Sentencia Contencioso-Administrativo 45/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 1006/2022 de 15 de enero del 2024

PRIMERO. - Objeto del presente recurso contencioso administrativo y síntesis del razonamiento de la Junta Arbitral del Concierto Económico.

Declara la JAC que la devolución solicitada al Estado, en el caso de que éste hubiese cumplido con el artículo 15.2 RJACE, implicaría la obligación de reintegrar con intereses las cantidades obtenidas de la AEAT.

Señala que en las relaciones entre las obligadas (SISTEMAS ENERGÉTICOS CONESA I SL (NIF B64775208) y SISTEMAS ENERGÉTICOS ALTO DO SEIXAL SA) y la DFB, el artículo 15.2 RJACE no implica que éstas no deban presentar ex novo todas las autoliquidaciones afectadas por la retroacción del cambio de domicilio a la nueva administración que resulte competente.

Advierte que las obligadas no han presentado alegaciones en ninguno de los dos conflictos que acumuladamente se conocen en la resolución recurrida.

Es en el fundamento de derecho sexto de la RJACE donde se contiene la argumentación decisiva.

Efectivamente, en ella se afirma:

"La AEAT ha incumplido, objetivamente, el deber de asumir las devoluciones de la obligada de su competencia hasta que, derivado del procedimiento de cambio de domicilio resulte sobrevenidamente incompetente.

Sin embargo, también es cierto que de los expedientes se deriva que había antecedentes (tanto resueltos por la Junta Arbitral y el Tribunal Supremo, como por acuerdo entre Administraciones), cuyas circunstancias de hecho son prácticamente idénticas a las que subyacen en los presentes, que nos llevan a afirmar que una actuación coherente de la obligada y de la DFB habría sido aceptar los cambios de domicilio propuestos por la AEAT; por lo que el retraso en la asunción de la competencia de exacción (devolución) por la DFB solo es imputable a la misma, y las consecuencias derivadas del mismo, singularmente en lo que al devengo de intereses de demora se refiere, también, por lo que no cabe entender que tiene un derecho a ser indemnizada.

Por otra parte, si la AEAT hubiese anticipado las devoluciones a las obligadas (y por mucho que la ejecución práctica entre Administraciones de los Acuerdos de 18 de mayo de 2006, singularmente del Acuerdo de Remesas, se cumpla ordinariamente sin adición de intereses de demora por el retraso en la disposición de los fondos) resultaría que tendría el derecho a exigir a la DFB los intereses de demora que se devengasen desde el anticipo de las devoluciones, sobrevenidamente indebidas, hasta la remesa de los fondos como consecuencia de la resolución de los conflictos sobre el domicilio fiscal.

Por lo tanto, no cabe considerar que la DFB haya sufrido un perjuicio real imputable a la AEAT por el incumplimiento de la obligación prevista en el art. 15.2 del RJACE.

Cabe añadir que, con abstracción de las concretas circunstancias que recaen en el presente caso, siendo doctrina bien consolidada que los intereses de demora en los procedimientos tributarios, tanto a favor de las administraciones como de las obligadas, cuando son exigibles, se justifican por el beneficio que obtiene quien retrasa el cumplimiento del pago y el correlativo perjuicio que sufre quien ve retardado el cobro, a juicio de esta Junta Arbitral, en términos generales, plantea notables dificultades conceptuales justificar el devengo de intereses, en el orden tributario, a favor de una Administración que, declarada competente para devolver una cantidad a un obligado, no la haya pagado en plazo.

Y que, al margen del conflicto competencial para cuya resolución sería competente esta Junta Arbitral, también en términos generales, un eventual perjuicio derivado del pago de intereses de demora que una Administración pudiera acreditar como consecuencia de la actuación de otra Administración tendría acomodo en un procedimiento de responsabilidad patrimonial".

SEGUNDO.- Síntesis de las posiciones de la Diputación Foral de Bizkaia, la Abogacía del Estado y Naturgy Renovables, S.L.

Afirma la DFB que la AEAT no actuó como debía en lo que respecta a las devoluciones solicitadas por SISTEMAS ENERGETICOS ALTO DO SEIXAL SA y por SISTEMAS ENERGETICOS CONESA I SL en sus autoliquidaciones del impuesto sobre el valor añadido del mes de julio de 2009 (objeto de la presente demanda), ya que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 RJACE, una vez interpuestos los conflictos relativos a sus domicilios fiscales (31/2010 y 32/2010), debió continuar sometiéndolas a su competencia (y, por lo tanto, debió practicar las devoluciones solicitadas por ellas), hasta tanto se resolvieran, y sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones posteriores entre administraciones (las cuales, no obstante, se efectúan sin adición de intereses de demora, según lo previsto en las "Conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Remesas Derivadas de Ingresos en Administración No Competente", aprobadas en la Comisión Mixta del Concierto Económico de 30 de julio de 2007).

Mantiene que, si bien la AEAT instó el cambio de domicilio fiscal de ambas sociedades, lo indicado en el apartado 2 del artículo 15 RJAC le obligaba a atender las solicitudes de devolución presentadas por dichas entidades en sus autoliquidaciones del impuesto sobre el valor añadido del mes de julio de 2009, lo cual no hizo.

Sostiene que, hasta que concluyeron los conflictos arbitrales 31/2010 y 32/2010, correspondientes a los domicilios fiscales de las dos sociedades, respectivamente, la Administración competente para la exacción del impuesto sobre el valor añadido era la AEAT.

Es por ello, asegura, por lo que ambas sociedades presentaron sus autoliquidaciones del impuesto sobre el valor añadido del mes de julio de 2009, ante la AEAT, Administración que, en aquel momento, ostentaba la competencia para la exacción de dicho impuesto, sin que, por lo tanto, pueda entenderse que presentaron las referidas autoliquidaciones ante una administración incompetente.

Aduce que la AEAT instó el cambio del domicilio fiscal de las dos sociedades, pero no respetó lo indicado en el artículo 15.2 RJACE y no les devolvió a dichas entidades las cuotas del impuesto sobre el valor añadido solicitadas por ellas en sus autoliquidaciones del mes de julio de 2009, "produciéndose así un perjuicio para esta Hacienda Foral de Bizkaia, al ser esta última quien tuvo que hacer frente a la referida devolución y a los intereses de demora correspondientes a las mismas, los cuales no se habrían devengado si la AEAT hubiera seguido el procedimiento previsto para este tipo de casos, y hubiera cumplido con sus obligaciones derivadas de dicho procedimiento".

Defiende que, según lo indicado en el artículo 15.2 RJACE, en los supuestos objeto de este recurso, le correspondía a la AEAT la competencia para hacer frente a las devoluciones solicitadas por ambas sociedades, "de modo que debe ser la referida AEAT la que soporte el coste de los intereses de demora, compensatorios del retraso en el pago de las mismas (o, más bien, de la falta de pago de dichas devoluciones por parte de la AEAT), que tuvo que abonar esta Diputación Foral de Bizkaia".

En un primer momento, afirma, la DFB no tenía competencia para la exacción del impuesto sobre el valor añadido de ambas sociedades, "ni, por lo tanto, para hacer frente a las devoluciones solicitadas por las mismas en sus autoliquidaciones del mes de julio de 2009, sino que la referida competencia recaía en la AEAT. De hecho, en aquel momento, ni siquiera tenía la información necesaria para llevar a cabo las repetidas devoluciones, en la medida en que los contribuyentes presentaron sus autoliquidaciones ante la AEAT, y ésta no las remitió a la Diputación Foral de Bizkaia (en las "carpetas fiscales") hasta pasados varios años (en diciembre de 2015 y en mayo de 2016). Por lo tanto, no corresponde a esta Diputación Foral de Bizkaia soportar el coste de los intereses de demora compensatorios del incumplimiento por parte de la AEAT de su obligación de atender las mencionadas solicitudes".

Por su parte, la Abogacía del Estado sostiene que es claro que las sociedades del caso dedicaron su primera etapa de existencia "al desarrollo de las gestiones e inversiones orientadas a hacerse con la titularidad de parques eólicos, de modo que antes de iniciar sus propias entregas de bienes o prestaciones de servicios soportaron importantes cuotas de IVA de sus proveedores y suministradores de bienes y servicios. De donde resultó el derecho a la devolución conforme a los referidos artículos y concordantes".

Asegura la Abogacía del Estado "que las sociedades no habían efectuado ingreso alguno por IVA en la Hacienda estatal, en relación con el cual tuvieran derecho a la devolución total o parcial de lo ingresado. Quienes (se supone) habrían ingresado las cuotas liquidadas y repercutidas fueron sus proveedores y suministradores (completamente indeterminados), y lo habrían hecho en una u otra administración tributaria (común o foral; en este último caso, vizcaína, guipuzcoana, alavesa o navarra), dependiendo de la competencia respecto de ellos, no de la competencia respecto de las dos sociedades mercantiles que soportaron la repercusión. Obviamente, ni sabemos en qué administración se hicieron esos ingresos (ni siquiera si se hicieron, en todo o en parte), ni de lo que aquí se trata es de la devolución de esas cuotas ingresadas (por sujetos pasivos diferentes y aquí ignorados), del mismo modo que no se trata del derecho a la "devolución" de cantidades previamente ingresadas por quien lo ejerce".

En suma, dice, la AEAT ni tuvo ingresos de ambas sociedades que correspondieran a la DFB, ni efectuó "devolución" alguna.

Señala que, en definitiva, la DFB, "en ejercicio de su competencia, efectuó las devoluciones del IVA y abonó los intereses de demora correspondientes, y lo que pretende es resarcirse de la AEAT no de lo primero (las devoluciones) sino de lo segundo (los intereses de demora), sobre la base de que representan un menoscabo patrimonial propio debido a una conducta antijurídica de la demandada".

Rechaza la tesis de la DFB de que " la única Administración con competencia para practicar las devoluciones solicitadas por dichas entidades en sus autoliquidaciones del mes de julio de 2009, cuando aún tenían sus domicilios fiscales declarados en territorio común, era la AEAT", puesto que la competencia fue dilucidada en el sentido de atribuirla a la DFB desde la constitución de las sociedades. La constante alegación del artículo 15.2 RJACE para sostener esa competencia "es inapropiada, pues tal norma reglamentaria ni podría atribuir o distribuir competencias, ni lo hace, limitándose a disponer transitoriamente la manera de actuar en el período de tramitación del conflicto". El argumento de la DFB no solo es contrario a las resoluciones de la JACE "confirmadas por sentencias del Tribunal Supremo sino incompatible con sus actos -la DFB hizo las devoluciones y no pretende que la AEAT se las reembolse-. La obligación de intereses de demora es accesoria a la principal (la obligación de devolver) y no cabe disociar la competencia respecto de una y otra".

Siendo como es una pretensión indemnizatoria, ha de ser tratada como tal. De hecho, advierte la Abogacía del Estado, la DFB lo que plantea es que hay (i) una conducta antijurídica imputable a la AEAT (infracción del artículo 15.2 del RJACE al no efectuar las devoluciones cuando las sociedades las solicitaron), (ii) un perjuicio padecido por la DFB (el impacto patrimonial negativo del abono de intereses de demora) y (iii) un vínculo causal entre lo uno y lo otro.

Dice la Abogacía del Estado que, si se admite, a efectos dialécticos, que la AEAT debió, en aplicación del artículo 15.2 RJACE, efectuar la devolución del IVA a las sociedades solicitantes, en tal caso no tiene viabilidad la pretensión indemnizatoria porque no hay un perjuicio que de tal conducta se siga para la DFB.

Indica que la aplicación de dicho artículo 15.2 incluye que, si la administración que finalmente resulta no ser competente realiza actos propios de la competencia en conflicto, entonces, cuando el conflicto se resuelva, han de acometerse " las rectificaciones y compensaciones tributarias quedeban efectuarse entre las Administraciones, y cuyas actuaciones habrán de remontarse en sus efectos a la fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva administración competente, según la resolución de la Junta Arbitral". Es decir, si los actos de "sometimiento" a una competencia que no se tiene producen efectos patrimoniales, éstos deben ser objeto de "reasignación" a la administración competente, mediante " rectificaciones y compensaciones" y efectos retroactivos " a la fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva administración competente".

En este caso, precisa, quedó establecido mediante sentencias firmes, que la competencia era de la DFB desde la misma constitución de las mencionadas sociedades. Por tanto, afirma, si éstas tenían derecho a las devoluciones, era la DFB la obligada a hacerlas efectivas. Finalmente, la DFB satisfizo esas devoluciones, advierte la Abogacía del Estado, pero, añade, varios años después de la fecha de efectividad del derecho (según criterio de las sociedades acreedores aceptado por la DFB), por lo que además abonó los intereses moratorios ahora litigiosos.

Pues bien, en estas circunstancias el pago de intereses de demora no supone perjuicio alguno, según la Abogacía del Estado, y ello por los siguientes motivos:

"Primero, porque se ampara en unas "Conclusiones" que no regulan el presente caso. Se trata de las "Conclusiones (...) sobre remesas derivadas de ingresos en Administración no competente". Se describe así su ámbito de aplicación: Se trata del caso en que una Administración ha recibido un ingreso tributario cuando no es ella la competente para recibirlo. En este supuesto, tiene que entregar lo recibido a la Administración competente.

Es claro que no es el caso en que nos encontramos: la AEAT no ha recibido ingresos, ni la DFB le está reclamando cantidad indebidamente ingresada alguna. La posición de la Administración tributaria fue aquí una posición deudora ab initio (devolución del IVA soportado por una sociedad que no había iniciado sus entregas de bienes o prestaciones de servicios), no sustentada en haber percibido tales o cuales ingresos. Si los hubiera percibido, tendría que transferirlo (según la DFB, sin intereses), Pero nuestro supuesto es el inverso: si la AEAT hubiera hecho la devolución, entonces, lejos de transferir cantidad alguna, habría tenido el derecho a la compensación, y esto con efectos retroactivos.

Segundo, porque, aunque lo regularan, no excluyen una liquidación de intereses.

Tal cosa puede ser una inferencia, incluso una praxis, pero no es explícita en las Conclusiones.

Pero sobre todo, porque las "Conclusiones", carentes de naturaleza normativa, no pueden desplazar la aplicación de las normas jurídicas que la propia DFB alega para fundar su derecho, los repetidos arts. 15.2 del RJAC y 66.3 de la LCE, que exigen "compensaciones tributarias (...) retrotraídas a la fecha" respecto de la que se declara finalmente la competencia. Sin la consideración del tiempo transcurrido no cabe hablar de compensación retrotraída a dicha fecha.

Y es que como la competencia es de la DFB, la integridad de su impacto patrimonial le corresponde a ella.

En definitiva, una vez la DFB ha ejercido su competencia del modo como ha considerado oportuno hacerlo (incluyendo no cuestionar el derecho de las sociedades a los intereses de demora), la situación patrimonial de todos los implicados es la que siempre debió ser: la AEAT no se ha visto afectada en modo alguno, como corresponde al hecho indiscutible de que nunca fue la Administración tributaria competente; las sociedades mercantiles han obtenido la devolución a la que, según la DFB, tenían derecho, y el retraso en el cobro lo han compensado mediante unos intereses de demora que "no pue de[n] ser calificado[s] como una ventaja"; y la DFB ha hecho frente a una obligación propia, con retroacción a la fecha en la que era competente para ello".

Por su parte, Naturgy Renovables, tras manifestar que, como bien se indica en la demanda, los intereses de demora tienen un carácter meramente indemnizatorio y, por lo tanto, el derecho a su cobro no puede ser calificado como una ventaja, sostiene que, puesto que la DFB "no cuestiona en absoluto el derecho a los intereses de demora percibidos, derecho que se analizó en el pasado y se concluyó que sí tenían, no formula alegaciones complementarias".

TERCERO. - Interpretación de la normativa aplicable y respuesta a las pretensiones de las partes.

El artículo 66. Uno del Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, atribuye a la Junta Arbitral las siguientes funciones:

"a) Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la Administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada Administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) Conocer de los conflictos que surjan entre las Administraciones interesadas como consecuencia de la interpretación y aplicación del presente Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.

c) Resolver las discrepancias que puedan producirse respecto a la domiciliación de los contribuyentes".

De acuerdo con ello, la Junta Arbitral es competente para resolver qué administración debe asumir los intereses de demora devengados por el retraso en la devolución del IVA afectado por un cambio de domicilio.

El artículo 15.2 RJACE señala que:

"Hasta tanto sea resuelto el conflicto de competencias, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administraciones, y cuyas actuaciones habrán de remontarse en sus efectos a la fecha desde la que proceda, en su caso, la nueva administración competente, según la resolución de la Junta Arbitral".

Ha de tenerse presente que existen pronunciamientos de la JACE y, sobre todo, del Tribunal Supremo sobre qué administración es competente respecto de las dos compañías del caso, en lo relativo a sus obligaciones y derechos tributarios referidos al IVA. En efecto, es competente la DFB desde la misma constitución de las mercantiles. De hecho, la DFB procedió a la devolución del IVA y al pago de intereses de demora (los intereses que ahora reclama).

No se ha puesto en duda que las dos sociedades del caso se dedicaron su primera etapa de existencia al desarrollo de las gestiones e inversiones orientadas a hacerse con la titularidad de parques eólicos, de modo que antes de iniciar sus propias entregas de bienes o prestaciones de servicios soportaron importantes cuotas de IVA de sus proveedores y suministradores de bienes y servicios. De donde resultó el derecho a la devolución

Esto implica, como sostiene el Abogado del Estado, "que esas sociedades no habían efectuado ingreso alguno por IVA en la Hacienda estatal, en relación con el cual tuvieran derecho a la devolución total o parcial de lo ingresado. Quienes (se supone) habrían ingresado las cuotas liquidadas y repercutidas fueron sus proveedores y suministradores (completamente indeterminados), y lo habrían hecho en una u otra administración tributaria (común o foral; en este último caso, vizcaína, guipuzcoana, alavesa o navarra), dependiendo de la competencia respecto de ellos, no de la competencia respecto de las dos sociedades mercantiles que soportaron la repercusión". Sigue señalando que, "ni sabemos en qué administración se hicieron esos ingresos (ni siquiera si se hicieron, en todo o en parte), ni de lo que aquí se trata es de la devolución de esas cuotas ingresadas (por sujetos pasivos diferentes y aquí ignorados), del mismo modo que no se trata del derecho a la "devolución" de cantidades previamente ingresadas por quien lo ejerce".

El Acta de la reunión entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Diputaciones Forales del País Vasco para analizar las conclusiones de los grupos de trabajo sobre cambios de domicilio, ingresos en administración no competente, control tributario, actas únicas y tramas de IVA, que consta en las actuaciones por haber sido adjuntada a la demanda interpuesta por la DFB, afirma en sus inicios que el Concierto Económico establece, como principio esencial, la coordinación y colaboración mutua de las instituciones de los Territorios Históricos del País Vasco con el Estado y, particularmente, para el ejercicio de las competencias de gestión, inspección y recaudación de los tributos, señala también que el cumplimiento de ese principio exige un permanente contacto entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Diputaciones Forales, basados en la confianza y colaboración mutuas y, por fin, que al respecto se ha considerado que resulta necesario mejorar y normalizar los procedimientos y las relaciones entre dichas instituciones, con un triple objetivo: "simplificar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con cada una de las Administraciones competentes, cerrar las posible vías de fraude que pueden aprovecharse de las deficiencias de colaboración entre éstas y facilitar los repartos internos de recursos".

En el Anexo I se incluyen las Conclusiones de los tres Grupos de Trabajo se constituyeron: (i) sobre cambios de domicilio; (ii) sobre remesas de ingresos en Administración no competente, (iii) y sobre control de tramas de fraude en IVA intracomunitario. El Acta lleva fecha de 18 de mayo de 2006 y la entrada en vigor de dichas conclusiones, las de los tres grupos, se retrae al 1 de enero de 2006.

En lo que ahora importa, destacamos, con respecto a las Conclusiones del Grupo sobre cambios de domicilio que "los flujos financieros que procedan por este procedimiento se tramitarán por el de transferencia de ingresos en Administración no competente".

De las Conclusiones del Grupo sobre remesas de ingresos en Administración no competente, ponemos en acento en primer lugar en que se "pretende sistematizar un procesamiento para estos casos, acordando unas reglas de coordinación y favoreciendo una buena interlocución entre unidades administrativas de las diferentes Administraciones (AET-Diputaciones Forales)", reglas que "son claves para el proceso de resolución de supuestos de ingresos tributarios en Administración no competente se desarrolle de forma ágil y satisfactoria, tanto para las Administraciones como para el propio obligado tributario".

Como se ha dicho anteriormente, en verdad, en este caso no se ha llegado a producir, propiamente hablando, un ingreso y, por tanto, no puede hablarse de ingreso de administración no competente, de donde se desprende que las conclusiones antedichas no serían, tal cual, aplicables al presente caso, si bien, si podrían aplicarse analógicamente, no en vano, tienen un tronco común, cual es, en esta ocasión, especialmente, el principio de colaboración.

Sea como fuere, lo cierto es que tales "Conclusiones", que no están publicadas en ningún boletín oficial, no son vinculantes para la JACE y, por supuesto, tampoco para los tribunales de justicia, en consonancia con su naturaleza jurídica, puesto que son una especie de soft law, que, como tal, no son fuente del derecho.

En todo caso, ese marco de colaboración, obviamente, no puede construirse de espaldas al obligado tributario, al contrario, aunque primordialmente, el Concierto Económico constituye una distribución del poder tributario, de él emanan una serie de derechos y garantías para el obligado tributario que las administraciones tributarias han de velar porque se respeten y puedan ejercitarse adecuadamente, de ahí que, cuando existen discrepancias entre administraciones, los obligados tributarios no pueden quedar en un limbo jurídico.

En esa dirección, buena dirección, va el artículo 15.2 RJAC, de tal manera que, ante su incumplimiento, el obligado tributario puede reaccionar, en lo que a él atañe, interponiendo las correspondientes reclamaciones y recursos, cosa que, según parece, no ha hecho ninguna de las dos sociedades afectadas.

Lo previsto en el dicho artículo reglamentario y, también ahora, con mejor redacción, en el artículo 66. Tres del Concierto Económico tiene su sentido mientas se está sustanciando un conflicto de competencias. Efectivamente, dicho precepto legal dispone que "cuando se suscite el conflicto de competencias, hasta tanto sea resuelto el mismo, la Administración que viniera gravando a los contribuyentes en cuestión continuará sometiéndolos a su competencia, sin perjuicio de las rectificaciones y compensaciones tributarias que deban efectuarse entre las Administraciones, retrotraídas a la fecha desde la que proceda ejercer el nuevo fuero tributario, según el acuerdo de la Junta Arbitral".

Es evidente que, si un contribuyente ha soportado determinados importes de IVA, cumplidos los requisitos previstos, tendrá derecho a su devolución en la cuantía que proceda, como también lo es que si no le es abonada la cantidad que corresponda en el plazo procedente, tendrá derecho al abono de intereses. Es indiscutible, asimismo, que el obligado tributario no debe verse perjudicado por la mera existencia de conflicto entre administraciones. Ahora bien, pasado ese periodo transitorio, esto es cuando el conflicto ya se ha zanjado, -sea administrativamente o sea judicialmente, si llega el caso- tal precepto ya no es operativo. En esa ocasión, los intereses, como prestación accesoria que es, siguen el régimen de la prestación principal, ahora, la devolución del IVA soportado. Ello significa, efectivamente, que, entonces, tanto la devolución del IVA soportado como el abono de los intereses, corresponden a la misma administración, en este supuesto, la DFB. Ella es la encargada de llevar a cabo las actuaciones oportunas con tal finalidad, actuaciones en las que, obvio es, debe ser parte el obligado tributario y que concluirán con un acuerdo frente al cual, incuestionablemente, el obligado tribunal puede reaccionar interponiendo las correspondientes reclamaciones y recursos.

En modo alguno la falta de abono del importe reclamado por las dos sociedades, durante la sustanciación del conflicto de competencia, por parte de la AEAF y, por tanto, el incumplimiento en este extremo de la previsión contenida en el artículo 15.2 del RJACE, determina, en todo caso, y menos en esta ocasión, un perjuicio patrimonial equivalente a los intereses satisfechos por la DFG a las sociedades. Ni siquiera existe vínculo causal entre dicho hipotético perjuicio y el incumplimiento de lo dispuesto en el mentado precepto reglamentario. Por lo demás, se deduce, como parece apuntar la propia RJACE, que la DFG ha enfocado la cuestión como si se tratara de un supuesto de responsabilidad patrimonial, hipótesis para la cual existen otros cauces procedimentales, a los que, en su caso, quizás pueda acudirse.

Por todas las razones expuestas, procede desestimar el recurso interpuesto por la Diputación Foral de Bizkaia, lo que comporta la confirmación de la resolución de la Junta Arbitral del Concierto Económico recurrida.

CUARTO. - Sobre las costas.

Conforme dispone el artículo 139.1 de la LJCA, procede imponer las costas a la parte recurrente. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 3 de ese precepto legal, señala, como cifra máxima a que asciende su imposición, por todos los conceptos, la de 4.000 euros.