Sentencia Contencioso-Administrativo 1166/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 966/2022 de 31 de marzo del 2025

PRIMER: Resolució judicial impugnada. Parts. Pretensions

A través d'aquesta alçada la COMUNITAT DE REGANTS DIRECCION000 (en endavant COMUNITAT 1 o C1) ha impugnat la Sentència núm. 218, d'11 d'octubre de 2021, dictada pel JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 DE BARCELONA en el procediment ordinari 437/2018-A.

Els fonaments jurídics de la Sentència són aquests:

<<<(...) PRIMERO.- El presente recurso ti ene por objeto la adecuación a derecho de la Resolución de 7 de marzo de 2019 que desesti ma el recurso de reposición contra la Resolución de 28 de mayo de 2018 del Director de l'ACA aprobando administrati vamente la modifi cación de los estatutos de la CUADLL (expediente NUM000).

La parte recurrente alega como antecedentes fácti cos de relevancia que la comunidad es una corporación de Derecho público adscrita a la Agencia Catalana del Agua, de conformidad con lo dispuesto en los artí culos 82 del Real decreto legislati vo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y 199 del Reglamento del dominio público hidráulico (RDPH). La Comunidad son los propietarios, regantes y usuarios de las mercancías adheridas al uso± de aguas de superfi ciales del río Llobregat, situado en el término municipal de Pallejà y denominado Canal de la Dreta. El ámbito territorial de la Comunidad comprende la zona regable que fi gura en el proyecto de solicitud de revisión y fi jación de característi cas a que se refi ere la Resolución de 23 de diciembre de 1988 (expt. NUM001) de la anti gua Junta de Aguas de Catalunya. Por su parte, la Comunidad de Usuarios del Agua de la Vall Baixa del Delta del Llobregat, seguida de la "CUADLL", es una comunidad de usuarios también regida por la TRTPA y la RDPH. Los usuarios de CUADLL conforman los propietarios, los regantes y otros usuarios con derecho a aprovechamiento de las aguas subterráneas y superfi ciales para captaciones situadas dentro de su ámbito competencial (l'Annex 1, 2) del Decret 328/1988 d'1 d'octubre). En fecha 31 de julio de 2017 la recurrente presentó ante la CUADLL una comunicación or la que se pedía la constancia de la comunidad en el padrón de la CUADLL, y en el caso de no estar incluida, se pedía su inclusión. El 19 de diciembre la CUADLL contestó que de la anterior comunicación no se desprendía ninguna solicitud de inclusión en la CUADLL y que "després de la modifi cació dels Estatuts acordada pels usuaris en Junta General, la CUADLL els ha adaptata la seva situació i naturalesa real, eliminant del seu arti cle primer i tercer la referència al usuaris i regants amb dret a i'aprofi taxnent d'aigües superfi cials perqué históricament la CUADLL s'ha dedicat ies dedica, única i exclusivament, a l'organització dels usuaris amb dret a l'aprofi tament d'aigües suhterránies del nostre ámbit territorial d'actuació, perqué la legislacióexistent d'aplicació, diferencia clarament les organitzacions d'ambdás ti pus d'aprofi taments, i perqué la própia Comunitat de regants del DIRECCION000 ja agrupa als propietaris, regants i altres usuaris amb dret a l'aprofi tament d'aigües superfi cials del mateix mbit territorial". (doc. 1). La recurrente sosti ene que dada su condición de concesionaria de aguas superfi ciales, a pesar de ser una comunidad de usuarios, en su calidad de ti tular de un aprovechamiento privati vo, antes de la modifi cación estatutaria, debería formar parte de la CUADLL.

En el año 2004 por acuerdo de la Junta General de la CUADLL celebrada el día 11 de diciembre de 2003 se procedió a incluir en los estatutos de la CUADLL a los propietarios y regantes y otros usuarios con derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas y superfi ciales para captaciones situadas dentro de su ámbito territorial. El art. 3 de los estatutos disponía que "són membres de la Comunitat i en formaran part tots els usuaris dels aproti taments d'aiqües subterránies i superfi cials, les captacions dels quals esti guin situades en l'àreaesmentada en l'arti cle precedent. Aquests usuaris es consignen agrupats segons els usos, i amb expressió dels aprofi taments, les caracteristi ques i. els tí tols respecti us, en el padró de la Comunitat". Se dice que desde esa fecha la CUADLL incluía entre sus miembros, a los usuarios de las aguas subterráneas y superficiales.

El 29 de noviembre de 2017 se celebró la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la CUADLL, con el correspondiente orden del día, sin que constara ningún otro extremo. En la convocatoria de la extraordinaria fi guraba la modifi cación de los estatutos. Se dice que, a instancia de algún usuario se comunicó con antelación que: "les principals modifi cacions proposades respecte l'actual text vigent [dels estatuts] se centren, a més d'actualitzar les referéncies legislati ves d'aplicació, en els aspectes que us avancem: modifi cació del quórum per a la válida consti tució de la Junta General en segona convocatória (art. 15); eliminar la regulació detallada de la Comissió Técnica del Consell Consulti u; potenciar l'objecte de la comunitat en quant a un major coneixement de les aigües subterránies de l'ámbit d'actuació, així com la funció de la comunitat en quant a comunitat d'usuaris d'aigües subterránies".A juicio de la recurrente esta convocatoria vulnera el artí culo 12 de los Estatutos de la CUADLL (folios 45 EA) que dispone que las sesiones de la Junta General Extraordinaria deben ser convocadas de forma moti vada. Esa convocatoria tenía una gran relevancia porque uno de los aspectos a modifi car era la exclusión de una parte de los usuarios de la comunidad.

En la junta se produjo la modifi cación de los estatutos de la CUADLL por la que se excluyó del ámbito de la misma, los aprovechamientos de aguas superfi ciales, sin justi fi cación técnica o económica que lo moti vara.

Se argumenta que se ha vulnerado el art. 16 de los estatutos de la CUADLL que disponía que "en els acords relati us a la modifi cació dels estatuts requereixen una majoria absoluta dels vots de la comunitat, en contraposició a la resta d'acords que segueixen la norma general d'adopció per majoria deis vots presents o representats en la Junta General"y esta comprobación no se llevó a cabo en ningún momento. No se dejó constancia de los usuarios presentes en la Junta ni tampoco de los que acudieron representados, ni de los votos que suponían los presentes respecto del total de la comunidad. Se alega que tampoco se llevó a cabo la votación en la que se contaran los votos emiti dos y que los mismos fueran la mayoría establecida. El certi fi cado de 1 de diciembre de 2017 certi fi có que "d'acord anb l'ordre del dia consignat a l'escrit de la convocatória, una vegada exposada i debatuda la proposta de modifi cació dels Estatuts i Reglaments de la CUADLL, d'acord amb les previsions legals i estatutáries, la Junta General d'usuaris va aprovar la modifi cació dels Estatuts i Reglaments de la CUADLL d'acord amb el nou redactat que s'adjurita a la present certi fi cació per triplicat exemplar",sin mención alguna al número de asistentes, el resultado de la votación y la myoría que ello suponía respecto al total. Con posterioridad y en sede de reclamación adminsitrati va se elaboró una nueva certi fi cación (folios 129 EA) en la que se deja constancia de un listado de asistentes y representaciones que tampoco supone los votos que supone ni tampoco las mayorías que representa (doc. 2 demanda).

La parte demandada ACA se opone a la demanda sosteniendo que el papel de la ACA es ejercer una función de tutela y verifi cación de la legalidad de los estatutos y esta función se ha cumplido de conformidad con la ley.

La parte codemandada CUADLL se opone a la demanda planteando una causa de inadmisibilidad del art. 33.2 LJCA por falta de legiti mación acti va de la recurrente para impugnar un acuerdo de la ACA, por vulneración del art. 20 c) de la LJCA y art. 69.b). También sosti ene que concurre la causa de inadmisibilidad consistente en la falta de condición de interesada de la COMUNITAT DE REGANTS DIRECCION000 en el expediente administrati vo y por ello, en el presente procedimiento.

Sobre el fondo se alega, en síntesis que la función limitadora en la intervención de la ACA, verifi cando la legalidad de los estatutos, se ha cumplido. Que resultan improcedentes los moti vos esgrimidos respecto a la falta de justi fi cación de la modifi cación de los estatutos de la CUADLL, la falta d moti vación de la convocatoria, la falta de cumplimiento de las mayorías estatutarias y que no existe desviación procesal.

SEGUNDO.-Son antecedentes de hecho relevantes que se desprenden del expediente administrati vo que el 5 de diciembre de 2017 la CUADLL solicitó la aprobación de la modifi cación de sus estatutos y reglamentos. (doc. 1 EA folios 1-67).

En fecha 11 de enero de 2018 se emiti ó informa jurídico favorable (doc. 4 EA). La enti dad recurrente presentó un escrito de alegaciones oponiéndose a la modifi cación y solicitando ser parte interesada en el expediente (doc. 3 EA).En fecha 31 de enero de 2018 la empresa TENIS GAVÁ, S.L también presentó alegaciones oponiéndose a la modifi cación y solicitando ser parte interesada en el expediente (doc. 5 EA).

En fecha 19 de marzo de 2018 ambas enti dades COMUNITAT DE REGANTS DIRECCION000 y TENIS GAVÁ, S.L presentaron alegaciones de los que se dio traslado a la CUADLL y ésta a su vez, presentó el 27 de abril, un escrito de alegaciones.

El 17 de mayo el Director del Área de abastamiento propuso al director del ACA, la aprobación de los estatutos solicitada por la CUADLL (doc. 14 EA).

En fecha 28 de mayo de 2018 el Director de la ACA dictó la resolución aprobando la modifi cación de los Estatutos de la CUADLL (doc. 15 EA). contra dicha resolución se interpusieron dos recursos de reposición que fueron desesti mados por la Resolución de 7 de marzo de 2019 (doc. 32 y 33 EA).

TERCERO.La falta de legiti mación acti va de la recurrente para impugnar un acuerdo de la ACA, por vulneración del art. 20 c) de la LJCA y art. 69.b). para analizar este extremo resulta preciso diseccionar la naturaleza jurídica del acuerdo impugnado. En el presente caso, se impugna un acuerdo del ACA que aprueba una modifi cación estatutaria de una comunidad de usuarios (CUADLL), que excluye a los usuarios de aguas superfi ciales, incluidos en la misma desde 2004. En ejecución del acuerdo impugnado se produciría la discriminación entre los usuarios de aguas superfi ciales que sí formaban parte de la CUALLD por haber sido admiti da su inclusión antes de la modifi cación y aquellos que, como la recurrente, vieron como la modifi cación estatutaria les vedaba esta posibilidad. Se comparte la perspecti va sostenida por la promovente al considerar que las comunidades de regantes llevan a cabo funciones de carácter mixto público y privado, referidos a la consecución tanto de intereses públicos como de intereses privados de sus comuneros (que ven ahora limitada su parti cipación en la CUADLL). Por ello, debe concluirse que el acto impugnado no está incurso en la prohibición del art. 20c) de la LJCA.

La causa de inadmisibilidad consistente en la falta de condición de interesada de la COMUNITAT DE REGANTS DIRECCION000 en el expediente administrati vo y por ello, en el presente procedimiento tampoco puede esti marse porque la ACA le otorgó dicha condición en sede administrati va y no fue objeto de impugnación. Resulta obvio que, habiendo formalizado su peti ción de inclusión en la CUADLL y antes de que la misma fuera resuelta, se aprobara una modifi cación estatutaria cuya principal efecto era la de excluir a los usuarios de aguas superfi ciales, sitúa a la recurrente en la condición de interesada.

CUARTO.-Los moti vos de impugnación sobre los que se sustenta la pretensión de nulidad son varios: la falta de justi fi cación de la modifi cación de los estatutos de la CUADLL; la falta de moti vación de la convocatoria de la Junta General; la falta de cumplimiento de las mayorías establecidas para la toma del acuerdo de la modifi cación de los estatutos; la falta de asistencia de la titular de 62 votos (SEM); la existencia de desviación de poder.

Debe partirse de la limitación del objeto del presente procedimiento en los términos que defi ne la propia ACA. Las Comunidades de usuarios son Administración corporati va y en ejercicio de sus potestades, se organizan. La aprobación administrati va de la modifi cación de los estatutos forma parte de la función de tutela que el ordenamiento jurídico otorga a la ACA (at. 82.3 TRLA y art. 193 del Reglamento de dominio público hidráulico). La aprobación es una mera homologación que se obti ene mediante un procedimiento reglado, sin poder entrar en el fondo de las cuesti ones debati das, sino únicamente como un control de legalidad formal (arts. 198.1, 201.7 y 201.8 reglamento). Se conviene con la ACA que el control en sede jurisdiccional, al revisarse el acuerdo que aprueba administrati vamente la modifi cación de los estatutos de la CUADLL dentro de sus funciones de verifi cación formal, debe circunscribirse a eso mismo. Por este moti vo no pueden esti marse las pretensiones relati vas a que se declare que la falta de justi fi cación de la modifi cación estatutaria, la falta de moti vación de la convocatoria, la falta de asistencia de la ti tular de 62 votos o la desviación de poder, siendo conforme a derecho las argumentaciones sostenidas en la resolución impugnada, en respuesta a las pretensiones de la recurrente y del CLUB TENIS GAVÁ.

A la vista de la prueba practi cada, debe convenirse que la resolución impugnada es conforme a derecho por las consideraciones que se expondrán. El art. 201.7 del reglamento dispone que "per tant, en els procediments de modifi cació dels Estauts, la dengació de l'aprovació només podrá ser per moti us d'ilegalitat o per no haver-se seguit les formalitats exigides en el RDPH per la seva modifi cació".

Debe partirse que el acuerdo de 29 de noviembre de 2018 que acordaba modifi car los estatutos, pudo haberse recurrido en alzada sin que fuera impugnado, deviniendo fi rme y consenti do. Tal y como se sosti ene por la ACA, la modifi cación estatutaria es conforme a la normati va aplicable porque no está prevista la consti tución de una comunidad de los ti tulares de aprovechamientos de aguas subterráneas con superfi ciales, sino que el Decreto 328/1988 solo obliga a que se consti tuyan aquellos que los son de aguas subterráneas.

La solicitud de la CUADLL dirigida a la ACA para que se aprobara la modifi cación de sus estatutos fue acompañada de la documentación necesaria (art. 215 y 218 Reglamento): la convocatoria de la Junta general extraordinaria, los originales de los Estatutos y Reglamentos y el acuerdo de la Secretaria con el visto bueno del presidente de la CUADLL así como un ejemplar de los estatutos anteriores (doc. 1-67 EA). Esta documentación permiti ó el ejercicio de la función revisora de la legalidad del acuerdo, que vio la luz en la resolución de 28 de mayo de 2018. No se aprecia en dicho acuerdo, la existencia de ninguno de los vicios formales invalidantes que puedan ser tributarios de nulidad.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación de la demanda.(...)>>>

L'ara apel·lant pretén que aquesta Sala revoqui la Sentència que acabem de transcriure i que en substitució de la mateixa estimi la demanda deduïda en el seu dia.

L'ADVOCACIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (AGC), en representació de L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA), ha sol·licitat la desestimació de l'apel·lació.

I la COMUNITAT D'USUARIS D'AIGÜES SUBTERRÀNIES DE LA VALL BAIXA I DELTA DEL RIU LLOBREGAT (en endavant, COMUNITAT 2 o C2) també ha sol·licitat la desestimació de l'apel·lació; però no sense adherir-se a la mateixa, a fi i efecte de sostenir la manca de legitimació de la COMUNITAT 1.

SEGON: Origen i extrems de la controvèrsia, i respostes de la Sala

2.1: Origen de la controvèrsia

En el seu dia, la C 2 va decidir adaptar els seus estatuts a les previsions del Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, que obligava tots els titulars d'aprofitaments d'aigües subterrànies o d'aiguaneixos, a constituir les corresponents comunitats d'usuaris a les diferents demarcacions.

Per tal d'adaptar-se estrictament a aquestes disposició la C 2, tal com acabem d'assenyalar, incoà un procediment de modificació estatutària que, entre d'altres extrems, preveia circumscriure l'àmbit de la comunitat a les aigües subterrànies, amb exclusió de les superficials.

La C 1, en veure exclosa la possibilitat de ser part o d'associar-se amb la C 2, impugnà l'aprovació definitiva (per part de L'ACA) de la modificació dels estatuts de la C 2. Primer en seu de reposició i, ulteriorment, en seu jurisdiccional.

2.2: Sobre l'adequació de l'apel·lació de la C 1 als canons de rigor

Se'ns diu, per les altres parts, que l'apel·lació que l'apel·lació formulada per la C 1 hauria de ser inadmesa en no contenir una crítica de la Sentència del Jutjat i ser, al capdavall, una reproducció de la demanda.

Que les apel·lacions beguin dels arguments dels escrits de demanda o de contestació és inevitable. Passa ara i passa sempre, i el present supòsit no constitueix una excepció; però també és veritat que en l'apel·lació de la C 1 es pot identificar sense dificultats un desacord radical amb les consideracions jurídiques fetes pel Jutjat a quo,la qual cosa porta implícita una crítica al veredicte recaigut en primera instància.

2.3: Sobre la crítica a la valoració de la prova feta pel Jutjat

La C 1 ha posat en entredit la valoració de les proves feta pel Jutjat; però no ha demostrat que l'òrgan jurisdiccional de primera instància hauria arribat a conclusions absurdes o contràries a la lògica.

Convé tenir present que en seu d'apel·lació les possibilitat de revisar la valoració de les proves feta pel jutjador d'instància, són limitades. Ens ho recorda, entre moltes altres, la Sentència núm. 3503, de 21 de juliol de 2021, dictada per la Secció 2ª d'aquesta Sala en l'apel·lació núm. 413/2020, amb aquestes paraules:

<<<(...) SEGUNDO.- Con carácter previo al estudio de la cuestión de fondo, conviene recordar, con cita de la jurisprudencia establecida, entre otras, en las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 24 de noviembre 1987, 05 de diciembre 1988, 20 de diciembre 1989, 5 07 1991, 14 de abril 1993, 26 de octubre 1998 y 15 de diciembre 1998, que:

a) La finalidad del recurso de apelación es la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, por lo que el escrito de alegaciones del apelante debe contener una crítica razonada y articulada de la sentencia o auto apelada, que es lo que debe servir de base a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en primera instancia. Es decir, no es posible la reiteración simple y llana de los argumentos la utilizados en la instancia con el fin de convertir la revisión en una nueva instancia para conseguir una Sentencia o acto a favor.

b) En el recurso de apelación el Tribunal "ad quem" goza de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, pero no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia o auto apelados al margen de los motivos esgrimidos por la parte apelante, como fundamento de su pretensión revocatoria; de manera que la parte apelante debe individualizar los motivos opuestos, para que puedan examinar dentro de los límites y en congruencia con los términos en que vengan ejercitados sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, al no estar concebida la apelación como una repetición del proceso de instancia, sino como una revisión de la sentencia impugnada. La falta de motivación o razonamiento específico dirigido a combatir la sentencia apelada, equivale a omitir las alegaciones correspondientes a las pretensiones en la segunda instancia.

c) El recurso de apelación autoriza al Tribunal "ad quem" a revisar la valoración probatoria del juez "a quo", pero el hecho de que la apreciación por este lo sea de pruebas practicadas a su presencia y con respecto a los principios de inmediatez, oralidad y contradicción, determina por regla general, que la valoración probatoria realizada por el juez de instancia, a quien legalmente le corresponde la apreciación de las pruebas practicadas, se debe respetar a la altura, con el única excepción que la conclusión probatoria que se trate tenga apoyo en el conjunto probatorio practicado, o bien que las diligencias de prueba hayan sido practicadas defectuosamente, entendiendo por infracción la que afecta a la regulación específica de las mismas, fácilmente apreciable, así como de aquellas diligencias de prueba la valoración sea notoriamente errónea.

En lo solo debería bastar para desestimar el recurso interpuesto, por cuanto se reiteran las alegaciones ya efectuadas en la instancia y que se han resuelto en la sentencia dictada. (...)>>>

2.4: Sobre la suposada manca de legitimació de la C 1 atès allò que preveu l' art. 20.c) LJCA

Es tracta d'un al·legat de la C 2 que no podrem compartir.

L' art. 20 LJCA diu això:

<<<(...) Artículo 20.

No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública:

(...)

c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración.(...)>>>

El precepte s'està referint a l'Administració Pública Institucional (organismes autònoms; entitats públiques empresarials; Administracions independents; societats de capital íntegrament públic a tot estirar).

Les comunitats d'usuaris de l'aigua són entitats de base privada; i són essencialment això encara que tinguin reconeguda legalment la condició de subjectes de dret públic als efectes d'exercir determinades competències.

Així les coses, en aquest punt del debat no estarà de més que il·lustrem la nostra posició portant a col·lació bona part dels fonaments jurídics de la STS 3ª5ª d'1 de febrer de 2011, cassació 5670/2006; fonaments, aquests, del tenor literal que segueix (les negretes seran nostres):

<<<(...) FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El presente recurso de casación lo interpone la representación de la COMUNIDAD DE REGANTES DE DIRECCION001 y de D. Cesareo , D. Tomás , D. Juan Y D. Dimas contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, de 20 de julio de 2006 por la que se declara la inadmisión del recurso contencioso-administrativo número 612/2003 interpuesto contra Resolución de 24 de enero de 2003 del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, desestimatoria del recurso de alzada formulado contra la desestimación presunta de la solicitud formulada, por la Comunidad recurrente, en fecha de 12 de abril de 2002, a la Comunidad ---recurrida--- de Regantes de DIRECCION001 en relación con aprovechamiento privativo de aguas del río Mijares.

Ya hemos dejado expuesto en el Antecedente Segundo el pronunciamiento de la Sala de instancia y las razones que se exponen en la sentencia recurrida para fundamentar la estimación del recurso contencioso-administrativo. Procede entonces el examen del recurso de casación cuyo enunciado hemos dejado reseñado en el Antecedente Tercero. Para ello nuestro examen seguirá el orden inverso al planteado por la parte recurrente, por lo que empezaremos por los motivos segundo y tercero, pudiendo ya anticipar que el recurso debe ser estimado por las razones que exponemos a continuación.

(...)

TERCERO .- No obstante lo anterior, ésta es la primera vez que esta Sala se enfrenta a una recurso de casación en que la Sala de instancia declaró la inadmisión del recurso contencioso administrativo interpuesto por una Comunidad de Regantes contra acto de una Confederación Hidrográfica en base a lo dispuesto en el artículo 20.c) de la Ley Jurisdiccional , en que la ratio decicendi de la sentencia para declarar la inadmisión del recurso se funda en la interpretación que se realiza por la Sala respecto de la naturaleza jurídica de las Comunidades de Regantes prevista en la Ley de Aguas, a las que considera Entidades de Derecho Público integradas en una misma entidad pública, esto es, la Confederación Hidrográfica del Júcar ( artículo 82.1 de la vigente Ley de Aguas, Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio ), careciendo de legitimación la Comunidad de Regantes actora ---según se expresa en la sentencia de instancia--- en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 20 de la Ley Jurisdiccional para impugnar los actos del Organismo de Cuenca por tratarse de un órgano superior jerárquico perteneciente a la misma Administración.

El examen sobre la naturaleza jurídica de las Comunidades de Regantes deberá partir del articulo 82 de la vigente Ley de Aguas que al regular la naturaleza y régimen jurídico de las comunidades de usuarios --- género del que forma parte la clase de Comunidades de Regantes, artículo 81.1 --- indica que tienen el carácter de corporaciones de derecho público, adscritas al Organismo de Cuenca, que velará por el cumplimiento de sus estatutos u ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento, y que actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley, en sus reglamentos y en sus estatutos y ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, añadiendo el artículo 81 que los estatutos u ordenanzas, que redactarán y aprobarán los propios usuarios, y deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al Organismo de Cuenca, regularán la organización de las comunidades de usuarios, así como la explotación en régimen de autonomía interna de los bienes hidráulicos inherentes al aprovechamiento.

Siendo la función pública primordial de las Comunidades de Regantes administrar y distribuir entre sus miembros los aprovechamientos colectivos de aguas públicas concedidas, en el ejercicio de tal función están investidas de una serie de potestades, de las que cabe destacar:

1) La potestad organizativa y normativa, por medio de tales Estatutos y Ordenanzas, teniendo en cuenta los contenidos organizativos mínimos relativos a la equidad para contribuir a los gastos, la garantía de los derechos políticos de sus miembros y el funcionamiento democrático de sus miembros (artículo 82.2 );

2) La ejecutividad de sus actos, en los términos previstos en la Ley 30/1992 (artículo 84.5 );

3) La utilización de la ejecución sustitutoria para actos que impongan a los usuarios una obligación de hacer de carácter no personalísimo (artículo 83.1 );

4) La utilización de la vía de apremio para el cobro de sus deudas liquidas, devengadas con motivo de gastos de conservación, limpieza y mejoras y por la administración y distribución de las aguas, con motivo de ejecución subsidiaria o deudas provenientes de multas e indemnizaciones impuestas por los Tribunales o Jurados de Riego (artículo 83.1. y 4 );

5) La potestad de dirimir las controversias de hecho que se susciten entre los usuarios , así como de imponer multas por las infracciones previstas en las Ordenanzas e indemnizaciones (artículo 84.6 ); y,

6) El carácter de beneficiarias de la expropiación forzosa y de la imposición de servidumbres (articulo 83.2 ).

Pues bien, las potestades indicadas justifica que la Ley de Aguas someta su ejercicio a la tutela por el Organismo de Cuenca, que la ejercerá por dos vías:

1) A través de la aprobación de sus Estatutos y Ordenanzas y sus modificaciones, con la salvedad de que no podrá denegar la aprobación de los estatutos y ordenanzas, ni introducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo de Estado (articulo 81.1 ); y,

2) A través del recurso de alzada contra Acuerdos de la Junta General y la Junta de Gobierno.

Su naturaleza de Corporación de Derecho Público también ha sido reseñada por el Tribunal Constitucional en su STC 227/1988 , declarando en su Fundamento de Derecho 24 que "Las comunidades de usuarios que regula la Ley son, como se indica expresamente en el art. 74.1 de la misma, Corporaciones de Derecho público, adscritas al Organismo de cuenca (o a la Administración hidráulica autonómica correspondiente, de acuerdo con la Disposición adicional cuarta ), por lo que el Estado es competente para regular las bases de su régimen jurídico " Tratándose de Corporaciones de Derecho público, como es el caso de las comunidades de usuarios de aguas públicas, cuya finalidad no es otra que la gestión autónoma de los bienes hidráulicos necesarios para los aprovechamientos colectivos de los mismos, en régimen de participación por los interesados" .

Sin embargo, junto a esta función pública, en las Comunidades de Regantes no cabe desconocer la existencia de un interés netamente privado, de carácter profesional, que estuvo presente en sus orígenes históricos, como agrupaciones de agricultores para la autogestión y distribución del agua del riego de un modo eficaz, ordenado y equitativo, carácter que pervive en la actualidad, por más que la evolución histórica de estas agrupaciones se haya caracterizado por una tendencia a acentuar sus funciones públicas, aunque sin llegar a desnaturalizar o eliminar su carácter de agrupación privada para satisfacer los intereses de los comuneros.

Por ello, caber concluir que las Comunidades de Regantes forman parte de la denominada Administración Corporativa, caracterizados por ser entes dotados de personalidad jurídica a los que la Ley les atribuye la gestión de fines públicos, lo que les convierte en Administraciones Públicas, pero que a la vez que satisfacen los intereses privados de sus miembros, siendo pues de naturaleza mixta pública-privada, al igual que otro tipo de entidades asociativas previstas en nuestro ordenamiento como son los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y las extinguidas Cámaras de la Propiedad Urbana.

CUARTO .- Ha sido, justamente, con motivo de recursos de casación interpuestos por las Cámaras de Comercio y de la Propiedad Urbana cuando se ha planteado ante esta Sala la problemática de la legitimación de las mismas que había sido negada por la Sala de instancia y en base a la aplicación del artículo 20.c) de la Ley Jurisdiccional , en términos similares al caso que nos ocupa.

En concreto, en las sentencias de la Sección tercera de 14 de julio de 2003, casación nº 3139/2001 ; de 16 de abril de 2004, casación nº 3026/2000 y de 6 de octubre de 2004, casación nº 4258/2004 , se admitieron los recursos de casación contra las sentencias que declararon la inadmisión del recurso contencioso administrativo que interpuso la Cámara Oficial de Comercio de Madrid contra resoluciones de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid (ya que la Sala de instancia había apreciado la falta de legitimación para impugnar actos de la Administración tutelante por entender que formaban parte de la misma Administración), y, en relación a las Cámaras de la Propiedad Urbana, la sentencia de 27 de octubre de 2009, casación nº 1958/2007 , en la que también se estimó el recurso interpuesto por la Cámara de la Propiedad Urbana de Guipúzcoa contra Auto que declaró la inadmisión del recurso interpuesto contra el Decreto 15/2006, de 31 de enero , sobre régimen y destino del personal y patrimonio de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, del Departamento de Hacienda y Administración Publica y Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca en base a lo dispuesto en el articulo 20.c) de la Ley Jurisdiccional . En esta última sentencia, que recoge la doctrina fijada por la misma sección en las anteriores, establece unos criterios que debemos entender extensibles a las Comunidades de Regantes previstas en la Ley de Aguas. Tal es el caso de:

1) La conceptuación doctrinal y del Tribunal Constitucional sobre las Corporaciones de Derecho, (en las que cabe incardinar las Comunidades de Regantes), en que la Sala dijo:

"Las Corporaciones de Derecho Público integran lo que tradicionalmente se ha llamado Administración Corporativa, cuyo fundamento último se encuentra en la Constitución y, en lo que ahora nos afecta, en el artículo 52 de ésta que establece que: "La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos". Tal como se ha sostenido esos entes corporativos son expresión de la interacción Estado-sociedad. Son entes híbridos, esto es, con manifestaciones del Derecho Público y del Derecho privado que, tradicionalmente adoptan una forma de personificación pública, como persona jurídica de Derecho Público, pero que ejercen funciones tanto públicas, como privadas.

La Constitución consagra su existencia, pero no predetermina su naturaleza jurídica, ni se pronuncia al respecto. Y es, precisamente, sobre esta cuestión, esto es, sobre su naturaleza jurídica en el sentido de determinar su encuadramiento o no como Administración Pública, en relación con la que se plantean los mayores problemas. Ya la Ley Jurisdiccional de 1.956 establecía en su artículo 1º.2 : "Se entenderá a estos efectos por Administración Pública: c) Las Corporaciones e Instituciones Públicas sometidas a la tutela del Estado o de alguna Entidad Local ".

El Tribunal Constitucional ha elaborado su doctrina acerca de la naturaleza de las Corporaciones de Derecho Público, declarando, en síntesis, lo siguiente: a) Las Corporaciones de Derecho Público son propiamente organizaciones de base y fines privados, pero con una dimensión pública por su conexión, también, con el interés público y presentan una doble dimensión, ( sentencia 76/1.983, de 5 de Agosto ). b) En cuanto participan de la naturaleza de las Administraciones Públicas, la competencia del legislador estatal para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas ex artículo 149.1.18 de la Constitución , alcanza a las Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses económicos y profesionales, ( sentencia antes citada y 18/1.984, de 7 de Febrero ). c ) Finalmente, en las sentencias 123/1.987, de 15 de Julio y 113/1.994, de 14 de Abril , se utiliza, ya directamente, la denominación de Corporación sectorial de base privada.

De ahí cabe extraer, como han señalado destacados autores, las siguientes conclusiones: 1) Se trata de Corporaciones que agrupan sectores de personas asociadas alrededor de una finalidad específica ---a diferencia de las Corporaciones territoriales--- en las que la cualidad de sus miembros está determinada por una condición objetiva que se relaciona con el fin corporativo específico. 2) No toda Corporación Pública se puede considerar Administración Pública. 3) A las funciones específicas que en la defensa de los intereses de sus miembros, en cuanto dentro de ellas se canalizan intereses sectoriales de los mismos, puede adicionarse por el Ordenamiento Jurídico, directamente o por delegación de las Administraciones Públicas, la atribución de facultades que normalmente son propias de estas últimas".

2) El carácter casuístico de la legitimación por su relación con el interés legítimo de la parte y la inconveniencia de soluciones generales, declarando sobre este particular:

"... para abordar el problema de la legitimación en el caso de autos ha de considerarse, por un lado, que no puede ofrecerse una respuesta unívoca al problema de la legitimación, sino que la que ha de darse ha de ser casuística de modo que no es aconsejable ni una afirmación ni una negación indiferenciadas para todos los casos y en todos los supuestos, de forma que la legitimación viene ligada a la de un interés legítimo de la parte, a cuya satisfacción sirve el proceso y, por otro, que precisamente el artículo 24.1 de la Constitución establece una doble garantía "para todas las personas" en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos " se puede hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva que permite entender que las normas sobre la legitimación se interpreten bajo el principio de inclusión, en aquellos casos en que efectivamente exista y se demuestre un interés legítimo, real y actual, que puede ser tanto individual como corporativo"" .

Pues bien, atendiendo a este carácter casuístico, lo que pretendió la Comunidad de Regantes de DIRECCION001 en su solicitud de 12 de abril de 2002 dirigida a la Comunidad de Regantes de DIRECCION001 y, ante su desestimación presunta, el posterior recurso de alzada a la Confederación Hidrográfica del Júcar, era que la Comunidad demandada permitiera el aprovechamiento de las aguas del río Mijares concedidas por Resolución del Presidente de la CHJ de 22 de febrero de 2000 para el riego de determinadas tierras, propiedad de miembros de la Comunidad de Regantes de DIRECCION001 , con una superficie de 5111 hanegadas (425 hectáreas), por estar incluidas en el ámbito de la zona regable de esa concesión y, acorde con ello, que se autorizara la ejecución de uno de los dos proyectos redactados a tal fin, pretensión referida al derecho al uso del agua para el riego de unos terrenos cuyos propietarios están integrados como miembros en la Comunidad de Regantes de DIRECCION001 y respecto de los cuales esta Comunidad actúa como mandataria y en representación de sus intereses. En definitiva, lo que contenía era una propuesta de solución ante el específico problema de riego de una zona incluida en el ámbito territorial de las dos Comunidades de Regantes, siendo este interés de carácter privado y diferenciable de la Administración Hidrológica.

Por ello, la interpretación que realiza la Sala de instancia no resulta correcta, pues las Comunidades de Regantes, aun tratándose de Entidades de Derecho Público, no están incursas en todo caso, siempre, en la falta de legitimación prevista en el epígrafe c) del artículo 20 porque aun adscritas al Organismo de Cuenca que ejerce sobre ellas las potestades de tutela únicamente en los supuestos previstos en la Ley de Aguas , realizan fines de naturaleza mixta, referidos tanto a la consecución del interés general como a la satisfacción de los intereses privados de los comuneros, revistiendo esta última actividad analogías con las organizaciones profesionales para la defensa de los intereses económicos propios (ex articulo 52 de la Constitución ). Esta naturaleza mixta público-privada de su actividad impide su incardinación indefectible como integrante de la Administración, vinculada o dependiente de la misma en términos de superior jerárquico, existiendo una esfera importante de su actuación ajena e independiente de la Administración caracterizada por la consecución de los intereses privadas de sus miembros, a la que a la que no alcanza la falta de legitimación prevista en el apartado c) del artículo 20 de la Ley Jurisdiccional , que niega legitimación para interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración Pública a "Las Entidades de Derecho Público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, respecto de la actividad de la que dependan" , pues tal prohibición tiene su fundamento en la necesaria unidad de actuación subsiguiente a la unidad de fines e intereses, no siendo aplicable en supuestos en que la cuestión planteada afecta a intereses netamente privados.

En consecuencia, como hemos adelantado, el motivo ha de ser acogido, al contar ---en el supuesto de autos--- con legitimación la Comunidad de Regantes recurrente para poder formular el recurso contencioso-administrativo seguido ante el Tribunal de instancia.

Por ello, en el caso que nos ocupa, en que de los intereses concernidos eran esencialmente de carácter privado, debemos proceder a casar la sentencia, dado que la Sala ha interpretado de manera errónea la naturaleza de la Corporación recurrente, infringiendo el artículo 19 de la Ley Jurisdiccional , vulnerando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva de la Comunidad actora, siendo así que su legitimación derivaba de lo previsto en el artículo 19.1.b) de la citada Ley .(...)>>>

Com és de veure, quan una comunitat d'usuaris de l'aigua exercita accions davant o contra l'Administració hidrològica i ho fa en defensa dels interessos dels seus integrants (és a dir: d'interessos particulars o privats, com és el nostre cas) en cap cas por ser considerada "entitat de dret públic" als efectes de l' art. 20 c) LJCA.

2.5: Sobre la suposada manca de legitimació de la C 1, als efectes dels art. 19 i 69.b) LJCA

La C 2 ha insistit en posar en entredit l'interès legítim de la C 1; però aquest és un interès que difícilment es pot negar i que en bona mesura té molt a veure amb les raons que ens han conduit o no considerar aplicable al cas l' art. 20.c) LJCA.

Si tenim present que les pretensions de la C 1, de prosperar es traduirien en el dret d'aquesta comunitat a integrar-se o a associar-se a la C 2, no podrem negar la presència d'interès legítim i, per tant, de legitimació.

2.6: Sobre la suposada fermesa e inatacabilitat de l'acord de la C 2, de modificació dels seus estatuts

A la C 1 se li va retreure que quan la C 2 aprovà la modificació dels seus estatuts en sessió de 29 de novembre de 2017, no deduís recurs d'alçada davant L'ACA; com si d'aquesta circumstància es pogués deduir la inimpugnabilitat de la Resolució de L'ACA, de 28 de maig de 2018, d'aprovació (definitiva) de la modificació estatutària que ara ens ocupa, confirmada en reposició per Resolució de 7 de març de 2019.

Certament, l' art. 84.5 del text refós de la Llei d'Aigües (TRLA) estableix que "Los acuerdos de la junta general y de la junta de gobierno, en el ámbito de sus competencias, serán ejecutivos, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de su posible impugnación en alzada ante el Organismo de la cuenca."

Tanmateix, el precepte s'està referint a tots aquells acords que són executius des del moment de la seva adopció per part dels òrgans de la comunitat d'usuaris, i aquest no és el cas de l'acord de modificació dels estatuts, adoptat per la C 2 en data 29 de novembre de 2017. Aquest últim acord no podia tenir efectes immediats i la seva virtualitat jurídica es trobava supeditada a la ulterior aprovació per part de L'ACA. No debades, l'art. 81.1 2º TRLA estableix que "Los estatutos u ordenanzas se redactarán y aprobarán por los propios usuarios, y deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al Organismo de cuenca."I el mateix s'escau assenyalar a propòsit de les modificacions posteriors. Hi ha, doncs, una primera aprovació interna, que la Llei atribueix als "usuaris" i una ulterior aprovació que la Llei qualifica com a "administrativa". En el nostre cas, susceptible de reposició. Reposició que la C 1 deduí en temps i forma.

2.7: Sobre la suposada existència de desviació de poder

Aquest és un al·legat de farciment portat a col·lació per la C 1; però com bé han assenyalat les altres parts, sense especificar-se sota quines circumstàncies s'hauria produït la susdita desviació.

2.8: Sobre la suposada obligació de la C 2, d'incorporar al seu àmbit d'actuació les aigües superficials

Segons sosté la C 1, aquesta incorporació té a veure amb els interessos comuns i amb la interrelació existent entre aigües superficials i aigües subterrànies en l'espai geogràfic que ara ens ocupa. Però més enllà d'aquest al·legat, no ens ha estat assenyalada cap peça de convicció de la que pugui deduir-se la necessitat, a hores d'ara, d'aquesta concentració corporativa.

Sobre aquest particular l'art. 81 TRLA ens diu allò que segueix(les negretes seran nostres):

<<<(...) Artículo 81. Obligación de constituir comunidades de usuarios.

(...)

2. Las comunidades de usuarios de aguas superficiales o subterráneas, cuya utilización afecte a intereses que les sean comunes, podránformar una comunidad general para la defensa de sus derechos y conservación y fomento de dichos intereses.

(...)

4. El Organismo de cuenca podrá imponer,cuando el interés general lo exija, la constitución de los distintos tipos de comunidades y juntas centrales de usuarios.(...)>>>

Una interpretació sistemàtica d'aquestes prescripcions legals ens haurà de conduir a les conclusions següents:

1ª: La integració d'aigües superficials i d'aigües subterrànies en una mateixa estructura corporativa podrà imposar-se obligatòriament per l'Administració hidrològica competent.

2ª: Extramurs de l'anterior supòsit, aquesta associació d'interessos només serà possible previ acord de totes les comunitats concernides.

Queda, doncs, clar, que, ara per ara, la C 2 no té cap obligació d'alterar els seus estatuts -o de tornar a la versió primigènia- per tal d'estendre el seu àmbit a les aigües superficials.

2.9: Sobre les irregularitats formals o procedimentals d'ordre intern, suposadament comeses per la C 2

La C 1 ha sostingut que la C 2 hauria comés diverses infraccions de procediment a l'hora de tramitar l'expedient de modificació dels seus estatuts (manca de motivació de la convocatòria; manca de signatures preceptives; quòrums inferiors als necessaris).

No compartim en la seva integritat la tesi de L'ACA i de la C 2, segons la qual el control legal de la modificació estatutària per part de L'ACA vindria a ser de caràcter extrínsec.

Considerem que aquest control, perquè és preceptivament de legalitat, ha de permetre depurar qualsevol irregularitat que suposi la contravenció de preceptes legals o reglamentaris. Tanmateix, arribats a aquest punt ens haurem de fer ressò de les consideracions de la Sentència d'instància quan, al final, se'ns diu:

<<<(...)La solicitud de la CUADLL dirigida a la ACA para que se aprobara la modifi cación de sus estatutos fue acompañada de la documentación necesaria (art. 215 y 218 Reglamento): la convocatoria de la Junta general extraordinaria, los originales de los Estatutos y Reglamentos y el acuerdo de la Secretaria con el visto bueno del presidente de la CUADLL así como un ejemplar de los estatutos anteriores (doc. 1-67 EA). Esta documentación permitió el ejercicio de la función revisora de la legalidad del acuerdo, que vio la luz en la resolución de 28 de mayo de 2018. No se aprecia en dicho acuerdo, la existencia de ninguno de los vicios formales invalidantes que puedan ser tributarios de nulidad.(...)>>>

Com també ens haurem de fer ressò de les consideracions exposades per la defensa lletrada de L'ACA quan aquesta assenyalava que:

<<<(...) D'una altra banda, la sentència impugnada és també conforme a Dret quan afirma que la documentació que acompanya la sol·licitud d'aprovació administrativa permetia l'exercici de la funció de tutela per la meva representada. Aquesta documentació va ser, bàsicament, el certificat de l'acta corresponent de la Junta celebrada emès per Secretària de la CUADLL amb el vistiplau del President que acreditava la celebració de la Junta General Extraordinària de la CUADLL el 29 de novembre de 2017, la seva deguda i formal convocatòria i l'aprovació de la modificació estatutària. D'aquesta manera, la meva representada va poder verificar, d'una banda, que la modificació no era contrària a la normativa aplicable- que insistim no obliga a la constitució de cap comunitat d'usuaris per als titulars d'aprofitament d'aigües superficials- i que s'havien complert les formalitats exigides. Efectivament, el dit certificat anava acompanyat d'un resum del cens que s'adjunta i del què resulta que dels 181 vots existents van estar presents a la Junta 93 usuaris, això és, un 51,36%; per tant, més del 50% dels usuaris de la CUADLL. Així mateix es certifica que dels 93 usuaris assistents, 92 van votar a favor i només un en contra. Per tot això, la resolució impugnada va concloure que quedava constatat que l'acord de modificació dels estatuts adoptat en la Junta General Extraordinària s'havia acordat d'acord amb els articles 15 i 16 dels Estatuts, que estaven vigents, així com el previst a l'article 218 RDPH. (...)>>>

Més enllà de totes aquestes consideracions, afegir que el punt més feble dels retrets d'ordre formal efectuats per la C 1 tenen a veure en aquest cas amb la impossibilitat d'imposar l'associació forçosa d'aigües superficials i d'aigües subterrànies, amb independència del nombre d'usuaris de cadascuna d'elles.

Per tot això, l'apel·lació de la C 1 no podrà prosperar.

TERCER: Costes

Atès que hem assistit a dues apel·lacions contraposades, totes elles desestimades, no s'imposaran costes.