Sentencia Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 4800/1992 de 30 de abril del 1998

PRIMERO.- La entidad Club Escape, por escrito de siete de febrero de 1.990, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Decreto del Ayuntamiento de Avila de 26 de enero de 1.989, que le imponía la sanción de multa de diez mil pesetas y la suspensión por un mes de la actividad de discoteca, y las los trámites pertinentes, el citado recurso terminó por Sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor: "FALLO.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de "Club Escape S.A.", contra Decreto del Ayuntamiento de Avila de 26 de enero de 1.989, por el que se imponen las sanciones de 10.000 pts. y suspensión de 1 mes de la actividad objeto de licencia municipal; y la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto el 11 de febrero de 1.989 y, en su consecuencia, se declaran conformes a derecho las resoluciones recurridas; sin imposición de costas."

El citado fallo se produce en base, entre otros, a los siguientes Fundamentos: "TERCERO.- Se alega por el recurrente: .- la incompetencia de la Autoridad Municipal para imponer la sanción por incumplimiento de horario, correspondiendo la imposición de tal sanción a la Autoridad Gubernativa; .- ser de aplicación el Decreto-Ley de 30-4-1.985, sobre libertad de horario; .- la falta de cobertura legal del Real Decreto de 27-8-82 y por ello, la infracción del art. 25 de la Constitución .- Conviene fijar, en primer lugar, si el Real Decreto de 27-8-82 resulta o no aplicable al caso que nos ocupa; esta Sala, en Sentencias anteriores y siguiendo las directrices marcadas por el Tribunal Supremo en Sentencias de fecha 7 y 9 de marzo de 1.988 y 16 de enero de 1.991 , entre otra, ha venido declarando la falta de cobertura legal del citado Real Decreto 2.816/82 y la vulneración del art. 25 de la Constitución , del acto administrativo que aplicara la infracción en él configurada; no obstante, el propio Tribunal Supremo en Sentencia dictada por su Sala Tercera, en fecha 10-7-91 , recaída en recurso extraordinario de revisión, recoge las razones jurídicas dadas por ese Tribunal, en Sentencias de 9-3-85 y 9-3-89, que declaran acomodado al Ordenamiento Jurídico el Reglamento de Espectáculos de 1.982 y en particular las normas contenidas en los arts. 81 y 82 ; y ello porque el Reglamento es una normativa actualizada de las disposiciones dispersas anteriores (Reglamento de 3 de mayo de 1.935 y 23 de noviembre de 1.977) adaptado a la normativa posterior ( Ley de Orden Público, art. 2 e, i y art. 260 de la Ley de Régimen Local de 1.955) como resalta en la Memoria y Exposición.- Por otro lado el Real Decreto-Ley 2/85 no resulta aplicable, en el presente caso, porque los establecimientos públicos y actividades recreativas quedan fuera del ámbito de las medidas adoptadas en el mismo, así lo ha señalado el Tribunal Supremo en Sentencias de 6-9-89 , 5-6-90 y 20-10-90 , en las que sostiene la legalidad de la Orden de 31-7-85, que excluía a dichos establecimientos por afectar dicho Real Decreto Ley a los establecimientos comerciales propiamente dichos de venta de mercaderías.- Por último, siendo aplicable el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 27-2-82, resulta incuestionable la competencia de la autoridad municipal para imponer la sanción tanto de multa, como la de suspensión en el ejercicio de la actividad, en atención a lo previsto en su art. 82 y ello en concordancia con lo establecido en la Ley 7/85 de 2 de abril , ( art. 21k) y el Reglamento de Organización , Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986 (art. 41, apartados 9 y 43).- Se ha de atender igualmente a la Circular del Gobierno Civil de Avila de fecha 4 de mayo de 1.990 sobre Competencias Municipales en Actividades Molestas, en la que se insta a los Alcaldes de los Ayuntamientos de la provincia no solo para que hagan uso de las facultades que el Reglamento de Policía les concede y que han quedado expuestos, sino para que hagan uso de otras posibles medidas (Dictar Ordenanzas, etc.), que tiendan a la obligada tutela del interés público.- CUARTO.- Se aduce por el recurrente no ser ciertas las denuncias efectuadas por la Policía Local y al respecto cabe decir que cuando la denuncia sobre los hechos sancionados es formulada por un Agente de la Autoridad, encargado del servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, y de sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir, en coordinación con el principio constitucional de presunción de inocencia, que los hechos denunciados por un Agente se consideran intangibles, ya que la realidad de los mismos puede quedar desvirtuada mediante la adecuada prueba en contrario o aún por la ausencia de toda otra prueba, según la naturaleza, circunstancias, y cualidad de los hechos denunciados.- No se efectúa por el denunciado prueba convincente y plena que desvirtúe aquella presunción, lo que necesariamente nos ha de llevar a desestimar tal alegación.- QUINTO.- Entiende la recurrente que con el cierre del establecimiento se ha producido desviación de poder, habiéndose de considerar la misma como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el Ordenamiento Jurídico - art. 83 de la L.J.C.A .- y no quedando acreditada, a juicio de esta Sala, esta afirmación, decae su invocación.- Reclama la demandante, por último, indemnización de daños y perjuicios apoyando tal pretensión en la ilegalidad del acuerdo de cierre del establecimiento.- De todo lo anteriormente expuesto, se concluye la procedencia de la desestimación de este recurso, atendiendo a lo dispuesto en el art. 83.1 de la L.J.C.A .; por tanto, habiéndose de declarar la conformidad de la resolución con el Ordenamiento Jurídico no procede el reconocimiento de tal pretensión."

SEGUNDO.- Contra la citada Sentencia, el recurrente interpone recurso de apelación, que es admitido por Providencia de 9 de marzo de 1.992, siendo las partes emplazadas ante esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO.- En trámite de alegaciones escritas, la parte apelante interesa la revocación de la Sentencia apelada, y la declaración de nulidad del Decreto del Ayuntamiento de Avila, con indemnización de daños y perjuicios y condena en costas a la parte apelada, refiriendo, en síntesis, que la Providencia de incoación del expediente además de que no se le fue notificada no contenía los requisitos exigidos, la falta de competencia del Ayuntamiento para imponer la sanción, la no proporcionalidad de esta y la desviación de poder. El Ayuntamiento apelado, interesa la confirmación de la Sentencia apelada, en base, de una parte a que el apelante se ha limitado a reproducir los argumentos de la Instancia y no ha formulado crítica alguna a la Sentencia apelada y de otra a los propios fundamentos de la Sentencia, que se recurre.

CUARTO.- Cumplidas las prescripciones legales, por Providencia de 3 de febrero de 1.998, se señaló para deliberación y fallo el día 28 de abril de 1.998, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

Fundamentos