Sentencia Contencioso-Administrativo 451/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 4711/2022 de 15 de abril del 2026

PRIMERO.-Se interpone recurso de casación por la Letrada de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria contra la sentencia de la Sala de Cantabria, dictada en grado de apelación, que desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Administración demandada, confirmando la sentencia de primera instancia, que había estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto, declarando el derecho de la demandante a percibir intereses de demora a mes vencido desde la fecha de presentación de las facturas.

El objeto del recurso es el cómputo del día inicial de los intereses de demora de la Ley 3/2004, habiendo concluido la sentencia recurrida que no debe computarse el plazo de la Administración para aprobar la factura.

La cuestión de interés casacional, delimitada en el auto de admisión, es la de determinar si el art. 216.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, permite que el contrato suprima la potestad administrativa de aprobación o, por el contrario, únicamente permite que el contrato modifique, a lo sumo, ese plazo de 30 días. También, para el caso de que sea posible esa supresión, si es suficiente que esté prevista en el contrato o si, además, debe estar prevista también en los pliegos y documentos que rigen la licitación. Y para ese caso, si debe ser en una cláusula expresa e inequívoca o es suficiente que los documentos contractuales no se remitan ni transcriban el tenor de la norma de la Ley de contratos.

La Administración recurrente, en su escrito de interposición del recurso de casación, alega la doctrina casacional establecida en las Sentencias de esta Sala, Sección Tercera, n.º 1132/2025, de 12 de septiembre, y n.º 1286/2025, de 15 de octubre. La parte recurrida, en el trámite de oposición y a la vista de dicha doctrina casacional antecedente, se allanó al recurso de casación.

SEGUNDO.-La cuestión de interés casacional aquí examinada ha sido resuelta, en los mismos términos, en las Sentencias de esta Sala, Sección Tercera, n.º 1132/2025, de 12 de septiembre; y n.º 1286/2025, de 15 de octubre; que declaran, como doctrina casacional, que:

«El artículo 216.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la redacción dada por la reforma del Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, permite a las partes de un contrato administrativo fijar en las cláusulas contractuales un régimen de pago al contratista diferente al previsto en el citado precepto siempre que no sea abusivo para el contratista ni tampoco contrario al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración, de transparencia y de eficiencia entendidos como principios esenciales de la contratación en el ámbito del sector público que actúan como límites en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes.

En ningún caso, la libertad de pactos permite a las partes de un contrato administrativo acordar cláusulas que supongan privar a la Administración de la potestad que tiene para realizar los ajustes y las comprobaciones necesarias en relación con los servicios prestados por el contratista antes de proceder a su pago ya que esa facultad supone una manifestación del principio de eficiencia en cuanto al uso óptimo de los recursos públicos en la medida en que pretende apreciar que los servicios prestados se adecuan efectivamente a la ejecución del contrato formalizado.

En relación con el ejercicio de esa potestad por parte de la Administración, las partes de un contrato administrativo únicamente pueden adoptar pactos que supongan reducir el plazo máximo de 30 días previsto en el artículo 216.4 antes citado.»

TERCERO.-La parte recurrida, actora en la instancia, ha presentado escrito de allanamiento a la vista de la doctrina casacional antes expuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de esta Jurisdicción.

En esta situación en que se ha dictado doctrina sobre idéntica cuestión de interés casacional, el allanamiento al recurso de casación no plantea ningún problema procesal, puesto que realmente estamos ante un supuesto de extensión de doctrina casacional a un supuesto idéntico, lo cual está previsto expresamente para los procesos de instancia en el apartado 5 del artículo 57 de la Ley de esta Jurisdicción, introducido por Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que es de aplicación analógica a los recursos devolutivos.

El citado artículo 57.5 regula el tratamiento de los procesos en los que se plantea una cuestión con identidad jurídica sustancial a la planteada en un recurso de casación ya admitido. Tras la fijación de doctrina casacional, se regula un trámite contradictorio en el que se contempla que las partes puedan desistir del recurso o allanarse, de modo que la finalización del proceso se produce por la extensión de la doctrina casacional, por decisión de las partes, sujeta desde luego al control jurisdiccional en cuanto al cumplimiento de sus requisitos.

En este caso, el allanamiento de la parte recurrida se produce en el trámite de oposición, en los términos planteados por la parte recurrente en casación, e implica la extensión de la doctrina casacional a este proceso, puesto que la cuestión casacional y el objeto son idénticos al resuelto en las Sentencias precedentes, que fijan la doctrina anteriormente expresada, lo que lleva implícito el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 75.2 de la Ley de esta Jurisdicción.

De ello resulta la estimación del recurso de casación en los términos pretendidos por la parte recurrente, lo que determina la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia.

CUARTO.-De conformidad con el dispuesto en el artículo 139.3, en relación con el artículo 93.4, de la Ley de esta Jurisdicción, en casación que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

En cuanto a las costas de la instancia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de esta Jurisdicción, no procede hacer imposición de costas por las serias dudas de derecho que suscita el caso, habiéndose sucedido cambios de criterio en los órganos de instancia.