Sentencia Contencioso-Administrativo 132/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1214/2023 de 12 de febrero del 2025

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por TRASMOS GROUP S.L. contra la resolución presunta del TEAR DE Alicante desestimatoria por silencio administrativo de la reclamación económico administrativa nº de referencia NUM000/ NUM001, formulada por la actora contra la resolución de 13.4.2022 desestimatoria del recurso de reposición formulado por la actora contra el acuerdo de derivación de responsabilidad del art 43,1,h) LGT, de las deudas de la mercantil CONSYTIM S.L. respecto del impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2.006 a 2008 por importe de 453.211'42 €, 263.055,50 € corresponden a la liquidación propiamente dicha y 190.155,92 € corresponden a la sanción.

SEGUNDO.-La parte actora alega la derivación de responsabilidades realizada a TRASMOS GROUP, S.L de las obligaciones tributarias correspondientes a CONSYTIM, S.L, viene precedida de otras derivaciones de responsabilidades previas realizadas a otros sujetos con carácter subsidiario, a saber, la responsabilidad realizada en la persona de D. Erasmo como administrador de hecho de la propia CONSYTIM, S.L2 , a la entidad DIRECCION000 como responsable subsidiario respecto de aquél y, por último, a TRASMOS GROUP S.L, con carácter subsidiario respecto de aquellos dos sujetos inicialmente "derivados". Opone como motivos sobre los que articula su pretensión impugnatoria en la demanda:

PRIMERA.- Respecto de la anulación de la sanción impuesta a CONSYTIM, S.L por insuficiente motivación de la culpabilidad.

SEGUNDA.- Respecto de la improcedencia de la derivación de responsabilidad en relación a Erasmo y la consiguiente invalidez de la derivación impugnada, señala que al Sr. Erasmo le fue derivada su responsabilidad al amparo del artículo 43.1.a) LGT, por lo que la anulación/invalidez de la sanción impuesta a CONSYTIM, S.L -por ausencia de motivación en relación a la culpabilidad, determina que decaerán las subsiguientes, esto es, las relativas a la entidad DIRECCION000 y a la de la actora y ni siquiera consta acreditada, válidamente, la configuración del Sr. Erasmo como administrador de hecho de la mercantil CONSYTIM, S.L. Por ello, la premisa que legitima tal derivación resulta inexistente. Añade que un somero análisis del acuerdo de derivación recaído en la persona del Sr. Erasmo, objetiva que el acuerdo, carece de motivación específica en relación a la derivación acordada.

TERCERO.- Respecto de la improcedencia de la derivación de responsabilidad en relación a DIRECCION000 y la subsiguiente anulación de la derivación impugnada. Alega que la declaración de fallido (parcial) del Sr. Erasmo se produce el 9 de Agosto de 2.021 (página 20 del acuerdo), y la declaración de responsabilidad subsidiaria de DIRECCION000 respecto de tal señor se decreta el 12 de Julio de 2.015, es decir SEIS AÑOS ANTES de la declaración de fallido de aquel derivado subsidiario a quien la sociedad debía sustituir, por lo que la derivación de responsabilidad subsidiaria de DIRECCION000 debe tenerse por inválida e ineficaz.

CUARTO.- Respecto de la prescripción para la derivación de responsabilidad subsidiaria contra la actora. El acuerdo de derivación que se impugna resultó dictado en fecha 28 de Febrero de 2.022, es decir, aproximadamente entre 14 y 16 años después del devengo del impuesto objeto de liquidación provisional. El plazo de cuatro años desde el fallido del obligado principal (dado que resultan inexistentes obligados solidarios) venció el 2 de mayo de 2.016, por lo que el derecho a derivar contra el actor estaba prescrito.

QUINTO.- Ausencia de requisitos que legitimen para la derivación al amparo de la letra H del número 1 del artículo 43 LGT. es abiertamente inexistente la voluntad rectora o control efectivo del Sr. Erasmo, respecto de dos sociedades en cuyo accionariado no participa -en ninguna de ellas- (CONSYTIM, SL y TRASMOS GROUP, S.L), y cuya voluntad societaria -al menos respecto de una de ellas- únicamente puede resultarle imputable a través de la ficción de la administración de hecho que no consta acreditada.

Por todo lo cual postula la estimación del recurso.

TERCERO.-El Abogado del Estado se opone a la demanda y solicita la desestimación de la demanda alegando:

PRIMERO. - ACTO NO SUSCEPTIBLE DE RECURSO. INADMISIBILIDAD EN VIRTUD DEL ART. 69.C LJCA: el objeto del recurso es la desestimación por silencio administrativo de la reclamación económico-administrativa interpuesto contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria en virtud del art. 43.1.h) LGT. La derivación de responsabilidad asciende al importe de 453.211,42 euros, siendo esta la cuantía de la reclamación económico administrativa en virtud del art. 35.1 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la LGT, en materia de revisión en vía administrativa. Por lo que a tenor del art. 36 de mencionado Real Decreto 520/2005, procede la interposición de recurso de alzada ordinario cuando la cuantía de la reclamación, supere como es el caso, los 150.000 euros. En consecuencia, la resolución desestimatoria por silencio administrativo del TEAR ha sido dictado en primera instancia, correspondiendo en consecuencia conocer previamente al TEAC del recurso de alzada correspondiente. Es decir, la resolución que se impugna de contrario no ha puesto fin a la vía administrativa, y en consecuencia, no puede ser objeto del presente recurso contencioso administrativo. Procede en consecuencia la inadmisión del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 69.c) LRJCA.

SEGUNDO. -se plantean cuestiones relativas a la nulidad o anulabilidad de la liquidación practicada por razón de la prescripción del derecho de la Administración a practicar la oportuna liquidación, pretensión esta que no se hizo valer en vía económico administrativa, por lo que el actor incurre, mediante esta actuación, en desviación procesal, por la alteración de la pretensión consignada en vía administrativa respecto de la hecha valer en vía judicial, lo que comporta la inadmisión de esa pretensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.c) LJCA.

TERCERO.- la infracción se encuentra debidamente motivada.

CUARTO.- alega la procedencia de las derivaciones de responsabilidad dirigidas contra Erasmo y contra DIRECCION000. a la derivación de responsabilidad seguida frente a Erasmo, en virtud del artículo 43.1.a) de la LGT como de administrador DE HECHO de CONSYTIM S.L.U. Esta derivación de responsabilidad se produce conforme a derecho, no habiéndose impugnado por el recurrente, y en consecuencia, constituyéndose como un acto administrativo válido y eficaz. Notificado debidamente el acuerdo al interesado, y no habiéndose ingresado las deudas derivadas en el periodo de pago voluntario, se iniciaron las correspondientes providencias de apremio detalladas en los folios 16 y siguientes del acuerdo de derivación de responsabilidad frente al ahora recurrente. Incumplido el pago en período ejecutivo de las deudas detalladas se han providenciado de embargo de los bienes referenciados en los folios señalados del acuerdo de derivación. En efecto, desconociéndose la existencia de más bienes embargables y de responsables solidarios de las deudas que ahora son objeto de derivación de responsabilidad, el deudor Erasmo, ha sido declarado FALLIDO POR INSOLVENCIA PARCIAL, en los términos previstos en el artículo 76.1 de la LGT, el 9 de agosto de 2021. Es claro, por tanto, que la AEAT ha cumplido los requisitos necesarios para proceder contra los restantes deudores subsidiarios. A idéntica conclusión podemos llegar en relación con el acuerdo de derivación de responsabilidad de DIRECCION000. En este caso, el recurrente alega la discrepancia de fechas en cuanto a la derivación de responsabilidad de la mercantil y de D. Erasmo. Baste destacar que el art. 41.5 LGT únicamente requiere para la declaración de responsabilidad subsidiaria la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios. De esta manera, no es un requisito que se declare previamente fallido a otro deudor subsidiario, como es el caso, para poder proceder contra otro deudor subsidiario.

QUINTO.- no concurre prescripción de la acción de derivación, habida cuenta de las distintas actuaciones recaudatorias practicadas y detalladas en el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria a la parte actora, el acuerdo de inicio del procedimiento de derivación de responsabilidad se ha practicado dentro del plazo de prescripción computado de conformidad con los arts. 66, 67 y 68 LGT, habida cuenta igualmente de la suspensión de los plazos de prescripción derivada del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posteriores prórrogas y modificaciones.

SEXTO.-concurren los requisitos del art 43,1,h) LGT para la derivación al actor, tal como se justifica en el acuerdo de derivación.

Por todo lo cual postula la desestimación del recurso.

CUARTO.-Planteada la litis en los términos expuestos hemos de resolver con carácter previo las causas de inadmisibilidad del recurso opuestas por el Abogado del Estado al amparo del art. 69.c) LJCA, la primera, alegando que la resolución desestimatoria por silencio administrativo del TEAR ha sido dictada en primera instancia, por lo que es preceptiva previamente la interposición del recurso de alzada ante el TEAC. Es decir, la resolución que se impugna de contrario no ha puesto fin a la vía administrativa, y por ello no es susceptible de recurso.

El art 69.c) LJCA establece: "La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes: c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación".Por su parte, el art. 25.1 LJCA establece que: "1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos"

Efectivamente tal como opone el Abogado del Estado la aplicación del art 36 del Reglamento establece que la cuantía necesaria para el recurso de alzada es de 150.000 euros, y el art 229,4,a) LGT establece que los TEAR conocen en primera instancia de las reclamaciones cuya cuantía supere los 150.000 euros, por lo que a tenor de la cuantía derivada en el caso de autos, la interposición del recurso de alzada ante el TEAC frente a la resolución del TEAC resulta preceptiva. A partir de ello la consecuencia de la referida previsión normativa no es baladí, pues de las resoluciones dictadas en alzada por el TEAR (salvo que se trate de tributos cedidos que no es el caso) resulta que la competencia jurisdiccional corresponde a la Audiencia Nacional ex art 11,1,d) LJCA. Por lo que en el referido contexto normativo no resulta de aplicación el criterio establecido por el TS en la sentencia de 7 de marzo de 2023, ECLI:ES:TS:2023:799, Nº de Resolución: 280/2023, Nº Recurso: 3069/202, en la que si bien es cierto que se razona: "No procede declarar la inadmisibilidad de un recurso contencioso-administrativo, por falta de agotamiento de la vía administrativa previa, conforme a lo declarado en los artículos 69.c), en relación con el 25.1 LJCA, en aquellos casos en que el acto impugnado fuera una desestimación presunta, por silencio administrativo, ya que, por su propia naturaleza, se trata de una mera ficción de acto que no incorpora información alguna sobre el régimen de recursos. En tal sentido, la Administración no puede obtener ventaja de sus propios incumplimientos ni invocar, en relación con un acto derivado de su propio silencio, la omisión del recurso administrativo debido. El agotamiento de una vía previa de recurso, aun siendo preceptiva, cuando ya no sería, en este caso, previa, para demorar aún más el acceso a la jurisdicción en que ya se encuentra el propio interesado, que ha obtenido respuesta judicial, no sería sino un acto sin sentido o finalidad procesal alguna y generador de (más) dilaciones indebidas. No hay un derecho subjetivo incondicional de la Administración al silencio, sino una facultad reglada de resolver sobre el fondo los recursos administrativos, cuando fueran dirigidos frente a actos presuntos como consecuencia del silencio por persistente falta de decisión, que no es, por lo demás, una alternativa legítima a la respuesta formal, tempestiva y explícita que debe darse, sino una actitud contraria al principio de buena administración.

Si bien fija la garantizador de la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, debemos fijar la siguiente jurisprudencia:

1)No procede declarar la inadmisibilidad de un recurso contencioso-administrativo, por falta de agotamiento de la vía administrativa previa, conforme a lo declarado en los artículos 69.c), en relación con el 25.1 LJCA , en aquellos casos en que el acto impugnado fuera una desestimación presunta, por silencio administrativo, ya que, por su propia naturaleza, se trata de una mera ficción de acto que no incorpora información alguna sobre el régimen de recursos.

2)En tal sentido, la Administración no puede obtener ventaja de sus propios incumplimientos ni invocar, en relación con un acto derivado de su propio silencio, la omisión del recurso administrativo debido.

3)Ordenar, en un recurso de casación, que se conceda a la Administración una nueva oportunidad de pronunciarse, en un recurso administrativo, sobre la procedencia de una solicitud formulada en su día y no contestada explícitamente, supondría una dilación indebida del proceso prohibida por el art. 24 CE y una práctica contraria al principio de buena administración, máxime cuando el asunto ya ha sido examinado, en doble instancia, por tribunales de justicia.

4)El agotamiento de una vía previa de recurso, aun siendo preceptiva, cuando ya no sería, en este caso, previa, para demorar aún más el acceso a la jurisdicción en que ya se encuentra el propio interesado, que ha obtenido respuesta judicial, no sería sino un acto sin sentido o finalidad procesal alguna y generador de (más) dilaciones indebidas.

5)No hay un derecho subjetivo incondicional de la Administración al silencio, sino una facultad reglada de resolver sobre el fondo los recursos administrativos, cuando fueran dirigidos frente a actos presuntos como consecuencia del silencio por persistente falta de decisión, que no es, por lo demás, una alternativa legítima a la respuesta formal, tempestiva y explícita que debe darse, sino una actitud contraria al principio de buena administración."

En el caso analizado por el TS se trataba de la falta de respuesta de una administración a una solicitud, -la desestimación presunta de una solicitud de ingresos indebidos instada frente a una entidad local sobre la que no se había agotado la vía previa, al no haberse impugnado en la vía económico-administrativa local- siendo el trámite de recurso omitido un cauce de la propia administración local y sin que ello genere finalmente alteración alguna en la competencia jurisdiccional que para la resolución del recurso resultó en el caso enjuiciado. Sin embargo, en el caso de autos, se trata del agotamiento de la vía económico administrativa ante el TEAC, lo que genera que la omisión del preceptivo recurso de alzada, determine una modificación de las normas jurisdiccionales que rigen la competencia objetiva y que por tanto no pueden resultar afectadas, pues lo contrario seria conceder a las partes, -a la administración por no resolver y a la actora por no agotar la alzada- una suerte de "elección de fuero" que no cabe fundar en los criterios que sustantivamente fundan la precitada STS.

Los TEAR y TEAC se integran en el Ministerio de Hacienda, no en la AEAT, administración que es una entidad de Derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios que actúa con autonomía de gestión y plena capacidad jurídica, pública y privada, en el cumplimiento de sus fines, a diferencia de los TEAL, que se introducen en la Ley 57/2003 (LMMGL) en el título X, donde se regula y establece, para los municipios de gran población, un órgano especializado denominado "órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas" y el artículo 137 LBRL establece que es un órgano colegiado incardinado dentro de la Administración municipal. Por lo que la ratio decidenci de la citada sentencia -la innecesariedad de dar otra oportunidad "a la misma administración" para pronunciarse- no resulta de aplicación al caso de autos dada la autonomía de los TEAR y TEAC respecto a la AEAT, en la que no se integran. Por lo que las razones expuestas que sustentan el criterio de la precitada STS para sostener la innecesariedad de la reclamación económico administrativa, no concurren en el caso de autos lo que nos conduce a afirmar que no resulta de aplicación en el supuesto que enjuiciamos la precitada sentencia.

La consecuencia de lo expuesto debe ser la de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo, si bien, en esta sede el silencio de la administración ha de determinar que el plazo para la interposición del recurso de alzada ante el TEAC en su caso o el plazo de dos meses para la interposición de recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, se inicie para la parte actora en la fecha de notificación de la presente sentencia.

QUINTO.-Habida cuenta de la desestimación de la demanda por estimación de la causa de inadmisibilidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional (teniendo en cuenta la redacción dada al mismo por la Ley 37/2011), no habrán de imponerse las costas procesales; a tenor de las dudas jurídicas que contiene la cuestión suscitada.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.