Sentencia Contencioso-Administrativo 767/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 180/2021 de 23 de julio del 2025

PRIMERO.- Objeto y pretensión

Por la representación procesal de Agrícola Nuevo Quema SL se interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir notificada el día 27 de diciembre de 2020, por la que se desestima un recurso de reposición interpuesto contra una resolución de dicho Organismo de 10 de julio de 2020, recaída en el expediente sancionador NUM000, en el que se impone la sanción de multa de 6954 euros, indemnización de daños al dominio público hidráulico en la cantidad de 127,39 euros y otras obligaciones.

La parte recurrente suplica en su demanda que dicte sentencia por la que se revoque el acto impugnado.

Los hechos sancionados consisten en:

«Tener en explotación una captación de aguas subterráneas en las coordenadas ETRS 89 Huso 29 X: NUM001; Y: NUM002, sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como haber procedido al incumplimiento de las características de los expediente de inscripción en el catálogo de aguas privadas de referencia NUM003 y NUM004, al estar regando con todas las captaciones una superficie no autorizada de 4,733 hectáreas de olivar superintensivo y carecer de contador volumétrico instalado que permita contabilizar los caudales captados en la captación ubicada en las coordenadas UTM ETRS 89 HUSO 29 X: NUM005, Y: NUM006, en los sitios denominados DIRECCION000 y DIRECCION001, en el T.M. de Aznacázar (Sevilla)».

Estos hechos fueron calificados en la resolución administrativa como infracción administrativa leve del TRLA y prevista en su artículo 116.3, apartados a), b), e) y g), en relación con los arts. 52 y ss., y en el art. 315 apartados b), i) y m) del RDPH, en relación con los artículos 83 y ss. del citado Reglamento y la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.

SEGUNDO.- Posición de la demandante

La parte demandante considera que la resolución administrativa impugnada no es ajustada a derecho por los motivos que se dirán a continuación:

.- En primer término aduce prescripción, puesto que la denuncia del expediente sancionador objeto del presente recurso se produce el día 9 de abril de 2019, y la notificación del inicio del expediente sancionador se lleva a cabo el día 9 de octubre del mismo año, es decir, habiendo transcurrido, exactamente, seis meses y un día. El plazo de prescripción de la infracción es de seis meses, y tal prescripción habría quedado ganada. Además, consta en el expediente que el Jefe de Servicio actuante D. Vidal informó que en el día de la inspección no se estaba regando, y que las lluvias acaecidas previamente harían del riego algo innecesario e incluso perjudicial agronómica y económicamente, por lo que, de haberse producido un riego, necesariamente debería haberse producido en todo caso antes del día 9 de abril de 2019, día de la denuncia.

.- Inexistencia de hecho punible. Habiéndose sancionado «estar regando con todas las captaciones una superficie no autorizada de 4,733 has», y posteriormente habiéndose emitido informe en que se indica que la recurrente no estaba regando en el momento de la denuncia, no solo no se prueba que se estuviera regando, sino que se ha acreditado exactamente lo contrario, por lo que no ha cabido en ningún momento que se sancionara a mi mandante. No se puede hablar de infracciones del artículo 116, apartados a), b) c) y g) del TRLA, porque: a) No se han dado acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas. Ha quedado acreditado por la misma Confederación que no estaba regando, que era absurdo además que lo hiciera antes dadas las condiciones climáticas, por lo que este tipo (el de causar daños al DPH) no ha podido producirse. b) No ha existido derivación de agua de sus cauces ni el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa. Simplemente no se ha producido derivación o alumbramiento de agua alguna, como declara expresamente la propia denuncia. c) No se ha producido el incumplimiento de las condiciones impuestas en concesiones y autorizaciones administrativas porque, repetimos, ha quedado meridianamente claro que no se ha regado. d) No se ha producido ningún incumplimiento de prohibiciones establecidas en el TRLA.

.- Respecto de los daños al dominio público hidráulico, dice no haberse producido daños al dominio público hidráulico. Asimismo, se calculan los daños al dominio público hidráulico bajo la premisa de que el recurrente habría regado durante aproximadamente 40 días a contar desde el día 1 de marzo de 2019, lo cual carece completamente de base probatoria y de lógica.

.- Se sanciona igualmente por carecer de contador volumétrico en una captación. Con independencia de que la infracción estaría prescrita, tal y como puede observarse en los folios 60 y 61 del expediente administrativo, el recurrente aportó la documentación de sus contadores el día 11 de octubre de 2018, de manera muy previa a abril de 2019, esto es, con mucha anterioridad a la denuncia origen de las presentes actuaciones, por lo que entendemos que no cabe sancionarla por este motivo, en caso alguno. Por lo tanto, debe revocarse también la resolución por este motivo.

.- Invoca una posible nulidad por intervención de personal ajeno a la función pública.

.- Aduce la vulneración del principio de proporcionalidad.

TERCERO.- Posición de la Administración

La Administración demandada se alza frente a las pretensiones del actor, oponiéndose a éstas por los motivos que se resumirán seguidamente:

.- En primer lugar, subraya que no se discuten los hechos, pues se admite que se carece de título habilitante para los aprovechamientos.

.- Defiende la motivación de la resolución sancionadora.

.- En cuanto a la valoración de los daños causados por la detracción ilegal de agua, es evidente que se producen daños al dominio público hidráulico desde el momento en que existe un consumo ilegal de agua. Sólo se han exigido los daños ocasionados por la captación ilegal de aguas subterráneas con destino al riego de 11,53 has de frutos rojos, cuantificados en 4.493,65 euros en el Informe de valoración de daños de 28 de agosto de 2019 (folios 79 y 80 del expediente), rectificativo del Informe de 20 de diciembre de 2016 (folios 33 a 35 del expediente). La parte recurrente se limita a alegar que la citada Instrucción de valoración de daños no está en el expediente ni publicada en el BOE por lo que resulta desconocida para la recurrente. La pretendida indefensión no es tal ya que está publicado en el BOE de 28 de octubre de 2014 el anuncio de la resolución de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 17 de julio de 2014, que resolvió sustituir la Instrucción aprobada con fecha 18 de septiembre de 2012 por la nueva adaptación de la Instrucción de la valoración de daños que incorpora los puntos en los que existía divergencia con la reforma legal operada por el R.D. 630/2013 de 6 de septiembre que modifica el Reglamento del dominio público hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril).

.- En cuanto a que una de las captaciones estaría situada fuera del ámbito de la competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se trata de una mera alegación sin soporte probatorio suficiente.

.- En cuanto a la desproporción de la sanción no puede hallarse en el presente caso en el que la sanción se ha impuesto en su mitad inferior, y para cuya fijación se ha tenido en cuenta en la resolución los daños causados al dominio público, uno de los criterios que debe tomarse en consideración para la graduación de la sanción ex art. 321 RDPH, que se remite a las circunstancias previstas en el art. 117 TRLA.

.- En último lugar argumenta que la efectividad de la reducción del 20% al amparo del art. 85 de la Ley 39/1985 está condicionada "al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción", siendo así que en el presente caso se recurrió en reposición.

CUARTO.- Sobre la prescripción

La primera cuestión que se aduce por la parte recurrente es la relativa a la prescripción, entendiendo que, formulada la denuncia el 9 de abril de 2019 y notificado el acuerdo de incoación el 9 de octubre de 2019, se ha producido la prescripción de la infracción.

Los hechos objeto de sanción y el tipo aplicado conducen a considerar que no se sanciona un hecho respecto del cual se produce su consunción con la mera realización, sino que se sanciona una infracción que se despliega en el tiempo en tanto en cuanto se mantenga la captación de aguas sin autorización.

En la medida en que nos encontramos ante una infracción que se mantiene en el tiempo, es decir, de carácter permanente, el plazo prescriptivo no comienza a correr hasta su finalización. Esta es la posición mantenida por esta Sala, por ejemplo, en la STSJA (Sección 3ª) 146/2018, de 9 de febrero (n.º rec. 327/2016):

«De acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en vigor al tiempo de la resolución (artículo 132. 2 ), el dies ad quem en el cómputo de la prescripción lo constituye aquel en el que se notifica la incoación del procedimiento al presunto responsable: "Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador". Este día es el 11 de septiembre de 2014.

Por tanto el litigio estaría en saber cuando se sitúa el dies a quo, a la vista de las posiciones que sostienen las partes de este recurso. Y es que conforme ese mismo artículo: "El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido."

Pus bien, a la hora de resolver esta cuestión, debemos partir de un hecho determinante como es que este tipo de infracciones que se imputa al recurrente, tener explotaciones de agua sin autorización es de carácter permanente. Las cuales, como señala la jurisprudencia y así también señala ahora la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 40/2015 en su artículo 30 el inicio de la prescripción se produce cuando finalice la conducta infractora.

De modo que levantada la denuncia por la Guardia Civil en la fecha señalada, nada impide que por ser una infracción permanente, se pueda realizar una nueva denuncia posterior sobre ese mismo hecho. Y esto es lo que ocurre en el caso de autos, donde consta al folio 3 acta de denuncia al recurrente por tener en explotación cuatro captaciones. De modo, que el carácter permanente de la infracción, mientras se siga realizando la conducta típica, impide que pueda iniciarse el plazo de prescripción y por tanto sí habilita a la administración competente a incoar procedimiento sancionador tomando como fecha de referencia la de la denuncia extendida por el servicio de vigilancia.»

Pero es que a mayor abundamiento, el cómputo de plazos conduce a considerar que, al margen de la calificación de la infracción como permanente, no se ha producido ningún tipo de prescripción. La doctrina legal sobre el cómputo de plazos administrativos, cuando dichos plazos vienen fijados por meses o años, es que el cómputo se produce de fecha a fecha. Así, la STS de 15 de diciembre de 2005 (rec. 592/2003) decía que:

«Sin necesidad de reiterar en extenso el estudio de la doctrina jurisprudencial y las citas que se hacen en las sentencias de 25 de noviembre de 2003 (recurso de casación 5638/2000 ), 2 de diciembre de 2003 (recurso de casación 5638/2000 ) y 15 de junio de 2004 (recurso de casación 2125/1999 ) sobre el cómputo de este tipo de plazos, cuya conclusión coincide con la que acabamos de exponer, sentencias a las que nos remitimos, nos limitaremos a reseñar lo que podría ser su síntesis en estos términos:

A) Cuando se trata de plazos de meses (o años) el cómputo ha de hacerse según el artículo quinto del Código Civil , de fecha a fecha, para lo cual, aun cuando se inicie al día siguiente de la notificación o publicación del acto o disposición, el plazo concluye el día correlativo a tal notificación o publicación en el mes (o año) de que se trate. El sistema unificado y general de cómputos así establecido resulta el más apropiado para garantizar el principio de seguridad jurídica.

B) El cómputo del día final, de fecha a fecha, cuando se trata de un plazo de meses no ha variado y sigue siendo aplicable, según constante jurisprudencia recaída en interpretación del artículo 46.1 de la vigente Ley Jurisdiccional de modo que el plazo de dos meses para recurrir ante esta jurisdicción un determinado acto administrativo si bien se inicia al día siguiente, concluye el día correlativo al de la notificación en el mes que corresponda.

Esta interpretación del referido artículo 46.1 de la Ley Jurisdiccional es igualmente aplicable al cómputo administrativo del día final en los plazos para interponer el recurso de reposición, a tenor de los artículos 117 y 48.2 de la Ley 30/1992 después de la reforma introducida en el segundo de ellos por la Ley 4/1999 , pues precisamente el objeto de la modificación fue parificar el régimen de la Ley 30/1992 con el de la Ley 29/1998 en la materia.»

Por tanto, no siendo discutido que la denuncia se produjo el 9 de abril de 2019 y que el acuerdo de incoación se notificó el 9 de octubre de 2019, la interrupción del eventual plazo prescriptivo (que no es tal por el carácter permanente de la infracción) tuvo lugar el último día del plazo de prescripción.

QUINTO.- Sobre la inexistencia de hecho punible

Para resolver esta controversia debe partirse, necesariamente, de los hechos que han sido objeto de sanción:

«Tener en explotación una captación de aguas subterráneas en las coordenadas ETRS 89 Huso 29 X: NUM001; Y: NUM002, sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como haber procedido al incumplimiento de las características de los expediente de inscripción en el catálogo de aguas privadas de referencia NUM003 y NUM004, al estar regando con todas las captaciones una superficie no autorizada de 4,733 hectáreas de olivar superintensivo y carecer de contador volumétrico instalado que permita contabilizar los caudales captados en la captación ubicada en las coordenadas UTM ETRS 89 HUSO 29 X: NUM005, Y: NUM006, en los sitios denominados DIRECCION000 y DIRECCION001, en el T.M. de Aznacázar (Sevilla)».

En lo tocante a la realidad de la infracción, es una cuestión ya decidida por esta Sala Sección. Un buen ejemplo de ello lo constituye la STSJA (Sevilla, 3ª) 1297/2022, de 28 de septiembre (rec. 497/2020), que transcribimos a continuación y cuyo argumento hacemos nuestro:

«En el primer motivo de impugnación articulado por el recurrente se alega la vulneración de los principios de presunción de inocencia, tipicidad, culpabilidad e in dubio pro reo.

En cuanto a la infracción del principio de presunción de inocencia (actual artículo 53.2.b) de la Ley 39/2015 ), argumenta que en ningún momento se cita y menos aún se comprueba que el riego provenga de la derivación de aguas subterráneas.

En nuestro caso, se acredita el riego por goteo de un cultivo de frutos rojos, mediante inspección de fecha 8 de junio de 2018 documentada en acta obrante al folio 3 EA. Si nos atenemos al Acta de Inspección, efectivamente como afirmó el recurrente, se recoge exclusivamente el hecho del riego, pero no la procedencia del agua, pues no se constata la existencia de ningún pozo en las parcelas a que se refiere la denuncia. Sin embargo, los informes y actas de los agentes de la autoridad y dependientes administrativos tienen atribuido un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente por los agentes, todo ello salvo prueba en contrario; señalando actualmente el art. 77.5 de la Ley 39/2015 que " Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario." En nuestro caso, constan parcelas cultivadas con frutos rojos y el riego de las mismas. No se refleja en la inspección el origen de las aguas, negando el recurrente que sea subterráneo. Sin embargo, en el presente caso, además de los indicios enunciados,resulta la inexistencia de título habilitante para proceder al riego, dato no negado. Por lo demás tampoco se indica, y ello resultaba de fácil acreditación para el actor, que el riego se realizara desde alguna captación incluida en una concesión de la que fuera titular y sobre una superficie amparada por la concesión, o procedente de aguas pluviales, y finalmente el título acreditativo de su pertenencia a la Comunidad de Regantes DIRECCION002 se otorga en junio de 2020, por lo que en el momento de la denuncia no se disponía de concesión.

En consecuencia, a través de aquellos indicios, que estimamos probados, entendemos acreditados los hechos imputados.

[...]

Conviene recordar que los hechos fueron subsumidos en la infracción prevista en el artículo 116.3:

a) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas.

b) La derivación de agua de sus cauces y el alumbramiento de aguas subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea precisa.

...

g) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga.

De ahí que la actuación del demandante pueda incardinarse en el apartado b) del art. 116.3 del TRLA en relación con el g) pues se han derivado aguas subterráneas sin autorización y en el apartado a) pues con ello se está causando un daño al dominio público hidráulico. Sin que por otra parte conste que disponga de autorización alguna para derivar aguas en esa misma parcela a la que se refiere el expediente sancionador.»

Consta en el expediente administrativo (folios 1-61) la denuncia del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico en que se indican los elementos apreciados directamente por el agente y que hacen prueba de los hechos que dan lugar a la infracción posteriormente calificada y analizada en estos autos judiciales. El hecho de que no se estuviera regando en el momento de la denuncia no es causa de archivo del expediente, como se evidencia con la doctrina seguida por esta Sala y Sección y que se ha plasmado en la sentencia transcrita en párrafos pretéritos.

La presunción de veracidad que recoge el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, constituye una prueba sustancial sobre la que poder asentar la apreciación de una infracción y la imposición de una sanción, sin perjuicio de que quepa prueba en contrario que destruya tal presunción, que en el caso de autos, ha resultado ser insuficiente.

Como bien expone la Abogacía del Estado, el hecho de no regar los días inmediatamente anteriores no implica que no se haya cometido una infracción que, insistimos, es permanente en el tiempo, y como muestra de ello no solo está el estado vegetativo de la plantación, evidenciado con las fotos del informe inicial, sino también la existencia de una infraestructura para el riego o los propios contadores instalados en los pozos, uno de los cuales está sin autorizar.

Por ello, procede desestimar íntegramente el recurso contencioso-administrativo en lo que hace a este motivo de impugnación.

SEXTO.- Sobre la valoración de los daños ocasionados al dominio público hidráulico

La parte recurrente defiende la inexistencia de daños al DPH así como la forma ilógica de su contabilización.

Este motivo de impugnación tampoco puede prosperar. Dispone el artículo 326 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, tras la modificación operada por el Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico que:

«1. La valoración de los daños al dominio público hidráulico, a efectos de la calificación de las infracciones regulada en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de Aguas , se realizará por el órgano sancionador de acuerdo con los criterios técnicos determinados en los artículos siguientes y, en su caso, teniendo en cuenta los criterios generales que hayan acordado las Juntas de Gobierno de los organismos de cuenca, en aplicación de lo previsto en el artículo 28 j) del texto refundido de la Ley de Aguas .

2. Con carácter general, para la valoración del daño en el dominio público hidráulico y las obras hidráulicas se ponderará su valor económico. En el caso de daños en la calidad del agua, se tendrá en cuenta el coste del tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación causada por el vertido y la peligrosidad del mismo.»

A su vez, el artículo 326bis de la misma norma reglamentaria dispone que:

«1. La valoración de los daños por extracción ilegal de agua se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) El importe de los daños al dominio público hidráulico será el del valor económico del dominio público hidráulico afectado que se obtendrá al multiplicar el volumen de agua derivada o extraída por el coste unitario del agua determinado en función del uso de ésta conforme a lo establecido en el apartado c).

b) En lo que se refiere al volumen de agua extraída, se estará a lo que determine el correspondiente contador volumétrico si está instalado. Si no está instalado o estando instalado está averiado o funciona incorrectamente, el volumen se determinará de acuerdo con las dotaciones para los distintos usos indicadas en el correspondiente plan hidrológico de cuenca, o en su defecto, en el anexo IV de la Instrucción de Planificación Hidrológica, aprobada por Orden ARM/2566/2008, de 10 de septiembre y en la información disponible en el organismo de cuenca, mediante la aplicación de los siguientes criterios indirectos, en defecto de otro sistema de cálculo:

[...]

2.º En el caso de que el agua extraída sea destinada a usos agropecuarios, la cantidad de agua extraída se calculará teniendo en cuenta si el uso es el regadío, la ganadería u otros usos agrarios.

Cuando el agua se destine al regadío, la cantidad de agua extraída se calculará aplicando a la superficie regada las dotaciones establecidas en el correspondiente plan hidrológico de cuenca para el tipo de cultivo de que se trate o las aprobadas por el organismo de cuenca, y notificadas a los interesados, en planes de explotación o normas provisionales de gestión. De no existir dotaciones en los instrumentos mencionados, la cantidad de agua extraída se determinará en función del tipo de cultivo, zona y sistema de riego utilizados. El cómputo se realizará por el periodo que medie entre el inicio de la extracción ilegal o del inicio de la correspondiente campaña de riego y la fecha en la que se hayan constatado los hechos que dieron lugar a la infracción.

[...]

d) Los organismos de cuenca determinarán los importes del metro cúbico de agua y los volúmenes o dotaciones de agua detraída que en cada caso resultarían como consecuencia de la aplicación de los criterios señalados en los apartados anteriores.»

En el expediente administrativo obra al folio 66-67 que el importe de valoración de los daños viene determinado por la «Instrucción de valoración de daños al dominio público hidráulico por derivación no autorizada de aguas y de daños al dominio público hidráulico distintos a la derivación de aguas y sin afectar su calidad» aprobada por la Junta de Gobierno de Organismo de Cuenca el 17 de julio de 2014, y a continuación se indica la fórmula y su aplicación al caso concreto.

A la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca le corresponde, al amparo del artículo 28.j) del TRLA, aprobar los criterios generales para la determinación de las indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico.

Y, precisamente, siguiendo el texto de la norma reglamentaria, como no es posible determinar el inicio de la extracción ilegal, se acude al inicio de la campaña de riego, que según dice el EA, se produjo el 1 de marzo. Teniendo en cuenta que la denuncia es de 9 de abril, han transcurrido 40 días desde el 1 de marzo, que es el cómputo temporal tenido en cuenta para el cálculo de los daños.

En suma, desde un punto de vista sustantivo ningún reproche cabe hacerle al modo en que la Administración ha evaluado los daños originados al dominio público hidráulico. Siendo plenamente válido el cálculo de los daños al DPH, la graduación de la infracción es ajustada a derecho.

SÉPTIMO.- Sobre los contadores y sobre la intervención de personal ajeno a la función pública

Apunta la Administración demandada que en una de las captaciones se apreció por la guardería fluvial la falta de instalación de contador volumétrico, y debemos mostrar nuestra conformidad cuando apunta que la aportación de documentación con carácter previo no evidencia que el contador fuera efectivamente instalado. No se ha practicado prueba en contrario fehaciente que desvirtúe la apreciación directa del guarda fluvial, por lo que la presunción de veracidad desarrollada en anteriores fundamentos jurídicos debe prevalecer.

Por otro lado, en cuanto a la intervención de personal ajeno a la función pública, pese a haberse denegado inicialmente la prueba interesada por el recurrente sobre esta cuestión, finalmente, antes del dictado de la presente sentencia, la Sala corrigió su decisión. De la prueba practicada en este sentido se concluye que todo el personal que ha intervenido en el presente expediente sancionador pertenece al Organismo, por lo que no concur4re causa de nulidad.

OCTAVO.- Sobre la proporcionalidad

El último motivo de impugnación se centran en la proporcionalidad.

Pues bien, la proporcionalidad se regula en el artículo 117.1 del TRLA que establece que «las citadas infracciones se calificarán reglamentariamente de leves, menos graves, graves, o muy graves, atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso»;pero es que a mayor abundamiento la resolución administrativa fundamenta adecuadamente la sanción, que, recordemos, deriva de una infracción calificada como leve, y que prevé una sanción -así lo establece el mismo precepto- de hasta 10.000 euros.

Dice la resolución administrativa (folio 105) que particularmente se ha tenido en cuenta el daño ocasionado al dominio público hidráulico, el tipo de cultivo, la reiteración en la conducta infractora -con indicación del expediente sancionador previo- así como el exceso de superficie regada incumpliendo el Catálogo de Aguas Privadas -igualmente con indicación de su referencia-, lo que justifica la imposición de una multa de 6.954 euros, que consideramos ajustada a derecho.

NOVENO.- Sobre las costas

Por aplicación del criterio contenido en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, habiéndose desestimado el recurso contencioso-administrativo, se imponen las costas a la parte recurrente, si bien limitadas a 1500 euros más el IVA que resultara de aplicación.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,

Fallo