Sentencia Contencioso-Adm...l del 2025

Última revisión
04/09/2025

Sentencia Contencioso-Administrativo 1524/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 256/2019 de 30 de abril del 2025

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Orden: Administrativo

Fecha: 30 de Abril de 2025

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera

Ponente: HECTOR GARCIA MORAGO

Nº de sentencia: 1524/2025

Núm. Cendoj: 08019330032025100221

Núm. Ecli: ES:TSJCAT:2025:3850

Núm. Roj: STSJ CAT 3850:2025


Encabezamiento

Sala Contenciosa Administrativa Sección Tercera de Cataluña

Vía Laietana, 56, 2a planta - Barcelona - C.P.: 08003

TEL.: 933440030

FAX: 933440031

EMAIL:salacontenciosa3.tsj.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801933320190004844

N.º Sala TSJ: DEMAN - 300256/2019 - Procedimiento ordinario - 256/2019-K

Materia: Procedimiento Expropiatorio

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0664000000025619

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sala Contenciosa Administrativa Sección Tercera de Cataluña

Concepto: 0664000000025619

Parte recurrente/Solicitante/Ejecutante: AJUNTAMENT DE BARCELONA, Fermín Y OTROS

Procurador/a: Jesús Sanz López, Melania Serna Sierra

Abogado/a:

Parte demandada/Ejecutado: 039;EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA

Procurador/a:

Abogado/a:

Abogado/a de la Generalitat

SENTENCIA Nº 1524/2025

Magistrados/Magistradas:

Francisco López Vázquez (Presidente)

Héctor García Morago José Alberto Magariños Yánez Judit Cerzócimo Torres

Barcelona, a fecha de la última firma electrónica.

Ponente:Magistrado Héctor García Morago

LA SECCIÓN 3ª DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, en nombre de S.M el Rey y en atención a lo dispuesto en el art 117.1 de la Constitución, ha dictado la presente SENTENCIA en el recurso contencioso administrativo ordinario nº 256/2019 seguido entre las siguientes partes:

En calidad de parte actora, EXCMO. AJUNTAMENT DE BARCELONA, que actúa bajo la representación del Procurador SR. JESÚS SANZ LÓPEZ, con la asistencia de la Letrada Consistorial SRA. LEONOR BAEZA PASTOR.

Y son, a su vez, demandantes, aunque con intereses contrapuestos a los del ABCN, los SRS/SRAS Fermín, Clara, Efrain, Pura, Obdulio, Candido, Marisa, Ángel Jesús, Joaquina, Segundo, Patricia, Sofía, Remigio, Adela, Coral, Candida, Humberto, Joaquín y Noelia (en los sucesivo, "familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín"). Todos ellos, a su vez, representados por la Procuradora SRA. MELANIA SERNA SIERRA y asistidos por la Letrada SRA. ROSARIO MARZO CARPIO.

Como parte demandada, JURAT D`EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA-SECCIÓ DE BARCELONA que actúa bajo la representación ydefensa de la ABOGACÍA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales de rigor.

Ha actuando como Magistrado ponente el Ilmo. Sr. Héctor García Morago, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO:En esta litis la Administración demandada por las contrapartes es el JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA-SECCIÓ DE BARCELONA (JECB), representado y defendido por la ADVOCACIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (AGC).

Es parte demandante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (ABCN), representado por el Procurador SR. JESÚS SANZ LÓPEZ y defendido por la Letrada Consistorial SRA. LEONOR BAEZA PASTOR.

Y son, a su vez, demandantes, aunque con intereses contrapuestos a los del ABCN, los SRS/SRAS Fermín, Clara, Efrain, Pura, Obdulio, Candido, Marisa, Ángel Jesús, Joaquina, Segundo, Patricia, Sofía, Remigio, Adela, Coral, Candida, Humberto, Joaquín y Noelia (en los sucesivo, "familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín"). Todos ellos, a su vez, representados por la Procuradora SRA. MELANIA SERNA SIERRA y asistidos por la Letrada SRA. ROSARIO MARZO CARPIO.

SEGUNDO:Por la representación procesal de la parte actora se interpuso el presente recurso contencioso administrativo, y admitido a trámite y recibido el expediente administrativo, le fue entregado y dedujo escrito de demanda, en el que tras consignar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando que se dictara Sentencia estimatoria de la demanda articulada.

TERCERO:Conferido traslado a la parte demandada, ésta se opuso a la demanda en los términos que serán de ver.

CUARTO:Recibidos los autos a prueba, se practicaron las pertinentes con el resultado que obra en autos y se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas. Finalmente se señaló fecha y hora para votación y fallo, lo que ha tenido lugar el día 30 de abril de 2025.

Fundamentos

PRIMERO.- Partes. Actos administrativos impugnados. Pretensiones

En esta litis la Administración demandada por las contrapartes es el JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA-SECCIÓ DE BARCELONA (JECB), representado y defendido por la ADVOCACIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (AGC).

Es parte demandante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA (ABCN), representado por el Procurador SR. JESÚS SANZ LÓPEZ y defendido por la Letrada Consistorial SRA. LEONOR BAEZA PASTOR.

Y son, a su vez, demandantes, aunque con intereses contrapuestos a los del ABCN, los SRS/SRAS Fermín, Clara, Efrain, Pura, Obdulio, Candido, Marisa, Ángel Jesús, Joaquina, Segundo, Patricia, Sofía, Remigio, Adela, Coral, Candida, Humberto, Joaquín y Noelia (en los sucesivo, "familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín"). Todos ellos, a su vez, representados por la Procuradora SRA. MELANIA SERNA SIERRA y asistidos por la Letrada SRA. ROSARIO MARZO CARPIO.

Los actos administrativos impugnados por todos los demandantes son los siguientes:

1º.- Resolución adoptada por el JECB en sesión de 21 de junio de 2019 (expediente NUM000), por la que se fija en 26.548,80 euros el justiprecio de una porción de suelo propiedad de la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín sita a la altura del DIRECCION000 de Barcelona ( DIRECCION001); justiprecio, éste, a satisfacer por el ABCN en su calidad de Administración expropiante, y

2º.- Resolución adoptada por el JECB en sesión de 8 de noviembre de 2019, en el seno del mismo expediente, por la que se estima parcialmente el recurso de reposición deducido por la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín contra la Resolución precedente. Estimación parcial que se circunscribe a la toma en consideración de la tasación final que se contiene en la primera hoja de aprecio presentada por el ABCN, razón por la cual cabe considerar que el justiprecio queda fijado en 1.109.953,96 euros.

Las pretensiones de las partes son las que siguen:

La AGC, desde luego pretende ver confirmado el obrar del JECB.

En cuanto a las pretensiones esgrimidas por el ABCN, de prosperar deberían llevarnos a retrotraer el expediente de justiprecio en congruencia con el procedimiento de lesividad promovido con éxito por el Consistorio barcelonés respecto del justiprecio al que nos acabamos de referir, de 1.109.953,96 euros. Y subsidiariamente, deberían conducirnos a declarar en todo caso expropiables 10.632,16 m2 en lugar de los 2.868,23 m2 determinados por el JECB; y ello, por las razones que veremos más adelante.

La familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín, amén de reclamar la extensión de la expropiación a un total de 10.632,16 m2 (en lo que vendría a coincidir con el ABCN), pretende que las Resoluciones del JECB sean anuladas y que le sea reconocido el derecho a una indemnización de 3.337.698,58 euros o, en su defecto, de 2.650.637,77 euros (pericial judicial), más los intereses de rigor.

SEGUNDO.- Hechos relevantes

1.- El expediente expropiatorio de autos fue promovido por la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín en 2016, al amparo de lo establecido en el art. 114 del texto refundido de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC); léase: expropiación forzosa por ministerio de la Ley. Fundamentaban su iniciativa en las previsiones de la modificación del Plan General Metropolitano de 15 de diciembre de 2003 (MPGM 2003), conforme a la cual el suelo de autos había sido calificado como sistema de parque urbano-forestal de titularidad y uso público (clave 6 f).

2.- En sesión de 8 de noviembre de 2018 la Comisión de Gobierno del ABCN rechazó la hoja de la propiedad (3.337.698,58 euros) y aprobó la hoja de aprecio del Consistorio, por un total importe de 1.109.953,96 euros, partiendo de la premisa de que el suelo a expropiar era suelo urbano. En ese estado se procedió a la remisión del expediente al JECB.

3.- En el periodo noviembre 2018/enero 2019 el Ayuntamiento presentó una nueva hoja de aprecio, con la pretensión de que sustituyera la precedente. Esta nueva hoja de aprecio calificaba el suelo como suelo "rural" y lo tasaba en 26.548,80 euros para un total de 10.632,16 m2 a expropiar; pero lo cierto es que persistía el carácter vinculante que debía tener para el Ayuntamiento su primera hoja de aprecio.

Siendo así las cosas, el ABCN solicitó que el JECB suspendiera la tramitación del expediente de justiprecio, habida cuenta que el Consistorio se hallaba en trance de promover un procedimiento de lesividad contra la primera hoja de aprecio aprobada por el Consistorio (la de 1.109.953,96 euros y suelo urbano).

4.- El JECB consideró que su normativa rectora no permitía acceder a la solicitud del ABCN y siguió adelante con su tarea.

5.- El 21 de junio de 2019 el JECB tasó el suelo en 21.051,38 euros; pero tomó como justiprecio el propuesto por el ABCN (26.548,80 euros) al ser de mayor importe (de mayor importe en términos absolutos).

Conviene, no obstante, hacer algunas observaciones sobre la Resolución del JECB de 21 de junio de 2019:

1ª.-Para definir la postura del ABCN, toma en consideración la ulterior hoja de aprecio presentada por el Consistorio, en lugar de la primera.

2ª.-Repara en que la naturaleza rural del suelo, en principio excluiría la aplicación al caso de la "expropiación por ministerio de la Ley" [art. 114.4.a) TRLUC], aunque decide entrar a valorar, al coincidir ABCN y familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín en el propósito de llevar adelante la expropiación y haberse aceptado este tipos de escenarios en sede judicial (por mor de la vinculación a los actos propios) poniendo como ejemplo la Sentencia nº 961, de 1 de diciembre de 2009, dictada por la Sección 2ª de esta Sala en los autos del recurso nº 46/2006.

3ª.-El Jurado parte de la consideración de que el suelo es rural, al igual que la última hoja de aprecio del Ayuntamiento; pero, frente a los 10.632,16 m2 a expropiar, considerados tanto por el Consistorio como por los expropiados, reduce esa superficie a 2.868,23 m2. Entiende, el Jurado, que los 7.763,93 m2 restantes se hallan afectos a un sistema general (infraestructura de transporte de energía eléctrica) que, como tal, no es susceptible de expropiación por ministerio de la Ley, toda vez que el art. 114.4.e) TRLUC así lo prevé para los terrenos reservados para sistemas generales que deban ser ejecutados mediante el proyecto sectorial pertinente.

Se trata de una apreciación que ya podemos adelantar que calificaremos de errónea.

4ª.-Pese a coincidir con el ABCN en la naturaleza rural del suelo a expropiar, el JECB valora ese suelo a razón de 6,99 euros/m2, frente a los 2,38 euros/m2 que propone el ABCN; en ambos casos, premio de afección aparte.

6.- Contra la Resolución del JECB de 21 de junio de 2019 dedujo reposición la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín.

7.- El 3 de octubre de 2019 el ABCN declaró la lesividad del aprecio aprobado el 8 de noviembre de 2018 (el de 1.109.953,96 euros) y dispuso se iniciase la fase judicial. Pese a ello, el JECB, insistiremos, prosiguió con sus labores.

8.- El 8 de noviembre de 2019 el JECB estimó parcialmente el recurso de reposición de la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín y lo hizo exclusivamente para reconocer el carácter vinculante de la hoja de aprecio municipal aprobada por el Consistorio el día 8 de noviembre de 2018, que era tanto como elevar el justiprecio a 1.109.953,96 euros.

9.- El día 9 de noviembre de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Barcelona (procedimiento ordinario nº 464/2019-D) estimó la demanda de lesividad presentada por el ABCN con la oposición de la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín y, en consecuencia, anuló la hoja de aprecio aprobada por el Consistorio el 8 de noviembre de 2018.

Esa Sentencia se vio confirmada en apelación por la Sentencia nº 4300, de 22 de diciembre de 2023, dictada por la Sección 2ª de nuestra Sala en la apelación nº 423/2023 de Sala y nº 113/2023 de Sección; Sentencia, ésta, que, a su vez, devino firme tras ser inadmitida por el Tribunal Supremo la casación deducida contra aquélla por la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín.

TERCERO.- Extremos de la controversia. Posición de las partes. Decisión de la Sala

3.1.- Extensión superficial de la expropiación

La expropiación deberá abarcar una superficie de 10.632,16 m2.

En primer lugar, porque se trata de una superficie en la que coinciden expropiante y expropiado.

Y en segundo lugar, porque el JECB hizo una interpretación del art. 114.4.e) TRLUC que no podremos compartir.

Ese precepto legal excluye de la expropiación por ministerio de la Ley los "terrenos reservados para sistemas generales que deban ser ejecutados mediante el proyecto sectorial pertinente". En nuestro caso, es un hecho notorio que ese sistema (léase: infraestructura de transporte aéreo de energía eléctrica) ya había sido ejecutado en su momento, sin que la imposición de las consiguientes servidumbres hubiera supuesto la pérdida de la propiedad del suelo por parte de la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín. Como tampoco habría obstaculizado, ese sistema general, la simultánea afectación del suelo concernido a sistema de parque urbano-forestal (clave 6F), así como la valoración del mismo como suelo rural; esto último, sin perjuicio de que esa valoración pudiese ser sensible a un cierto grado de demérito derivado de la presencia inevitable del sistema general tantas veces citado.

Habría que reparar, por último, en que no nos hallamos ante una superficie de suelo destinada a verse, por ejemplo, integrada, toda ella, en una vía de comunicación supralocal pendiente de ejecución, sino ante un espacio en el que pueden coexistir afectación urbanística y afectación sectorial.

3.2.- La naturaleza jurídica del suelo a expropiar

Pese a tratarse de una falda de montaña con una pendiente del 43%, de urbanización imposible (ver el art. 9.4 TRLU), la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín no ha dejado de sostener en todo momento que el suelo de autos (calificado por el perito judicial como "suelo de desuso agrario") es suelo urbanizado y que como tal debe ser valorado.

Esa tesis se ha visto secundada por una pericial de parte suscrita por el arquitecto SR. Dionisio y también por el perito judicial, SR. Cirilo, designado a resultas de lo solicitado por la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín en periodo probatorio.

Ocurre que ambas periciales se han centrado en la MPGM 2003 y han hecho abstracción de un dato fundamental, como es el del sometimiento del suelo que ahora nos ocupa a los designios del planeamiento territorial sectorial sobre espacios naturales.

Tampoco parecen haber reparado con un mínimo de profundidad en los criterios seguidos por el texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana de 2015 a los efectos de describir qué puede considerarse suelo urbanizado y qué debe considerarse suelo rural; sobre todo a efectos de valoración.

En cualquier caso, los terrenos en trance de ser expropiados forman parte de la Serra de Collserola y desde tiempos ha se hallaban afectados por las determinaciones del Pla d'Espais d'Interés Natural (PEIN), aprobado mediante Decret 328/1992, de 14 de desembre.

El art. 2 de las Normas del PEIN dispone que "El Pla ha estat redactat d'acord amb el que estableix el capítol 3 de la Llei 12/1985 i, atesa la condició de pla territorial sectorial que li atorga l'article 15.2 de l'esmentada Llei, conforme a les disposicions de la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial."

Como plan territorial que es el PEIN, el planeamiento urbanístico municipal o metropolitano debía (y debe) ser coherente con sus determinaciones, amén de facilitar y contribuir a su cumplimiento (art. 13.2 TRLUC); dicho de otro modo: en caso de conflicto, deberá prevalecer el planeamiento territorial frente al urbanístico de naturaleza local, con las consecuencias que sean de rigor, según se trate de planeamiento urbanístico anterior o posterior al planeamiento territorial.

El PEIN, en el art. 13.1 de sus normas establece que "Als espais delimitats pel Pla s'aplica d'una manera preventiva el règim del sòl fixat pels articles 127 i 128.1 del text refós de la legislació urbanística vigent a Catalunya (Decret legislatiu 1/1990, de 12 de juliol)."

Se trata de una referencia al Decret Legislatiu 1/1990 que a día de hoy debe redirigirse hacia el art. 47 TRLUC y, por consiguiente, hacia el régimen vigente del suelo no urbanizable o rural.

En cualquier caso, resulta inequívoca la voluntad del PEIN de prevenir la degradación de los espacios naturales mediante el sometimiento de los mismos a las limitaciones inherentes al suelo rural o no urbanizable.

En desarrollo del PEIN se dictó el Decret 146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de Collserola que, como no podría ser de otra manera, sigue incorporando en su ámbito de aplicación los terrenos cuya valoración constituye el motivo de discordia en esta litis.

Y el Decret 146/2010 no deja de ser una pieza del planeamiento territorial sectorial; sobre todo a los efectos del art. 13.2 TRLUC, con todas sus consecuencias.

En su art. 5.1 el Decret 146/2010 establece que "En l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola s'aplica d'una manera preventiva el règim d'ús que preveu per al sòl no urbanitzable l'article 47 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, amb independència de la classificació urbanística atorgada pel planejament vigent."

Se confirma, pues, que, como consecuencia de la labor preventiva que pretende llevar a cabo la planificación territorial sectorial en sede de espacios naturales, suelo como el de autos merece considerarse clasificado como rural o no urbanizable, sin perjuicio de que los usos asociados a la calificación que en su día le otorgara la MPGM 2003, puedan incardinarse en no pocos de los usos que tienen que ver con los objetivos que se establecen en el art. 3.1.c) del Decret 146/2010 en los siguientes términos:

<<<(...) c) La implantació d'una regulació i zonificació dels usos i les activitats de caràcter educatiu, científic,forestal, cinegètic, agrícola, recreatiu, turístic i urbanístic de l'espai natural protegit, per tal d'integrar i fer compatibles aquestes activitats amb les finalitats de conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat del Parc. (...)>>>

Tampoco podemos perder de vista que el art. 32.a).Primer TRLUC impone la clasificación del suelo como "no urbanizable" cuando dicho suelo (como ocurre en nuestro caso) se halla sometido a "Un règim especial de protecció aplicat per la legislació sectorial i pel planejament territorial que exigeixi aquesta classificació com a conseqüència de la necessitat o la conveniència d'evitar la transformació dels terrenys per protegir-ne l'interès connector, natural, agrari, paisatgístic, forestal o d'un altre tipus.

Hasta aquí, lo dicho sería más que suficiente para desestimar la tesis de la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín sobre el particular que ahora nos ocupa; pero, a mayor abundamiento, traeremos a colación otras perspectivas del asunto que ahora nos atañe.

Se nos ha dicho que el perímetro del suelo a expropiar se halla próximo a edificaciones enclavadas en la trama urbana; pero el hecho de que ese suelo se halle muy cerca de edificios residenciales no es suficiente como para otorgarle la condición de urbano; y menos aún de urbanizado.

El art. 26.a) TRLUC lo deja muy claro cuando establece en su segundo inciso que "El simple fet que el terreny confronti amb carreteres i vies de connexió interlocal i amb vies que delimiten el sòl urbà no comporta que el terreny tingui la condició de sòl urbà".

Por lo demás, resulta improcedente que la naturaleza urbana del suelo de autos, pretenda fundarse en una vinculación -técnicamente parasitaria, por lo demás- a servicios urbanísticos que en su día fueron establecidos para satisfacer las necesidades del suelo urbano próximo a la finca de autos.

En el mismo sentido, llama la atención la discordancia existente entre el optimismo inmobiliario de la pericial judicial y la descripción que hace la misma de un espacio (el de autos) no incorporado a ningún sector de la MPGM 2003 (así se reconoce en aclaraciones); un espacio próximo, eso sí, a unos servicios seriamente deteriorados y que no consta que fueran diseñados para satisfacer las necesidades del suelo aquí y ahora en trance de expropiación.

Por todo ello llaman la atención unas afirmaciones del perito judicial, que se contienen en la página 10 de su dictamen, cuando se nos dice lo siguiente (literal):

<<<(...) Este entorno será privilegiado por su excelente comunicación a 20 a. vista, cuando se comience a instaurar en el sector edificación prefabricada de hormigón con doble ventana o con carpintería adecuada para la insonorización de las edificaciones, al estar estos suelos expuestos a importante ruido derivado de flujo de tránsito de de tipo alto-medio, meridiana y ronda (...)>>>

En resumidas cuentas: que nos veremos en la tesitura de tener que prescindir de unas periciales sensiblemente alejadas de la realidad fáctica así como de las consecuencias jurídicas que cabe atribuir en este caso a la planificación territorial sobre espacios naturales. Al igual que ocurriera con motivo de la apelación nº 423/2023 de Sala y nº 113/2023 de Sección (expediente de lesividad promovido por el ABCN), resuelta por la Sección 2ª de esta misma Sala mediante la Sentencia nº 4300, de 22 de diciembre de 2023, firme tras inadmitir el Tribunal Supremo la casación promovida por la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín. Sentencia, la indicada, cuyos fundamentos jurídicos son del siguiente tenor:

<<<(...) FONAMENTS DE DRET

Primer.-La representació processal de Fermín, Clara, Efrain, Pura, Obdulio, Candido, Marisa, Ángel Jesús, Joaquina, Segundo, Patricia, Sofía, Remigio, Adela, Coral, Candida, Humberto, Joaquín I Noelia, formula aquest recurs d'apel·lació contra la Sentència, de data 9 de novembre de 2022, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona que estima el recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Barcelona en demanda de lesivitat de l'acord, de data 8 de novembre de 2018, de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, d'aprovació del full d'apreuament municipal en relació amb les finques situades al DIRECCION002 i DIRECCION000 de Barcelona.

Segon.-Al·lega l'apel·lant en aquest recurs que la Sentència efectua una interpretació errònia dels art. 200 i següents de la Normativa del Pla General Metropolità, la Modificació en l'àmbit de Torre Baró i de l'art. 94.2 de la Llei 2/2002, de 14 de mar; actual art. 100 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i jurisprudència del Tribunal Suprem. Afirma, així mateix, que l'estimació del recurs i l'anul·lació de l'acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, de 8 de novembre de 2018, i la consideració que les parcel·les han de ser valorades en situació de sòl rural vulneren el principi relatiu al repartiment de beneficis i càrregues establert als art. 34.1 a i b i 37 del RDL 7/2015 i article 7 del RDL 1/2010, de 3 d'agost, de la Llei d'urbanisme.

Sol·licita l'estimació del recurs, que es revoqui la Sentència d'instància i que es desestimi el recurs de lesivitat formulat per l'Ajuntament de Barcelona.

S'oposa al recurs d'apel·lació la representació processal de l'Ajuntament de Barcelona que sol·licita la desestimació del recurs i la confirmació de la Sentència d'instància.

Tercer.-Tal com bé exposa la Sentència d'instància, la qualificació urbanística de les finques de referència és la següent: Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de Torre Baró, aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme, el 15 de desembre de 2003.

Classificació urbanística: Sòl urbà. Qualificació Urbanística: Sistema de parc urbà-forestal Clau 6f i xarxa viària bàsica clau 5. La finca es troba inclosa en el Parc Natural de Collserola (dins de la disposició reglamentària, Declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, l'article 5.1 de l'esmentada Declaració estableix que, en l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, s'aplica d'una manera preventiva el règim d'ús que preveu per al sòl no urbanitzable l'article 47 del TRLUC, amb independència de la qualificació urbanística atorgada pel planejament vigent) i en la Xarxa Natura 2000 (segons Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya núm. 112/2006, de 5 de setembre, que inclou la Serra de Collserola com a lloc d'importància comunitari -LIC-).

Així mateix, de la prova practicada a les actuacions que valora la Sentència d'instància, d'acord amb les las normes de la sana crítica, de manera raonada i raonable, cal concloure que les finques de referència no disposen dels serveis urbanístics bàsics i que no es troben integrades en la malla urbana. La qualificació del sòl de les finques amb clau 6 f) -parc urbà forestal- qüestió no qüestionada- determina, així mateix, que els terrenys no hagin estat objecte de transformació urbanística, pel fet d'estar englobats dins del Parc Natural de Collserola, en zona protegida, i amb absència d'elements d'urbanització.

Cal assenyalar que la Sentència de la Secció Tercera d'aquesta Sala Contenciosa Administrativa d'aquest Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat l'acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya, de 23 de novembre, en l'expedient NUM001, que va detectar que les finques de referència estan qualificades de parc urbà forestal clau 6 F i que la seva condició és de sòl rústic, que formen part del parc de Collserola. L'anterior confirma la correcció de la Sentència d'instància i determina que els motius en què es fonamenta aquest recurs no puguin prosperar. En definitiva, la qualificació urbanística dels terrenys i les seves condicions determinen que els terrenys de referència hagin de ser valorats com a sòl rural. (...)>>>

Y otro tanto de lo mismo habría que señalar a propósito de la Sentencia firme nº 874, de 14 de marzo de 2024, dictada también por la Sección 2ª de esta Sala en el recurso ordinario nº 3082/2020 de Sala y nº 380/2020 de Sección; recurso, éste, promovido por la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín a resultas del justiprecio de los terrenos situados en el DIRECCION002, contiguos a los que ahora están requiriendo nuestra atención.

Así, pues, en el contexto en el que nos encontramos cobran todo su sentido y deben verse reafirmadas determinadas consideraciones efectuadas por el JECB en su Resolución de 8 de noviembre de 2019 (páginas 12 a 15). Veámoslas:

<<<(...) En relació al punt D i E del recurs de reposició interposat per l'afectat s'ha de dir que la part a expropiar de la finca cadastral amb referència número NUM002 no afronta amb cap carrer. Que el vial més proper a la finca, el DIRECCION002, disposa de calçada asfaltada amb poc manteniment, voral que de tant en tant es perd pels despreniments de terra dels talussos contigus i manca de vorera. Que de l'enllumenat públic i de la xarxa elèctrica aèria del vial d'aquest vial es desconeix el seu estat. Que en el mateix vial no existeixen registres de clavegueram (es recomana que es disposin com a mínim cada 50 m) ni xarxa d'aigua potable. Per tant, el vial més proper no disposa dels serveis urbanístics bàsics, és a dir, no té instal·lats ni operatius, conforme a l'establert en la legislació urbanística aplicable, les infraestructures i els serveis necessaris, mitjançant la seva connexió en xarxa, per satisfer la demanda dels usos i edificacions existents o previstes per l'ordenació urbanística o poder arribar a comptar amb ells sense altres obres que les de connexió amb les instal·lacions preexistents.

Per altra banda, la finca clarament no està legalment integrada en una malla urbana conformada per una xarxa de vials, dotacions i parcel·les pròpia del nucli o assentament de població del que formi part, ja que la finca és un tros de muntanya amb un fort pendent i està completament deslligada de la trama urbana tal com es pot veure en les fotografies aèries de l'expedient i en les següents fotografies.

(...)

Per últim, i el que és més important, tal com s'ha dit en la resposta a la primera al·legació de l'afectat, la legislació d'ordenació territorial i urbanística preserva de la transformació urbanística la finca a expropiar al integrar-la dins del Parc Natural de la Serra de Collserola, comportant la seva consideració com a so`l en RDL 7/2015, de 30 d'octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y situació ba`sica de so`l rural d'acord amb l'article 21 del Rehabilitación Urbana.

En relació al punt F del recurs de reposició interposat per l'afectat que afirma que la part de la finca amb clau 6F (sistema de parc urba`-forestal) és un sistema local de zona verda urbana i per tant, so`l en situació ba`sica de so`l urbanitzat. S'ha de dir, que és la realitat fa`ctica de la finca el que s'ha de considerar per determinar la situació ba`sica del so`l i no la classificació i/o qualificació urbanística del mateix. Per altra banda, els so`ls amb la clau 6F són sistema d'espais lliures només als efectes de la titularitat i ús públic i pel que fa als usos, funcionalitat i cara`cter queden assimilats a les a`rees de tractament especial tal i com es regulen a l'article 60 del PEPCO (a`rees de tractament específic, a`mbits de tractament paisatgístic). És a dir, són so`ls en els que el tractament és forestal i alhora específic per a lleure passiu (a`rees de pícnic, acampada, observació d'ocells, miradors, etc), a causa d'una major utilització del mateix per les persones. I al contrari del que afirma l'afectat, el so`l amb clau 6F (sistema de parc urba`-forestal) és un sistema general com els parcs urbans i els parcs forestals (veure art. 56 de les NNUU del PGM), i en cap cas no podran ser objecte d'usos o transformacions que no siguin congruents amb la seva naturalesa d'espai natural (veure art. 13 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'intere`s natural).

Tampoc el so`l qualificat de clau 6F esta` inclo`s en cap polígon d'actuació urbanística ni en cap sector de planejament urbanístic derivat. (...)>>>

Como es de ver, nos hallamos ante una situación muy próxima a la que ha tenido que abordar recientemente la STS 3ª5ª nº 271, de 12 de marzo de 2025, RC 3918/2015, en cuyo fundamento jurídico noveno se ha visto en la tesitura de tener que rechazar la tesis de la propiedad sobre el carácter urbanizado del suelo a expropiar, haciéndolo, además, en unos términos que presentan un gran paralelismo con el escenario que ahora nos ocupa. Dice así el Alto Tribunal:

<<<(...)NOVENO.- Resolución del recurso contencioso-administrativo. Situación básica del suelo expropiado y método de valoración.

El artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional , en su redacción anterior a la Ley Orgánica 7/2015, determina que debamos resolver el litigio en los términos en que ha sido planteado el debate.

Pues bien, al igual que en las sentencias de 13 de marzo de 2017 , y una vez determinado que la legislación aplicable es el Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, la cuestión litigiosa se circunscribe a si, como pretende la recurrente, la valoración de la finca expropiada debe realizarse en los términos establecidos en el artículo 24 del indicado texto legal, esto es, en consideración a que el suelo se halla en situación de urbanizado por reunir los requisitos o características contempladas en el artículo 12.3 de igual norma. En efecto, examinadas las actuaciones se comprueba que el informe pericial que se acompaña a la demanda parte de la consideración del suelo expropiado como suelo urbanizado para la aplicación del artículo 24.1.a), segundo párrafo, y apartados b) y c) del mismo precepto, y para ello parte de la clasificación del suelo que menciona la sentencia de la Sala de Madrid de 4 de junio de 2009 , más arriba mencionada.

Sin embargo, como señalábamos en las sentencias de 13 de marzo de 2017 , es oportuno recordar que la inclusión de un terreno en la situación de suelo rural o de suelo urbanizado, únicas contempladas en el en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 , constituye, como decíamos en sentencias de 16 de noviembre de 2015 (recurso de casación 1080/2014 ), 21 de diciembre de 2015 (recurso de casación 2229/2014 ) y 29 de febrero de 2016 (recurso de casación 3744/2014 ), una cuestión de hecho que por tal depende de una valoración técnica de las circunstancias concurrentes en el suelo y en el momento de la valoración, y no de la clasificación urbanística, criterio este último abandonado con la nueva legislación. Este criterio aparece también recogido en la sentencia de 16 de abril de 2018, recurso de casación número 3034/2016 . Y es esta mera clasificación urbanística la que lleva a dicha sentencia de 4 de junio de 2009 a identificar el suelo como urbano, en un litigio que se circunscribía -insistimos- a la desestimación presunta de la solicitud de fijación del justiprecio.

Así en el presente procedimiento, ni el expediente ni en las actuaciones obra elemento probatorio alguno que acredite que la finca de litis se ajusta a la situación de suelo urbanizado conforme a las condiciones exigidas en el artículo 12.3 del Texto Refundido de 2008. En efecto, en la propia demanda se parte de considerar el suelo expropiado como suelo urbano, sin alegar ni justificar ninguna de las características que permitan tal clasificación y lo mismo sucede con el informe pericial aportado junto con la demanda, el cual se limita a afirmar apodícticamente la clasificación del suelo como urbano. Igualmente, el informe pericial obrante en las actuaciones, elaborado por el perito Sr. Abilio, parte en su valoración de la clasificación del suelo como suelo urbano, zona verde, pero nada permite afirmar que el suelo reúna las características exigidas por el citado precepto para su clasificación como suelo urbanizado.

Consecuencia de lo expuesto es que, al igual que en las sentencias de la Sala de 13 de marzo de 2017 , la valoración deba realizarse de conformidad con el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008 , esto es, en consideración a su situación básica de suelo rural.

En consecuencia, previéndose en el artículo 23 de dicho texto legal como método de valoración el de capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, ante la ausencia de prueba que permita la aplicación de dicho método, necesariamente ha de posponerse para ejecución de sentencia la fijación del justiprecio, que se ajustará a los términos del indicado artículo 23, sin que el justiprecio resultante pueda ser inferior al reconocido en la sentencia de instancia ni superior al instado por la propiedad en su hoja de aprecio.(...)>>>

Huelga advertir que el sentido de los preceptos citados del texto refundido de 2008, se ha visto reproducido en los correspondientes apartados de los art. 21 y 36 del texto refundido de 2015.

3.3.- La suspensión del procedimiento de fijación del justiprecio y la nueva tasación del suelo a expropiar

Obviamente, el JECB debió atender la solicitud de suspensión del procedimiento formulada por el ABCN; así lo determinó en su momento el Juzgado nº 4 de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona y, como hemos podido ver, así vino a confirmarlo la Sección 2ª de nuestra Sala. Sin embargo, a estas alturas tales circunstancias no podrán llevarnos a una retroacción integral del procedimiento.

El suelo a valorar es rústico y sobre tal premisa el ABCN ya formuló una valoración a la que las partes han podido oponerse, tanto en vía administrativa como jurisdiccional.

También contamos con la valoración de suelo rústico efectuada en su momento por el JECB, defendida por la AGC y que los otros contendientes han podido contradecir o cuestionar en sucesivas ocasiones. Valoración que compartiremos, sin perjuicio de discrepar de la exclusión efectuada por el órgano tasador del suelo (también) afecto a sistema general de transporte aéreo de energía eléctrica.

En su Resolución de 21 de junio de 2019, el órgano tasador señalaba lo siguiente:

<<<(...) QUART.- FULL D'APREUAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ EXPROPIANT.

L'ajuntament de Barcelona presenta el full d'apreuament modificat de data 20 de desembre de 2018, que es pot resumir en els elements següents, que es reprodueixen sols en la part que interessa, per constar a l'expedient, i al qual ens remetem.

Concepte m² €/m² Import (€)

Expropiació 10.632,16 2,38 25.284,57

Premi d'afecció 5% sobre 25.284,57 1.264,23

Total 26.548,80

FONAMENTS DE DRET

Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d'Expropiació de Catalunya, i el seu reglament, aprovat pel decret 120/2009, de 28 de juliol

Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, i el seu reglament, de 26 d'abril de 1957.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

RD 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la llei del sòl

RDL 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.

(...)

Comentaris a la valoració de l'administració expropiant.

L'ajuntament de Barcelona presenta el full d'apreuament modificat de data 20 de desembre de 2018 per un import de 26.548,80 €, amb una superfície de 10.632,16 m². L'administració expropiant no fa un anàlisi sobre la procedència o no de l'aplicació de l'article 114 de la llei d'urbanisme.

La data de referència de la valoració indica que és el 17 de maig de 2018, la data de presentació del full d'apreuament tal com estableix l' article 114 del DL 1/2010 de 3 d'agost.

Manifesta el desacord amb el full d'apreuament de l'expropiat i realitza un anàlisi molt detallat de l'estudi de mercat utilitzat en el citat full d'apreuament. Conclou que el preu de venda obtingut és un 55% més elevat que el preu estadístic de venda d'un habitatge de segona mà al districte de Nou Barris publicat per la secretaria d'habitatge. També considera que el coeficient de 0,85 per passar del mòdul de venda útil a construït és insuficient d'acord amb les exigències normatives per la construcció de blocs plurifamiliars, d'acord amb una publicació de l'Asociación Profesional de Sociedades de Valración (ATASA) estima aquest coeficient en 0,77.

Aplica el RDL 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana. Per la determinació de la situació bàsica del sòl, considera els sòl qualificat com clau 27, parc forestal de conservació, 6f i 5 situats en sector forestal, que d'acord amb la ponència cadastral estan classificats com a rural d'ús agrari, estan en situació bàsica de sòl rural, ja que no compleixen els requisits prevists en l' article 21.3 del Reial Decret legislatiu 7/2015. Valora la parcel·la aplicant l' article 36 del RDL 7/2015 per a la valoració de sòl en situació bàsica de sòl rural.

Considera l'explotació d'un bosc com a aprofitament potencial de la parcel·la, pren la renda anual de les dades de l'Agència Tributària " Valors bàsics immobles rústics cultius, aprofitaments, construccions agràries i índex corrector" Barcelona 2018. Resultant un valor de 52,46 €/ha, encara que en l'annex del full d'apreuament aquest import figura un import de 43,72 €/ha.

Calcula el tipus de capitalització utilitzant els valors mitjans del rendiment del mes de desembre, de cadascun dels tres anys anteriors a la data de valoració, 2015, 2016 i 2017, i obté el 2,73 %. Aplica el factor de correcció del tipus de capitalització previst en l' article 12 del RD 1492/2011, que en el cas de l'explotació forestal és 0,58. Resultant un r2 = 2,73% x 0,58 = 1,58 %.

Per l'obtenció del valor del sòl aplica la fórmula V = R / r2 = 0,005246 €/ha /0,0158 = 0,33 €/m2.

Calcula el coeficient de localització d'acord amb l' article 17 del RD 1492/201, resultant de un valor de 7,17. En el càlcul d'aquest valor s'observa una errada aritmètica en els valors del coeficient u1 ,que segons les operacions indicades hauria de ser 2,96, quan en els càlculs s'ha utilitzat el valor de 3,09 i del coeficient u3 ,que segons les operacions indicades hauria de ser 1,8 quan en els càlculs s'ha utilitzat el valor d'1,6.

El valor del sòl resultant aplicant les correccions indicades seria de 7,73.

El valor del sòl és 0,33 €/m2 x 7,17 = 2,38 €/m².

Al valor del sòl s'afegeix el premi d'afecció del 5% per obtenir el valor de l'expropiació. En la valoració no s'ha considerat que part de la finca està afectada per una servitud de pas de quatre línies elèctriques d'alta tensió (una de 400 kV i tres de 220 kV) que pertanyen a la xarxa de transport elèctric (infraestructura pròpia de les activitats del subministrament elèctric, en aquest cas, transport), ni el caràcter de sistema general que tenen aquestes infraestructures.

Valoració dels béns i drets que s'expropien i justificació dels paràmetres aplicats

Sent que l'administració expropiant ha valorat la parcel·la, el Jurat d'Expropiació valora la parcel·la, però s'exclou de la valoració la part de la parcel·la que és sistema general (la infraestructura de transport d'energia elèctrica d'acord amb l' article 5.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico). Així mateix aquesta part de la parcel·la ja hauria estat subjecta, en el seu dia, a un altre expedient d'expropiació per la servitud de pas de la línia elèctrica.

En l'apartat segon d'aquest acord, destinat a la descripció física i jurídica, dels béns i drets afectats i al motiu de l'expropiació, s'argumenta que el sòl d'aquesta finca cadastral és no urbanitzable i part és sistema general (la infraestructura de transport d'energia elèctrica d'acord amb l' article 5.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico) per la qual cosa l'expropiació per ministeri de la llei no és aplicable. No obstant el Jurat valorarà perquè ambdues parts expropiant i expropiada han presentat la seva valoració i estan vinculades als fulls d'apreuament que han presentat d'acord. En aquest sentit la sentència de data 1 de desembre de 2009, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, Sala Contenciosa Administrativa, en el seu fonament de dret cinquè apartats segon i tercer.

La valoració es realitza aplicant el Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

Per la parcel·la discorren quatre línies d'alta tensió (una de 400 kV i tres de 220 kV) que pertanyen a la xarxa de transport elèctric (infraestructura pròpia de les activitats del subministrament elèctric, en aquest cas, transport)

La superfície ocupada per la franja de servitud de les línies elèctriques aèries és de 7.763,93 m² aproximadament, el que representa un 70% de la superfície de la parcel·la cadastral. La superfície afectada per la servitud de pas de la instal·lació de transport elèctric és sistema general (art.5 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric), l'expropiació per ministeri de la llei d'aquesta part del sòl no és aplicable d'acord amb l'article 114.4 de la Llei d'Urbanisme.

Per la valoració de la parcel·la només s'ha considerat la superfície no afectada per sistemes generals. 10.632,16 m2 - 7.763,93 m2 = 2.868,23 m2.

El RDL 7/2015 de 30 d'octubre defineix el sòl urbanitzat com aquell que es troba integrat de forma legal i efectiva en la xarxa de dotacions i serveis propis dels nuclis de població. Aquesta situació és dona quan les parcel·les disposen de les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística o poden comptar amb ells mitjançant obres de connexió de les parcel·les a les instal·lacions en funcionament. Article 21.3 del Reial Decret legislatiu 7/2015:

"Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las siguientes condiciones:

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación.

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de planificación correspondiente."

La parcel·la no està integrada a la trama urbana, no es troba edificada, no disposa de serveis ni infraestructures connectades en xarxa ni tampoc es troba urbanitzada. Es tracta d'un sòl qualificat com clau 6f, tot ell en situació bàsica de sòl rural d'acord amb el que preveu l' article 21 del RDL 7/2015, ja que no té instal·lades ni operatives, conforme a l'establert en la legislació urbanística aplicable, les infraestructures i els serveis necessaris, tampoc pot comptar amb ells mitjançant la seva connexió en xarxa, que permeti satisfer la demanda dels usos i edificacions existents o previstes per l'ordenació urbanística, sense altres obres que les de connexió amb les instal·lacions preexistents.

Si que es donen les condicions previstes a l'article 21 .2 b) del Reial Decret legislatiu 7/2015 que defineix el sòl que es troba en situació bàsica de sòl rural.

"b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a que se refiere el apartado siguiente."

Conseqüentment, es planteja la valoració d'acord a la situació bàsica de sòl rural que estableix l' article 36 del RDL 7/2015.

Es pren com a data de referència de la valoració la del 17 de maig de 2018, la data de presentació del full d'apreuament a l'ajuntament de Barcelona.

S'aplica el tipus de capitalització indicat disposició addicional setena del RDL 7/2015, en aquest cas seran els corresponents als anys 2015, 2016 i 2017 i resulta un valor de r1= 0,02727 (annex 2).

La taxa de capitalització corregida segons indica l'art. 12 del Reglament de valoracions per les explotacions forestals per el coeficient corrector de 0,58.

r2 = 0,03020 x 0,58 = 0,01582

Ateses les característiques de la parcel·la i la zona en que es troba localitzada considerem com a aprofitament potencial d'explotació forestal amb un valor de la renda anual de 107 €/ha (annex núm.1).

D'acord amb l' article 17 del RD 1492/2011, la valoració final del sòl és: Vf = V*Fl On:

Vf = valor final del sòl en €

V = valor de capitalització de la renda en € Fl = factor global de localització.

Sent: Fl = u1*u2*u3 u1 = accessibilitat a nuclis de població u2 = accessibilitat a centres d'activitat econòmica u3 = ubicació en zones de singular valor ambiental o paisatgístic.

Aplicant els criteris del l' article 17 del RD 1492/2011, i la Sentència del Tribunal Constitucional de 11/09/2014 resulta

u1 = 3,9

P1 = 1.982.998 (nombre d'habitants dels nuclis de població a menys de 4 km)

P2 = 2.754.644 (nombre d'habitants dels nuclis de població a més de 4 km i menys de 40 km)

u2 = = 1,55

d = distància distancia a centres de comunicacions, transport, d'activitat econòmica, etc. d = 60 km

d = 5 km a la C-58

u3 = 1,7

Es considera aquest factor que té en compte la ubicació en llocs d'un singular valor ambiental o paisatgístic, ja que la parcel·la es troba dintre de la Xarxa Natura 2000 i dintre del Parc Natural de Collserola.

p = Coeficient de ponderació segons la qualitat ambiental o paisatgística = 1

t = Coeficient de ponderació segons el règim d'usos i activitats = 5

Fl= u1 x u2 x u3 = 10,28

Vf (sòl) = 0,68 x 10,28 = 6,99 €/m²

Concepte m² €/m² Import (€)

Expropiació 2.868,23 6,99 20.048,93

Premi d'afecció 5% sobre 20.048,93 1.002,45

Total 21.051,38

Tenint en compte que el valor ofert per l'Administració és superior al obtingut pel Jurat, d'acord a l'article 12 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d'Expropiació de Catalunya, per congruència, s'adopta el valor ofert per l'Administració de 26.548,80 € (...)>>>

Se trata de una valoración detallada y precisa que, en lo que atañe al suelo no afectado por las servidumbres eléctricas, cabe considerar más ajustada a la realidad, toda vez que, pese al carácter rústico de los terrenos, no puede ignorarse las características del ámbito metropolitano en el que se integran. Es por ello que, especialmente en factores tales como la renta anual o en lo que atañe al factor de localización, deberán prevalecer los valores obtenidos por el JECB frente a los del ABCN (107 euros/ha y año frente a 52,46 euros/ha y año, y 10,28 frente a 7,17).

3.4.- Las consecuencias derivadas de las precedentes consideraciones

Las consecuencias que se derivarán de las consideraciones precedentes serán las siguientes:

1ª.- La anulación de las Resoluciones adoptadas por el JECB en sesiones de 21 de junio y 8 de noviembre de 2019.

2ª.- La extensión de la expropiación a un total de 10.632,16 m2.

3ª.- La realización de una nueva tasación por parte del JECB, a la mayor brevedad, sujeta a las siguientes condiciones:

-Valor unitario del suelo no afectado por las servidumbres eléctricas (2.868,23 m2): 6,99 euros/m2.

-Valor unitario del suelo afectado por las servidumbres eléctricas (7.763,93 m2): Como mínimo 2,38 euros/m2, que es el valor unitario de todo el suelo que había señalado en su momento el ABCN, sin que se pueda exceder el valor unitario del suelo no afecto a tales servidumbres.

De ello se desprende que, una vez incorporado el premio de afección, el justiprecio no podrá ser inferior a 40.453,43 euros.

CUARTO.- Costas

La circunstancia de que nos hallemos frente a la estimación parcial de las pretensiones de las partes demandantes deberá llevarnos a no emitir una condena en costas. Cada parte deberá hacer frente a las suyas propias que, en lo que atañe a la familia Fermín Efrain Obdulio Candido Ángel Jesús Segundo Remigio Humberto Joaquín, incluirán el coste de la pericial judicial. Las comunes, en su caso, deberán ser sufragadas por todas las partes en idéntica proporción.

Fallo

ESTIMAR PARCIALMENTEel presente recurso contencioso-administrativo ordinario acumulado nº 256/2019 y nº 377/2020, promovido por el EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA y por el SR. Fermín y otros contra el JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA-SECCIÓ DE BARCELONA con las consecuencias que aparecen especificadas en el epígrafe 3.4 del fundamento jurídico TERCERO, que se dan por reproducidas.

En cuanto a las costas, deberá estarse a lo dispuesto en el fundamento jurídico CUARTO.

Notifíquese, y hágase saber a las partes que la presente Sentencia no es firme. Contra la misma podrá interponerse recurso de casación de conformidad con lo dispuesto en los art. 86 a 89 LJCA, sin perjuicio de tener presente, a la vez, el Acuerdo de 26 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (BOE 162, de 6 de julio de 2016).

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

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