargo no se valora ni se interpreta, lo que invalida la función de contraste que posee la entrevista, que ha de modularse en función de los resultados obtenidos en las pruebas de personalidad y cuestionarios previos.

El Tribunal Supremo ha manifestado, por ejemplo, en su Sentencia de 26 de mayo de 2016 (recurso de casación 1785/2015), que la entrevista no puede erigirse en una prueba autónoma o principal y determinante del proceso selectivo con carácter eliminatorio, porque el proceso selectivo tiene su principal elemento en las pruebas de conocimientos de la fase de oposición, que el recurrente sí superó con éxito. La muy grave consecuencia que supone la exclusión de quien ha superado con esfuerzo esas primeras pruebas, mediante la declaración de no apto en la prueba de entrevista personal, requerirá que su falta de adecuación profesional quede demostrada de una manera inequívoca y rigurosa, y justificada y explicada con ese superior nivel de rigor y exigencia para cumplir con el imperativo constitucional de interdicción de la arbitrariedad.

Si bien el "Informe Técnico de Evaluación de la Entrevista" detalla las conductas que fueron apreciadas para la valoración negativa, lo cierto es que no se explica con un soporte objetivo y una debida justificación por qué se llega a esos resultados deficitarios. Lo que se ofrece son tan sólo juicios subjetivos y mayormente genéricos que no expresan los criterios seguidos para llegar a dicho resultado valorativo de déficit en las competencias correspondientes. Concluimos, por tanto, que la actuación administrativa es contraria a Derecho.

QUINTO.- Como decimos, se aporta en el expediente un Informe Técnico de Valoración, que en definitiva contiene la motivación del entrevistador, que el Tribunal Calificador hace suya para excluir a la recurrente.

Del informe técnico se desprende que el Tribunal Calificador fundamenta la exclusión del aspirante en la evaluación de los factores COMPETENCIAS PROFESIONALES y COMUNICACIÓN.

El informe sostiene que el aspirante presenta una falta de integridad incompatible con la función policial. Basa esta afirmación en la existencia de contradicciones entre el Cuestionario de Información Biográfica (CIB), la entrevista y su trayectoria vital y laboral. Se afirma que el opositor oculta información relevante, especialmente sobre sanciones administrativas por tenencia de sustancias estupefacientes, y que solo la reconoce tras ser repreguntado insistentemente. A ello se añade que, según el evaluador, el aspirante ofrece respuestas evasivas, incompletas y en ocasiones imprecisas, lo que llevaría a poner en duda su sinceridad y su capacidad para asumir responsabilidades propias del cargo.

En segundo lugar, el informe considera que el aspirante muestra tolerancia hacia conductas de terceros relacionadas con sustancias estupefacientes, lo que, a juicio del tribunal, evidenciaría un déficit de percepción del riesgo y un patrón moral divergente del que se exige a un policía. Según el informe, esa tolerancia sería incompatible con la función preventiva y con el deber de perseguir delitos o infracciones cuando sea necesario.

Finalmente, el informe aprecia deficiencias en el factor de comunicación, tanto en comprensión como en expresión. En el CIB se aprecian, según los evaluadores, respuestas genéricas, incompletas o no ajustadas a lo preguntado; y durante la entrevista, un estilo expresivo caracterizado por frases cortas, escasa precisión y dificultades para comprender el alcance de determinadas preguntas. Según el informe, estas limitaciones afectarían a la futura capacidad del aspirante para interactuar con ciudadanos, superiores, compañeros y autoridades judiciales.

Del examen del expediente no resulta un patrón de deshonestidad incompatible con la función policial. Las contradicciones señaladas por el Tribunal, o no son tales, o pueden explicarse razonablemente por el contexto propio de la entrevista, caracterizada por la tendencia natural a los lapsus o imprecisiones espontáneas. Que el entrevistador cuestione las razones por las que el aspirante no se presentó a alguna convocatoria anterior no tiene nada que ver con su honestidad. Tampoco el que haya indicado en el CIB la inexistencia de hechos que hayan impulsado su deseo de ser policía, y que en la entrevista refiera tener familiares guardias civiles.

El hecho de que el aspirante reconociera voluntariamente los episodios de identificación y sanción, aun cuando inicialmente no los reflejó en el CIB, evidencia un ejercicio de transparencia y sinceridad, y no un propósito deliberado de engaño. En ningún caso el informe demuestra que las omisiones persiguieran obtener una ventaja ilegítima en el proceso selectivo.

Tampoco puede interpretarse como falta de ética o tolerancia hacia el consumo de estupefacientes el hecho de haber estado presente en situaciones grupales en las que otros jóvenes portaban o consumían dichas sustancias. No se desprende que participara en tales conductas ni que las aprobara. Antes bien, reconoce expresamente que fueron hechos ajenos en los que no intervino y que ocurrieron cuando era adolescente. Es desproporcionado afirmar que dos sanciones administrativas de hace más de una década (no penales, no reiteradas en la edad adulta y no vinculadas a ejercicio profesional alguno) constituyen un signo permanente de falta de aptitud moral.

En cuanto al criterio de comunicación, las dificultades expresivas observadas en una entrevista oral desarrollada en un clima de confrontación, donde los entrevistadores critican y descalifican cada respuesta, no permiten sostener un déficit estructural que inhabilite para la labor policial. El CIB no debe ser un examen de redacción ni un instrumento diseñado para evaluar la amplitud de vocabulario, o la rapidez en la escritura, sino un cuestionario biográfico cuya finalidad es obtener información personal básica. Las respuestas más breves, genéricas o imperfectamente desarrolladas no son, por sí mismas, indicador de incapacidad comunicativa, cuando el aspirante se ve constreñido por el espacio y el tiempo. Ningún elemento del informe demuestra que el aspirante carezca de la comprensión lingüística mínima necesaria, y las supuestas dificultades pueden explicarse por la ansiedad inherente al proceso selectivo y por un estilo comunicativo espontáneo, no necesariamente elaborado.

En su conjunto, el razonamiento del informe revela una valoración subjetiva y carente de un nexo causal claro entre los hechos descritos y la conclusión de no aptitud. Ninguno de los elementos expuestos (contradicciones menores, sanciones administrativas antiguas o estilo comunicativo imperfecto) permite afirmar motivada y objetivamente la existencia de carencias insubsanables en los criterios de integridad o comunicación.

Corrobora esta conclusión el informe pericial aportado por el demandante, el cual, tras someter al interesado a diversos test y pruebas de competencia, expresa: "no encuentro motivación alguna para considerar la ineptitud de esta persona para trabajar en cualquier administración, incluidos los cuerpos policiales". Y más allá de dicho informe, es igualmente corroborativo el hecho de que el aspirante superase una entrevista de convocatoria anterior, así como otra entrevista -y el resto del proceso selectivo- en convocatoria posterior, siendo nombrado policía alumno. Siempre hemos mantenido que el resultado de una prueba en un proceso selectivo no es determinante del resultado de la misma en otra convocatoria distinta, al tratarse de procesos independientes con valoraciones asimismo independientes, que pueden depender de muchos factores. Pero los aspectos en los que se pretende indagar mediante la entrevista son factores de la personalidad, y por lo tanto persistentes. Si la personalidad es un constructo estable, un instrumento de medida que arroja resultados contradictorios (Apto / No Apto / Apto) demuestra baja fiabilidad.

SEXTO.- Nos encontramos, a nuestro parecer, con una motivación subjetiva, e insuficientemente fundamentada del no apto, basada en opiniones e interpretaciones del entrevistador, que en algunos puntos no se ajusta a los parámetros de la convocatoria.

La Administración no ha dado adecuado cumplimiento a la primera de las exigencias a que alude la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Mayo de 2016 (recurso de casación 1785/2015), consistente en establecer con anterioridad a la entrevista los criterios que se van seguir para apreciar la existencia o no de déficit en cada una de las competencias que serán objeto de evaluación para apreciar la adecuación del candidato al perfil profesional, mediante la expresión de la clase de conducta o respuesta del aspirante que será considerada como expresiva de la posesión o no de cada una de las competencias.

SEPTIMO.-Estimado el recurso, las opciones que se ofrecen como alternativas posibles son en principio dos, una primera avalada por los pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de 29 de Enero de 2014 (casación 3201/2012) y de 26 de Mayo de 2014 (casación 2075/2013), que permitiría concluir en reconocer el derecho del recurrente a ser declarado "apto" en la "entrevista personal" de la convocatoria a que vienen referidas las actuaciones, con las demás consecuencias que se expresarán en siguiente Fundamento de Derecho. Y la segunda, a la luz de lo resuelto por el propio Alto Tribunal en Sentencia de 1 de Junio de 2022 (casación 1960/2021), comportaría la retroacción de las actuaciones en el procedimiento selectivo respecto del recurrente al momento inmediatamente anterior a la celebración de la entrevista, a fin de que volviéndose a reunir el órgano calificador, previo establecimiento y publicidad criterios de baremación y de corrección en la forma indicada, se proceda a su repetición y a su posterior calificación, con continuación del proceso selectivo por todos los trámites establecidos en la convocatoria hasta su conclusión en el caso de que fuese declarado apto.

Pues bien, la reciente Sentencia del TS, de 25 de abril de 2024 ( recurso 4854/2022) indica que el órgano jurisdiccional que anule por falta de motivación el juicio técnico emitido por el tribunal calificador en una prueba de entrevista personal de las características de la antes referida tiene la facultad para declarar la aptitud de un aspirante cuando alcance fundadamente esa convicción tras la valoración del expediente y del resto del material probatorio existente en actuaciones, muy en particular, de la prueba pericial practicada en el proceso con todas las garantías.

OCTAVO.-En cuanto a los efectos de esta declaración de aptitud, ha de tenerse en cuenta que el actor ha superado el proceso selectivo de ingreso en la escala básica en una convocatoria posterior, y así, ha sido nombrado policía alumno por Resolución de 30 de junio de 2025, de la Dirección General de la Policía, por la que se nombran policías alumnos y alumnas y se emplaza para realizar la fase de formación, a las personas aprobadas en la fase de oposición para ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional, convocada por Resolución de 31 de julio de 2024.

Esta Sala viene declarando de forma reiterada que, cuando un aspirante es readmitido en el proceso selectivo en el que obtuvo la consideración de no apto, no resulta exigible que deba repetir las pruebas aún pendientes si ya han sido superadas en una convocatoria posterior, con plena validez y bajo iguales condiciones de concurrencia. Lo contrario conduciría a un resultado incompatible con el principio de reparación íntegra de la situación jurídica individualizada y con la efectividad de la tutela judicial.

Por ello, procede reconocer el derecho del actor a ser considerado apto en la entrevista personal realizada en la convocatoria de 2022 y, en caso de superar el curso de formación correspondiente a la convocatoria de 2024, a que le sean reconocidos todos los efectos administrativos y económicos inherentes a la superación del proceso selectivo en el que inicialmente participó. Tal reconocimiento incluye su escalafonamiento en el puesto que le hubiera correspondido en aquella promoción, con idéntica antigüedad y con los mismos efectos retributivos y administrativos que los atribuidos a sus compañeros que superaron la convocatoria de 2022.

Este criterio encuentra respaldo en la doctrina del Tribunal Supremo, particularmente en la Sentencia de 27 de enero de 2022, casación 8179/2019, en la que, anulada una prueba selectiva y reconocido el derecho de los recurrentes a continuar el proceso, se dispone que, caso de superar todas las pruebas previstas, la Administración deberá declarar su derecho a ser nombrados funcionarios con efectos desde la misma fecha en que lo fueron quienes obtuvieron plaza en su momento. Ello comporta que la restitución deba ser plena y no meramente nominal.

En ejecución de lo anterior, y en su caso, deberá practicarse la correspondiente liquidación de haberes para abonar al interesado las diferencias existentes entre las retribuciones efectivamente percibidas durante su condición de policía alumno y aquellas que debieron abonarse de haber sido nombrado funcionario en la misma fecha que los integrantes de la promoción de 2022.

En el cálculo de las cantidades debidas deberán deducirse los ingresos que el actor hubiera percibido por actividades o conceptos incompatibles con el ejercicio de la función policial, incluidos, en su caso, los derivados de trabajos que no podría haber desempeñado legal o materialmente, de haber sido nombrado en su momento, así como prestaciones públicas de carácter sustitutivo, como la prestación por desempleo.

La cantidad resultante devengará el interés legal desde la fecha en la que el recurrente fuera efectivamente nombrado funcionario de carrera en la Escala Básica, una vez superada la fase práctica de la convocatoria 2024, momento en que la obligación adquiera carácter líquido, vencido y exigible, hasta la fecha de su completo pago.

Finalmente, en el supuesto de que el recurrente no supere el curso de formación, la presente resolución deberá tenerse por íntegramente ejecutada, sin ulterior efecto económico o administrativo.

NOVENO. -La estimación del recurso implica la condena en costas a la Dirección General de la Policía, hasta un máximo de 800 euros, más IVA si corresponde ( art. 139 LJCA)

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO. -Impugna la parte recurrente la desestimación de su recurso de alzada contra Acuerdo del Tribunal de proceso selectivo para ingreso en la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía, declarándole no apto tras la prueba de entrevista personal, donde obtuvo 4 puntos (siendo el apto 6 puntos), siendo valorado negativamente el factor de COMUNICACIÓN y COMPETENCIAS PROFESIONALES.

En esencia, argumenta el demandante que la resolución impugnada vulnera el principio de legalidad, y se ha incurrido en arbitrariedad al basarse únicamente en valoraciones subjetivas.

Se añade que el informe pericial aportado por la parte actora, realizado tras someter a esta a diversos test de personalidad, contradicen las conclusiones del Tribunal Calificador sobre su aptitud.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado se opuso a la pretensión de la actora pues la actuación administrativa se ajustó a las bases de la convocatoria y a la normativa aplicable.

Considera el Acuerdo suficientemente motivado, correspondiendo su contenido a la discrecionalidad técnica del órgano de selección.

Subsidiariamente, y solo si se estimara la existencia de defectos de motivación -extremo que niega- pide que la Sala se limite a ordenar la retroacción de actuaciones al momento anterior a la entrevista, para repetirla con las debidas garantías, tal como establece la doctrina del Tribunal Supremo, pero sin declarar apto al recurrente ni atribuirle efectos económicos o administrativos derivados de una superación que no ha tenido lugar.

TERCERO.- La prueba de entrevista personal, a tenor de lo previsto en la Base 6.1.3.b) se configuraba de la siguiente manera:

"6.1.3.b) Entrevista personal.

De carácter profesional y personal, y con la finalidad de comprobar la idoneidad de cada aspirante tomando como referencia criterios que tienen incidencia directa en la función policial a desarrollar, será realizada por al menos una persona integrante del tribunal calificador y con el asesoramiento de los especialistas que se estimen necesarios. Las cuestiones que se planteen por el tribunal irán encaminadas a determinar la idoneidad de las personas aspirantes para el desarrollo futuro de las funciones policiales.

La entrevista se evaluará atendiendo a los resultados y conclusiones obtenidos exclusivamente durante su transcurso, sin perjuicio de que con anterioridad y a efectos de lograr la mayor utilidad de la misma, se pueda realizar tanto un cuestionario de información biográfica como pruebas de exploración del perfil de personalidad de la persona opositora, de modo que sirvan como información complementaria, apoyadas con un curriculum vitae y una vida laboral que se deberá aportar en la fecha de citación para la ejecución de la entrevista.

El cuestionario de información biográfica, de realizarse, contendrá datos y aspectos de la vida de la persona opositora, así como la opinión de la misma ante las cuestiones que se le planteen. El cuestionario dispondrá de instrucciones específicas de obligado cumplimiento, que les serán indicadas para su confección.

En ningún caso la evaluación del resultado de la entrevista vendrá condicionada o vinculada de modo exclusivo a las pruebas de personalidad, ya que constituyen un elemento previo para que el tribunal pueda orientar, si lo estima conveniente, el contenido de esta.

A efectos de valoración de la entrevista, el tribunal tomará en consideración los criterios: socialización, comunicación, orientación hacia las metas, características de la personalidad, observaciones clínicas y competencias profesionales. Su incidencia en la valoración final será motivadamente individualizada en aquellos casos que el opositor/a resulte declarado «no apto/a».

Para la calificación de la entrevista se otorgará a cada aspirante una puntuación inicial de seis puntos, uno por cada criterio. Para que un opositor/a sea considerado «apto/a» en la entrevista debe mantener la puntuación inicial de seis puntos. Si un aspirante es valorado negativamente en uno a varios criterios se le detraerán los puntos que correspondan a cada criterio de la puntuación inicialmente otorgada.

Un opositor será declarado «no apto/a» si al finalizar la entrevista obtiene una puntuación inferior a seis puntos.

El desarrollo de la entrevista será objeto de grabación.

La calificación de la parte b) será de «apto/a» o «no apto/a»."

A efectos de valoración de la entrevista, se establecía por tanto que el Tribunal tomaría en consideración factores tales como la socialización, comunicación, orientación hacia las metas, características de la personalidad, observaciones clínicas y competencias profesionales, cuya incidencia en la valoración final sería motivadamente individualizada para cada aspirante, y para su calificación, que el Tribunal otorgaría una puntuación inicial a los aspirantes convocados. De la puntuación inicial asignada, 6 puntos, y en base a los resultados de la entrevista, el Tribunal podría detraer puntuaciones parciales tras la valoración de los factores señalados.

En fin, se disponía que la calificación de la parte b) ("Entrevista personal") sería de "apto" o "no apto".

CUARTO.- Tras examinar el expediente, entendemos, como ya lo hicimos respecto de convocatorias anteriores, que, sin perjuicio de la diferencia en la redacción de las bases en las sucesivas convocatorias anuales, la prueba de entrevista personal en el presente proceso selectivo se ha desarrollado de manera análoga a ejercicios anteriores, y este Tribunal considera que su valoración incumple las exigencias de motivación impuestas por la doctrina jurisprudencial.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2022 (recurso de casación 1960/2021) analiza con exhaustividad la prueba de entrevista personal en procesos selectivos y constituye la base de la aplicación de la doctrina al caso de autos. Dicha Sentencia razona que, a la vista del expediente administrativo, no se establecen de forma objetiva los criterios o parámetros a valorar para cada uno de los factores que incluye la base de la convocatoria (socialización, comunicación, etc.), ni tampoco los subfactores o su individualización y puntuación. El Alto Tribunal destaca la ausencia de las evaluaciones cualitativas empleadas para determinar la calificación de "adecuado" o "no adecuado", así como la falta de los elementos empleados por el órgano de valoración para determinar la puntuación parcial correspondiente a los factores a valorar y, por ende, para alcanzar la calificación global de la entrevista.

La jurisprudencia antes citada establece que la calificación de una prueba en la que se valoran rasgos o factores de personalidad y aptitudes debe cumplir, como mínimo, con tres exigencias ineludibles, cuya omisión vulnera los principios de publicidad y transparencia, la obligación de motivación de las resoluciones administrativas y la garantía de interdicción de la arbitrariedad ( artículo 9.3 de la Constitución Española). Estas exigencias son:

a) Expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico.

b) Consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir el juicio técnico.

c) Expresar de forma específica las razones concretas por las que la aplicación de esos criterios conduce al resultado individualizado de negar la aptitud del candidato.

La aplicación de esta doctrina al presente recurso nos permite adelantar su estimación. Faltando una motivación que incluya tales elementos, no es posible discernir si el juicio técnico plasmado en la calificación aplicada se movió dentro de los márgenes de apreciación tolerables que resultan de la discrecionalidad técnica o si, por el contrario, respondió a criterios ilógicos, subjetivos o carentes de justificación técnica. Del mismo modo, no se ofrecen al interesado los elementos imprescindibles para que pueda articular debidamente, con plenitud de su derecho de defensa, la impugnación jurisdiccional, afectando a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución.

El expediente administrativo revela la falta de los criterios cualitativos seguidos para aplicar y valorar cada uno de los factores y/o subfactores investigados. Tampoco consta la justificación de los criterios seguidos para la puntuación finalmente otorgada al actor como consecuencia de la detracción, ni se explica cómo el Órgano de Selección ha llegado a valorar la "Entrevista Personal" realizada, al no constar la valoración ni la puntuación asignada a cada factor. En cuanto a las fuentes de información, el expediente incluye un "resultado global del test de personalidad", que sin embargo no se valora ni se interpreta, lo que invalida la función de contraste que posee la entrevista, que ha de modularse en función de los resultados obtenidos en las pruebas de personalidad y cuestionarios previos.

El Tribunal Supremo ha manifestado, por ejemplo, en su Sentencia de 26 de mayo de 2016 (recurso de casación 1785/2015), que la entrevista no puede erigirse en una prueba autónoma o principal y determinante del proceso selectivo con carácter eliminatorio, porque el proceso selectivo tiene su principal elemento en las pruebas de conocimientos de la fase de oposición, que el recurrente sí superó con éxito. La muy grave consecuencia que supone la exclusión de quien ha superado con esfuerzo esas primeras pruebas, mediante la declaración de no apto en la prueba de entrevista personal, requerirá que su falta de adecuación profesional quede demostrada de una manera inequívoca y rigurosa, y justificada y explicada con ese superior nivel de rigor y exigencia para cumplir con el imperativo constitucional de interdicción de la arbitrariedad.

Si bien el "Informe Técnico de Evaluación de la Entrevista" detalla las conductas que fueron apreciadas para la valoración negativa, lo cierto es que no se explica con un soporte objetivo y una debida justificación por qué se llega a esos resultados deficitarios. Lo que se ofrece son tan sólo juicios subjetivos y mayormente genéricos que no expresan los criterios seguidos para llegar a dicho resultado valorativo de déficit en las competencias correspondientes. Concluimos, por tanto, que la actuación administrativa es contraria a Derecho.

QUINTO.- Como decimos, se aporta en el expediente un Informe Técnico de Valoración, que en definitiva contiene la motivación del entrevistador, que el Tribunal Calificador hace suya para excluir a la recurrente.

Del informe técnico se desprende que el Tribunal Calificador fundamenta la exclusión del aspirante en la evaluación de los factores COMPETENCIAS PROFESIONALES y COMUNICACIÓN.

El informe sostiene que el aspirante presenta una falta de integridad incompatible con la función policial. Basa esta afirmación en la existencia de contradicciones entre el Cuestionario de Información Biográfica (CIB), la entrevista y su trayectoria vital y laboral. Se afirma que el opositor oculta información relevante, especialmente sobre sanciones administrativas por tenencia de sustancias estupefacientes, y que solo la reconoce tras ser repreguntado insistentemente. A ello se añade que, según el evaluador, el aspirante ofrece respuestas evasivas, incompletas y en ocasiones imprecisas, lo que llevaría a poner en duda su sinceridad y su capacidad para asumir responsabilidades propias del cargo.

En segundo lugar, el informe considera que el aspirante muestra tolerancia hacia conductas de terceros relacionadas con sustancias estupefacientes, lo que, a juicio del tribunal, evidenciaría un déficit de percepción del riesgo y un patrón moral divergente del que se exige a un policía. Según el informe, esa tolerancia sería incompatible con la función preventiva y con el deber de perseguir delitos o infracciones cuando sea necesario.

Finalmente, el informe aprecia deficiencias en el factor de comunicación, tanto en comprensión como en expresión. En el CIB se aprecian, según los evaluadores, respuestas genéricas, incompletas o no ajustadas a lo preguntado; y durante la entrevista, un estilo expresivo caracterizado por frases cortas, escasa precisión y dificultades para comprender el alcance de determinadas preguntas. Según el informe, estas limitaciones afectarían a la futura capacidad del aspirante para interactuar con ciudadanos, superiores, compañeros y autoridades judiciales.

Del examen del expediente no resulta un patrón de deshonestidad incompatible con la función policial. Las contradicciones señaladas por el Tribunal, o no son tales, o pueden explicarse razonablemente por el contexto propio de la entrevista, caracterizada por la tendencia natural a los lapsus o imprecisiones espontáneas. Que el entrevistador cuestione las razones por las que el aspirante no se presentó a alguna convocatoria anterior no tiene nada que ver con su honestidad. Tampoco el que haya indicado en el CIB la inexistencia de hechos que hayan impulsado su deseo de ser policía, y que en la entrevista refiera tener familiares guardias civiles.

El hecho de que el aspirante reconociera voluntariamente los episodios de identificación y sanción, aun cuando inicialmente no los reflejó en el CIB, evidencia un ejercicio de transparencia y sinceridad, y no un propósito deliberado de engaño. En ningún caso el informe demuestra que las omisiones persiguieran obtener una ventaja ilegítima en el proceso selectivo.

Tampoco puede interpretarse como falta de ética o tolerancia hacia el consumo de estupefacientes el hecho de haber estado presente en situaciones grupales en las que otros jóvenes portaban o consumían dichas sustancias. No se desprende que participara en tales conductas ni que las aprobara. Antes bien, reconoce expresamente que fueron hechos ajenos en los que no intervino y que ocurrieron cuando era adolescente. Es desproporcionado afirmar que dos sanciones administrativas de hace más de una década (no penales, no reiteradas en la edad adulta y no vinculadas a ejercicio profesional alguno) constituyen un signo permanente de falta de aptitud moral.

En cuanto al criterio de comunicación, las dificultades expresivas observadas en una entrevista oral desarrollada en un clima de confrontación, donde los entrevistadores critican y descalifican cada respuesta, no permiten sostener un déficit estructural que inhabilite para la labor policial. El CIB no debe ser un examen de redacción ni un instrumento diseñado para evaluar la amplitud de vocabulario, o la rapidez en la escritura, sino un cuestionario biográfico cuya finalidad es obtener información personal básica. Las respuestas más breves, genéricas o imperfectamente desarrolladas no son, por sí mismas, indicador de incapacidad comunicativa, cuando el aspirante se ve constreñido por el espacio y el tiempo. Ningún elemento del informe demuestra que el aspirante carezca de la comprensión lingüística mínima necesaria, y las supuestas dificultades pueden explicarse por la ansiedad inherente al proceso selectivo y por un estilo comunicativo espontáneo, no necesariamente elaborado.

En su conjunto, el razonamiento del informe revela una valoración subjetiva y carente de un nexo causal claro entre los hechos descritos y la conclusión de no aptitud. Ninguno de los elementos expuestos (contradicciones menores, sanciones administrativas antiguas o estilo comunicativo imperfecto) permite afirmar motivada y objetivamente la existencia de carencias insubsanables en los criterios de integridad o comunicación.

Corrobora esta conclusión el informe pericial aportado por el demandante, el cual, tras someter al interesado a diversos test y pruebas de competencia, expresa: "no encuentro motivación alguna para considerar la ineptitud de esta persona para trabajar en cualquier administración, incluidos los cuerpos policiales". Y más allá de dicho informe, es igualmente corroborativo el hecho de que el aspirante superase una entrevista de convocatoria anterior, así como otra entrevista -y el resto del proceso selectivo- en convocatoria posterior, siendo nombrado policía alumno. Siempre hemos mantenido que el resultado de una prueba en un proceso selectivo no es determinante del resultado de la misma en otra convocatoria distinta, al tratarse de procesos independientes con valoraciones asimismo independientes, que pueden depender de muchos factores. Pero los aspectos en los que se pretende indagar mediante la entrevista son factores de la personalidad, y por lo tanto persistentes. Si la personalidad es un constructo estable, un instrumento de medida que arroja resultados contradictorios (Apto / No Apto / Apto) demuestra baja fiabilidad.

SEXTO.- Nos encontramos, a nuestro parecer, con una motivación subjetiva, e insuficientemente fundamentada del no apto, basada en opiniones e interpretaciones del entrevistador, que en algunos puntos no se ajusta a los parámetros de la convocatoria.

La Administración no ha dado adecuado cumplimiento a la primera de las exigencias a que alude la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Mayo de 2016 (recurso de casación 1785/2015), consistente en establecer con anterioridad a la entrevista los criterios que se van seguir para apreciar la existencia o no de déficit en cada una de las competencias que serán objeto de evaluación para apreciar la adecuación del candidato al perfil profesional, mediante la expresión de la clase de conducta o respuesta del aspirante que será considerada como expresiva de la posesión o no de cada una de las competencias.

SEPTIMO.-Estimado el recurso, las opciones que se ofrecen como alternativas posibles son en principio dos, una primera avalada por los pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de 29 de Enero de 2014 (casación 3201/2012) y de 26 de Mayo de 2014 (casación 2075/2013), que permitiría concluir en reconocer el derecho del recurrente a ser declarado "apto" en la "entrevista personal" de la convocatoria a que vienen referidas las actuaciones, con las demás consecuencias que se expresarán en siguiente Fundamento de Derecho. Y la segunda, a la luz de lo resuelto por el propio Alto Tribunal en Sentencia de 1 de Junio de 2022 (casación 1960/2021), comportaría la retroacción de las actuaciones en el procedimiento selectivo respecto del recurrente al momento inmediatamente anterior a la celebración de la entrevista, a fin de que volviéndose a reunir el órgano calificador, previo establecimiento y publicidad criterios de baremación y de corrección en la forma indicada, se proceda a su repetición y a su posterior calificación, con continuación del proceso selectivo por todos los trámites establecidos en la convocatoria hasta su conclusión en el caso de que fuese declarado apto.

Pues bien, la reciente Sentencia del TS, de 25 de abril de 2024 ( recurso 4854/2022) indica que el órgano jurisdiccional que anule por falta de motivación el juicio técnico emitido por el tribunal calificador en una prueba de entrevista personal de las características de la antes referida tiene la facultad para declarar la aptitud de un aspirante cuando alcance fundadamente esa convicción tras la valoración del expediente y del resto del material probatorio existente en actuaciones, muy en particular, de la prueba pericial practicada en el proceso con todas las garantías.

OCTAVO.-En cuanto a los efectos de esta declaración de aptitud, ha de tenerse en cuenta que el actor ha superado el proceso selectivo de ingreso en la escala básica en una convocatoria posterior, y así, ha sido nombrado policía alumno por Resolución de 30 de junio de 2025, de la Dirección General de la Policía, por la que se nombran policías alumnos y alumnas y se emplaza para realizar la fase de formación, a las personas aprobadas en la fase de oposición para ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, de la Policía Nacional, convocada por Resolución de 31 de julio de 2024.

Esta Sala viene declarando de forma reiterada que, cuando un aspirante es readmitido en el proceso selectivo en el que obtuvo la consideración de no apto, no resulta exigible que deba repetir las pruebas aún pendientes si ya han sido superadas en una convocatoria posterior, con plena validez y bajo iguales condiciones de concurrencia. Lo contrario conduciría a un resultado incompatible con el principio de reparación íntegra de la situación jurídica individualizada y con la efectividad de la tutela judicial.

Por ello, procede reconocer el derecho del actor a ser considerado apto en la entrevista personal realizada en la convocatoria de 2022 y, en caso de superar el curso de formación correspondiente a la convocatoria de 2024, a que le sean reconocidos todos los efectos administrativos y económicos inherentes a la superación del proceso selectivo en el que inicialmente participó. Tal reconocimiento incluye su escalafonamiento en el puesto que le hubiera correspondido en aquella promoción, con idéntica antigüedad y con los mismos efectos retributivos y administrativos que los atribuidos a sus compañeros que superaron la convocatoria de 2022.

Este criterio encuentra respaldo en la doctrina del Tribunal Supremo, particularmente en la Sentencia de 27 de enero de 2022, casación 8179/2019, en la que, anulada una prueba selectiva y reconocido el derecho de los recurrentes a continuar el proceso, se dispone que, caso de superar todas las pruebas previstas, la Administración deberá declarar su derecho a ser nombrados funcionarios con efectos desde la misma fecha en que lo fueron quienes obtuvieron plaza en su momento. Ello comporta que la restitución deba ser plena y no meramente nominal.

En ejecución de lo anterior, y en su caso, deberá practicarse la correspondiente liquidación de haberes para abonar al interesado las diferencias existentes entre las retribuciones efectivamente percibidas durante su condición de policía alumno y aquellas que debieron abonarse de haber sido nombrado funcionario en la misma fecha que los integrantes de la promoción de 2022.

En el cálculo de las cantidades debidas deberán deducirse los ingresos que el actor hubiera percibido por actividades o conceptos incompatibles con el ejercicio de la función policial, incluidos, en su caso, los derivados de trabajos que no podría haber desempeñado legal o materialmente, de haber sido nombrado en su momento, así como prestaciones públicas de carácter sustitutivo, como la prestación por desempleo.

La cantidad resultante devengará el interés legal desde la fecha en la que el recurrente fuera efectivamente nombrado funcionario de carrera en la Escala Básica, una vez superada la fase práctica de la convocatoria 2024, momento en que la obligación adquiera carácter líquido, vencido y exigible, hasta la fecha de su completo pago.

Finalmente, en el supuesto de que el recurrente no supere el curso de formación, la presente resolución deberá tenerse por íntegramente ejecutada, sin ulterior efecto económico o administrativo.

NOVENO. -La estimación del recurso implica la condena en costas a la Dirección General de la Policía, hasta un máximo de 800 euros, más IVA si corresponde ( art. 139 LJCA)

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación