Sentencia Contencioso-Administrativo 1002/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 5813/2022 de 16 de julio del 2025

PRIMERO.-La representación procesal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía recurre en casación la sentencia de 8 de junio de 2022, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso de apelación n.º 393/2022.

El litigio tiene su origen en una oferta de empleo publicada en la WEB del Servicio Andaluz de Empleo de 5 de abril de 2021, que tenía por objeto la selección de personal funcionario interino, asimilado al Cuerpo Superior Facultativo, Opción Arquitectura (A1.2001). Contra esa oferta de empleo interpuso recurso contencioso-administrativo la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). La razón de la impugnación fue, en esencia, considerar no ajustada a Derecho la Instrucción 1/2021, de 5 de febrero, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, instrucción aplicable para la resolución de la oferta de empleo convocada. En concreto, la Instrucción 1/2021 establecía que en el supuesto de empate entre varias solicitudes debía aplicarse el criterio de la prioridad temporal en la presentación de las correspondientes solicitudes.

Por sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Sevilla de 25 de enero de 2022 fue estimado el recurso contencioso-administrativo con apoyo en pronunciamiento anterior dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sentencia de 16 de noviembre de 2021, recurso de apelación 1041/2021, que declaró nula la Instrucción antes meritada.

Esta sentencia fue confirmada en apelación por la ahora impugnada.

SEGUNDO.-Tal como se ha visto en los antecedentes, el auto de la Sección Primera que ha admitido a trámite este recurso ha advertido interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en establecer:

«si, en el ámbito del procedimiento de selección de los empleados públicos temporales, tramitado a través de los servicios de empleo de las Administraciones Públicas y en el que basta el cumplimiento de los requisitos específicos de la oferta de empleo público fijados por el órgano convocante y la disponibilidad, resulta compatible con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad establecer como criterio de desempate el relativo a la prioridad de la inscripción de los candidatos en la oferta de empleo público».

Asimismo, nos pide que para llegar a la conclusión procedente interpretemos los artículos 14 y 23 de la Constitución.

TERCERO.-Siendo este recurso de casación igual al resuelto, entre otras muchas, por nuestra sentencia n.º 661/2023, de 23 de mayo (casación n.º 2996/2022), por exigencia de los principios de igualdad en la aplicación de la Ley y de seguridad jurídica, debemos resolver ahora del mismo modo y por las mismas razones que entonces.

El litigio se reduce a determinar si el criterio de desempate previsto en la Instrucción 1/2021 entraña o no la vulneración de los principios constitucionales que han de observarse en el acceso al empleo público. La controversia gira exclusivamente en torno a este punto ya que CSIF no ha hecho salvedad de su alegación sobre falta de negociación de la Instrucción 1/2021.

Pues bien, en esa sentencia resolvimos la misma cuestión de interés casacional y fijamos esta doctrina: "el servicio de empleo en su labor de intermediación puede servirse como criterio de desempate de la prioridad en la presentación de solicitudes para una determinada oferta procedente de las Administraciones Públicas siempre que a la igualdad que lo hace necesario se haya llegado mediante la aplicación de criterios coherentes con los principios de igualdad, mérito y capacidad."

Esta misma doctrina ha sido reiterada en múltiples sentencias, como son las 13 de noviembre de 2023 ( recurso 4829/2022), de 13 de diciembre de 2023 ( recurso 1685/2023) y las más recientes de 27 de noviembre de 2024 ( recurso 5487 y 5160/2022).

Por ello, en aplicación de esta doctrina procede afirmar que la sentencia dictada en apelación incurre en la infracción denunciada por el escrito de interposición de la Junta de Andalucía y debe ser anulada. Las mismas razones llevan a que, situados en la posición de la Sala de apelación, debamos estimar el recurso de la apelación para, finalmente, llegar a la desestimación del recurso contencioso-administrativo formulado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Sevilla en el procedimiento abreviado n.º 216/2020.

CUARTO.-De conformidad con el artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción, cada parte correrá con las costas causadas a su instancia y con las comunes por mitad en el recurso de casación. No se hace imposición de las de la apelación y la instancia por las dudas suscitadas por la cuestión controvertida.

Fallo