Sentencia Contencioso-Administrativo 489/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 360/2021 de 21 de mayo del 2025

PRIMERO.- Objeto y pretensión.

Por la representación procesal de Valentín se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la:

- Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial, de la Administración General de la Junta de Andalucía (A2.2004), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018.".

- Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial, de la Administración General de la Junta de Andalucía (A2.2004), para estabilización del empleo temporal, en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo."

Pretende la parte recurrente que se estime el recurso y que se dicte sentencia anulando y dejando sin efecto las resoluciones recurridas en lo relativo a la exclusión de mi representado por ser contraria a derecho y cuantas otras resoluciones o actuaciones se hayan dictado o ejecutado desde las mismas en ambos procesos selectivos, declarando que su titulación de ingeniero industrial le da acceso a los reseñados procesos selectivos y ordenando a la Administración a adoptar las medidas necesarias para que mi mandante sea admitido y pueda continuar participando en el citado proceso selectivo en las mismas condiciones que el resto de aspirantes.

SEGUNDO.- Posición de la recurrente.

Explica la parte recurrente que participó en un proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de técnicos de grado medio, opción ingeniería industrial, de la Junta de Andalucía, siendo uno de los requisitos de las personas aspirantes estar en posesión del título de ingeniería técnica industrial o grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, de acuerdo con la legislación vigente.

El recurrente dice tener el título de ingeniero, motivo por el cual la Administración le excluyó del procedimiento selectivo, indicando "no cumple requisito de titulación". Presentadas las correspondientes alegaciones, se publicó resolución por las que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, donde nuevamente aparecía el recurrente como excluido por el mismo motivo: "no cumple requisito de titulación".

Entiende esta parte que la decisión de la administración vulnera el artículo 23.2 de la Constitución y los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir todo proceso selectivo, lo que supone un vicio de nulidad de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 47.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que perjudica y afecta directamente al interés de todos los candidatos que hayan participado en la convocatoria con el título de Ingeniero Industrial.

Aduce igualmente falta de motivación de la resolución administrativa pues no especifica la verdadera razón de tal exclusión: si fue por no acreditar debidamente el requisito, o bien por no cumplirlo, y en este último caso, cual ha sido la razón de tal incumplimiento.

TERCERO.- Posición de la Administración demandada.

La Administración demandada defiende la conformidad a derecho de las resoluciones recurridas.

En primer término apunta a la adecuada motivación de tales resoluciones, toda vez que las bases de la convocatoria exigen indicar, en relación con las excluidas, las causas de exclusión, lo que acontece en el presente caso.

Por otro lado, apunta a la inexistencia de vulneración de los principios de igualdad en el acceso a las funciones y cargos públicos y de mérito y capacidad del artículo 23 CE. Considera que la clave para la resolución debida de la cuestión planteada en la demanda estriba en determinar si estamos o no ante una profesión regulada, pues sólo en caso de que así sea, será conforme a Derecho la exigencia de la concreta titulación, y no otra, para la incorporación a un Cuerpo de funcionarios vinculado con el ejercicio de la profesión regulada. En este sentido, y por lo que aquí interesa, existen en nuestro ordenamiento jurídico dos profesiones reguladas distintas: una, la de Ingeniero Técnico Industrial y, otra, la de Ingeniero Industrial, lo que también se plasma, según explica, en el Anexo I de las convocatorias. Añade que las competencias propias de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial y de la profesión de Ingeniero Industrial son diferentes, de modo que quien cursa los estudios de Ingeniero Técnico Industrial es preparado específicamente para adquirir las competencias propias de esa profesión, mientras que quien cursa los estudios de Ingeniería Industrial es preparado específicamente para adquirir las competencias propias de esta otra profesión. Siendo distintas las competencias, pues, no puede aseverarse que, con los tres primeros cursos de la antigua Ingeniería Industrial hubiera el alumnado adquirido las capacidades descritas para los Ingenieros Técnicos Industriales, y concluye que el efecto de la superación de los tres primeros cursos (o primer ciclo) de la antigua Ingenería sólo es el de la señalada equivalencia de nivel académico, pero en modo alguno convierte al estudiante de Ingeniería Industrial en Ingeniero Técnico Industrial, y, desde luego, no le habilita por sí mismo para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, lo que, trasladado al caso presente, implica que la persona, aun ya con un título universitario de Ingeniero Industrial, no pueda acceder a un Cuerpo de funcionarios de Ingenieros Técnicos Industriales de la Administración.

CUARTO.- Sobre la motivación.

La primera cuestión que debemos examinar es la atinente a la motivación, por ser una cuestión de naturaleza formal cuya estimación impediría entrar en el fondo del asunto.

Sobre la motivación recuérdese que las SSTS de 25 de febrero y 7 de marzo de 1991, por todas, establecen la doctrina que se sintetiza en la conocida frase que dice «no cabe confundir la brevedad y la concisión de los términos con la falta de motivación»,de la que puede inferirse que el requisito de la motivación se entiende cumplido si se explicitan de forma suficiente, aunque de forma breve y concisa, las razones que llevan a la Administración a adoptar la Resolución recurrida.

Conviene recordar que no se exige una fundamentación exhaustiva y pormenorizada, pero sí suficiente y clara para que los destinatarios de la resolución conozcan las razones de la decisión ( STC 122/1994, y SSTS de 11 de septiembre de 1995, 26 de enero de 1996, 20 de enero de 1998 y 21 de enero de 2003); debe permitir el ejercicio del derecho de defensa ( STS 1 de diciembre de 1993), y además, puede suplirse por remisión a Informes con unas determinadas condiciones ( STS de 15 de febrero de 1991 y 10 de febrero de 1997) y han de mencionarse los recurso impugnatorios, indicando tipo, órgano y plazo.

No debe confundirse, a estos efectos, falta de motivación con discrepancia del criterio de seguido por la Administración. Así lo expresa con claridad la STS 9 de julio de 2010: Con carácter general, la motivación de los actos administrativos precisa, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de este Tribunal Supremo, cuya reiteración excusa cita, de una explicación suficiente sobre las razones de la decisión adoptada -la asignación de los derechos de emisión de .gases de efecto invernadero- asequible al destinatario de los mismos, poniendo de manifiesto los motivos, concretos y precisos aunque no exhaustivos, de la resolución administrativa adoptada. Este conocimiento constituye la premisa esencial para que el receptor del acto administrativo pueda impugnar el mismo ante los órganos jurisdiccionales, y estos, a su vez, puedan cumplir la función que constitucionalmente tienen encomendada de control de la actividad administrativa y del sometimiento de ésta a los fines que la justifican, ex artículo 106.1 CE.

El cumplimiento de esta elemental exigencia de motivación de los actos, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos en que se basa, previsto en el artículo 54 de la Ley 30/1992, se salvaguarda atribuyendo, en caso de incumplimiento, la severa consecuencia de la anulabilidad del acto administrativo inmotivado, prevista en el artículo 63.2 de la citada Ley. Ahora bien, esta ausencia de motivación puede ser un vicio invalidante, como hemos señalado, o bien una mera irregularidad en el caso de que no se haya producido ese desconocimiento de los motivos y razones en que se funda la decisión administrativa. Dicho de otra forma, debe atenderse a un criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad que exige la motivación de los actos, es decir, si el destinatario ha llegado a conocer las razones de fe decisión adoptada por la Administración, evaluando si se le ha situado, o no, en una zona de indefensión, por limitación de su derecho de defensa.

Otros postulados jurisprudenciales sobre la motivación son los que siguen: la motivación, que obliga a expresar las razones por las que se dicta el acto administrativo, debe tener la amplitud necesaria para que los interesados tengan el debido conocimiento de los motivos del acto y poder, en su caso, basar posteriormente la defensa de sus derechos e intereses ( Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1999); debe, por tanto, ser racional y suficiente ( Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1986); aunque basta con remitirse a informes que puedan haber realizado otros órganos y que quien decide hace suyos ( Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1986) siempre que dichos informes contengan realmente una motivación suficiente ( Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1988).

Tal y como indica la jurisprudencia en la STS de 20 de abril de 2010 (rec. 131/2009):

«(...) los actos administrativos han de considerarse suficientemente motivados cuando permiten conocer las razones determinantes de la decisión que contienen, sin que resulte necesario un análisis exhaustivo de todos y cada uno de los argumentos aducidos por el recurrente. En esta misma línea, tenemos declarado que la motivación de la sanción es la que permite al destinatario (en este caso al sancionado) conocer los motivos de su imposición, en definitiva de la privación o restricción del derecho que la resolución sancionadora comporta, permitiendo, a su vez, el eventual control jurisdiccional de la decisión administrativa.»

No obstante, tal y como apuntábamos en la STS de 5 de diciembre de 2006 (rec. 5313/2004:

«(...) y ello en plena conformidad con la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional, que admiten reiteradamente la motivación de los actos administrativos por referencia a informes o datos obrantes en el expediente, que permitan conocer al recurrente las razones por las que la Administración le deniega sus peticiones y pueda articular adecuadamente sus medios de defensa, que es lo trascendente, sentencias del Tribunal Constitucional nº 122 de 25 de abril de 1994 y del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2001 .»

Por último, el Tribunal Supremo, en STS de 27 de septiembre de 2009 (rec. 1142/2004) admite la utilización por la Administración de modelos normalizados:

«Carece asimismo de fundamento la alegación referida a la falta de motivación de las resoluciones administrativas impugnadas en la instancia. Como hemos señalado, entre otras muchas, en reciente sentencia de 29 de septiembre de 2006 (rec. nº 6836/2003 ), el empleo de modelos normalizados, en que aparezcan ya incorporados determinados textos o argumentos de común aplicación, responde a una técnica de racionalización del trabajo que no puede calificarse apriorísticamente de reprobable, siempre y cuando dé respuesta a las cuestiones planteadas en el expediente, como aquí ocurrió, pues aun siendo cierto que la resolución administrativa se sirve de algunos razonamientos redactados conforme a un formulario aplicado en otros casos, aun así, su conclusión es el fruto de un análisis y valoración específica de la situación personal del recurrente. En definitiva, la resolución administrativa impugnada en la instancia contaba con una motivación suficiente para que su destinatario tuviera cumplido conocimiento de las razones determinantes del rechazo de su solicitud; despejándose así cualquier atisbo de indefensión. Y así lo entendió la sentencia impugnada cuyos razonamientos a este respecto no han sido combatidos por el recurrente en la casación.»

En el presente caso, el recurrente denuncia que la mera expresión «no cumple requisito de titulación» no indica la verdadera razón de la exclusión, pues no le permite desconocer si fue por no acreditar debidamente el requisito o simple y llanamente por no cumplirlo.

Sin embargo, aun asumiendo lo exiguo de la motivación, la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo admite este tipo de motivaciones tan parcas siempre que permitan conocer al interesado el motivo que condujo a la Administración a dictar una resolución contraria a sus intereses. En este caso, el propio recurrente subraya que en el proceso selectivo se exigía una ingeniería técnica o grado equivalente para participar en él, y en la medida en que el invocó una ingeniería superior, el hecho de que la Administración haya apuntado a la no cumplimentación del requisito de titulación ya daba una pista importante al recurrente sobre las razones de su exclusión, conclusión que no requiere de un esfuerzo dialéctico sino una operación de simple lógica.

Por ello, aun asumiendo que la motivación de la administración no pudo haber sido más parca, permitió conocer al hoy recurrente la razón de la exclusión.

Se desestima este motivo.

QUINTO.- Sobre el requisito de participación.

La cuestión discutida en este procedimiento ya ha sido resuelta por esta Sala y Sección, en particular en la STSJA 613/2024, de 13 de junio (rec. 505/2022 - ECLI:ES:TSJAND:2024:14255):

«Efectivamente, acerca de la cuestión suscitada se ha pronunciado esta Sala y Sección en sentencia de fecha 2 de febrero de 2022 dictada en el recurso nº 7/2020 ), que si bien recurrida en casación, hoy es firme. Y decíamos:

"PRIMERO.- Objeto del recurso contencioso.

El recurso se interpone contra Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Función Pública, por laque se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la Administración General de la Junta de Andalucía y, Resolución también de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración pública, por la que se convocan procesos selectivos de acceso libre en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre y del Decreto 406/2029, de 5 de marzo, (publicadas en el BOJA de 15 de noviembre de 2019 nº 221), de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.

SEGUNDO.- La pretensión anulatoria de la recurrente descansa en que por medio de esas resoluciones se convocan procesos selectivos para técnicos de cuerpo medio reservados a los ingenieros técnicos agrícolas o grado, con exclusión de los ingenieros agrónomos.

De forma concreta, lo que las resoluciones impugnadas señalan como título de acceso es lo siguiente (páginas 63 y 169 del expediente): "Titulación de acceso: Título de Ingeniería Técnica Agrícola o el grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, de acuerdo con la legislación vigente."

Se fundamenta su pretensión en que el título de ingeniero agrónomo habilita, cuando menos, para las mismas atribuciones que el título de ingeniero técnico agrícola, cursando para superar aquel las asignaturas que integran ese segundo título, y sin precisar el título superior ninguna formación adicional o complementaria para desempeñar las funciones propias de los ingenieros técnicos.

Se considera de este modo que la titulación superior incluye la capacidad técnica y formativa propia de los ingenieros técnicos, al tratarse de formaciones piramidales, en las que la primera incluye los conocimientos propios de la segunda.

(....)

CUARTO.-(....)Una vez probado como se ha hecho en la demanda y no se contradice de contrario,que la formación académica y técnica de los ingenieros superiores incluye la recibida por los ingenieros técnicos, y con ello habilita para realizar las mismas tareas que estos últimos (en este sentido son concluyentes los certificados aportados con la demanda de las universidades de Sevilla y Córdoba), la conclusión no puede ser otra que la considerar que también los primeros pueden acceder a los procesos selectivos para técnicos de grado medio.

Y dado que los términos de la convocatoria no son terminantes, así resulta del propio informe aportado por la demandada en la que se emplea el término "aparentemente" para referirse a que no hay exclusión, debemos estimar la pretensión y anular las bases impugnadas en el sentido de exigir que para los puestos convocados, se admite además de los títulos referidos, los de ingeniero superior, que como el de agrónomo, si habilita técnicamente para ocupar los puestos de técnicos de grado medio.

Debemos recordar que la competencia de la administración demandada para determinar los títulos que acreditan para acceder a los puestos convocados, no es en modo alguno una potestad discrecional, sino claramente reglada, por exigencia de los principios de igualdad, mérito y capacidad que presiden el acceso a la función pública.

A lo anterior se añade que es conocida por esta Sala que sí se están produciendo exclusiones de ingenieros agrónomos superiores del proceso selectivo referido, obligando a los mismos a interponer recursos contenciosos contra esos acuerdos de exclusión y de los que conoce esta misma Sala y Sección.

Y en el FALLO: "Estimar el recurso interpuesto por el COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ANDALUCÍA contra las resoluciones indicadas, que se anulan en lo que se refieren a los títulos de acceso para el cuerpo de Técnicos de grado medio (Ingeniería técnica agrícola) en los términos expuestos en el Fundamento Quinto. (...)"

A su vez, en Sentencia de 25 de octubre de 2023 dictada en Recurso nº 286/2022 hemos dicho:

":::Pues bien, si bien la sentencia dictada en el recurso nº7/2020 lo fue respecto a la convocatoria en virtud de Resolución de 12 de noviembre de 2019, resulta de plena aplicación a la presente Convocatoria, por Resolución de 4 de marzo de 2022, al tener idéntica redacción la base, Anexo I "Y" Cuerpo de Técnicos de Grado Medio. Opción Ingeniería Técnica Agrícola. Código A2.2002. : "Titulación de acceso: Título de Ingeniería Técnica Agrícola o el grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, de acuerdo con la legislación vigente.", por lo que seprocede a la estimación del recurso, en los siguientes términos: "Estimamos el recurso interpuesto por el COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ANDALUCÍA contra la resolución reseñada al inicio, que se anula en lo que se refieren a los títulos de acceso para el cuerpo de Técnicos de grado medio (Ingeniería)técnica agrícola), estimando la pretensión y anular las bases impugnadas en el sentido de exigir que para los puestos convocados, se admite además de los títulos referidos, los de ingeniero superior, que como el de agrónomo, si habilita técnicamente para ocupar los puestos de técnicos de grado medio. Con condena en costas a la Administración en los términos reseñados.".

Ello incide plenamente en el presente proceso en el que la resolución ahora recurrida permite la participación en el primer ejercicio a aquellos aspirantes que hayan sido excluidos, condicionando su resultado a la resolución del recurso 286/2022, como se recoge textualmente en la estipulación 5ª: 'Aquellas personas que no se encuentren comprendidas en la lista definitiva de personas admitidas que pretendan impugnar o hayan impugnado en plazo la presente resolución realizarán de forma condicionada el primer ejercicio alque se refiere el apartado tercero. A tal fin, deberán acudir al aula de incidencias de cualquiera de las sedes de examen indicadas, quedando excluidas del proceso selectivo en caso de no comparecer en los términos de lo dispuesto en el apartado 5 de la base séptima de la convocatoria. En todo caso, el resultado del ejercicio realizado en la forma referida quedará condicionado a la estimación expresa de su pretensión.'En consecuencia procede anular el acto impugnado en lo que se refiere a la exclusión de los IA en cuanto a la titulación requerida para el acceso al referido Cuerpo de Técnico de Grado Medio Ingeniero Técnico Agrícola, declarando que la titulación de Ingeniero Agrónomo o Máster equivalente, capacita para cubrir una plaza de Ingeniería Técnica Agrícola a que se refiere la convocatoria antes citada y en consecuencia procede su admisión en el citado proceso selectivo permitiendo su participación con todos los efectos legales.»

Siendo una doctrina enteramente aplicable, mutatis mutandis,al caso de autos, no queda sino la estimación del recurso contencioso-administrativo sin necesidad de mayores pronunciamientos.

SEXTO.- Sobre las costas.

Por aplicación del criterio de vencimiento objetivo del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, se imponen las costas a la parte demandante, limitadas a 1.000 euros con el IVA que fuera procedente.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,