Sentencia Contencioso-Administrativo 297/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 306/2022 de 02 de abril del 2025

Primero.-Se impugna en este recurso contencioso-administrativo la Resolución número 568/2021 de 22 de diciembre de 2021 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, dictada en el recurso número 538/2021, por la que se acordó desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por las representaciones legales de Actua Infraestructuras, S.L., y de Inelt Multitechnical Services, S.L., que participaban en la licitación en compromiso de UTE, contra el acuerdo de la Mesa de contratación de 25 de octubre de 2021, por la que se acuerda descartar su oferta del procedimiento de licitación del contrato de "Redacción de proyecto, dirección facultativa y ejecución de las obras de Ampliación del Estadio Municipal Fernando Torres" situado en la Ciudad Deportiva oeste, sito en el Camino del Molino de Fuenlabrada", Expediente NUM000.

Segundo.-La Resolución impugnada de 22 de diciembre de 2021, dice lo que sigue textualmente:

" ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con fecha 19 de abril de 2021, se convocó la licitación del contrato de referencia mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de adjudicación.

El valor estimado de contrato asciende a 5.332.069 euros y su plazo de duración será de 14 meses.

Segundo.- A la presente licitación se presentaron cuatro empresas, entre ellas la recurrente.

Con fecha 21 de julio de 2021, la Mesa de contratación procedió a la apertura y calificación de la documentación presentada, admitiendo a todos los licitadores y procediendo a la apertura de los sobres B que contienen la documentación técnica referida a los criterios sujetos a juicio de valor.

Con fecha 22 de octubre de 2021, se emite informe de valoración en el que se otorga a la recurrente 25 puntos sobre un máximo de 40. La Mesa de contratación en su sesión celebrada el 25 de octubre de 2021, acuerda descartar su oferta del procedimiento de licitación, al no haber alcanzado la puntuación de 30 puntos exigida para continuar en el procedimiento.

El día 12 de noviembre de 2021, las representaciones legales de Actua Infraestructuras, S.L., y de Inelt Multitechnical Services, S.L., que participaban en la licitación en compromiso de UTE (en adelante la UTE), presentó ante el órgano de contratación recurso especial contra el citado acuerdo de la Mesa de contratación.

El 25 de noviembre de 2021, el órgano de contratación remitió el recurso especial junto al expediente de contratación y el informe a que se refiere el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Segundo.- Respecto a la legitimación de los recurrentes, el órgano de contratación alega "lo presenta una empresa de las tres que se presentan como UTE, por lo que para que sea admitido dicho recurso debe constar en el expediente la voluntad de las otras dos empresas de que no se oponen a la presentación del mismo, y asimismo teniendo en cuenta que las actuaciones de la UTE deberían realizarse con aquella persona designada por esta",por lo que considera que la recurrente carece de legitimación.

El recurso se presenta por dos empresas de las tres que constituían el compromiso de UTE.

Respecto a la legitimación de las mismas hay que considerar si con el recurso las recurrentes logran un beneficio o ventaja o la evitación de un perjuicio. En el caso que nos ocupa debe apreciarse la existencia de un interés legítimo, ya que la estimación del recurso le ocasionaría el claro beneficio de mantenerse en el procedimiento de licitación y poder optar a ser adjudicataria del contrato.

Por tanto, el recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello, al tratarse de una persona jurídica excluida de la licitación "cuyos derechos e intereses legítimos individuales o colectivos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados de manera directa o indirectamente por las decisiones objeto del recurso",( artículo 48 de la LCSP) .

Asimismo se acredita la representación del firmante del recurso.

Quinto.- En cuanto al fondo del asunto, la recurrente lo fundamenta en dos motivos de impugnación:

1- Vulneración del artículo 326 de la LCSP. Nulidad radical por aplicación del artículo 47.1 e) ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

2- Vulneración de las normas relativas a criterios basados en juicio de valor. Discrecionalidad técnica. Arbitrariedad.

5.1.- Respecto al primer motivo de impugnación, se fundamenta en la infracción del artículo 326 de la LCSP, alegando nulidad del acuerdo de la Mesa de contratación de 25 de octubre de 2021, por la que se acuerda descartar su oferta del procedimiento de licitación, por intervención en la Mesa de contratación de personas que han redactado la documentación técnica.

A este respecto señala que don Juan Alberto, aparece en el expediente de contratación como redactor del Pliego de Condiciones Técnicas para la adjudicación del contrato y a su vez es vocal de la Mesa de contratación.

Por otro lado, señala que don Jesús Carlos, ha participado en la redacción de la documentación técnica previa a la licitación, en concreto en el informe técnico para el cálculo del importe del servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto técnico y ejecución de la obra. Así mismo, alega que conforme el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, la Mesa de contratación permanente debía estar integrada por cinco miembros. Era un número máximo. Sin embargo, en el Acta de la Mesa de contratación celebrada el día 25 de octubre de 2021, se constatan que la Mesa de contratación pasa de tener cinco miembros, a contar con seis miembros. Se supera el número máximo establecido. Se añade un nuevo vocal, en este caso, la persona que aparece como cuarto vocal es precisamente don Jesús Carlos. En definitiva, concluye que esta persona no es solo quien otorga la puntación subjetiva, como redactor del informe, sino que además es integrado como vocal en la Mesa de contratación que decide sobre la ratificación o rechazo de esta valoración efectuada por "los técnicos independientes".

Ante estas circunstancias, considera que se ha vulnerado el apartado 5 del artículo 326 de la LCSP que establece "En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos ni el personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la Disposición adicional segunda".

Por su parte, el órgano de contratación señala que en la sesión ordinaria celebrada en fecha 27 de noviembre de 2020, de la Junta de Gobierno Local, se acordó la designación de los miembros de las mesas de contratación permanentes del ayuntamiento y sus organismos autónomos. En el acuerdo se establecen las personas titulares, y sus suplentes de la Mesa de contratación permanente del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Integrándose la misma por un Presidente, un Secretario y tres vocales.

Sostiene que para la contratación de las Entidades Locales, procede aplicar la Disposición Adicional Segunda de la LCSP. En su apartado séptimo se regula la Mesa de contratación que estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres.

Considera que la sesión de la Mesa de contratación permanente se realiza con todos los miembros que recoge la disposición adicional segunda de la LCSP y a su vez con la designación de los miembros de las mesas de contratación permanente del Ayuntamiento. En la sesión de fecha 25 de octubre de 2021, se designa como tercer y cuarto vocal a dos técnicos del servicio promotor del expediente de contratación, cumpliendo con la previsión legal de que su número no sea inferior a tres, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación.

A su juicio, la sesión de la Mesa de contratación fue válida en términos generales, incluyendo a dos técnicos del servicio proponentes del contrato. Dicha constitución no desvirtúa las normas de formación de los órganos colegiados, ya que la Mesa de contratación estaba formada por Presidente y secretario, vocal de asesoría jurídica, vocal del órgano de intervención y dos técnicos del servicio. La norma te dice que los vocales no deben ser inferiores a tres pero nada dice si hay un cuarto técnico.

Respecto a la intervención en la Mesa de contratación de personas que han redactado la documentación técnica, alega que efectivamente el artículo 326.5 de la LCSP establece que "(...) tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la Disposición adicional segunda". En el apartado séptimo de dicha disposición adicional, nada recoge sobre la prohibición de la participación de dicho personal en las mesas. Por lo que la participación del mismo estaría permitida según lo dispuesto en dicha Disposición y asimismo, no sería aplicable el artículo 326 respecto a este personal, al encontrarnos en el ámbito local.

En apoyo de su argumentación trae a colación el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, Expediente NUM001 y el Informe contenido en el NUM002 de la misma Junta Consultiva.

Vistas las alegaciones de las partes, procede determinar, en primer lugar, si se ha procedido a la correcta constitución de la Mesa de contratación.

El apartado 3 del artículo 326 de la LCSP establece "3. La mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente, y un Secretario.

La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente".

Por su parte, la Disposición adicional segunda de la LCSP, a la que se remite el artículo 326, en su apartado 7 establece: "La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación".

En el PCAP, en el apartado III.3.7 Composición de la Mesa de contratación se dice:

"De conformidad con lo establecido en el apartado séptimo de la Disposición Adicional Segunda LCSP se constituye una Mesa Permanente de contratación, cuya composición será la establecida en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 11/11/2020.

La composición de la misma, se publicará en el Portal de Transparencia municipal, área de información relativa a Contratación y Patrimonio, en la siguiente dirección electrónica:

También se hará constar en la información a suministrar dentro del procedimiento de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público".

Una vez analizado el expediente de contratación se pueden constar los siguientes extremos:

Con fecha 27 de noviembre de 2020, la Junta de Gobierno Local, acordó la designación de los miembros de las mesas de contratación permanentes del ayuntamiento y sus organismos autónomos. En el acuerdo se establecen las personas titulares, y sus suplentes de la Mesa de contratación permanente del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Integrándose la misma por un Presidente, un Secretario y tres vocales. Consta en el acuerdo que "El vocal tercero (a designar según la naturaleza y objeto del contrato). Un Técnico del Servicio promotor del expediente de contratación, a determinar de forma particularizada en cada procedimiento de licitación".

En el acta de la sesión de la Mesa de contratación celebrada el 21 de junio de 2021, en la que se procedió a la apertura de la documentación administrativa y de los criterios sujetos a juicios de valor, figura como tercer vocal don Juan Alberto.

En el acta de la sesión de la Mesa de contratación celebrada el 25 de octubre de 2021, en la que se procedió a la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor y a la apertura de la documentación de los criterios evaluables de forma automática, figuran como vocales don Juan Alberto, como tercer vocal y don Jesús Carlos como cuarto vocal.

En el acta de la sesión de la Mesa de contratación celebrada el 12 de noviembre de 2021, en la que se procedió a la valoración de los criterios evaluables de forma automática figura como tercer vocal don Jesús Carlos.

De los citados antecedentes puede deducirse que la Mesa de contratación de 25 de octubre de 2021, estaba compuesta por un vocal más del previsto en el acuerdo de constitución de la Mesa permanente de contratación mencionado anteriormente.

Se trata, por tanto, de dilucidar las consecuencias jurídicas de esa circunstancia.

A este respecto procede traer a colación la STS Sala de lo Contencioso- Administrativo de 6 de diciembre de 1985 que señala

En el mismo sentido la STS de 28 de octubre de 2004

En este sentido, resulta clarificadora la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1988:

"Siendo la nulidad de pleno derecho excepcional en nuestro Derecho Administrativo -la regla general es la anulabilidad-, ha de subrayarse que la aplicación de los mencionados preceptos, en cuanto se refiere a los órganos colegiados exige que la norma vulnerada sea "esencial", concepto este que ha de entenderse en un sentido funcional lo que implica la necesidad de que la infracción haya tenido trascendencia bastante como para poder alterar el resultado final en que cristaliza la voluntad del órgano colegiado".

Aplicando este criterio jurisprudencial por analogía al caso que nos ocupa, puede considerarse que no se ha producido una violación de las normas esenciales de la formación de la voluntad del órgano colegido, ya que el acuerdo de la Mesa de contratación se produjo por unanimidad, por lo que la eliminación del voto del cuarto vocal resultaría irrelevante a estos efectos.

Procede por tanto, analizar el segundo apartado del presente motivo de recurso referido a la infracción del artículo 326.5 de la LCSP, que establece "Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la Disposición adicional segunda".El recurrente fundamenta su recurso en que tanto don Juan Alberto como don Jesús Carlos, que participaron en la redacción de la documentación técnica, participaron como vocales en la Mesa de contratación.

A este respecto, hay que destacar que la disposición adicional segunda de la LCSP, en su apartado 7, regula la composición de las mesas de contratación de las Corporaciones Locales: "La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

En las Entidades locales municipales, mancomunidades y consorcios locales, podrán integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o Comunidades Autónomas uniprovinciales.

En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas, personal eventual. Podrá formar parte de la Mesa personal funcionario interino únicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente".

En este régimen específico de la constitución de las mesas de contratación para las corporaciones locales, no se aprecia la prohibición contenida en el citado artículo 326.5 de la LCSP, que no sería aplicable a este personal, al encontrarnos en el ámbito local.

Esta es la interpretación de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado Expediente NUM001. Composición y funciones de las mesas de contratación y del Comité de expertos en las Corporaciones Locales, que señala "12. La cuestión siguiente se centra en determinar si la excepción contenida en el artículo 326.5 significa que en un municipio el personal funcionario de carrera o laboral fijo con cualificación apropiada que ha participado en la redacción de la documentación técnica del contrato puede formar parte de la Mesa de contratación como vocal en dicha licitación y sólo le estaría vedada su participación en el Comité de Expertos.

La excepción contenida en el artículo 326 salva expresamente, y en términos generales, la especialidad de la DA 2ª. Señala que 'Tampoco podrá formar parte de las Mesas de contratación el personal que haya participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que se trate, salvo en los supuestos a que se refiere la Disposición adicional segunda'.

'La DA 2ª no menciona esta limitación en el caso de la mesa, aunque sí lo hace para el comité de expertos. Por tanto, cabe colegir que el legislador, consciente de la diferencia entre la regulación general y la aplicable específicamente a las entidades locales, ha manifestado ser esta su voluntad, de modo que la redacción de los pliegos técnicos no opera como una limitación a la composición de la mesa en el caso de los municipios. Por el contrario, sí existe una prohibición concreta en el caso del comité de expertos"'.

Por consiguiente, no existe obstáculo legal para que los citados técnicos formen parte de la Mesa de contratación como vocales, a pesar de haber participado en la redacción de la documentación técnica.

Por otro lado, el recurrente alega "Consta acreditado que el co-redactor del Pliego de Condiciones Técnicas que forma parte de la Mesa de Contratación, admite el informe con la valoración de la criterios subjetivos de quien es su superior (D. Leovigildo, a la sazón Director técnico de Infraestructura y co-redactor del Pliego de Condiciones Técnicas) y posteriormente, participa como miembro de la Mesa de contratación en la apertura de las ofertas económicas valorables conforme a fórmulas".

A este respecto se ha pronunciado la Junta Consultiva de contratación del Estado en el Expediente NUM002, en los siguientes términos:

"5. Se plantea también por la entidad consultante si los informes de valoración de criterios dependientes de un juicio de valor, de los referentes a criterios evaluables mediante la aplicación de una fórmula y de aquellos que se elaboren en el trámite de justificación de ofertas incursas en presunción de anormalidad pueden ser firmados por superiores jerárquicos de alguno o algunos de los miembros de la Mesa de Contratación.

La LCSP no alude a esta cuestión, pero de su tenor puede deducirse que el único requisito exigido para que un empleado público pueda emitir los informes de valoración que se mencionan es que dispongan de la capacitación oportuna y que, por supuesto, no ostenten la condición de cargos públicos representativos o sean personal eventual.

En este sentido, aunque no parece que este vaya a ser un supuesto muy frecuente por mor de la propia organización racional de los distintos órganos administrativos, cabría la posibilidad de que efectivamente sucediera que la única persona indicada para elaborar el informe técnico fuera superior jerárquico de uno de los miembros de la mesa de contratación. En este supuesto, realmente excepcional, cabe recordar que, como órgano colegiado, la mesa de contratación y cada uno de sus miembros debe actuar con independencia de criterio tal como se deduce, por ejemplo, del artículo 19.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y, desde luego, con pleno respeto al ordenamiento jurídico. No procedería en ningún caso que el superior jerárquico diera instrucciones a uno o varios miembros de la mesa de contratación sobre su desempeño como miembro de la misma y cualquier injerencia injustificada en ese sentido sería ilícita, viciaría cualquier decisión de la mesa y tendría los efectos que legalmente procediesen. Además, hay que recordar de nuevo que la mesa es un órgano colegiado y que sus decisiones se toman por mayoría, lo que teóricamente limita o mitiga la posible influencia del superior jerárquico de uno de sus miembros.

Por tanto, siempre que sea mantenida de facto la debida independencia de la mesa de contratación, no resulta contrario a la LCSP que un superior jerárquico de un componente de la misma pueda elaborar y someter a la consideración del órgano colegiado alguno de los informes a que alude la consulta. Lógicamente, cabe pensar que una adecuada composición de las Mesas de contratación debería permitir evitar esta situación en la mayoría de los casos, reforzando así la apariencia de imparcialidad de dicho órgano, por lo que la mencionada situación debería ser excepcional, aunque jurídicamente sea admisible".

Las consideraciones contenidas en este informe son compartidas por este Tribunal, por lo que no puede acogerse las alegaciones planteadas por el recurrente en este ámbito.

Por otro lado, el recurrente alega que don Jesús Carlos es coautor del Informe de valoración a la propuesta de licitación del contrato de fecha 20 de octubre de 2021. No es solo quien otorga la puntación subjetiva, como redactor del informe, sino que además es integrado como vocal en la Mesa de contratación que decide sobre la ratificación o rechazo de esta valoración efectuada por "los técnicos independientes".

A este respecto, en el informe de la Junta Consultiva, Expediente NUM002, mencionado anteriormente señala "Sobre este particular, es difícil pensar que haya alguien mejor capacitado para valorar los criterios de adjudicación, tanto subjetivos como objetivos, así como para apreciar la viabilidad de la justificación de bajas en presunción de anormalidad, que quienes han elaborado los pliegos técnicos, y a mayor abundamiento si se trata de un proyecto de obra, por ser las personas que mejor conocen tanto los precios que componen el presupuesto base de licitación como las necesidades que se precisa satisfacer con el contrato de que se trate.

Respecto a la admisibilidad de la emisión de informes de valoración por parte de miembros de la Mesa de contratación, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se ha pronunciado favorablemente en la Resolución n° 398/2014, de fecha 23 de mayo de 2014: "En segundo lugar, la recurrente pone de manifiesto (supuestamente, para apoyar la pretendida invalidez de la valoración efectuada) el hecho de que la valoración haya sido realizada por un funcionario que es, a su vez, miembro de la Mesa de contratación. Siendo cierto que el Ingeniero Municipal autor de los informes de valoración de las proposiciones es, a su vez, efectivamente, miembro de la Mesa de contratación constituida en el procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato de referencia, ninguna irregularidad se aprecia, sin embargo, en tal circunstancia. Y ello por cuanto, de un lado, no existe ninguna norma en la legislación de contratos que impida que el funcionario que informe sobre la valoración de las proposiciones en un procedimiento de licitación pueda actuar, a su vez, como miembro de la Mesa de contratación, y, de otro lado, porque el hecho de formar parte de la Mesa de contratación no resta, en modo alguno, objetividad e imparcialidad a la actuación de dicho funcionario, sin que, por lo demás, se alegue por parte del recurrente la concurrencia de causa alguna que pudiera determinar la necesidad de abstenerse por parte del Ingeniero Municipal ( artículo 28 de la Ley 30/1992 , de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), bien a la hora de emitir el informe de valoración de las proposiciones, bien a la hora de intervenir como miembro de la Mesa de contratación".

Si bien la precitada Resolución se emitió estando vigente la anterior legislación de contratos (R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), en el articulado de la actual LCSP únicamente figura la prohibición de emitir informes de valoración de las ofertas por parte de los cargos públicos representativos y el personal eventual, sin mencionar ni para permitir ni para prohibir que puedan emitir tales informes los miembros de la Mesa de contratación".

Nuevamente, este Tribunal comparte el criterio mantenido por la Junta Consultiva, por lo que no se aprecia obstáculo legal para que don Jesús Carlos haya participado en la elaboración del informe de valoración, en contra de lo mantenido por el recurrente.

Por todo lo anterior, se considerada que no se ha producido una vulneración del artículo 326 de la LCSP, en los términos mantenidos por el recurrente, por lo que procede la desestimación del primer motivo del recurso.

5.2.- Respecto al asegundo motivo del recurso, el recurrente alega que ha habido

arbitrariedad en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor.

A su juicio, no se debe admitir el informe de don Jesús Carlos y don Leovigildo bajo la premisa de admitir la aplicación del principio de discrecionalidad técnica. Se ha constatado que el mismo contiene valoraciones técnicas emitidas contra las reglas de la técnica aplicada y contra el Pliego de Condiciones técnicas.

Entiende que la valoración realizada en el informe no se ajusta a la legalidad, atendiendo a las siguientes circunstancias:

a) Infracción del artículo 326 LCSP. Don Jesús Carlos y don Leovigildo carece de competencia técnica para valorar un proyecto de obra de un estadio de futbol.

Lo que ha de ser valorado técnicamente, conforme los criterios incluidos en el PCAP, y con un desglose detallado es un Proyecto Básico de una obra, redactado por un Arquitecto. Al menos, eso es lo que se desprende de la exigencia de que sea un Arquitecto quien desarrolle posteriormente ese Proyecto Básico, sea dirigida la ejecución por un Arquitecto Técnico, y cuenta con un Ingeniero de Instalaciones -entendemos las relativas al edificio que se pretende reformar y ampliar- para diseñar los instalaciones necesarias del edificio.

Atendiendo a ese marco, la normativa exige que quien realice esta labor de valoración subjetiva tenga competencia técnica para hacerlo. Es decir, dé razón de su ciencia, o tenga conocimientos acreditados para ello.

Concluye que, el informe de valoración ha sido realizado y firmado por un sociólogo y un ingeniero de caminos, canales y puertos, y ambos, que han valorado el trabajo (Proyecto Básico) de un Arquitecto.

b) Nulidad radical por falta de motivación del informe de valoración y del acuerdo de la Mesa de contratación, que determina el descarte de la oferta técnica.

A su juicio, la valoración realizada, que concluye con la atribución de un total de 25 puntos, desglosados conforme los apartados contenidos en el Anexo I, apartado P) del PCAP, obedece a la aplicación con criterios erróneos y puramente subjetivos, apartados del Pliego de condiciones técnicas.

Por su parte, el órgano de contratación sostiene que la valoración del criterio sometido a juicio de valor, objeto de impugnación, se realiza por el Departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Fuenlabrada, formado por un equipo de técnicos expertos en la materia objeto de valoración, profesionales cualificados en edificación, arquitectos, entre otros, aportando formación y experiencia para valorar cada uno de los aspectos recogidos en dicho criterio. Dicho informe lo firman los responsables superiores de los mismos, el Director Técnico de Infraestructuras y Movilidad y por el Coordinador General del Área de Desarrollo Sostenible de la Ciudad, ambos profesionales cualificados en la esfera de las funciones que realizan.

Considera que la empresa recurrente aduce en su recurso que el informe de valoración emitido no puede admitirse porque sus valoraciones técnicas plasmadas en dicho informe se emiten contra las reglas de la técnica aplicada y contra el Pliego de Condiciones técnicas, pero no dice exactamente cuáles son estas valoraciones, solo se limita a descalificar técnicamente a las dos personas que firman el informe, no aporta datos objetivos que puedan dar lugar al error en la valoración, tal como afirma la empresa recurrente.

Concluye señalando que el informe de valoración del criterio sometido a juicio de valor que se impugna por el licitador atiende a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas y valorándose cada apartado de conformidad con lo previsto en el mismo, atendiendo a los proyectos presentados y utilizando aquellos parámetros que se recogían en dicho criterio, por lo que las afirmaciones recogidas en el escrito del recurso resultan no ajustadas a lo recogido en el pliego. La valoración de las ofertas se hace de conformidad con la discrecionalidad técnica que le asiste, entendiéndose como una facultad reglada y en ningún caso exorbitada ni abusiva, ajustado a lo que debe valorarse en las ofertas presentadas por los licitadores.

Vistas las alegaciones de las partes, cabe señalar, en primer lugar, que este Tribunal no puede proceder a valorar la capacidad técnica de los firmantes del informe de valoración, máxime admitiendo lo alegado por el órgano de contratación en el sentido de que el mismo fue realizado por un equipo de técnicos expertos en la materia objeto de valoración, profesionales cualificados en edificación, arquitectos, entre otros, aun cuando fuera firmado únicamente por los responsables de los respectivos departamentos.

Respecto de la falta de motivación del informe y del acuerdo de la Mesa de contratación, hay que destacar que en dicho informe se hace constar respecto de la oferta del recurrente:

"1.1.- PROPUESTA TÉCNICA (HASTA 20 PUNTOS).

1. 1Coherencia en la metodología.

Propuesta poco coherente con las recomendaciones dadas en los documentos técnicos del concurso y la normativa de aplicación. Propuesta de tres graderíos que cubren el aforo solicitado, y deja libres las esquinas, cerrándolas a nivel de planta baja con paneles de chapa para dar continuidad a las zonas edificadas. Las fachadas de los graderíos se elevan hasta la altura de cubierta del graderío actual, pero se limitan exclusivamente a su trazado longitudinal, sin solución de continuidad en los laterales de estos. Imagen poco representativa, aun con la solución de cerramiento a nivel de planta baja en las esquinas no construidas, no proyecta imagen de conjunto.

Propone actuaciones sobre la instalación existente para suplir actuaciones en los nuevos espacios generados bajo graderíos, que mínimamente se acondicionan.

Presenta estudio detallado de los espacios destinados a las instalaciones necesarias para el desarrollo de la competición. No respeta las recomendaciones en cuanto a las dimensiones de las bandas y espacios libres para el campo de juego.

1. 2. Análisis funcional de los criterios.

1.2.1. Diseño y funcionalidad. Solución de diseño muy diferenciado entre los graderíos de los fondos, con distribuidor a nivel del terreno de juego y el longitudinal sobre vestuarios existentes, con distribuidor en la cota superior del graderío.

Desarrolla adecuadamente los requerimientos de espacios técnicos para el desarrollo de la competición, pero nulo acondicionamiento de la mayoría de los espacios bajo graderío, que suple con el acondicionamiento de espacios del graderío existente.

Continuidad de cerramiento de las esquinas del estadio con paneles de chapa. La propuesta no cumple los requerimientos de espacio libre para el campo de juego y bandas exteriores, ocupación de una franja longitudinal entre edificio de vestuarios y terreno de juego por el nuevo graderío longitudinal, de ancho aproximado de 4 m., reduciendo considerablemente en ancho de las bandas exteriores del terreno de juego. Este aspecto incumple las recomendaciones de los reglamentos federativos y de La Liga de futbol profesional que establecen bandas junto al terreno de juego de seis metros de ancho. Mala visibilidad de las primeras filas de los graderíos a nivel del terreno de juego con la instalación de la U televisiva.

1.2.2. Escalabilidad del proyecto. Propuesta con más aforo del requerido (6.502 asientos), Estudio de un gran número de posibles ampliaciones de aforo, en función de la situación de equipo de fútbol, 2ª división, 1ª división, tiempo en 1ª, etc. Hasta 12.000 localidades, incluso con graderíos cubiertos. Soluciones complejas y costosas para una futura ejecución y de dudosa viabilidad en cuanto al terreno dejuego y espacios libres de servicio.

1. 2.3. Estudio Geotécnico. Propuesta de cimentación con zapatas aisladas, según estimación de resistencia del suelo.

1.2.4. Estudio de integración de la instalación. Solución simple, poca relación formal con imagen de la edificación y graderío existente.

1.2.5. Estudio de movilidad y accesibilidad. Mal diseño de los núcleos de aseo, separados espacialmente en distintos accesos los aseos masculinos y femeninos.

Gradas de fondos distribución pasillo inferior y acceso a graderío ascendente, grada lateral acceso con escaleras a pasillo superior y acceso descendente al graderío.

Tornos en puertas de acceso y puertas diferenciadas para la evacuación.

Fácil acceso de los graderíos al terreno de juego.

1.2.6. Estudio de afecciones. No prevé afecciones en instalaciones existentes. Propone actuaciones de reforma del graderío existente, para mejorar accesibilidad ocupación y ampliación de la cubierta.

CONCLUSION DE LA PROPUESTA TÉCNICA. Aporta una propuesta con variedad de soluciones no bien estructuradas. Configura una instalación con las esquinas abiertas y resuelve con la solución constructiva el desafío arquitectónico, que resulta poco representativo y sin imagen de conjunto. Deficiente diseño de los núcleos de aseo, separados espacialmente en distintos accesos los aseos masculinos y femeninos. No recoge algunos requerimientos importantes de los pliegos, como es el espacio libre de terreno de juego y bandas exteriores. Incumple las recomendaciones

de los reglamentos federativos y de La Liga de Futbol profesional que establecen bandas junto al terreno de juego de seis metros de ancho. Poco valor añadido a los requerimientos exigidos. Por todo ello se puntúa con la calificación de Regular. 10 puntos".

1.2 DEFINICIÓN DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS (HASTA 10 PUNTOS).

Propuesta con definición muy detallada de espacios técnicos, con usos específicos, para el cumplimiento de requisitos de la liga de fútbol profesional y retransmisiones deportivas.

Soluciones constructivas bien definidas geométricamente. Intervenciones puntuales y de detalle en edificación existente.

Propuesta de cimentaciones de zapatas de hormigón aisladas. Estructura de hormigón prefabricada en graderíos de los fondos y mixta de hormigón y acero, en graderío longitudinal sobre los vestuarios con pórticos metálicos.

Soluciones de cerramientos de fachadas bien definidos con distintos materiales según uso del espacio. Cerramiento de planta baja celosía de chapa perforada al exterior, a partir de planta primera chapa perforada reflectante, fijada a estructura metálica, anclada a pórticos prefabricados. Descripción de resto de materiales.

Estudio completo de iluminación del estadio, con todos los requerimientos para

retrasmisiones deportivas, con logo de la liga de fútbol profesional.

CONCLUSION DE LA DEFINICION DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.

Propuesta con buen detalle de definición geométricamente y de las soluciones constructivas, coherente el diseño con las calidades de materiales adoptadas. Por todo ello se puntúa con la calificación de Buena. 7,5 puntos.

1.3 PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA (HASTA 10 PUNTOS).

Propuesta con descripción detallada de las distintas fases en que se divide la ejecución de las obras, con mantenimiento de posibilidad de mantener en el tiempo aforos provisionales hasta poner en servicio nuevos graderíos, terminando con las actuaciones en graderío existente. Las soluciones constructivas propuestas, forjado sanitario, montaje de prefabricadas de los elementos estructurares de hormigón y la estructura metálica en graderío sobre vestuarios y los elementos de cerramiento de fachadas, pueden tensionar las fases de ejecución propuestas, con la celebración de los partidos de liga de 2ª división previstos. Aporta plan detallado de trabajo con los plazos de ejecución de obras, ajustados a los establecidos en los Pliegos.

CONCLUSION DE LA DEFINICION DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Aporta la documentación exigida con el cumplimiento estricto de los plazos establecidos en los pliegos, basado en la propuesta de un proyecto básico, sin ser posible una mayor concreción. Por todo ello se puntúa con la calificación de Buena. 7,5 puntos".

Como puede apreciarse, nos encontramos ante una cuestión eminentemente técnica y no jurídica, careciendo este Tribunal de conocimientos para valorar la oferta del recurrente.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2007, en su Fundamento de Derecho Quinto señala: (......)

El mismo TS, en su sentencia de 4 de diciembre de 2019, manifiesta (......)

Por otro lado, procede traer a colación la doctrina mantenida por el TACRC, que este Tribunal comparte, referente a la presunción de acierto y veracidad de los informes técnicos. Sirva de ejemplo su Resolución 980/2019, 6 de septiembre, donde afirma (......)

Así mismo, el TACRC en su Resolución 41/20, de 16 de enero señala (......)

En el caso que nos ocupa, el órgano de contratación emitió un informe razonado valorando los aspectos recogidos en el PCAP, sin que pueda apreciarse error manifiesto o arbitrariedad en los términos exigidos en la doctrina señalada anteriormente, exponiendo una opinión técnica dentro del ámbito de la discrecionalidad admitida por la jurisprudencia. "

Tercero.-Los argumentos de las sociedades demandantes, se resumen en su escrito de conclusiones en los siguientes términos:

" PRIMERO.- HECHOS ACREDITADOS.

De los hechos aducidos en nuestra demanda en los que se sustenta nuestra pretensión, sin perjuicio de que todos han resultado acreditados, hay algunos de ellos que ni siquiera han sido combatidos por la Administración, resultando, por tanto, incontrovertidos. Se formula la impugnación de la resolución del Tribunal Administrativo, por considerar que la misma no se ajustaba a Derecho, y no atendía la reclamación instada por mi mandante contra la exclusión sufrida en el concurso licitado, por los trámites del procedimiento ordinario.a.-Intervención de D. Jesús Carlos. Vicio que provoca nulidad radical.

Ha quedado acreditado que la intervención de D. Jesús Carlos ha supuesto un elemento nuclear en la decisión adoptada, conducente a la exclusión de la oferta de mis mandantes, y la adjudicación del contrato a otro licitador, infringiéndose la legalidad vigente. Indicar que en la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Madrid admite la justificación de que la valoración de los criterios sometidos a juicios de valor, suscritos por el citado Sr. Jesús Carlos, fue el resultado de la valoración de un conjunto de técnicos coordinados por el mismo. Sin embargo, esos "grupo de técnicos coordinados" no aparecen ni nominados expresamente ni citados en el expediente. La participación del Sr. Jesús Carlos, debe ser analizada a la luz de las normas previstas en la contratación administrativa de ámbito local, y se ha acreditado la infracción de lo dispuesto en el art. 326 LCSP y la Disposición Adicional 2ª del mismo texto legal.

Es un hecho, que se acredita en el expediente (solo basta constatar las firmas digitales de los distintos documentos) que el Sr Jesús Carlos, con cualificación profesional de sociólogo, (hecho acreditado mediante documento 18 acompañado al escrito de interposición del recurso contencioso) sin la condición de funcionario público y personal de libre designación interviene en:

a) Informe técnico para el cálculo del importe del servicio de asistencia técnica para la redacción de proyecto técnico y ejecución de obra de ampliación del Estadio Municipal "Fernando Torres" situado en la ciudad deportiva oeste, sito en el Camino del Molino de Fuenlabrada. Previo a la licitación.

b) Memoria justificativa de la necesidad de contratar para la redacción de proyecto técnico y ejecución de obra de ampliación del Estadio Municipal

"Fernando Torres" situado en la ciudad deportiva oeste, sito en el Camino del Molino de Fuenlabrada. Previo a la licitación. Intervino, en su condición de Director General del Proyecto de Ciudad, cargo de libre designación y de confianza de los cargos electos.

c) Informe de valoración a la propuesta de licitación del contrato administrativo mixto de redacción de proyecto, dirección facultativa y ejecución de las obras de "Ampliación del Estadio Municipal "Fernando Torres" situado en la ciudad deportiva oeste, sito en el Camino del Molino de Fuenlabrada", de fecha 20 de octubre de 2021. Es la valoración sujeta a criterios subjetivos. Ya en fase de procedimiento de licitación. En este informe, con criterios de valoración subjetivos, procede a valorar y puntuar las cuatro ofertas presentadas, y concluye en la exclusión de tres de las cuatro ofertas.

D. Jesús Carlos suscribe este informe, en el cargo de Coordinador General del Área de Desarrollo sostenible de la Ciudad, cargo de libre designación por los cargos electos. Su formación, como se ha acreditado, es la de Sociólogo.

d) Acta de la sesión de la Mesa de Contratación reunida el día 25 de octubre de 2021, que procede a aprobar el informe de valoración a la propuesta de licitación, con criterios subjetivos, acordando la exclusión de tres ofertas, manteniendo una única oferta.

En esta reunión de la Mesa de Contratación, interviene, por primera vez, y como Cuarto Vocal, el Sr. Jesús Carlos, cuando en la composición de la Mesa de Contratación estaba prevista tres vocales, y no cuatro.

Además, no había sido designado como miembro de la Mesa de Contratación. O lo que es lo mismo, interviene en la fase de preparación, valoración y propuesta de adjudicación. Y ello, en su condición de Coordinador General del Área de Desarrollo sostenible de la Ciudad, y cualificación profesional de Sociólogo. Aunque pueda parecer redundante, un sociólogo valora la bondad de un proyecto arquitectónico para la construcción de un estadio de futbol. Y posteriormente participa en la Mesa de Contratación, aunque no fuera miembro de ella, para proponer al órgano de contratación quien debe ser el adjudicatario.

Dicho sea con el máximo de los respetos, una suerte de "Juan Palomo" administrativo:

- No es técnico cualificado (arquitecto valora arquitecto; sociólogo no valora arquitecto) pero valora subjetivamente las ofertas, en particular, la bondad técnica del proyecto.

- No es miembro de la Mesa de contratación (tres vocales máximos, publicada la composición de la Mesa) pero se incorpora a la misma como vocal número cuatro.Y posteriormente, se justifica indicando que solo coordinaba a un equipo, del que no se conocen los nombres de sus integrantes, su cualificación y el resultado de su trabajo. Y lo que es más importante, contradice la justificación de la licitación del contrato la Administración local no tenía profesionales capacitados para realizar este proyecto.

Esta actuación del Sr. Jesús Carlos debe ser puesta en relación con la literalidad de lo dispuesto en el artículo 326 LCSP y la Disposición Adicional 2 del mismo texto legal.

El artículo 326 LCSP indica: (.......)

Por su parte, la Disposición Adicional 2ª LCSP, indica: (.......)

Se ha acreditado que el Sr. Jesús Carlos no es funcionario, sino eventual y cargo de confianza, es sociólogo y no técnico, participa en la fase de redacción de la documentación de la licitación, en la valoración de los criterios subjetivos, y en el órgano que propone la exclusión de la oferta de mi mandante y la adjudicación a otro licitador (sin perjuicio de que su participación en la Mesa de Contratación como vocal, supone la infracción del artículo15.3 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dado que su participación no fue publicada a los efectos de general conocimiento).

La infracción de los preceptos es evidente, y la admisión de tal situación supone la infracción de lo dispuesto en el artículo 132 LCSP, en relación con la transparencia y los obstáculos a los licitadores. Se presentan cuatro ofertas, y solo se puntúa para superar el corte a una de ellas. Se excluyen las otras tres ofertas. No se facilita que sea el criterio objetivo (precio) el que delimite la oferta más ventajosa para la Administración (se hace primar el criterio subjetivo sobre el puramente objetivo)

En resumen, como se ha advertido previamente, el Coordinador General del Área de Sostenibilidad del Ayuntamiento, cargo de libre designación por el Gobierno Municipal pasa a controlar personalmente la totalidad del procedimiento de licitación: redacta las normas técnicas, en su condición de sociólogo valora un proyectobásico redactado por un arquitecto, y procede, con su presencia y participación en la Mesa de Contratación, sin tener facultades para ello, a decantar la ratificación del informe elaborado por el mismo, y excluir tres ofertas, dejando solo una en el proceso de licitación.

Si se procede a analizar el informe de valoración de fecha 20 de octubre de 2021, ratificado en la Mesa de Contratación de 25 de octubre de 2021, podemos indicar:

- Sus autores, el referido sr. Jesús Carlos y D. Leovigildo. O lo que es lo mismo, los redactores de la documentación técnica previa son quienes valoran las propuestas de los licitadores. De un modo directo, lo redactores de las normas técnicas están sustituyendo la voluntad de la Mesa de Contratación por la decisión de dos técnicos.

- D. Jesús Carlos, no es solo quien otorga la puntación subjetiva -como redactor del informe- sino que además está integrado como vocal en la Mesa de Contratación que decide sobre la ratificación o rechazo de esta valoración efectuada por "los técnicos independientes". O lo que es lo mismo, la voluntad de la Mesa de Contratación aparece totalmente contaminada por la integración en la misma del autor de documentos técnicos previos a la licitación, y de otro lado, por la aplicación de criterios subjetivos.

Es decir, la Mesa de Contratación ha visto sustituida la función atribuida legalmente, por la solo voluntad de una persona D. Jesús Carlos.

Se indica en la resolución que se combate, emitida por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública que la participación del Coordinador General del Áreade Sostenibilidad, el Sr. Jesús Carlos, no alteró el funcionamiento ni el régimen de las mayorías, dado que el acuerdo se adoptó por unanimidad. Sin embargo, es preciso indicar que el órgano técnico especializado contó con una persona que tiene la condición de Director General (así se reseña en el expediente administrativo) o Coordinador General del Área de Sostenibilidad, que debe ser entendido como cargo representativo y que por ende no puede formar parte de la Mesa de contratación, dado que su posición de superior jerárquico con relación a los otros miembros de la Mesa de Contratación condicionan, o pueden condicionar, el resultado de los acuerdos del órgano colegiado. Indicamos que esta práctica no se ajsta a Derecho, atendiendo a la ratio legis de la norma.

Es preciso indicar que en el anterior texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público ( art. 320 TRLCSP 2011), no se contenía ninguna regla relativa a la participación de los técnicos en los PPTP ni su participación posterior en la Mesa de contratación ni como expertos independientes.Tampoco en la redacción inicial del anteproyecto de Ley 9/2017 de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se hacía referencia a esta limitación específica para formar parte de la mesa de contratación, o asesorar a la misma. Sin embargo, en trámite parlamentario se propuso la inclusión de varias limitaciones en la composición de la mesa de contratación o en la emisión de informes de valoración.

La redacción actual del art. 326 LCSP muestra la voluntad inequívoca del legislador de restringir la participación o influencia en la Mesa de contratación del personal que ha participado en la redacción de cualquier documentación técnica del contrato, con lo que se transmite la idea de que hay una parte de la documentación preparatoria, la que afecta a aspectos técnicos del contrato cuya elaboración impide a quienes hayan participado la posibilidad de formar parte en el órgano técnico cual es la Mesa de Contratación.

En esta misma línea, debemos enmarcar la exigencia de la norma de que quien asesore a la Mesa de Contratación sean técnicos o expertos independientes, conforme se indica literalmente en la norma. La finalidad de la norma es claramente favorecer la transparencia de la contratación pública y evitar conflictos de intereses en la actuación de los miembros de la Mesa de contratación y en los técnicos que informan o asesoran a la Mesa.

En el presente caso, la voluntad de la Mesa de Contratación se ve viciada por la influencia del Coordinador General del Área de Sostenibilidad, quien procede a defender su propio informe y a votar a favor del mismo, y ello, ostentando un cargo representativo. Insistimos que esta práctica supone la nulidad del acuerdo adoptado por la Mesa de Contratación de fecha 25 de octubre de 2021 (folio 1320 y ss), por el que se excluía la oferta de mis mandante, por la quiebra del artículo 47.1 e) LPACAP.

b.- Falta de motivación. Discrecionalidad técnica que provoca la exclusión de la oferta de mi mandante.

El recurso presentado por mi mandante denunciaba la falta de motivación del acuerdo que provocaba su exclusión del procedimiento de licitación, dado que el mismo no estaba motivado. O motivado, in aliunde, por remisión al informe del Sr. Jesús Carlos, sociólogo.

(......)

Reiterar que es algo tan palmario, como que el propio Pliego de Condiciones Técnicas no exige la presencia de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en la ejecución de la obra. Lo que se exigen son profesionales cualificados en Edificación. Y es este experto quien puede valorar el desglose de criterios técnicos a tomar en consideración. Luego, el informe de valoración ha sido realizado y firmado por un sociólogo y un ingeniero de caminos, canales y puertos, y ambos, han valorado el trabajo (Proyecto Básico) de un Arquitecto.

En resumen, el informe de valoración emitido por un sociólogo y un ingeniero de caminos no puede considerarse que sea emitido por expertos relacionados con la materia objeto del contrato. Y por tanto, no podría encuadrarse dentro de la discrecionalidad técnica que se predica en ciertos supuestos en la actuación administrativa.

La consecuencia de esta circunstancia es la vulneración del ordenamiento y la nulidad del informe de valoración, que sustenta la decisión del órgano colegiado para excluir la oferta de mi mandante. Abundando en el hecho de falta de motivación, es preciso indicar que la normativa exige que el redactor de este tipo de informes de valoración deba ser independiente. Tanto si el informe ha sido realizado por el Sociólogo/Ingeniero de Caminos, como si el mismo ha sido realizado por un "equipo de técnicos" cuyos datos NO CONSTAN EN EL EXPEDIENTE, coordinados por el Sociólogo/ Ingeniero, en modo alguno se puede predicar de los mismos la independencia. D. Jesús Carlos y D. Leovigildo, están integrados en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y han participado activamente en la redacción de la documentación técnica previa de la presente licitación.

Además de lo anterior, D. Jesús Carlos es Coordinador General del Área de Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Fuenlabrada, y además, cuarto vocal en la Mesa de Contratación. Luego, tampoco en el mismo se puede predicar la condición de independiente.

Por su parte, y en relación con D. Leovigildo el mismo ha redactado el Pliego de condiciones técnicas de la presente licitación, y además es el Director Técnico de Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Luego, tampoco se puede predicar su condición de ajenidad o independencia, con relación al órgano de contratación.

En resumen, el informe de valoración emitido por un sociólogo y por un ingeniero de caminos infringe expresamente la exigencia contenida en el artículo 326.5 LCSP, provocando con ello se deba ser calificado de arbitrario y contrario al ordenamiento jurídico. La Mesa de Contratación (donde se insertó como vocal cuarto, en el apartado de Técnicos a D. Jesús Carlos) con una actuación acrítica, admitió el informe de valoración con evidente infracción del ordenamiento vigente. Lo anterior, provoca que nulidad del acuerdo adoptado por un órgano colegiado por infracción de lo dispuesto en el artículo 326.5 LCSP. "

Cuarto.-Es preciso dejar sentado en primer término, que la Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación que aquí se recurre, aborda detalladamente cada uno de los motivos de impugnación que plantearon las empresas recurrentes, y tras lo anterior los resuelve argumentando exhaustivamente las razones que le llevan a desestimarlos.

Frente a lo anterior, las demandantes no hacen en rigor una crítica fundada de los hechos y de los argumentos de Derecho que recoge la Resolución impugnada, sino que más bien vuelven a reproducir, si bien de forma más detallada, los motivos que articularon ante el Tribunal Administrativo de Contratación. Es cierto que cuando una parte impugna ante los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa una determinada resolución de un Tribunal Administrativo de Contratación, no está obligada a desacreditar los razonamientos de aquel órgano, pudiendo limitarse a reproducir los motivos que articuló ante aquel o incluso a introducir nuevos motivos de impugnación no formulados ante dicho Tribunal de Contratación.

Ahora bien, la inexistencia de la mencionada carga procesal, no supone que esta Sala pueda prescindir de lo resuelto por el Tribunal de Contratación, como si no existiese, sino que por el contrario debe examinar la correspondiente Resolución y analizar si los hechos que tiene por acreditados y el Derecho que aplica, son o no correctos.

Pues bien, como ya hemos dicho, la Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación resuelve el recurso partiendo de unos hechos determinados y de la aplicación e interpretación de la normativa de la vigente Ley de Contratos del Sector Público, que esta Sala comparte en su integridad.

En concreto parte de que los acuerdos de la Mesa de Contratación se toman por unanimidad, de tal manera que aunque no hubiese intervenido ni el señor Jesús Carlos ni el señor Juan Alberto, el resultado de aquellos acuerdos sería el mismo.

Igualmente acepta que el Departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que lleva a cabo la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor, está integrado por un equipo de técnicos expertos en la materia objeto de valoración, entre los que se hallan arquitectos, los cuales cuentan con formación y experiencia para valorar los diferentes aspectos que integran aquellos criterios. Frente a lo anterior, las demandantes se limitan a decir que no conocen la identidad de esos técnicos, que no se ha hecho constar, lo cual pese a ser cierto no es obligatorio, si bien pudieron las recurrentes solicitar que se identificara a dichos técnicos pidiéndolo en fase de prueba de este recurso contencioso-administrativo.

Además, la Resolución impugnada descarta que el señor Jesús Carlos tenga la condición de cargo representativo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, negando en consecuencia que aquel sea superior jerárquico del resto de los miembros de la Mesa de contratación, teniendo tan solo tanto aquel como el señor Juan Alberto, la condición de órgano directivo conforme a lo señalado por el apartado b) del artículo 130 B) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. Frente a lo expuesto, nada oponen las demandantes, que se limitan a reproducir lo que ya expusieron al interpone el recurso ante el Tribunal de Contratación.

En cuanto al Derecho aplicable, la interpretación del artículo 326 en relación a la Disposición adicional segunda, ambos de la vigente Ley de Contratos del Sector Público, que hace el Tribunal Administrativo de Contratación, se sustenta en varios informes de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, de todo lo cual prescinden las demandantes, que no argumentan nada en contra, considerando conforme a Derecho esta Sala la mencionada interpretación de los preceptos en liza.

Por último y en relación a la supuesta arbitrariedad en la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor, las demandantes se limitan a expresar su desacuerdo con aquella valoración, que es exclusivamente técnica, sin fundar su discrepancia en ningún informe pericial que analice la referida valoración y muestre sus carencias, incongruencias o errores.

Por lo expuesto, se está en el caso de la íntegra desestimación del recurso contencioso-administrativo.

Quinto.-Al haber desestimado en su integridad el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se imponen las costas a las partes recurrentes si bien, en aplicación del artículo 139.3, se limita su importe a la cantidad de 4.000 euros, mas el IVA en su caso.

Vistos los preceptos legales citados, y los demás de concordante y general aplicación.