Sentencia Contencioso-Administrativo 1900/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 6811/2022 de 28 de noviembre del 2024

PRIMERO.- Los términos del litigio y las sentencias de instancia y de apelación.

La Asociación de Abogados Cristianos recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de los de Zaragoza la actuación del Ayuntamiento de esa capital consistente en colocar en el balcón principal de su sede una bandera arcoíris LGTBI el 26 de junio de 2020. Sostuvo que era contraria al deber de neutralidad y objetividad de las Administraciones Públicas, a la Constitución y a las leyes y, por ello, debía ser declarada nula de pleno Derecho.

El recurso recibió el n.º 115/2020 y el Ayuntamiento de Zaragoza sostuvo que debía ser inadmitido por falta de legitimación de la recurrente.

La sentencia n.º 126/2021, de 25 de mayo, del Juzgado n.º 3 estimó el recurso y anuló la actuación impugnada. Antes, reconoció la legitimación de la Asociación de Abogados Cristianos y explicó que colocar la bandera multicolor LGTBI, aunque no fuera en un mástil, suponía infringir la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España. Explicó que, sin haberse incoado un expediente al respecto, el propio alcalde había reconocido que lo que se colocó por orden suya fue una bandera y que efectivamente lo era aunque no se hubiera izado en un mástil sino que se sujetó en el balcón. Y que, por tanto, era aplicable la Ley 39/1981.

A partir de ahí, entendió, de acuerdo con la sentencia de esta Sala n.º 564/2020, de 26 de mayo (recurso n.º 1327/2018), que:

«no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas.»

Y que:

«de esta forma, la doctrina del Tribunal Supremo se convierte en una suerte de prohibición para los entes públicos, y en especial para los Ayuntamientos, a la hora de colocar banderas no oficiales, como en el caso que nos ocupa (...)».

En consecuencia, estimó, como hemos dicho, el recurso contencioso-administrativo y anuló la actuación municipal.

Con el n.º de recurso 633/2021 apelaron el Ayuntamiento y la propia Asociación de Abogados Cristianos y la sentencia n.º 261/2022, de 13 de junio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón desestimó el recurso de la Asociación de Abogados Cristianos y estimó el del Ayuntamiento de Zaragoza. En consecuencia, anuló la del Juzgado y estimó el recurso contencioso-administrativo por el único motivo de haberse dictado el acto impugnado en vía de hecho.

La apelación de la Asociación de Abogados Cristianos pretendía que se declarara que la cuantía del recurso era indeterminada, equivalente a 18.000€ y que no era apelable la sentencia de instancia. En lo demás estaba conforme con el pronunciamiento del Juzgado. Y el recurso de apelación del Ayuntamiento de Zaragoza sostuvo que es recurrente la colocación de pancartas en el balcón municipal, sin expediente ni trámite alguno, y que es un acto social. Asimismo, alegó que la recurrente no estaba legitimada y que debió inadmitirse el recurso, además de por carecer de legitimación activa la actora, porque se trataba de una actividad social de respeto a las minorías amparada por la Ley 3/2007, de 22 de marzo, y por la Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género de la Comunidad de Aragón. En definitiva, era el discutido un acto protocolario y de libertad de expresión que no debía ser objeto de control judicial y expresaba una acción positiva prevista por las leyes citadas.

La sentencia de la Sala de Zaragoza explica que desestima la apelación de la Asociación de Abogados Cristianos porque tiene por improcedente procesalmente interponerla contra la determinación de la cuantía, porque obtuvo un pronunciamiento favorable y porque olvida lo dispuesto por el artículo 85.4 de la Ley de la Jurisdicción. Por lo demás, confirmó que la cuantía era indeterminada y no cuantificable.

La estimación de la apelación del Ayuntamiento y consiguiente anulación de la sentencia del Juzgado la explica de este modo: (i) debe reconocerse la legitimación de la Asociación de Abogados Cristianos en razón de la interpretación más favorable al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y de la conexión existente entre los fines perseguidos por la recurrente y la actuación contra la que se dirige; (ii) la colocación de una bandera en el balcón del Ayuntamiento no es una actuación ajena a Derecho ni, por tanto, excluida del control judicial; (iii) dicha colocación no vulnera el principio de neutralidad ideológica o política sino que es coherente con la Ley 3/2007 y con la Ley aragonesa 18/2018; (iv) tampoco infringe la Ley 39/1981 porque una pancarta no se puede equiparar a una bandera, por lo que situarla en el balcón del Ayuntamiento no la vulnera, de igual modo que no la vulneraría colocar una pancarta del Real Zaragoza para celebrar su ascenso a primera división o una bandera de color morado con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; (v), sin embargo, la colocación de la bandera se hizo en vía de hecho, de manera que por esta razón procede estimar el recurso contencioso-administrativo.

SEGUNDO.- La cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Según se ha dicho en los antecedentes, el auto de la Sección Primera de 8 de noviembre de 2023 que ha admitido a trámite este recurso ha apreciado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en establecer:

«(i) si la asociación recurrente ostenta el interés legítimo que determina la legitimación activa, para ejercitar acciones ante nuestra jurisdicción, en el recurso contencioso administrativo deducido contra la actuación impugnada, y (ii) si entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, las pancartas u otros símbolos que incluyen consignas o mensajes con propósitos reivindicativos».

Identifica, además, para que los interpretemos a fin de obtener la respuesta que nos pide, los siguientes preceptos: los artículos 9.3, 103.1 y 103.3 de la Constitución y los artículos 3, 5 y 6 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas.

En sus razonamientos jurídicos el auto explica que lleva a apreciar ese interés casacional objetivo la contradicción entre esta sentencia de la Sala de Zaragoza y la n.º 859/2022, de 1 de julio, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el recurso de apelación n.º 73/2022. Una y otra, dice la Sección Primera, sostienen criterios divergentes en torno a la interpretación del principio de neutralidad política y del ámbito de aplicación de la Ley de Banderas, no obstante reconocer ambas que concurre la vía de hecho en la actuación de las entidades locales concernidas.

Además, observa el auto de admisión, aunque esta Sala ha abordado "la incompatibilidad con el deber de neutralidad o equidistancia de banderas no oficiales y de símbolos como los lazos amarillos, no existe un pronunciamiento de la Sala con respecto a las banderas, pancartas o estandartes, emblemas o símbolos de colectivos sociales (como es el caso LGTBI, en este caso, si bien podría ser extrapolable la doctrina que se fije a otras reivindicaciones colectivas)". De otro lado, termina, "concurre igualmente la posible virtualidad extensiva de la doctrina contenida en la sentencia recurrida con otras situaciones similares en las que se instale el símbolo LGTBI en edificios públicos, lo cual tiene lugar cada 28 de junio".

TERCERO.- Las alegaciones de las partes.

A) El escrito de interposición de la Asociación de Abogados Cristianos.

Tras exponer los antecedentes, bajo este epígrafe "Infracciones normativas y jurisprudenciales que se imputan a la sentencia impugnada en casación" desarrolla un extenso alegato sobre la legitimación activa que le asiste, dentro del cual afirma su interés legítimo para recurrir el izado o colocación de banderas o pancartas LGTBI por Administraciones Públicas, pues "la ideología LGTBI se opone completamente a los valores y postulados cristianos en lo que a la concepción de la familia y del ser humano se refiere, de tal forma que la adhesión ideológica supone un ataque a los cristianos. Dicha oposición se aprecia, entre otros aspectos y dicho resumidamente, en la concepción cristiana y católica de la familia y el matrimonio, en la moral sexual, así como en la concepción del ser humano como un ser de naturaleza dual, masculina o femenina".

Con ese punto de partida, prosigue recordando el nexo existente entre la legitimación activa y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva cuya vertiente pro actioneresalta. Y, llegados a la página 16 de las 22 que alcanza el escrito de interposición, trata sobre la vulneración de la Ley 39/1981 en la interpretación que de ella ha hecho nuestra sentencia n.º 564/2020, de 26 de mayo (casación n.º 1327/2018). En particular, afirma que la actuación municipal impugnada es absolutamente ilegal por contraria a nuestra sentencia citada y a los artículos 5 y 6 de la Ley 39/1981. Afirmación que apoya con cita de las sentencias de la Sala de Valladolid n.º 859/2022, de 1 de julio, y n.º 916/2022, de 15 de julio, estimatorias ambas de sus recursos de apelación contra las de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de esa capital. Asimismo, invoca nuestra sentencia de 28 de abril de 2016 (casación n.º 827/2015).

Entiende el escrito de interposición que el Ayuntamiento de Zaragoza incumplió el deber de neutralidad que debe respetar como Administración Pública sometida a los principios de legalidad e interdicción de la arbitrariedad. En efecto, al colocar en su balcón una bandera ideológica como la bandera LGTBI cometió esa infracción, con vulneración de los artículos 103 de la Constitución y 3.1 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Incumplimiento que considera más grave porque desde 2019 el Ayuntamiento de Zaragoza lleva a cabo "una verdadera campaña de adhesión ideológica LGTBI, lo cual se muestra en una reiteración en la colocación de la bandera LGTBI cada año en la fachada de la Casa Consistorial y otros edificios y lugares públicos". En fin, nos dice que incumple también el artículo 14 de la Constitución porque "la colocación de la bandera objeto de litigio supone un trato privilegiado hacia el colectivo LGTBI, situándolo por encima de la ley y del resto de colectivos y ciudadanos, de manera que, al mismo tiempo, se produce una discriminación por razones ideológicas".

B) El escrito de oposición del Ayuntamiento de Zaragoza

Suscita como cuestión previa la falta de una relación clara entre los argumentos que el escrito de interposición desarrolla y la sentencia de la Sala de Zaragoza. Esa carencia, dice, le dificulta criticar esos argumentos y le obliga a hacer un esfuerzo de inferencia y relación de los mismos con el contenido de la sentencia objeto del recurso de casación. Es decir, le fuerza a construir un discurso o crítica jurídica cuanto dice el escrito de interposición en sus apartados primero y segundo del parágrafo III "que deberá relacionar de forma intelectiva y previa para el posible entendimiento".

Considera que la recurrente ha efectuado una especie de dúplica de sus escritos de demanda y de apelación a modo de réplica a las consideraciones de la sentencia de instancia y a las alegaciones municipales sobre la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, pero sin concretar en qué punto la sentencia de la Sala de Zaragoza infringe el ordenamiento jurídico ni qué jurisprudencia debemos crear.

Ya sobre la legitimación activa de la Asociación de Abogados Cristianos, observa que la sentencia que impugna le es favorable en ese extremo "por el único motivo de haberse dictado el acto en vía de hecho". Y le reprocha que intente reconstruir una alegación sobre su legitimación ad causany ad processumen cualesquiera actuaciones jurisdiccionales frente a cualesquiera actos administrativos o vías de hecho de las Administraciones Públicas. Tal alegato, añade, no desvirtúa la sentencia recurrida y critica a la recurrente su pretensión de que se asuma acríticamente que está legitimada para toda esta clase de recursos cuando no es así. Considera el Ayuntamiento de Zaragoza que el reconocimiento de la legitimación de la actora se debió a que, tratándose de una vía de hecho, la Sala de Zaragoza admitió que "pudiera tener legitimación para sustanciar este recurso, a modo o especie, o manifestación, del ejercicio de una acción pública de control de la actividad administrativa en vía de hecho". La realidad, dice, es que la sentencia de apelación reconoció excepcionalmente a la actora legitimación ad processumy le negó legitimación ad causamy nos pide que, con desestimación del motivo, digamos que carece de una y otra, con carácter general.

Sobre la Ley 39/1981 apunta que el escrito de interposición no engarza con los fundamentos de la sentencia de apelación sobre la actuación municipal. Y no tiene en cuenta que no estamos ante una bandera sino ante una pancarta, que es algo diferente. Recuerda que la sentencia de apelación deja claro que colocar una pancarta en la balconada oficial, sin afección alguna a las banderas reconocidas como tales por la Ley 39/1981, no incumple la legalidad y puede hacerse siempre que medie el correspondiente expediente. La recurrente, resalta, no ataca el razonamiento de la sentencia recurrida ni tiene presente cuanto disponen la Ley 3/2007 y la Ley aragonesa 18/2018 y sucede que la existencia de esa normativa específica hace que no se quiera excepcionar el mandato de la Ley 39/1981. Por eso, nos pide que inadmitamos el segundo motivo y aclaremos los términos en que se ha de debatir si estamos ante una infracción de este texto legal o no por exhibir con carácter circunstancial o conmemorativo una pancarta no oficial que no atenta a valores constitucionales y respeta el mandato legal de promover y discriminar positivamente a miembros de la comunidad con independencia y respeto a cualesquiera ideologías.

Por último, advierte que es suficiente motivación para el Ayuntamiento constatar que se pretende respetar los mandatos de la Ley aragonesa 18/2018 para amparar la posibilidad de adoptar un acuerdo que legitime la exhibición de una pancarta sin alterar las banderas y signos oficiales ni afectar a la neutralidad de las Administraciones Públicas.

CUARTO.- El juicio de la Sala. La desestimación del recurso de casación

Hemos de decir, en primer lugar, que no procede la solicitud, presentada en vísperas de la deliberación de este recurso de casación, de inadmisión del escrito de oposición del Ayuntamiento de Zaragoza pues se le trasladó a la recurrente por diligencia de ordenación de 23 de febrero y nada dijo al respecto, del mismo modo que tampoco lo hizo al declararse conclusas las actuaciones ni al efectuarse el señalamiento.

Por lo demás, el recurso de casación no puede prosperar.

A) Sobre la legitimación de la Asociación de Abogados Cristianos

De un lado, la Asociación de Abogados Cristianos obtuvo un pronunciamiento favorable, ya que la Sala de Zaragoza estimó su recurso de apelación y su recurso contencioso-administrativo. Ciertamente, falló así por el único motivo de entender que la actuación municipal fue en vía de hecho pero no contradijo los principios de neutralidad ideológica y objetividad ni vulneró la Ley 39/1981. Y, tanto en la instancia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de los de Zaragoza, como la Sala territorial en apelación le reconocieron legitimación para recurrir la actuación municipal controvertida.

Por eso, no viene al caso abrir su exposición sobre las infracciones que imputa a la sentencia de apelación con un extenso alegato sobre su legitimación y sobre el interés legítimo que le asiste pues ninguna de las dos sentencias que se han dictado los discute ni tampoco podemos discutirla nosotros. De ahí que carezca de sentido la disquisición que, sin apoyo alguno en la sentencia recurrida, hace el escrito de oposición sobre la legitimación ad processumy ad causamen este caso de la recurrente en casación. Se le ha reconocido en la instancia y en la apelación a la Asociación de Abogados Cristianos su legitimación para recurrir la actuación municipal no porque se produjera en vía de hecho sino porque se consideró afectado el interés legítimo del que es portadora. El reconocimiento fue hasta tal punto que llevó a dos pronunciamientos estimatorios aunque por motivos distintos: la infracción de la Ley 39/1981 en un caso, y proceder en vía de hecho en el otro.

Sobre un extremo cuya impugnación por la recurrente no cabe porque ya obtuvo el reconocimiento que pretendía y el Ayuntamiento de Zaragoza no lo ha combatido pues se ha aquietado a la sentencia de la Sala territorial, nada hemos de decir.

Claro está que, pese a no explicarlo el escrito de interposición, cabe pensar que su insistencia en una legitimación que le fue reconocida y no cuestionada jurisdiccionalmente, obedece a su pretensión de que declaremos que, al margen de que se produjera la vía de hecho, hubo un proceder del Ayuntamiento contrario al ordenamiento jurídico por razones de fondo, pretensión que, ciertamente, tiene derecho a esgrimir.

B) Sobre la colocación de la bandera multicolor en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza el 28 de junio y la Ley 39/1981

Eso nos lleva a examinar, en primer lugar, si, efectivamente, hubo vulneración de la Ley 39/1981, como sostuvo el Juzgado o no, como dice la Sala de Zaragoza.

Nuestro juicio coincide en este punto con el de la sentencia de apelación: no se infringió la Ley 39/1981. Ahora bien, llegamos a esa conclusión, no porque fuera una pancarta en vez de una bandera, sino porque este texto legal no contempla el supuesto ante el que nos encontramos.

La Ley 39/1981 se refiere a la bandera de España. Su artículo primero la define como símbolo de la nación, de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y dice que representa los valores superiores expresados en la Constitución. El artículo segundo precisa su composición cromática, faculta la incorporación a ella del escudo y dispone cuándo debe estar presente, además de remitirse a la reglamentación de las Fuerzas Armadas para el tratamiento y honores que se le deben prestar. El artículo tercero prescribe dónde y cómo se debe exhibir. El artículo cuarto regula el uso de las banderas de las Comunidades Autónomas, el quinto la de las corporaciones locales y el sexto asegura a la bandera de España un lugar destacado, visible y de honor respecto de las de las demás entidades territoriales en que se organiza el Estado. Por su parte, el artículo séptimo se remite a las normas y usos internacionales para cuando nuestra bandera deba ondear junto a la de otros Estados. Y el artículo octavo prohíbe que en la bandera de España se utilicen cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, asociaciones o entidades privadas.

Completan la regulación el artículo noveno que encarga a las autoridades corregir las infracciones a esta Ley y restablecer la legalidad que haya sido conculcada y el décimo que dispone que se castiguen conforme a las leyes los ultrajes y ofensas a la bandera de España y a las autonómicas. Asimismo, este precepto prevé, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran quienes infrinjan esta Ley, la aplicación del Código Penal o del Código de Justicia Militar, a presidentes, directores o titulares de organismos e instituciones, centros o dependencias y a los representantes legales de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas de toda índole que, habiendo sido requeridos para cumplirla por la autoridad gubernativa, la incumplan.

Vemos que nada hay en estos preceptos que prohíba la presencia de símbolos como el arcoíris en los edificios públicos. No es aplicable al caso, por lo que mal pudo ser infringida por el Ayuntamiento de Zaragoza.

C) Sobre la objetividad de las Administraciones Públicas y su neutralidad ideológica

Y tampoco infringió la colocación controvertida el principio de objetividad que impone a las Administraciones Públicas el artículo 103 de la Constitución y el de neutralidad ideológica que impone la legislación electoral [sentencia n.º 1638/2024, de 16 de octubre (recurso n.º 678/2023) y las que en ella se citan] y han sido hechas valer en otros ámbitos por nuestra jurisprudencia, como son los relativos a pronunciamientos de un claustro universitario [ sentencias n.º 1536/2022, de 21 de noviembre (casación n.º 6426/2021); n.º 478/2021, de 7 de abril (recurso n.º 19/2020); n.º 464/2021, de 5 de abril (recurso n.º 20/2020)], de corporaciones profesionales [sentencia n.º 922/2019, de 27 de junio (casación n.º 2352/2017)] pero también de corporaciones locales [sentencia n.º 937/2019, de 28 de junio (casación n.º 352/2018)]. Y en todos esos casos la razón de exigir su respeto ha sido la de evitar su apropiación partidista.

La objetividad que quiere la Constitución no equivale a indiferencia ideológica. Mira a los intereses generales a los que deben servir las Administraciones Públicas y no es compatible con la subordinación de su actuación a los intereses particulares, ni con iniciativas divisivas de la sociedad. Es la instrumentalización por una parte de las Administraciones Públicas la que excluye esa proclamación constitucional.

Nuestra sentencia n.º 564/2020, de 26 de mayo (casación n.º 1327/2018), no conduce a una conclusión distinta. El objeto del litigio que resolvió fue un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que acordó enarbolar en un lugar destacado de su sede central la que llamaba bandera nacional de Canarias el 22 de octubre de 2016 en conmemoración de su 52 aniversario y la izó en un mástil auxiliar en la acera exterior de su sede, frente a la fachada. Ese acuerdo fue anulado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Santa Cruz de Tenerife por considerar que las Administraciones Públicas no pueden enarbolar más banderas que las oficiales, pero su sentencia fue revocada en apelación por la dictada por la Sala territorial que entendió que no se vulneraba la Ley 39/1981 ya que la bandera litigiosa estaba en un lugar distinto del correspondiente a las banderas oficiales sin confusión con ellas.

Acogimos el recurso de casación del Abogado del Estado, anulamos la sentencia de la Sala y confirmamos la del Juzgado pero por aplicación de la jurisprudencia que rechaza la colocación de "banderas partidistas" en las sedes de los organismos públicos y porque esa "bandera nacional de Canarias" no es la que contempla el Estatuto de Autonomía vigente ni el anterior. De ahí que dijéramos:

«Por ello en conjunción con lo expuesto en el fundamento precedente [las relativas a la jurisprudencia sobre símbolos partidistas (n.d.r.)], la Administración, incluyendo la municipal, ha de respetar el ordenamiento jurídico, art. 103.1 CE, sin que lo acordado, aunque lo voten la mayoría de los grupos políticos, pueda incardinarse en el marco competencial fijado por el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En consecuencia, contraviene el ordenamiento un acuerdo que reconoce la bandera nacional de Canarias (la bandera de las siete estrellas verdes) como uno de los símbolos del pueblo canario acordando su enarbolamiento en un lugar destacado de la sede central del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el 22 de octubre de 2016. No es la bandera oficial por lo que no puede atribuírsele la representatividad del pueblo canario como defiende el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife».

En definitiva, no fue propiamente la Ley 39/1981, ni que se tratara de una bandera lo que tiene en cuenta nuestra sentencia. Su ratio decidendiestá en que fuera distinta de la estatutaria y en la significación partidista de dicha "bandera nacional de Canarias".

De acuerdo con estos precedentes jurisprudenciales, en este caso no existía impedimento jurídico para que, con ocasión de la celebración del 28 de junio, se exhibiera la bandera arcoíris en la balconada del Ayuntamiento de Zaragoza. Ni se colocó para sustituir o subordinar a ella a las banderas y enseñas oficiales, ni es un signo o símbolo de significación partidista y tampoco propugna ningún tipo de enfrentamiento. Al contrario, en lugar de en contra, se proyecta a favor nada menos que de la igualdad entre las personas. En este sentido, se identifica con valores ampliamente compartidos, como son los propios de la igualdad, ciertamente, asumidos por la Constitución y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los artículos 14 y 9.2 de la primera propugnan la superación de discriminaciones por cualquier circunstancia personal y el artículo 21.1 de la segunda llama a la proscripción de toda forma de discriminación por razón de la orientación sexual.

Valores que han sido desarrollados por el legislador estatal en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que expresamente reconoce en su artículo 2.1 el derecho de todos a no ser discriminados, entre otras razones, por la orientación o por la identidad sexual. Extremo en el que insiste la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Además, en el caso de Aragón su legislador ya dio pasos en esta dirección con su Ley 18/2018, de 20 de diciembre, con anterioridad a los hechos controvertidos.

Por tanto, la actuación impugnada en la instancia, por la manera y circunstancia temporal en que se realizó, en modo alguno contradice la exigencia de objetividad de las Administraciones Públicas, ni quiebra la neutralidad que deben mantener, sino que se inscribe en la línea de las actuaciones que han de llevar a cabo para promover la igualdad.

En otras palabras, fue conforme al ordenamiento jurídico.

QUINTO.- La respuesta a las cuestiones de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Los argumentos que hemos expuesto en el fundamento precedente imponen responder a la cuestiones que nos sometió el auto de admisión de este recurso de casación así: (i) la legitimación activa de la Asociación de Abogados Cristianos fue reconocida por la sentencia del Juzgado y por la sentencia de apelación sin que el Ayuntamiento de Zaragoza impugnara esta última, así que no cabe más que dejar constancia de ello; (ii) la Ley 39/1981 no es aplicable a supuestos como el presente.

SEXTO.- Costas.

A tenor del artículo 93.4 de la Ley de la Jurisdicción, cada parte correrá con las costas causadas a su instancia y con las comunes por mitad en el recurso de casación.