Sentencia Contencioso-Administrativo 1052/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 451/2024 de 06 de noviembre del 2025

PRIMERO.- La sentencia da la razón a la recurrente, quien considera que en la oferta de vacantes que se recurre se contiene una previsión distinta y contraria a la de las bases de la convocatoria, lo que implica un cambio de las reglas del juego sin motivo.

La base novena, apartado 2, de la Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de promoción interna para ingreso en diferentes cuerpos y especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, establece:

"2. Aquellas personas que ya ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción podrán solicitarla adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán excluidas del sistema de adjudicación de destinos por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo."

En la Resolución que constituye el objeto de esta litis, de 24 de marzo de 2023, se prevé en su apartado quinto: "Quinto. El personal funcionario de carrera que ocupe con carácter definitivo puestos de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando el área funcional o relacional de aquel esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona v además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo..."

La sentencia se remite a los razonamientos de la sentencia de 11 de diciembre de 2023 dictada por el Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 6 de Sevilla en el Procedimiento Abreviado 277/2023, según la cual: "la primera de la resoluciones sólo exigía una condición (cumplir los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo), y la segunda de las resoluciones exige dos condiciones, la ya exigida en la resolución de la convocatoria y otra más (que el área funcional o relacional de aquel esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona y además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo). Así resulta de la expresión "y además" la cual se utiliza para añadir, y siendo sinónimos de la palabra "además", las palabras "encima", "también", "asímismo", "igualmente" (...) Considera la Letrada de la Administración que esa modificación no se ha producido porque conforme al Decreto 65/1996 de 13 de febrero y Decreto 390/1986 de 10 de diciembre, en la RPT tiene que figurar cada puesto con una serie de circunstancias mínimas entre las que se encuentran las características esenciales, y entre las que se encuentra el Área Funcional. Entiende así que el Área Funcional es un requisito del puesto de trabajo, con independencia de que en la norma figure como característica esencial ya que es una circunstancia que debe figurar en el puesto de la RPT, es un dato del puesto que debe figurar y, por ello, es un requisito. Esta alegación debe ser desestimada. La Ley 6/85 de 28 de noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía en su artículo 12.1 dice: "1. Los puestos de trabajos figurarán en una relación, en la que individualmente aparezca cada uno de ellos con las siguientes circunstancias mínimas: a) denominación; b) características esenciales; c) ente, departamento y centro directivo en que orgánicamente esté integrado; d) adscripción a funcionarios o laborales en atención a la naturaleza de su contenido; e) requisitos exigidos para su desempeño, y, además, tratándose de funcionarios; f) indicación de si el puesto de trabajo es de libre designación; g) nivel en que ha sido clasificado, y h) complemento específico, con indicación de los factores que se retribuyen con el mismo y su valoración resultante."El Decreto 65/1996, de 13 de febrero, por el que se establece el área funcional como una de las características esenciales de los puestos de trabajo de personal funcionario contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía dispone en su artículo 1 lo siguiente: "Artículo 1. Concepto y naturaleza de área funcional. 1. Se entiende por área funcional el conjunto de actividades y tareas homogéneas con características comunes respecto de los conocimientos y formación necesarios, así como de los procedimientos de trabajo utilizados. 2. El área funcional tiene la naturaleza de característica esencial del puesto de trabajo a que se refiere el artículo 12.1.b) de la Ley 6/85 de 28 de noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía ."

Y en el artículo 4 dice: " Artículo 4. Adscripción de puestos de la Relación de Puestos de Trabajo. 1. Todos los puestos de trabajo contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo correspondientes a personal funcionario deberán adscribirse a un área funcional."De los anteriores preceptos resulta que la Ley 6/85 de 28 de noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía exige que la RPT contenga unas circunstancias mínimas, entre ellas, unas características esenciales y requisitos exigidos para su desempeño. La Ley distingue entre las circunstancias mínimas que debe contener la RPT. Una cosa son las características esenciales y otra los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Y el Decreto 65/1996, de 13 de febrero califica el Área funcional no como un requisito exigido para el desempeño del puesto sino con una característica esencial del puesto. Luego no comparte esta juzgadora la interpretación que de estos preceptos hace la Letrada de la Administración, ya que la RPT debe contener unas circunstancias mínimas, y dentro de esas circunstancias mínimas se distingue entre caracteres esenciales, por un lado, y requisitos exigidos para el desempeño del puesto, por otro. Y el Decreto 65/1996, de 13 de febrero califica el Área funcional expresamente como característica esencial del puesto. El mero hecho de que sea una circunstancia mínima que debe figurar en el puesto de la RPT no lo convierte en un requisito. Si ello fuera así la calificación expresa que hace el Decreto 65/1996, de 13 de febrero carecería de sentido (...) Añadir a estos razonamientos, que si bien es cierto que la Ley 5/23, de 7 de junio de la Función Pública de Andalucía establece en su art. 57.2 d) que "d) Quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando, siempre que dicho puesto también esté adscrito al cuerpo o especialidad al que promocionen.."y la DT decimotercera : "Hasta tanto se lleve a efecto la adecuación de los puestos de trabajo para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 57, apartado 2.d), quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando con carácter definitivo, siempre que el área funcional o las relacionales de aquel estén directamente relacionadas con las funciones del cuerpo, especialidad, opción o subopción a que se promociona.",esta normativa no es de aplicación al supuesto que nos ocupa, ya que su entrada en Vigor es posterior a la convocatoria, debiendo estarse a las bases de la misma".

Recurre la Letrada de la Junta de Andalucía alegando que se ha de partir de la situación del actor, quien pertenece al Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C11), opción Especialista Digital y ocupa actualmente, con carácter definitivo, según hoja de acreditación de datos, dicho puesto de doble adscripción A2-C1 (código 6674010), en la Agencia Digital de Andalucía; que antes de la promoción interna cuyo resultado ahora se impugna, venía ocupando el puesto de doble adscripción A2-C1, y concursa a otro puesto de doble adscripción que es donde sigue en la actualidad; que atendiendo a la normativa de aplicación, expuesta en la sentencia, el área funcional es un requisito del puesto de trabajo, con independencia de que en la norma figure como "característica esencial", característica que es, como se deriva de la literalidad de las normas transcritas, una circunstancia mínima que debe figurar en el puesto en la RPT, el área funcional que le corresponde, porque así lo exigen las normas transcritas: "Todos los puestos de trabajo contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo correspondientes a personal funcionario deberán adscribirse a un área funcional."

Añade que el actor pertenece al grupo C1, como consta en la hoja de acreditación de datos y participa en el proceso de promoción interna para ascender al subgrupo A2, y pretende quedarse en un puesto de doble adscripción en la misma Consejería pero con área funcional distinta, desempeñando las mismas funciones que venía haciendo (ajenas a la "nueva" área funcional) pero cobrando como un A2; que al ascender por la promoción interna, no hay ningún puesto del A2 al que él ha ascendido que tenga el mismo área funcional que tenía el puesto ocupado hasta entonces con carácter definitivo, por lo que no se cumple con lo previsto en el apartado quinto de la oferta de vacante ni tampoco con lo previsto en la convocatoria; que se remite al informe aportado en el acto de la vista que expresa que en el ejercicio del derecho previsto en el artículo 34 del Reglamento aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, recogido en las distintas Resoluciones de ofertas de vacantes, "se deberán respetar las características esenciales del puesto establecidas en la relación de puestos de trabajo, entre las que se encuentra el área funcional o relacional de aquél, por lo que dicho contenido funcional del puesto deberá estar directamente relacionado con las funciones del cuerpo, especialidad, opción o subopción al que se promociona; esto es, debe existir una coherencia real y efectiva entre las funciones que por su encuadramiento en un área o áreas son inherentes al puesto con las que corresponden al Cuerpo, especialidad u opción al que se promociona que hagan factible el desempeño adecuado del puesto"; que el que se omita dicha concordancia no sólo afectaría a la organización de la Administración al generar una disfunción en la RPT de las distintas Consejerías donde existiesen puestos con áreas que no se correspondiesen con las materias propias de sus respectivos ámbitos competenciales, sino que incidiría directamente en la carrera profesional del personal funcionario, por cuanto propiciaría situaciones anómalas cuando se resolvieran los procesos ordinarios que se convocaran para la provisión de puestos, ofreciendo ejemplos de ello; que a través de las correspondientes leyes y Decretos de OEP se han ido creando los diferentes Cuerpos especialidades y opciones que han resultado necesarios y conforman la actual RPT, que hay una serie de cuerpos como el cuerpo C1.1000 General de Administrativos o el C2.1000 Auxiliares Administrativos, que son generales y existen en todas las Consejerías y otros que solo existen en algunas de ellas, e igualmente,la ordenación de puestos a través de las áreas que regula el Decreto 65/1996, de 13 de febrero, produce que determinadas Áreas funcionales solamente se desarrollan en determinadas Consejerías, mientras hay otras áreas funcionales que por su propia definición se desarrollan en toda la Junta de Andalucía como las de Administración Pública, o la de Contratación Administrativa y Régimen Patrimonial o Hacienda Pública, circunstancias todas que ponen de manifiesto que una aplicación extensiva o amplia del artículo 34, derivada de una interpretación literal y aislada del mismo, no tiene los resultados pretendidos por el legislador, que no son otros que garantizar el derecho del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía a promocionar, pero respetando, al mismo tiempo, la planificación general que partiendo del marco presupuestario que cada año establece la Ley de Presupuestos Autonómicos pretende garantizar la racionalización y ordenación de la Función Pública; y que también lleva a esa conclusión cambios normativos y pronunciamientos judiciales posteriores a las OEP 2015/2016 y 2017/2018, en los que se exige para la ocupación de un puesto de trabajo reunir los requisitos previstos en la RPT, con cita de la Instrucción 4/2019, de 5 de diciembre, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, y la sentencia 85/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 7 de Sevilla que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de 24 julio 2019 y la Resolución de 25 julio 2019 de la Viceconsejería por la que se declara desierto el puesto de libre designación denominado "Coord. Universitario" porque la única candidata, perteneciente al cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, no reunía el requisito en las áreas...", que fue confirmada por la Sala en sentencia de 19 de octubre de 2022 (recurso de apelación 1718/2020).

Alega, por último, que por que los puestos ofertados sean puestos base no se da un retroceso en la carrera administrativa, como sostiene la demandante, pues precisamente son puestos base de grupos superiores, y que estamos ante un proceso de promoción interna, que es una forma de acceso a un grupo o subgrupo distinto y no ante una forma de provisión de puestos: "Si la actora quisiera y cumpliera los requisitos, podría concursar al puesto que ocupaba, pero lo que no puede es acceder a un puesto del grupo superior y después querer seguir ocupando un puesto que no tiene el área funcional del grupo al que ha promocionado"; que en cuanto al alegato del cambio de las reglas del juego también respecto de otros procesos anteriores, refiere el informe aportado en el acto de la vista, que en este caso se estaban ejecutando de forma conjunta las ofertas de empleo público de tres años, con muchos puestos y cuerpos afectados, razón por la que se ha actuado de forma expresa con información pública al respecto, pero antes se advertía presencialmente a los funcionarios afectados; sin que se pueda dejar de señalar que la reciente Ley 5/2023, de 7 de junio, de Función Pública de la Junta de Andalucía, contempla en su disposición transitoria decimotercera relativa a promoción interna que "Hasta tanto se lleve a efecto la adecuación de los puestos de trabajo para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 57, apartado 2.d), quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando con carácter definitivo, siempre que el área funcional o las relacionales de aquel estén directamente relacionadas con las funciones del cuerpo, especialidad, opción o subopción a que se promociona",disponiendo el art. 57.2.d): "2. La Administración incentivará la participación del personal en los procesos de promoción interna para la progresión en la carrera profesional, a través de las siguientes medidas:... d) Quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando, siempre que dicho puesto también esté adscrito al cuerpo o especialidad al que promocionen."

La demandante se opone al recurso de apelación remitiéndose a las mismas razones que se ofrecen en la sentencia apelada; que acompañó ejemplos de convocatorias

anteriores en las que no hubo problema alguno a la hora de permanecer en un puesto de doble adscripción, con independencia de las áreas; que la primera de las resoluciones sólo exigía una condición (cumplir los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo), y la segunda de las resoluciones exige una segunda condición: que el área funcional o relacional de aquel esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona y "además" se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo, siendo este "y además" una expresión que resulta clave, pues se utiliza para añadir; que la Ley distingue entre las circunstancias mínimas que debe contener la RPT, y "una cosa son las circunstancias esenciales y otra los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, calificando el Decreto 65/1996, de 13 de febrero el Área funcional, no como un requisitos exigido para el desempeño del puesto, sino como una característica esencial del puesto"; que la argumentación dada por la Administración acentúa, aún más si cabe, la diferencia entre características del puesto y requisitos esenciales, siendo contraria al desarrollo de los procedimientos de promoción interna del personal funcionario que se vienen sucediendo desde 1997, con sujeción al Decreto 214/1997, de 23 de septiembre, derogado por el Decreto 2/2002; que hay tres rasgos normativos que caracterizan ese derecho que recibe la protección jurídica general del ordenamiento: "Primero. El derecho del funcionario a permanecer en la plaza de doble adscripción en el grupo superior si obtiene la promoción interna a otro cuerpo o especialidad superior (...) Segundo: La expresión "podrán" representa la concesión de una facultad a un sujeto, el funcionario, facultad que se ejerce por un acto de manifestación de su voluntad libre y consciente, su solicitud de permanecer en el puesto (...) Tercero: La redacción completa del derecho que interesadamente olvida la Administración demuestra que estamos en presencia de un verdadero derecho, y como todo derecho subjetivo, completo en sus elementos esenciales: sujeto, presupuesto jurídico y consecuencia y protección jurídica"; sin que proceda, por tanto, la aplicación de la nueva Ley 5/2023, de 7 de Junio de la Función Pública de Andalucía, posterior a la convocatoria de 26 de enero de 2022, ni por ende hacer una interpretación extensiva, que lo único que oculta es una modificación de las Bases de la Convocatoria a la finalización del proceso de concurrencia competitiva.

El recurso se ha de estimar. Para enfocar debidamente la cuestión litigiosa se ha de considerar que la Resolución de 26 de enero de 2022 de convocatoria de los procesos selectivos de promoción interna, introdujo en su base novena 2 una condición no explícitamente contenida en el artículo 34 del Reglamento aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero. Ese artículo 34 establece que: "1. Los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Especialidad por el sistema de promoción interna y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación del destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo".La Resolución de 26 de enero de 2022, como decimos, ya añade en esa base novena una condición, no explícita hasta entonces, para los que ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, quienes "podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo".Es esta condición la que entiende indebidamente alterada la sentencia impugnada en el apartado quinto de la Resolución de 12 de mayo de 2023 de oferta de vacantes, al agregarse el "siempre y cuando el área funcional o relacional de aquel(el puesto de doble adscripción) esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona".La sentencia razona que la prueba de esa nueva condición es que añade a continuación: "y además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo",pues se entiende que el adverbio "además", por su significado claro, así lo muestra palmariamente.

Se ha de convenir en que un interpretación estrictamente literal de ese apartado quinto permite llegar a tal conclusión, pues el artículo 12 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y el artículo 1 del Decreto 65/1996, de 13 de febrero, ilustran que las áreas funcionales no son propiamente un "requisito" de la Relación de Puestos de Trabajo, sino más bien se definen como una "característica esencial" del puesto, y, por ende, que son, a la luz de tales preceptos, elementos que permiten ser diferenciados por distintos. Ahora bien, la Administración aboga por una interpretación que, atendiendo a esa distinción, no puede dejar de incluir entre los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo, en su sentido lato (es decir, además de los otros "requisitos" propios), los elementos que son definidos como características esenciales del puesto, entre las que se encuentra el área funcional o relacional. Y, ciertamente, no le falta razón. El hecho de tratarse de una "característica esencial" implica una condición sustancial del puesto. Lo esencial es lo perteneciente o relativo a la esencia, es lo "sustancial, constitutivo, intrínseco, inherente, básico, primario, fundamental, necesario" (DRAE), y resulta incuestionable que lo "necesario" en una cosa es siempre un requisito de esa cosa, en este caso, del puesto, y, por tanto, imposible de obviar tal característica (esencial) si no es desnaturalizándolo por completo. Las razones ofrecidas en el informe aportado por la Administración son abrumadoras acerca de las consecuencias que se derivan de entenderlo de otro modo por las disfunciones que acarrea atendida la estructura normativa de los distintos puestos de trabajo.

El informe aportado por la Administración recoge que el artículo 4 del Decreto 65/1996, de 13 de febrero, establece que todos los puestos de trabajo contenidos en la RPT deberán adscribirse a un área funcional, que, asimismo, algunos puestos de trabajo podrán tener una área relacional y, excepcionalmente, un máximo de dos, debiendo tenerse en cuenta para esa adscripción criterios de homogeneidad en todos los factores para agrupar los puestos por área, que, igualmente, se ha de considerar lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, según el cual: "Los Cuerpos complementan los objetivos ordenadores de la relación de puestos de trabajo a efectos de la racionalización de las pruebas de acceso, de la determinación de la carrera administrativa y de la promoción interna", y lo que dispone a su vez el artículo 75.1 del TREBEP: " Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo", de donde se ha de concluir que "los conocimientos y capacidades que se acrediten a través de dicho proceso selectivo para el acceso por promoción interna a un cuerpo superior, deben ser coherentes con las funciones del puesto de trabajo en el que se vaya a permanecer (en el caso de puestos de doble adscripción) o bien del nuevo puesto base al ofertado en la correspondiente oferta de vacantes".

La expresión "podrán solicitar" contenida en el artículo 34 del Decreto 2/2002, como recoge el aludido informe, no proclama un derecho subjetivo "absoluto", abstracción hecha de las razones por las que se definen esas "características esenciales" del puesto y sus consecuencias, sino que "debe casar con el resto de normas reguladoras del ámbito al que pertenece y del contexto en el que se integra", pues ha de "existir una coherencia real y efectiva entre las funciones que por su encuadramiento en un área o áreas son inherentes al puesto, con las que corresponden al Cuerpo, especialidad u opción al que se promociona, que hagan factible el desempeño adecuado del puesto".

Aunque en ese informe aportado por la Administración se justifique habida una "evolución y adaptación del ordenamiento jurídico", justificando ello en que, aun siendo la legislación de base la misma, el Reglamento aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero y la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, "la coyuntura económica, jurídica y social en la que se aplican, no son idénticas en las distintas convocatorias de ofertas de empleo público", lo que en dicho informe se relata como sucedido no es sino la determinación en la Resolución de 26 de enero de 2022 de convocatoria de los procesos selectivos de promoción interna, de cómo se ha entender el "siempre y cuando se cumplan los requisitos";esto es, la "interpretación" que esta expresión merece, teniendo como "principal objetivo garantizar la seguridad jurídica de los aspirantes seleccionados que optaran por continuar en sus puestos de doble adscripción". En concreto, se expone en el informe que "siendo conscientes de que la ejecución de forma conjunta de las OEP de 2019, 2020 y 2021, en las que el número de cuerpos convocados era muy elevado (40 cuerpos con un total de 2.048 puestos convocados) y en la que los actos de elección de destino iban a celebrarse en su mayoría de forma telemática, hasta el momento se hacían de forma presencial, informando personalmente a las personas aspirantes de que no podían quedarse en sus puestos de doble adscripción por no reunir los requisitos, se optó por aclarar en las resoluciones por las que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, lo que se entiende por cuando se cumplan los requisitos,en el sentido de que dicho cumplimiento tiene lugar cuando el área funcional o relacional de aquél esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona y además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo, tratando de evitar que, en cumplimiento de lo dispuesto en las bases, se les adjudicara de oficio alguno de los puestos que resulten vacantes, una vez atendidas las demás peticiones del personal aspirante".

Por lo demás, este es el criterio mantenido por esta Sala (Sección Primera) en su sentencia de 4 de julio de 2024 (rollo de apelación 268/2024) que concluye que la indicación contenida en el apartado quinto de la resolución objeto del proceso, "no desconoce o altera las previsiones contenidas en las bases reguladoras del proceso selectivo, sino que las interpreta y aplica con arreglo a la normativa que resulta aplicable"

SEGUNDO.- No ha lugar a pronunciamiento de condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la L.J.C.A.

Vistos los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.- La sentencia da la razón a la recurrente, quien considera que en la oferta de vacantes que se recurre se contiene una previsión distinta y contraria a la de las bases de la convocatoria, lo que implica un cambio de las reglas del juego sin motivo.

La base novena, apartado 2, de la Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de promoción interna para ingreso en diferentes cuerpos y especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, establece:

"2. Aquellas personas que ya ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción podrán solicitarla adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán excluidas del sistema de adjudicación de destinos por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo."

En la Resolución que constituye el objeto de esta litis, de 24 de marzo de 2023, se prevé en su apartado quinto: "Quinto. El personal funcionario de carrera que ocupe con carácter definitivo puestos de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando el área funcional o relacional de aquel esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona v además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo..."

La sentencia se remite a los razonamientos de la sentencia de 11 de diciembre de 2023 dictada por el Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 6 de Sevilla en el Procedimiento Abreviado 277/2023, según la cual: "la primera de la resoluciones sólo exigía una condición (cumplir los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo), y la segunda de las resoluciones exige dos condiciones, la ya exigida en la resolución de la convocatoria y otra más (que el área funcional o relacional de aquel esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona y además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo). Así resulta de la expresión "y además" la cual se utiliza para añadir, y siendo sinónimos de la palabra "además", las palabras "encima", "también", "asímismo", "igualmente" (...) Considera la Letrada de la Administración que esa modificación no se ha producido porque conforme al Decreto 65/1996 de 13 de febrero y Decreto 390/1986 de 10 de diciembre, en la RPT tiene que figurar cada puesto con una serie de circunstancias mínimas entre las que se encuentran las características esenciales, y entre las que se encuentra el Área Funcional. Entiende así que el Área Funcional es un requisito del puesto de trabajo, con independencia de que en la norma figure como característica esencial ya que es una circunstancia que debe figurar en el puesto de la RPT, es un dato del puesto que debe figurar y, por ello, es un requisito. Esta alegación debe ser desestimada. La Ley 6/85 de 28 de noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía en su artículo 12.1 dice: "1. Los puestos de trabajos figurarán en una relación, en la que individualmente aparezca cada uno de ellos con las siguientes circunstancias mínimas: a) denominación; b) características esenciales; c) ente, departamento y centro directivo en que orgánicamente esté integrado; d) adscripción a funcionarios o laborales en atención a la naturaleza de su contenido; e) requisitos exigidos para su desempeño, y, además, tratándose de funcionarios; f) indicación de si el puesto de trabajo es de libre designación; g) nivel en que ha sido clasificado, y h) complemento específico, con indicación de los factores que se retribuyen con el mismo y su valoración resultante."El Decreto 65/1996, de 13 de febrero, por el que se establece el área funcional como una de las características esenciales de los puestos de trabajo de personal funcionario contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía dispone en su artículo 1 lo siguiente: "Artículo 1. Concepto y naturaleza de área funcional. 1. Se entiende por área funcional el conjunto de actividades y tareas homogéneas con características comunes respecto de los conocimientos y formación necesarios, así como de los procedimientos de trabajo utilizados. 2. El área funcional tiene la naturaleza de característica esencial del puesto de trabajo a que se refiere el artículo 12.1.b) de la Ley 6/85 de 28 de noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía ."

Y en el artículo 4 dice: " Artículo 4. Adscripción de puestos de la Relación de Puestos de Trabajo. 1. Todos los puestos de trabajo contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo correspondientes a personal funcionario deberán adscribirse a un área funcional."De los anteriores preceptos resulta que la Ley 6/85 de 28 de noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía exige que la RPT contenga unas circunstancias mínimas, entre ellas, unas características esenciales y requisitos exigidos para su desempeño. La Ley distingue entre las circunstancias mínimas que debe contener la RPT. Una cosa son las características esenciales y otra los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Y el Decreto 65/1996, de 13 de febrero califica el Área funcional no como un requisito exigido para el desempeño del puesto sino con una característica esencial del puesto. Luego no comparte esta juzgadora la interpretación que de estos preceptos hace la Letrada de la Administración, ya que la RPT debe contener unas circunstancias mínimas, y dentro de esas circunstancias mínimas se distingue entre caracteres esenciales, por un lado, y requisitos exigidos para el desempeño del puesto, por otro. Y el Decreto 65/1996, de 13 de febrero califica el Área funcional expresamente como característica esencial del puesto. El mero hecho de que sea una circunstancia mínima que debe figurar en el puesto de la RPT no lo convierte en un requisito. Si ello fuera así la calificación expresa que hace el Decreto 65/1996, de 13 de febrero carecería de sentido (...) Añadir a estos razonamientos, que si bien es cierto que la Ley 5/23, de 7 de junio de la Función Pública de Andalucía establece en su art. 57.2 d) que "d) Quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando, siempre que dicho puesto también esté adscrito al cuerpo o especialidad al que promocionen.."y la DT decimotercera : "Hasta tanto se lleve a efecto la adecuación de los puestos de trabajo para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 57, apartado 2.d), quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando con carácter definitivo, siempre que el área funcional o las relacionales de aquel estén directamente relacionadas con las funciones del cuerpo, especialidad, opción o subopción a que se promociona.",esta normativa no es de aplicación al supuesto que nos ocupa, ya que su entrada en Vigor es posterior a la convocatoria, debiendo estarse a las bases de la misma".

Recurre la Letrada de la Junta de Andalucía alegando que se ha de partir de la situación del actor, quien pertenece al Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C11), opción Especialista Digital y ocupa actualmente, con carácter definitivo, según hoja de acreditación de datos, dicho puesto de doble adscripción A2-C1 (código 6674010), en la Agencia Digital de Andalucía; que antes de la promoción interna cuyo resultado ahora se impugna, venía ocupando el puesto de doble adscripción A2-C1, y concursa a otro puesto de doble adscripción que es donde sigue en la actualidad; que atendiendo a la normativa de aplicación, expuesta en la sentencia, el área funcional es un requisito del puesto de trabajo, con independencia de que en la norma figure como "característica esencial", característica que es, como se deriva de la literalidad de las normas transcritas, una circunstancia mínima que debe figurar en el puesto en la RPT, el área funcional que le corresponde, porque así lo exigen las normas transcritas: "Todos los puestos de trabajo contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo correspondientes a personal funcionario deberán adscribirse a un área funcional."

Añade que el actor pertenece al grupo C1, como consta en la hoja de acreditación de datos y participa en el proceso de promoción interna para ascender al subgrupo A2, y pretende quedarse en un puesto de doble adscripción en la misma Consejería pero con área funcional distinta, desempeñando las mismas funciones que venía haciendo (ajenas a la "nueva" área funcional) pero cobrando como un A2; que al ascender por la promoción interna, no hay ningún puesto del A2 al que él ha ascendido que tenga el mismo área funcional que tenía el puesto ocupado hasta entonces con carácter definitivo, por lo que no se cumple con lo previsto en el apartado quinto de la oferta de vacante ni tampoco con lo previsto en la convocatoria; que se remite al informe aportado en el acto de la vista que expresa que en el ejercicio del derecho previsto en el artículo 34 del Reglamento aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, recogido en las distintas Resoluciones de ofertas de vacantes, "se deberán respetar las características esenciales del puesto establecidas en la relación de puestos de trabajo, entre las que se encuentra el área funcional o relacional de aquél, por lo que dicho contenido funcional del puesto deberá estar directamente relacionado con las funciones del cuerpo, especialidad, opción o subopción al que se promociona; esto es, debe existir una coherencia real y efectiva entre las funciones que por su encuadramiento en un área o áreas son inherentes al puesto con las que corresponden al Cuerpo, especialidad u opción al que se promociona que hagan factible el desempeño adecuado del puesto"; que el que se omita dicha concordancia no sólo afectaría a la organización de la Administración al generar una disfunción en la RPT de las distintas Consejerías donde existiesen puestos con áreas que no se correspondiesen con las materias propias de sus respectivos ámbitos competenciales, sino que incidiría directamente en la carrera profesional del personal funcionario, por cuanto propiciaría situaciones anómalas cuando se resolvieran los procesos ordinarios que se convocaran para la provisión de puestos, ofreciendo ejemplos de ello; que a través de las correspondientes leyes y Decretos de OEP se han ido creando los diferentes Cuerpos especialidades y opciones que han resultado necesarios y conforman la actual RPT, que hay una serie de cuerpos como el cuerpo C1.1000 General de Administrativos o el C2.1000 Auxiliares Administrativos, que son generales y existen en todas las Consejerías y otros que solo existen en algunas de ellas, e igualmente,la ordenación de puestos a través de las áreas que regula el Decreto 65/1996, de 13 de febrero, produce que determinadas Áreas funcionales solamente se desarrollan en determinadas Consejerías, mientras hay otras áreas funcionales que por su propia definición se desarrollan en toda la Junta de Andalucía como las de Administración Pública, o la de Contratación Administrativa y Régimen Patrimonial o Hacienda Pública, circunstancias todas que ponen de manifiesto que una aplicación extensiva o amplia del artículo 34, derivada de una interpretación literal y aislada del mismo, no tiene los resultados pretendidos por el legislador, que no son otros que garantizar el derecho del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía a promocionar, pero respetando, al mismo tiempo, la planificación general que partiendo del marco presupuestario que cada año establece la Ley de Presupuestos Autonómicos pretende garantizar la racionalización y ordenación de la Función Pública; y que también lleva a esa conclusión cambios normativos y pronunciamientos judiciales posteriores a las OEP 2015/2016 y 2017/2018, en los que se exige para la ocupación de un puesto de trabajo reunir los requisitos previstos en la RPT, con cita de la Instrucción 4/2019, de 5 de diciembre, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, y la sentencia 85/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 7 de Sevilla que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de 24 julio 2019 y la Resolución de 25 julio 2019 de la Viceconsejería por la que se declara desierto el puesto de libre designación denominado "Coord. Universitario" porque la única candidata, perteneciente al cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, no reunía el requisito en las áreas...", que fue confirmada por la Sala en sentencia de 19 de octubre de 2022 (recurso de apelación 1718/2020).

Alega, por último, que por que los puestos ofertados sean puestos base no se da un retroceso en la carrera administrativa, como sostiene la demandante, pues precisamente son puestos base de grupos superiores, y que estamos ante un proceso de promoción interna, que es una forma de acceso a un grupo o subgrupo distinto y no ante una forma de provisión de puestos: "Si la actora quisiera y cumpliera los requisitos, podría concursar al puesto que ocupaba, pero lo que no puede es acceder a un puesto del grupo superior y después querer seguir ocupando un puesto que no tiene el área funcional del grupo al que ha promocionado"; que en cuanto al alegato del cambio de las reglas del juego también respecto de otros procesos anteriores, refiere el informe aportado en el acto de la vista, que en este caso se estaban ejecutando de forma conjunta las ofertas de empleo público de tres años, con muchos puestos y cuerpos afectados, razón por la que se ha actuado de forma expresa con información pública al respecto, pero antes se advertía presencialmente a los funcionarios afectados; sin que se pueda dejar de señalar que la reciente Ley 5/2023, de 7 de junio, de Función Pública de la Junta de Andalucía, contempla en su disposición transitoria decimotercera relativa a promoción interna que "Hasta tanto se lleve a efecto la adecuación de los puestos de trabajo para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 57, apartado 2.d), quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando con carácter definitivo, siempre que el área funcional o las relacionales de aquel estén directamente relacionadas con las funciones del cuerpo, especialidad, opción o subopción a que se promociona",disponiendo el art. 57.2.d): "2. La Administración incentivará la participación del personal en los procesos de promoción interna para la progresión en la carrera profesional, a través de las siguientes medidas:... d) Quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando, siempre que dicho puesto también esté adscrito al cuerpo o especialidad al que promocionen."

La demandante se opone al recurso de apelación remitiéndose a las mismas razones que se ofrecen en la sentencia apelada; que acompañó ejemplos de convocatorias

anteriores en las que no hubo problema alguno a la hora de permanecer en un puesto de doble adscripción, con independencia de las áreas; que la primera de las resoluciones sólo exigía una condición (cumplir los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo), y la segunda de las resoluciones exige una segunda condición: que el área funcional o relacional de aquel esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona y "además" se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo, siendo este "y además" una expresión que resulta clave, pues se utiliza para añadir; que la Ley distingue entre las circunstancias mínimas que debe contener la RPT, y "una cosa son las circunstancias esenciales y otra los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, calificando el Decreto 65/1996, de 13 de febrero el Área funcional, no como un requisitos exigido para el desempeño del puesto, sino como una característica esencial del puesto"; que la argumentación dada por la Administración acentúa, aún más si cabe, la diferencia entre características del puesto y requisitos esenciales, siendo contraria al desarrollo de los procedimientos de promoción interna del personal funcionario que se vienen sucediendo desde 1997, con sujeción al Decreto 214/1997, de 23 de septiembre, derogado por el Decreto 2/2002; que hay tres rasgos normativos que caracterizan ese derecho que recibe la protección jurídica general del ordenamiento: "Primero. El derecho del funcionario a permanecer en la plaza de doble adscripción en el grupo superior si obtiene la promoción interna a otro cuerpo o especialidad superior (...) Segundo: La expresión "podrán" representa la concesión de una facultad a un sujeto, el funcionario, facultad que se ejerce por un acto de manifestación de su voluntad libre y consciente, su solicitud de permanecer en el puesto (...) Tercero: La redacción completa del derecho que interesadamente olvida la Administración demuestra que estamos en presencia de un verdadero derecho, y como todo derecho subjetivo, completo en sus elementos esenciales: sujeto, presupuesto jurídico y consecuencia y protección jurídica"; sin que proceda, por tanto, la aplicación de la nueva Ley 5/2023, de 7 de Junio de la Función Pública de Andalucía, posterior a la convocatoria de 26 de enero de 2022, ni por ende hacer una interpretación extensiva, que lo único que oculta es una modificación de las Bases de la Convocatoria a la finalización del proceso de concurrencia competitiva.

El recurso se ha de estimar. Para enfocar debidamente la cuestión litigiosa se ha de considerar que la Resolución de 26 de enero de 2022 de convocatoria de los procesos selectivos de promoción interna, introdujo en su base novena 2 una condición no explícitamente contenida en el artículo 34 del Reglamento aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero. Ese artículo 34 establece que: "1. Los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Especialidad por el sistema de promoción interna y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación del destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo".La Resolución de 26 de enero de 2022, como decimos, ya añade en esa base novena una condición, no explícita hasta entonces, para los que ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, quienes "podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo".Es esta condición la que entiende indebidamente alterada la sentencia impugnada en el apartado quinto de la Resolución de 12 de mayo de 2023 de oferta de vacantes, al agregarse el "siempre y cuando el área funcional o relacional de aquel(el puesto de doble adscripción) esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona".La sentencia razona que la prueba de esa nueva condición es que añade a continuación: "y además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo",pues se entiende que el adverbio "además", por su significado claro, así lo muestra palmariamente.

Se ha de convenir en que un interpretación estrictamente literal de ese apartado quinto permite llegar a tal conclusión, pues el artículo 12 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y el artículo 1 del Decreto 65/1996, de 13 de febrero, ilustran que las áreas funcionales no son propiamente un "requisito" de la Relación de Puestos de Trabajo, sino más bien se definen como una "característica esencial" del puesto, y, por ende, que son, a la luz de tales preceptos, elementos que permiten ser diferenciados por distintos. Ahora bien, la Administración aboga por una interpretación que, atendiendo a esa distinción, no puede dejar de incluir entre los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo, en su sentido lato (es decir, además de los otros "requisitos" propios), los elementos que son definidos como características esenciales del puesto, entre las que se encuentra el área funcional o relacional. Y, ciertamente, no le falta razón. El hecho de tratarse de una "característica esencial" implica una condición sustancial del puesto. Lo esencial es lo perteneciente o relativo a la esencia, es lo "sustancial, constitutivo, intrínseco, inherente, básico, primario, fundamental, necesario" (DRAE), y resulta incuestionable que lo "necesario" en una cosa es siempre un requisito de esa cosa, en este caso, del puesto, y, por tanto, imposible de obviar tal característica (esencial) si no es desnaturalizándolo por completo. Las razones ofrecidas en el informe aportado por la Administración son abrumadoras acerca de las consecuencias que se derivan de entenderlo de otro modo por las disfunciones que acarrea atendida la estructura normativa de los distintos puestos de trabajo.

El informe aportado por la Administración recoge que el artículo 4 del Decreto 65/1996, de 13 de febrero, establece que todos los puestos de trabajo contenidos en la RPT deberán adscribirse a un área funcional, que, asimismo, algunos puestos de trabajo podrán tener una área relacional y, excepcionalmente, un máximo de dos, debiendo tenerse en cuenta para esa adscripción criterios de homogeneidad en todos los factores para agrupar los puestos por área, que, igualmente, se ha de considerar lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, según el cual: "Los Cuerpos complementan los objetivos ordenadores de la relación de puestos de trabajo a efectos de la racionalización de las pruebas de acceso, de la determinación de la carrera administrativa y de la promoción interna", y lo que dispone a su vez el artículo 75.1 del TREBEP: " Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo", de donde se ha de concluir que "los conocimientos y capacidades que se acrediten a través de dicho proceso selectivo para el acceso por promoción interna a un cuerpo superior, deben ser coherentes con las funciones del puesto de trabajo en el que se vaya a permanecer (en el caso de puestos de doble adscripción) o bien del nuevo puesto base al ofertado en la correspondiente oferta de vacantes".

La expresión "podrán solicitar" contenida en el artículo 34 del Decreto 2/2002, como recoge el aludido informe, no proclama un derecho subjetivo "absoluto", abstracción hecha de las razones por las que se definen esas "características esenciales" del puesto y sus consecuencias, sino que "debe casar con el resto de normas reguladoras del ámbito al que pertenece y del contexto en el que se integra", pues ha de "existir una coherencia real y efectiva entre las funciones que por su encuadramiento en un área o áreas son inherentes al puesto, con las que corresponden al Cuerpo, especialidad u opción al que se promociona, que hagan factible el desempeño adecuado del puesto".

Aunque en ese informe aportado por la Administración se justifique habida una "evolución y adaptación del ordenamiento jurídico", justificando ello en que, aun siendo la legislación de base la misma, el Reglamento aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero y la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, "la coyuntura económica, jurídica y social en la que se aplican, no son idénticas en las distintas convocatorias de ofertas de empleo público", lo que en dicho informe se relata como sucedido no es sino la determinación en la Resolución de 26 de enero de 2022 de convocatoria de los procesos selectivos de promoción interna, de cómo se ha entender el "siempre y cuando se cumplan los requisitos";esto es, la "interpretación" que esta expresión merece, teniendo como "principal objetivo garantizar la seguridad jurídica de los aspirantes seleccionados que optaran por continuar en sus puestos de doble adscripción". En concreto, se expone en el informe que "siendo conscientes de que la ejecución de forma conjunta de las OEP de 2019, 2020 y 2021, en las que el número de cuerpos convocados era muy elevado (40 cuerpos con un total de 2.048 puestos convocados) y en la que los actos de elección de destino iban a celebrarse en su mayoría de forma telemática, hasta el momento se hacían de forma presencial, informando personalmente a las personas aspirantes de que no podían quedarse en sus puestos de doble adscripción por no reunir los requisitos, se optó por aclarar en las resoluciones por las que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, lo que se entiende por cuando se cumplan los requisitos,en el sentido de que dicho cumplimiento tiene lugar cuando el área funcional o relacional de aquél esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona y además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo, tratando de evitar que, en cumplimiento de lo dispuesto en las bases, se les adjudicara de oficio alguno de los puestos que resulten vacantes, una vez atendidas las demás peticiones del personal aspirante".

Por lo demás, este es el criterio mantenido por esta Sala (Sección Primera) en su sentencia de 4 de julio de 2024 (rollo de apelación 268/2024) que concluye que la indicación contenida en el apartado quinto de la resolución objeto del proceso, "no desconoce o altera las previsiones contenidas en las bases reguladoras del proceso selectivo, sino que las interpreta y aplica con arreglo a la normativa que resulta aplicable"

SEGUNDO.- No ha lugar a pronunciamiento de condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la L.J.C.A.

Vistos los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.- La sentencia da la razón a la recurrente, quien considera que en la oferta de vacantes que se recurre se contiene una previsión distinta y contraria a la de las bases de la convocatoria, lo que implica un cambio de las reglas del juego sin motivo.

La base novena, apartado 2, de la Resolución de 26 de enero de 2022, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan procesos selectivos de promoción interna para ingreso en diferentes cuerpos y especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, establece:

"2. Aquellas personas que ya ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción podrán solicitarla adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, quedarán excluidas del sistema de adjudicación de destinos por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo."

En la Resolución que constituye el objeto de esta litis, de 24 de marzo de 2023, se prevé en su apartado quinto: "Quinto. El personal funcionario de carrera que ocupe con carácter definitivo puestos de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando el área funcional o relacional de aquel esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona v además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo..."

La sentencia se remite a los razonamientos de la sentencia de 11 de diciembre de 2023 dictada por el Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 6 de Sevilla en el Procedimiento Abreviado 277/2023, según la cual: "la primera de la resoluciones sólo exigía una condición (cumplir los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo), y la segunda de las resoluciones exige dos condiciones, la ya exigida en la resolución de la convocatoria y otra más (que el área funcional o relacional de aquel esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona y además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo). Así resulta de la expresión "y además" la cual se utiliza para añadir, y siendo sinónimos de la palabra "además", las palabras "encima", "también", "asímismo", "igualmente" (...) Considera la Letrada de la Administración que esa modificación no se ha producido porque conforme al Decreto 65/1996 de 13 de febrero y Decreto 390/1986 de 10 de diciembre, en la RPT tiene que figurar cada puesto con una serie de circunstancias mínimas entre las que se encuentran las características esenciales, y entre las que se encuentra el Área Funcional. Entiende así que el Área Funcional es un requisito del puesto de trabajo, con independencia de que en la norma figure como característica esencial ya que es una circunstancia que debe figurar en el puesto de la RPT, es un dato del puesto que debe figurar y, por ello, es un requisito. Esta alegación debe ser desestimada. La Ley 6/85 de 28 de noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía en su artículo 12.1 dice: "1. Los puestos de trabajos figurarán en una relación, en la que individualmente aparezca cada uno de ellos con las siguientes circunstancias mínimas: a) denominación; b) características esenciales; c) ente, departamento y centro directivo en que orgánicamente esté integrado; d) adscripción a funcionarios o laborales en atención a la naturaleza de su contenido; e) requisitos exigidos para su desempeño, y, además, tratándose de funcionarios; f) indicación de si el puesto de trabajo es de libre designación; g) nivel en que ha sido clasificado, y h) complemento específico, con indicación de los factores que se retribuyen con el mismo y su valoración resultante."El Decreto 65/1996, de 13 de febrero, por el que se establece el área funcional como una de las características esenciales de los puestos de trabajo de personal funcionario contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía dispone en su artículo 1 lo siguiente: "Artículo 1. Concepto y naturaleza de área funcional. 1. Se entiende por área funcional el conjunto de actividades y tareas homogéneas con características comunes respecto de los conocimientos y formación necesarios, así como de los procedimientos de trabajo utilizados. 2. El área funcional tiene la naturaleza de característica esencial del puesto de trabajo a que se refiere el artículo 12.1.b) de la Ley 6/85 de 28 de noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía ."

Y en el artículo 4 dice: " Artículo 4. Adscripción de puestos de la Relación de Puestos de Trabajo. 1. Todos los puestos de trabajo contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo correspondientes a personal funcionario deberán adscribirse a un área funcional."De los anteriores preceptos resulta que la Ley 6/85 de 28 de noviembre de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía exige que la RPT contenga unas circunstancias mínimas, entre ellas, unas características esenciales y requisitos exigidos para su desempeño. La Ley distingue entre las circunstancias mínimas que debe contener la RPT. Una cosa son las características esenciales y otra los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Y el Decreto 65/1996, de 13 de febrero califica el Área funcional no como un requisito exigido para el desempeño del puesto sino con una característica esencial del puesto. Luego no comparte esta juzgadora la interpretación que de estos preceptos hace la Letrada de la Administración, ya que la RPT debe contener unas circunstancias mínimas, y dentro de esas circunstancias mínimas se distingue entre caracteres esenciales, por un lado, y requisitos exigidos para el desempeño del puesto, por otro. Y el Decreto 65/1996, de 13 de febrero califica el Área funcional expresamente como característica esencial del puesto. El mero hecho de que sea una circunstancia mínima que debe figurar en el puesto de la RPT no lo convierte en un requisito. Si ello fuera así la calificación expresa que hace el Decreto 65/1996, de 13 de febrero carecería de sentido (...) Añadir a estos razonamientos, que si bien es cierto que la Ley 5/23, de 7 de junio de la Función Pública de Andalucía establece en su art. 57.2 d) que "d) Quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando, siempre que dicho puesto también esté adscrito al cuerpo o especialidad al que promocionen.."y la DT decimotercera : "Hasta tanto se lleve a efecto la adecuación de los puestos de trabajo para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 57, apartado 2.d), quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando con carácter definitivo, siempre que el área funcional o las relacionales de aquel estén directamente relacionadas con las funciones del cuerpo, especialidad, opción o subopción a que se promociona.",esta normativa no es de aplicación al supuesto que nos ocupa, ya que su entrada en Vigor es posterior a la convocatoria, debiendo estarse a las bases de la misma".

Recurre la Letrada de la Junta de Andalucía alegando que se ha de partir de la situación del actor, quien pertenece al Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C11), opción Especialista Digital y ocupa actualmente, con carácter definitivo, según hoja de acreditación de datos, dicho puesto de doble adscripción A2-C1 (código 6674010), en la Agencia Digital de Andalucía; que antes de la promoción interna cuyo resultado ahora se impugna, venía ocupando el puesto de doble adscripción A2-C1, y concursa a otro puesto de doble adscripción que es donde sigue en la actualidad; que atendiendo a la normativa de aplicación, expuesta en la sentencia, el área funcional es un requisito del puesto de trabajo, con independencia de que en la norma figure como "característica esencial", característica que es, como se deriva de la literalidad de las normas transcritas, una circunstancia mínima que debe figurar en el puesto en la RPT, el área funcional que le corresponde, porque así lo exigen las normas transcritas: "Todos los puestos de trabajo contenidos en la Relación de Puestos de Trabajo correspondientes a personal funcionario deberán adscribirse a un área funcional."

Añade que el actor pertenece al grupo C1, como consta en la hoja de acreditación de datos y participa en el proceso de promoción interna para ascender al subgrupo A2, y pretende quedarse en un puesto de doble adscripción en la misma Consejería pero con área funcional distinta, desempeñando las mismas funciones que venía haciendo (ajenas a la "nueva" área funcional) pero cobrando como un A2; que al ascender por la promoción interna, no hay ningún puesto del A2 al que él ha ascendido que tenga el mismo área funcional que tenía el puesto ocupado hasta entonces con carácter definitivo, por lo que no se cumple con lo previsto en el apartado quinto de la oferta de vacante ni tampoco con lo previsto en la convocatoria; que se remite al informe aportado en el acto de la vista que expresa que en el ejercicio del derecho previsto en el artículo 34 del Reglamento aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, recogido en las distintas Resoluciones de ofertas de vacantes, "se deberán respetar las características esenciales del puesto establecidas en la relación de puestos de trabajo, entre las que se encuentra el área funcional o relacional de aquél, por lo que dicho contenido funcional del puesto deberá estar directamente relacionado con las funciones del cuerpo, especialidad, opción o subopción al que se promociona; esto es, debe existir una coherencia real y efectiva entre las funciones que por su encuadramiento en un área o áreas son inherentes al puesto con las que corresponden al Cuerpo, especialidad u opción al que se promociona que hagan factible el desempeño adecuado del puesto"; que el que se omita dicha concordancia no sólo afectaría a la organización de la Administración al generar una disfunción en la RPT de las distintas Consejerías donde existiesen puestos con áreas que no se correspondiesen con las materias propias de sus respectivos ámbitos competenciales, sino que incidiría directamente en la carrera profesional del personal funcionario, por cuanto propiciaría situaciones anómalas cuando se resolvieran los procesos ordinarios que se convocaran para la provisión de puestos, ofreciendo ejemplos de ello; que a través de las correspondientes leyes y Decretos de OEP se han ido creando los diferentes Cuerpos especialidades y opciones que han resultado necesarios y conforman la actual RPT, que hay una serie de cuerpos como el cuerpo C1.1000 General de Administrativos o el C2.1000 Auxiliares Administrativos, que son generales y existen en todas las Consejerías y otros que solo existen en algunas de ellas, e igualmente,la ordenación de puestos a través de las áreas que regula el Decreto 65/1996, de 13 de febrero, produce que determinadas Áreas funcionales solamente se desarrollan en determinadas Consejerías, mientras hay otras áreas funcionales que por su propia definición se desarrollan en toda la Junta de Andalucía como las de Administración Pública, o la de Contratación Administrativa y Régimen Patrimonial o Hacienda Pública, circunstancias todas que ponen de manifiesto que una aplicación extensiva o amplia del artículo 34, derivada de una interpretación literal y aislada del mismo, no tiene los resultados pretendidos por el legislador, que no son otros que garantizar el derecho del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía a promocionar, pero respetando, al mismo tiempo, la planificación general que partiendo del marco presupuestario que cada año establece la Ley de Presupuestos Autonómicos pretende garantizar la racionalización y ordenación de la Función Pública; y que también lleva a esa conclusión cambios normativos y pronunciamientos judiciales posteriores a las OEP 2015/2016 y 2017/2018, en los que se exige para la ocupación de un puesto de trabajo reunir los requisitos previstos en la RPT, con cita de la Instrucción 4/2019, de 5 de diciembre, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, y la sentencia 85/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 7 de Sevilla que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de 24 julio 2019 y la Resolución de 25 julio 2019 de la Viceconsejería por la que se declara desierto el puesto de libre designación denominado "Coord. Universitario" porque la única candidata, perteneciente al cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, no reunía el requisito en las áreas...", que fue confirmada por la Sala en sentencia de 19 de octubre de 2022 (recurso de apelación 1718/2020).

Alega, por último, que por que los puestos ofertados sean puestos base no se da un retroceso en la carrera administrativa, como sostiene la demandante, pues precisamente son puestos base de grupos superiores, y que estamos ante un proceso de promoción interna, que es una forma de acceso a un grupo o subgrupo distinto y no ante una forma de provisión de puestos: "Si la actora quisiera y cumpliera los requisitos, podría concursar al puesto que ocupaba, pero lo que no puede es acceder a un puesto del grupo superior y después querer seguir ocupando un puesto que no tiene el área funcional del grupo al que ha promocionado"; que en cuanto al alegato del cambio de las reglas del juego también respecto de otros procesos anteriores, refiere el informe aportado en el acto de la vista, que en este caso se estaban ejecutando de forma conjunta las ofertas de empleo público de tres años, con muchos puestos y cuerpos afectados, razón por la que se ha actuado de forma expresa con información pública al respecto, pero antes se advertía presencialmente a los funcionarios afectados; sin que se pueda dejar de señalar que la reciente Ley 5/2023, de 7 de junio, de Función Pública de la Junta de Andalucía, contempla en su disposición transitoria decimotercera relativa a promoción interna que "Hasta tanto se lleve a efecto la adecuación de los puestos de trabajo para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 57, apartado 2.d), quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando con carácter definitivo, siempre que el área funcional o las relacionales de aquel estén directamente relacionadas con las funciones del cuerpo, especialidad, opción o subopción a que se promociona",disponiendo el art. 57.2.d): "2. La Administración incentivará la participación del personal en los procesos de promoción interna para la progresión en la carrera profesional, a través de las siguientes medidas:... d) Quienes accedan por promoción interna a cualquiera de los cuerpos o especialidades convocados tendrán derecho a que se les adjudique destino en el puesto que estén desempeñando, siempre que dicho puesto también esté adscrito al cuerpo o especialidad al que promocionen."

La demandante se opone al recurso de apelación remitiéndose a las mismas razones que se ofrecen en la sentencia apelada; que acompañó ejemplos de convocatorias

anteriores en las que no hubo problema alguno a la hora de permanecer en un puesto de doble adscripción, con independencia de las áreas; que la primera de las resoluciones sólo exigía una condición (cumplir los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo), y la segunda de las resoluciones exige una segunda condición: que el área funcional o relacional de aquel esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona y "además" se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo, siendo este "y además" una expresión que resulta clave, pues se utiliza para añadir; que la Ley distingue entre las circunstancias mínimas que debe contener la RPT, y "una cosa son las circunstancias esenciales y otra los requisitos exigidos para el desempeño del puesto, calificando el Decreto 65/1996, de 13 de febrero el Área funcional, no como un requisitos exigido para el desempeño del puesto, sino como una característica esencial del puesto"; que la argumentación dada por la Administración acentúa, aún más si cabe, la diferencia entre características del puesto y requisitos esenciales, siendo contraria al desarrollo de los procedimientos de promoción interna del personal funcionario que se vienen sucediendo desde 1997, con sujeción al Decreto 214/1997, de 23 de septiembre, derogado por el Decreto 2/2002; que hay tres rasgos normativos que caracterizan ese derecho que recibe la protección jurídica general del ordenamiento: "Primero. El derecho del funcionario a permanecer en la plaza de doble adscripción en el grupo superior si obtiene la promoción interna a otro cuerpo o especialidad superior (...) Segundo: La expresión "podrán" representa la concesión de una facultad a un sujeto, el funcionario, facultad que se ejerce por un acto de manifestación de su voluntad libre y consciente, su solicitud de permanecer en el puesto (...) Tercero: La redacción completa del derecho que interesadamente olvida la Administración demuestra que estamos en presencia de un verdadero derecho, y como todo derecho subjetivo, completo en sus elementos esenciales: sujeto, presupuesto jurídico y consecuencia y protección jurídica"; sin que proceda, por tanto, la aplicación de la nueva Ley 5/2023, de 7 de Junio de la Función Pública de Andalucía, posterior a la convocatoria de 26 de enero de 2022, ni por ende hacer una interpretación extensiva, que lo único que oculta es una modificación de las Bases de la Convocatoria a la finalización del proceso de concurrencia competitiva.

El recurso se ha de estimar. Para enfocar debidamente la cuestión litigiosa se ha de considerar que la Resolución de 26 de enero de 2022 de convocatoria de los procesos selectivos de promoción interna, introdujo en su base novena 2 una condición no explícitamente contenida en el artículo 34 del Reglamento aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero. Ese artículo 34 establece que: "1. Los funcionarios que accedan a otro Cuerpo o Especialidad por el sistema de promoción interna y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación. En tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación del destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo".La Resolución de 26 de enero de 2022, como decimos, ya añade en esa base novena una condición, no explícita hasta entonces, para los que ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción, quienes "podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo".Es esta condición la que entiende indebidamente alterada la sentencia impugnada en el apartado quinto de la Resolución de 12 de mayo de 2023 de oferta de vacantes, al agregarse el "siempre y cuando el área funcional o relacional de aquel(el puesto de doble adscripción) esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona".La sentencia razona que la prueba de esa nueva condición es que añade a continuación: "y además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo",pues se entiende que el adverbio "además", por su significado claro, así lo muestra palmariamente.

Se ha de convenir en que un interpretación estrictamente literal de ese apartado quinto permite llegar a tal conclusión, pues el artículo 12 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, y el artículo 1 del Decreto 65/1996, de 13 de febrero, ilustran que las áreas funcionales no son propiamente un "requisito" de la Relación de Puestos de Trabajo, sino más bien se definen como una "característica esencial" del puesto, y, por ende, que son, a la luz de tales preceptos, elementos que permiten ser diferenciados por distintos. Ahora bien, la Administración aboga por una interpretación que, atendiendo a esa distinción, no puede dejar de incluir entre los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo, en su sentido lato (es decir, además de los otros "requisitos" propios), los elementos que son definidos como características esenciales del puesto, entre las que se encuentra el área funcional o relacional. Y, ciertamente, no le falta razón. El hecho de tratarse de una "característica esencial" implica una condición sustancial del puesto. Lo esencial es lo perteneciente o relativo a la esencia, es lo "sustancial, constitutivo, intrínseco, inherente, básico, primario, fundamental, necesario" (DRAE), y resulta incuestionable que lo "necesario" en una cosa es siempre un requisito de esa cosa, en este caso, del puesto, y, por tanto, imposible de obviar tal característica (esencial) si no es desnaturalizándolo por completo. Las razones ofrecidas en el informe aportado por la Administración son abrumadoras acerca de las consecuencias que se derivan de entenderlo de otro modo por las disfunciones que acarrea atendida la estructura normativa de los distintos puestos de trabajo.

El informe aportado por la Administración recoge que el artículo 4 del Decreto 65/1996, de 13 de febrero, establece que todos los puestos de trabajo contenidos en la RPT deberán adscribirse a un área funcional, que, asimismo, algunos puestos de trabajo podrán tener una área relacional y, excepcionalmente, un máximo de dos, debiendo tenerse en cuenta para esa adscripción criterios de homogeneidad en todos los factores para agrupar los puestos por área, que, igualmente, se ha de considerar lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, según el cual: "Los Cuerpos complementan los objetivos ordenadores de la relación de puestos de trabajo a efectos de la racionalización de las pruebas de acceso, de la determinación de la carrera administrativa y de la promoción interna", y lo que dispone a su vez el artículo 75.1 del TREBEP: " Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo", de donde se ha de concluir que "los conocimientos y capacidades que se acrediten a través de dicho proceso selectivo para el acceso por promoción interna a un cuerpo superior, deben ser coherentes con las funciones del puesto de trabajo en el que se vaya a permanecer (en el caso de puestos de doble adscripción) o bien del nuevo puesto base al ofertado en la correspondiente oferta de vacantes".

La expresión "podrán solicitar" contenida en el artículo 34 del Decreto 2/2002, como recoge el aludido informe, no proclama un derecho subjetivo "absoluto", abstracción hecha de las razones por las que se definen esas "características esenciales" del puesto y sus consecuencias, sino que "debe casar con el resto de normas reguladoras del ámbito al que pertenece y del contexto en el que se integra", pues ha de "existir una coherencia real y efectiva entre las funciones que por su encuadramiento en un área o áreas son inherentes al puesto, con las que corresponden al Cuerpo, especialidad u opción al que se promociona, que hagan factible el desempeño adecuado del puesto".

Aunque en ese informe aportado por la Administración se justifique habida una "evolución y adaptación del ordenamiento jurídico", justificando ello en que, aun siendo la legislación de base la misma, el Reglamento aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero y la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, "la coyuntura económica, jurídica y social en la que se aplican, no son idénticas en las distintas convocatorias de ofertas de empleo público", lo que en dicho informe se relata como sucedido no es sino la determinación en la Resolución de 26 de enero de 2022 de convocatoria de los procesos selectivos de promoción interna, de cómo se ha entender el "siempre y cuando se cumplan los requisitos";esto es, la "interpretación" que esta expresión merece, teniendo como "principal objetivo garantizar la seguridad jurídica de los aspirantes seleccionados que optaran por continuar en sus puestos de doble adscripción". En concreto, se expone en el informe que "siendo conscientes de que la ejecución de forma conjunta de las OEP de 2019, 2020 y 2021, en las que el número de cuerpos convocados era muy elevado (40 cuerpos con un total de 2.048 puestos convocados) y en la que los actos de elección de destino iban a celebrarse en su mayoría de forma telemática, hasta el momento se hacían de forma presencial, informando personalmente a las personas aspirantes de que no podían quedarse en sus puestos de doble adscripción por no reunir los requisitos, se optó por aclarar en las resoluciones por las que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción interna, lo que se entiende por cuando se cumplan los requisitos,en el sentido de que dicho cumplimiento tiene lugar cuando el área funcional o relacional de aquél esté directamente relacionada con las funciones del cuerpo, opción y/o subopción al que se promociona y además se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo, tratando de evitar que, en cumplimiento de lo dispuesto en las bases, se les adjudicara de oficio alguno de los puestos que resulten vacantes, una vez atendidas las demás peticiones del personal aspirante".

Por lo demás, este es el criterio mantenido por esta Sala (Sección Primera) en su sentencia de 4 de julio de 2024 (rollo de apelación 268/2024) que concluye que la indicación contenida en el apartado quinto de la resolución objeto del proceso, "no desconoce o altera las previsiones contenidas en las bases reguladoras del proceso selectivo, sino que las interpreta y aplica con arreglo a la normativa que resulta aplicable"

SEGUNDO.- No ha lugar a pronunciamiento de condena en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la L.J.C.A.

Vistos los preceptos legales citados, los concordantes y demás de general y pertinente aplicación