Sentencia Contencioso-Administrativo 40/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 8376/2021 de 15 de enero del 2024

PRIMERO.- El presente recurso de casación es interpuesto por la representación procesal de doña Emilia contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de septiembre de 2021.

Los antecedentes del asunto son como sigue. Mediante resolución de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 20 de mayo de 2020, confirmada en reposición el 21 de julio de 2020, la recurrente fue cesada como Subdirectora General de Fondos Europeos. Se trataba de un puesto de libre designación. Disconforme con ello, interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue desestimado por sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 1 de Santander de 26 de febrero de 2021, en esencia por entender que quien ocupa un puesto de libre designación puede ser cesado discrecionalmente. Interpuesto el recurso de apelación, la sentencia ahora impugnada, haciéndose eco de la jurisprudencia de esta Sala en la materia, recuerda que el cese en los puestos de libre designación debe ser siempre motivado. Y al comprobar que en el presente caso no se han justificado las razones del cese, anula la sentencia de primera instancia, así como la resolución de 20 de mayo de 2020 "sin afectar a la resolución de 21 de julio de 2020". En otras palabras, la sentencia ahora impugnada hace un pronunciamiento puramente declarativo de la ilegalidad del cese por falta de motivación; pero no ordena reponer a la recurrente en el puesto del que había sido cesada. A este respecto cita nuestras sentencias nº 1198/2019 y nº 712/2020.

SEGUNDO.- Preparado el recurso de casación, fue admitido por la Sección Primera de esta Sala mediante auto de 15 de diciembre de 2022. La cuestión declarada de interés casacional objetivo es determinar si la anulación del cese en un puesto de libre designación implica la reposición del cesado en dicho puesto, con todos los derechos profesionales y económicos correspondientes.

TERCERO.- En el escrito de interposición del recurso de casación, la recurrente sostiene que el art. 80.4 del Estatuto Básico del Empleado Público (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015) -que establece que "los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente"- debe ser interpretado a la luz de la jurisprudencia. Observa, así, que la sentencia nº 1198/2019, citada por la Sala de apelación, versó sobre un caso de absoluta falta de motivación; lo que condujo a ordenar la retroacción de las actuaciones para que se dictase un nuevo acto administrativo debidamente motivado. En el presente caso, en cambio, señala la recurrente que la Sala de apelación no ha apreciado la existencia de un mero defecto formal, ni ha ordenado retrotraer las actuaciones a la vía administrativa. De aquí que la recurrente sostenga que el vicio de la actuación administrativa es sustancial, a saber: no haber explicado por qué una nueva Directora General habría apreciado, tras nueve meses en el cargo, una falta de las condiciones de idoneidad para desempeñar el puesto de libre designación aquí examinado.

La recurrente cita, además, varias sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en que, tras constatar la falta de justificación del cese en puestos de libre designación, se ordena la reposición en los mismos de las personas afectadas. Todas estas sentencias fueron luego confirmadas en casación por esta Sala.

CUARTO.- El Letrado de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en su escrito de oposición al recurso de casación, subraya que el cese de la recurrente sí fue motivado, si bien la motivación no fue incorporada al acto administrativo de cese. Dice que la motivación se encuentra en el informe recogido en el expediente administrativo e insiste en que, en todo caso, la sentencia impugnada no niega la veracidad ni la exactitud de los hechos determinantes del cese.

Añade el recurrido que el art. 80.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, al igual que el art. 58.1 del Real Decreto 364/1995 que lo desarrolla, atribuyen carácter discrecional al cese en los puestos de libre designación; lo que significa, a su modo de ver, que la decisión del órgano competente depende únicamente de un juicio de idoneidad por parte del órgano competente. Y siempre en este orden de consideraciones, sostiene que ello se explica porque los puestos de libre designación son de confianza.

En fin, en cuanto a las sentencias de esta Sala que confirmaron otras de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dice el recurrido que no entraron en el fondo del asunto, por lo que no cabe entender que sea criterio jurisprudencial establecido que la anulación por falta de justificación del cese en el puesto de libre designación lleve necesariamente aparejada la reposición en el mismo. Dice que la jurisprudencia solo exige la motivación del cese, no la reposición de quien fue cesado inmotivadamente.

QUINTO.- Abordando ya el tema litigioso, nadie discute que el cese en los puestos de libre designación, aun dependiendo de la voluntad del órgano competente, requiere de motivación o justificación de las razones que lo determinan. Este es, tal como reconocen todas las partes, el criterio jurisprudencial en esta materia.

Partiendo de este presupuesto, es claro que la ausencia de motivación o la insuficiencia de la misma supone un vicio del acto administrativo de cese, determinante de la invalidez de este. Así las cosas, salvo que proceda la retroacción de las actuaciones a la vía administrativa para que se dicte un nuevo acto administrativo debidamente motivado, la consecuencia lógica de la anulación del cese es que este no puede surtir efectos. Y ello implica, como es obvio, que debe restablecerse la situación jurídica anterior. Sostener lo contrario supondría aceptar que el deber de motivación constituye un puro formalismo, cuyo incumplimiento solo acarrearía una mera declaración de irregularidad carente de consecuencias prácticas.

No es ocioso añadir que reconocer que la anulación por falta o insuficiencia de motivación del cese en un puesto de libre designación comporta la reposición en el mismo de la persona afectada nada dice, contrariamente a lo que argumenta el recurrido, sobre la veracidad y la exactitud de las razones determinantes del cese; y ello porque, si no ha habido una motivación digna de tal nombre, no es posible conocer fehacientemente esas razones, ni por tanto valorarlas.

SEXTO.- A la vista de cuanto queda expuesto, la respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo debe ser que, salvo que proceda la retroacción de las actuaciones a la vía administrativa, la anulación por falta o insuficiencia de motivación del cese en un puesto de libre designación implica la reposición del cesado en dicho puesto, con todos los derechos profesionales y económicos correspondientes.

Ello conduce a casar la sentencia impugnada, así como a la estimación del recurso de apelación y del recurso contencioso-administrativo, declarando el derecho de la recurrente a ser repuesta como Subdirectora General de Fondos Europeos con todos los derechos profesionales y económicos desde el momento en que fue cesada.

SÉPTIMO.- Con arreglo al art. 93 de la Ley Jurisdiccional, en el recurso de casación soportará cada parte sus propias costas. En cuanto a las costas de la apelación y de la instancia, de conformidad con el art. 139 del mismo cuerpo legal, procede su imposición a la parte cuyas pretensiones hayan sido íntegramente desestimadas. Así, en el presente caso quedan las costas de la apelación y de la instancia fijadas conjuntamente en un máximo de 1.000 € por todos los conceptos.