Sentencia Contencioso-Administrativo 110/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 488/2022 de 27 de enero del 2025

PRIMERO.-Por la representación procesal de Dª. Sandra, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de 16 de junio de 2020 de la Directora General para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia, confirmada en reposición por Resolución de 30 de marzo de 2021, por la que se le imponía una sanción de 15 días de suspensión de empleo y sueldo por la comisión de una falta grave tipificada en el artículo 8 f) del Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Régimen Disciplinario del Personal al Servicio de la Administración de Justicia.

SEGUNDO.-Con carácter previo, debe recordarse la presunción de legalidad de la actuación administrativa conforme establece artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (en este sentido, Sentencia de la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribual Supremo de 5 de julio de 2011 -recurso contencioso-administrativo número 416/2010) por lo que ha de ser la parte recurrente la que en su escrito de demanda concrete las infracciones normativas en las que funda su impugnación para que este Tribunal pueda de esa manera ejercer el control jurisdiccional que sobre la actuación administrativa establece el artículo 106.1 de la Constitución.

Además, el artículo 56.1 de la Ley 29/1998, dispone que "En los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración".

Expuesto lo anterior y examinado el escrito de demanda, como ya se ha advertido, la técnica procesal del mismo resulta impropia de este orden Jurisdiccional, toda vez que en la demanda los motivos de impugnación se van exponiendo dentro de los hechos, limitándose en los fundamentos de derecho a exponer los que denomina "jurídico-procesales", sin que por tanto se concreten motivos de impugnación de la actuación administrativa referidos a normativa sustantiva, normativa a la que el demandante va haciendo referencia, como ya se ha dicho, a lo largo de la exposición de los hechos del citado escrito.

Aun cuando lo anterior podría haber conllevado la no admisión del escrito de demanda al amparo del artículo 56.2 de la Ley 29/1998, en aras de la tutela judicial efectiva, examinado el escrito se pone de manifiesto que la parte demandante se muestra disconforme con el contenido de la actuación administrativa y del contenido de su escrito pueden conc retarse en tres sus alegaciones: caducidad del expediente sancionador, indefensión por defectos en la tramitación del procedimiento sancionador y finalmente falta de acreditación de la comisión de la infracción sancionada.

TERCERO.-En primer lugar, en lo relativo a la alegación de caducidad del procedimiento sancionador, la demandante sostiene que cuando se dictó la Resolución el procedimiento se encontraría caducado y ello al resultar de aplicación el plazo general de 6 meses que establece la Ley 29/1995 como plazo máximo de duración de los procedimientos, con las excepciones que en dicho precepto se recogen y ello por aplicación de la disposición derogatoria de citada Ley que dispone que <<"1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.".

Según la demandante, la aplicación de esa disposición dejaría sin efecto el plazo de 12 meses de duración máxima de los procedimientos sancionadores establecido en el artículo 38 del Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, norma de rango inferior.

Conviene señalar que sobre una cuestión análoga se ha pronunciado en sentido contrario al mencionado por la demandada, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, entre otras, en las sentencias de 22 de febrero de 2021 -recurso de casación nº 2854/2019- y 12 de diciembre de 2022 -recurso de casación 2288/2021-. Igualmente, ésta Sección Séptima también se ha pronunciado en sentido desestimatorio de tal alegación, entre otras, en la Sentencia de 13 de diciembre de 2024, dictada en el recurso contencioso contencioso-administrativo nº. 1231/2022, por lo que bastará para rechazar tal alegación con reproducir lo sostenido en dicha Sentencia de 13 de diciembre de 2024 en la que se mantenía lo siguiente:

< sentencias de ésta Sección 7ª, siendo de las más recientes, la nº 1756 dictada en fecha 12 de Noviembre de 2020 en el P.O. 99/2019 , donde ya dijimos: "No es aplicable el artículo 21 de la LPAC, que establece el plazo máximo en 6 meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, porque la ley que recoge la normativa aplicable a los letrados es la LOPJ que hace referencia a un reglamento de desarrollo en lo que se refiere a dicho cuerpo. En concreto, el plazo de 1 año está previsto en el art. 185.1.d) del RD 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, sin que dicha norma reglamentaria contradiga el referido art. 21 LPAC , porque la norma con rango de ley que da cobertura a dicho plazo, es el art. 468.2 de la LOPJ 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que dispone que "no podrá imponerse sanción por la comisión de una falta grave o muy grave, sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto, mediante el procedimiento que se establezca en el reglamento orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que se dicte en desarrollo de esta Ley."

La Disposición Final Primera del RD 1608/2005 refiere que "en materia disciplinaria será de aplicación, en lo no previsto en el Reglamento Orgánico que se aprueba por este real decreto, con carácter supletorio y en lo que resulte procedente, lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común". De modo que la aplicación supletoria de las normas de procedimiento administrativo, tal y como reclama el recurrente, no supone la remisión al plazo de seis meses del art. 21.2 LPCAP, pues respecto al régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado, la D.A. 29ª de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece para el procedimiento disciplinario el plazo de doce meses. En el mismo sentido nos hemos pronunciado en sentencia nº 808/2020, de esta misma Sala y Sección, de fecha 9 de junio de 2020, recurso 1560/2018 .

Por último, subrayar que el artículo 468.2 LOPJ es idéntico en su redacción al 534.3 de la LOPJ para los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. La LOPJ, al tratar del régimen disciplinario de los Letrados de la Administración de Justicia (artículos 468 a 469 ), así como de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia ( artículos 534 a 540 LOPJ ), no menciona la caducidad del procedimiento disciplinario, si bien ello no impide que las correspondientes normas reglamentarias de desarrollo sí establezcan expresamente en su articulado la caducidad del procedimiento disciplinario en caso de que su duración sobrepase el plazo máximo para resolver, que se fija en doce meses ( artículo 38 del Reglamento General del régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia aprobado por Real Decreto 796/2005, de 1 de julio ; y artículo 185 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales aprobado por Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre , establece expresamente que 1) La duración del procedimiento disciplinario no excederá de doce meses. Vencido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución que ponga fin al procedimiento, se producirá su caducidad.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha resuelto ésta misma cuestión, declarando en la STS de 27 de febrero de 2006, recurso 84/2004 : que el plazo para resolver los expedientes disciplinarios lo fija la Ley Orgánica en seis meses -lo que ciertamente contrasta con el plazo de doce meses adoptado para los expedientes relativos a los Secretarios Judiciales y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia-; pero, una vez anotadas esas diferencias de regulación, ninguna razón permite sostener que no deba operar respecto de los jueces y magistrados esa garantía del procedimiento, la caducidad, que impide que el expediente sancionador pueda estar indefinidamente pendiente de resolución".

En conclusión, el procedimiento sancionatorio que nos ocupa, no está caducado, porque se incoó en fecha 31 de agosto de 2021; y antes de que transcurriera un año, en concreto en fecha 29 de Julio de 2021, fue notificada la resolución sancionadora>>.

En el presente caso, el expediente disciplinario se inició por Acuerdo de fecha 4 de abril de 2019 de la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, por lo que el plazo para resolver y notificar finalizaba el 4 de abril de 2020. No obstante, el procedimiento se vio afectado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que en sus disposiciones adicionales tercera y cuarta establecía la suspensión de plazos administrativos, así como la suspensión de plazos de prescripción y caducidad desde el 14 de marzo de 2020, así como por Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorrogó el estado de alarma, que establecía en sus artículos 9 y 10 que con efectos 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudarían y con efectos desde el 4 de junio de 2020 se alzaría la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones.

Por tanto, cuando se suspendieron los plazos administrativos, restaban 21 días para que se produjese la caducidad del expediente disciplinario incoado, por lo que habiéndose notificado la Resolución del procedimiento sancionador el 17 de junio de 2020, dicha notificación se produjo dentro de ese plazo restante no existiendo la pretendida caducidad.

CUARTO.-Igual suerte desestimatoria ha de tener la alegación de vulneración de derechos fundamentales y derechos que rigen la tramitación de los expedientes administrativos.

En relación a los posibles defectos en la tramitación del procedimiento y sus consecuencias, debe citarse el criterio mantenido en la Sentencia de 12 de enero de 2022 de la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Supremo, en el recurso de casación nº 327/2020-, en la que al respecto de sostiene lo siguiente:

<

El primero de los reproches que se hacen a la legalidad del acuerdo impugnado está referido a la existencia de defectos en la tramitación del procedimiento seguido para la denegación del indulto que, en el razonar de la defensa del recurrente, vician de nulidad o anulabilidad dicho acuerdo; argumentos que deben rechazarse porque dicha petición que no aparece justificada ni articulada jurídicamente con una mínima coherencia.

En efecto, es cierto que los vicios de forma pueden afectar a la eficacia de los actos, bien por la vía de nulidad de pleno derecho, bien por la menos intensa de la anulabilidad; ahora bien, ha sido un principio general de nuestro Derecho, en todos los ámbitos del ordenamiento, que, en principio, las formas procedimentales no tiene una finalidad en sí misma y que, en el concreto ámbito del Derecho Administrativo, tienen por objeto asegurar el acierto de la Administración al manifestar su voluntad en los actos que deba dictar y, de otra parte, servir de garantía de los derechos de defensa de los administrados, evitando que se les cause indefensión.

Que ello es así lo ha puesto de manifiesto reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala Tercera que, al interpretar los actuales artículos 47 y 48 de la de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas --y los preceptos de similar redacción que le precedieron desde la vieja Ley de 1956--, ha puesto de manifiesto que para que los defectos de forma puedan comportar la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos se requiere que se aprecie una omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, como ahora se impone en el párrafo 1º.e) del primero de aquellos preceptos, lo cual equivale a los actos de mero hecho, es decir, ausentes de todo trámite procedimental.

Ha de concluirse de lo expuesto que no negando la misma defensa del recurrente que en el caso de autos existen los trámites previstos en la Ley de Indulto, resulta improcedente invocar la nulidad del acuerdo impugnado.

Lo anterior comporta referir el debate a la anulabilidad por defectos de forma, ahora regulada en el artículo 48 de la mencionada Ley de procedimiento. Tampoco ello es admisible porque, conforme al mencionado precepto, para que las irregularidades en la tramitación del procedimiento puedan viciar el acto de anulabilidad se requiere, como condición sine qua non, que, o bien hayan ocasionado indefensión a los interesados o bien que impidiera al acto alcanzar su fin, exigencia esta última que indudablemente no sería apreciable en el caso de autos. Pero tampoco cabe apreciar la indefensión que ni se invoca en la demanda ni concurre a la vista de la actuación del recurrente. En efecto, reiteradamente ha puesto de manifiesto la jurisprudencia que recurrente. En efecto, reiteradamente ha puesto de manifiesto la jurisprudencia que dicha indefensión no puede ser meramente formal, sino que requiere que la irregularidad procedimental produzca una indefensión real, en el sentido de que se le haya privado al interesado presentar alegaciones en defensa de sus derechos y, en su caso, haber podido aportar las pruebas pertinentes a tales alegaciones. Y es manifiesto que en el caso de autos no concurre dicha circunstancia porque al recurrente, no solo no se le ha privado de tales derechos de defensa, como acredita este recurso, sino que nunca manifiesta de qué alegaciones o pruebas se le ha privado. Carece de sentido invocar una pretendida anulación del procedimiento, con la subsiguiente retroacción del procedimiento, sin que se diga por el recurrente a qué efectos pretende esa nueva tramitación.

De lo expuesto hemos de concluir que la invocación de la nulidad o anulabilidad que se aduce de manera abstracta en la demanda no puede ser admitida, lo cual sería suficiente para el rechazo de la pretensión, no obstante, lo cual no nos exime de examinar las concretas omisiones formales que se denuncian, en pro de una tutela judicial, que ha de ser efectiva>>.

En relación con lo anterior, las alegaciones de la demandante está principalmente referidas a la práctica de la prueba.

En este sentido, ha de recordarse que conforme a la doctrina constitucional ( Sentencia de 20 de julio de 2015 del Tribunal Constitucional ( STC nº 169/2015) -recurso de amparo nº 169/2015- para apreciar lesión del derecho < art. 24.2 CE ) es necesario que la prueba interesada y no practicada resulte decisiva en términos de defensa. Así lo hemos afirmado, entre otras, en la STC 129/2005, de 23 de mayo (RTC 2005, 129) FJ 4: «Es necesario, por lo demás -como ya hemos recordado con anterioridad-, que la falta de actividad probatoria se haya traducido en una efectiva indefensión del recurrente, o lo que es lo mismo, que sea "decisiva en términos de defensa", lo que exige que el recurrente haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la carga de la argumentación recae sobre los demandantes de amparo. La anterior exigencia se proyecta en un doble plano: de una parte, el demandante ha de razonar en esta vía de amparo la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas; de otra, deberá, además, argumentar de modo convincente que la resolución final del proceso a quo podía haberle sido favorable de haberse aceptado y practicado la prueba objeto de controversia, ya que sólo en tal caso, comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido y practicado, podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo solicita amparo>>.

Conviene señalar que el criterio de indefensión, desde el punto de vista constitucional reviste una doble dimensión, por cuanto que a una indefensión formal con el menoscabo del derecho de defensa, se une también una indefensión real y material que lleva como consecuencia que no toda vulneración de normas procesales constituye indefensión en sentido jurídico constitucional, como reiteradamente ha señalado el Tribunal Constitucional, quien ha venido de antiguo hablando de indefensión material y no formal, para la cual resulta necesaria pero no suficiente la mera transgresión de los requisitos configurados como garantía, siendo inexcusable la falta de esta cuando se produce de hecho y como consecuencia de aquella. Es decir, no basta la existencia de un defecto procesal, en este caso procedimental, si no conlleva la privación o limitación, menoscabo o negación del derecho a la defensa ( SSTC 316/1994, de 28 de noviembre, 137/1996, de 16 de septiembre, y 13/2000, de 17 de enero, entre otras).

Examinadas las alegaciones de la demandante, ningún razonamiento se ofrece sobre por que los pretendidos defectos del procedimiento administrativo que alega han podido ser decisivos en términos de defensa.