Sentencia Contencioso-Administrativo 243/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1741/2025 de 03 de marzo del 2026

PRIMERO.-El presente recurso de casación es interpuesto por la representación procesal de don Dimas, don Mateo y don Bartolomé contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 15 de enero de 2025.

Los ahora recurrentes, en su condición de diputados, solicitaron por la vía prevista en el art. 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados -es decir, previo conocimiento del respectivo grupo parlamentario y por conducto de la Presidencia de la Cámara- que el Banco de España les proporcionara información desglosada sobre los intereses por facilidades de depósito que aquel había abonado a entidades de crédito durante los años 2022 y 2023.

Por "facilidades de depósito" se conocen los depósitos a un día en el Banco de España hechos por entidades de crédito, que así pueden dar salida a su liquidez más allá de las reservas obligatorias. Tales depósitos son voluntarios, y por ellos el Banco de España abona el interés correspondiente a la entidad de crédito depositante.

Pues bien, mediante resolución del Gobernador del Banco de España de 10 de junio de 2024, fue denegada la arriba mencionada solicitud, sobre la base de que se trataba de información legalmente reservada. No obstante, la resolución iba acompañada de un anexo donde figuraba el importe global que el Banco de España pagó por facilidades de depósito durante los años 2022 y 2023. Ello significa que, contrariamente a lo solicitado, el anexo no desglosaba los importes abonados a cada entidad de crédito.

Por lo demás, tras consultar al Banco Central Europeo, el Gobernador del Banco de España dictó una nueva resolución el 30 de junio de 2024, confirmatoria de la anterior.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, fue desestimado por la sentencia ahora impugnada. Tras recordar que el derecho fundamental que el art. 23 de la Constitución confiere a diputados y senadores para ejercer sin trabas su función representativa es un derecho de configuración legal -tema, por cierto, que nadie ha discutido en el presente asunto-, la sentencia impugnada afirma que el art. 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados no otorga a estos un derecho absoluto o ilimitado a obtener cualquier información en poder del Gobierno, de la Administración o de otras entidades públicas. Sostiene que el interés de los diputados para el correcto desempeño de sus funciones debe ser ponderado, llegado el caso, con el interés público en que la información de que se trate no sea revelada. Así, la sentencia impugnada hace una ponderación de los intereses en juego en la presente ocasión, concluyendo que el interés público en la adecuada conducción de la política monetaria y el de los inversores debe primar sobre el de los tres diputados solicitantes de la información. En fin, con cita del art. 82 de la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, la sentencia impugnada observa que a otra conclusión habría de llegarse si quien hubiera solicitado la información hubiese sido una comisión de investigación, ya que entonces no habría cabido legalmente negársela.

SEGUNDO.-Preparado el recurso de casación, fue admitido por la Sección Primera de esta Sala mediante auto de 30 de abril de 2025. En el mismo se recuerda que sobre los posibles límites al derecho de los diputados a obtener información por la vía del art. 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados -en especial, sobre la posibilidad de ponderar su interés con otros intereses dignos de protección- ya fijó criterio interpretativo esta Sala en su sentencia nº 164/2022. Y se recuerda asimismo que, mediante sentencia nº 244/2023, esta Sala ha hecho lo propio con respecto al alcance del art. 82 de la Ley 10/2014; es decir, sobre el carácter reservado de la información de que dispone el Banco de España, así como sobre su poder para denegar el acceso a la misma.

Por ello, según el auto de admisión, se trata ahora de dilucidar cómo se conectan esas dos cuestiones. La cuestión de interés casacional objetivo es, así, determinar cómo opera el carácter reservado de la información del Banco de España cuando quien la solicita son diputados por la vía del art. 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

TERCERO.-El escrito de interposición del recurso de casación dirige, en sustancia, tres reproches a la sentencia impugnada. En primer lugar, sostiene que una ponderación de los intereses en juego en el presente asunto no puede conducir a dar prioridad al carácter reservado de la información solicitada. Invocando la orientación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular en su sentencia Baumeister(C-15/16) de 19 de junio de 2018 , dicen los recurrentes que la información relativa a las entidades de crédito no puede legítimamente caracterizarse como reservada si su divulgación no supone un riesgo para el correcto funcionamiento del sistema bancario. Y este sería el caso, siempre según los recurrentes, porque algunas entidades de crédito ya habían hecho público el importe que ellas habían recibido en concepto de intereses por facilidades de crédito y porque, desde el punto de vista del interés público, debería tenerse en cuenta que el Banco de España no tuvo beneficios durante los años 2022 y 2023; algo que podría estar relacionado con el pago de intereses por facilidades de crédito.

En segundo lugar, el escrito de interposición del recurso de casación señala que las resoluciones del Gobernador del Banco de España que están en el origen de la controversia parten del presupuesto de la absoluta confidencialidad de toda la información de que dispone el Banco de España, salvo en aquellos supuestos en que excepcionalmente la ley disponga lo contrario. A juicio de los recurrentes, ello sería contrario a lo establecido en el inciso final del apartado primero del art. 82 de la Ley 10/2014, que reconoce una posición especial a las Cortes Generales en este terreno y, por consiguiente, las excluye de la regla general de la reserva.

En tercer y último lugar, el escrito de interposición del recurso de casación denuncia que el Gobernador del Banco de España no debió hacer consulta alguna al Banco Central Europeo, ya que decidir si procedía o no procedía dar la información solicitada por tres diputados era de su exclusiva competencia.

CUARTO.-El Ministerio Fiscal, que ha sido oído por tratarse del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, ha presentado un muy extenso y detallado escrito. Sus alegaciones pueden agruparse en dos grandes apartados.

Por un lado, hace un repaso de la jurisprudencia de esta Sala en materias relacionadas con la cuestión aquí planteada. Examina así nuestra sentencia nº 164/2022, citada en el auto de admisión, donde se afirma que la información solicitada por la vía del art. 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados puede ser legítimamente denegada cuando, tras una adecuada ponderación, se concluya que existe un interés público o de terceros de mayor peso. Pero señala el Ministerio Fiscal a este respecto que dicha ponderación debe realizarse siempre teniendo presente la crucial importancia que el acceso a la información tiene para que los diputados puedan ejercer adecuadamente su función representativa, tal como se indica en nuestra sentencia nº 526/2025.

Aún en lo que atañe a la jurisprudencia sobre la materia, insiste el Ministerio Fiscal en que nuestra sentencia nº 244/2023, también citada en el auto de admisión, no es aplicable al presente caso. En aquel asunto, la norma en que el Banco de España fundó su negativa a proporcionar la información solicitada también fue el art. 82 de la Ley 10/2014. Pero observa el Ministerio Fiscal que los solicitantes no eran diputados ejerciendo el derecho que les confiere el art. 7 del Reglamento de los Diputados, sino particulares con base en la legislación general de transparencia. La ratio decidendi,siempre según el Ministerio Fiscal, no sería ahora aplicable.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal argumenta que no está justificado sostener que toda la información de que dispone el Banco de España tiene, en principio, carácter reservado incluso para las Cortes Generales y, en particular, para los diputados. Cree, más bien, que es necesario dilucidar si, habida cuenta de la información que se haya solicitado, el contenido de la misma justifica una exigencia de reserva. A partir de esta consideración, argumenta que, de las razones dadas para denegar la información solicitada en el presente caso, la relativa al interés de los inversores en las entidades de crédito no puede ser atendida, ya que tales inversores siempre podrían pedir y obtener la información de la entidad de crédito correspondiente. Y en cuanto al interés público en la correcta conducción de la política monetaria, dice el Ministerio Fiscal que puede ser, en principio, una buena razón para no revelar ciertas informaciones; pero insiste en que en el presente caso, a diferencia de lo que estimó la sentencia impugnada, la alusión a las exigencias de la política monetaria ha sido genérica, por lo que no hay una motivación suficientemente convincente.

A la vista de todo ello, concluye el Ministerio Fiscal que este recurso de casación debe ser estimado, reconociendo a los recurrentes el derecho a obtener la información solicitada.

QUINTO.-En el escrito de oposición al recurso de casación, la Letrada del Banco de España comienza también refiriéndose a la jurisprudencia de esta Sala, para sostener de manera terminante que la cuestión aquí planteada -es decir, el significado y alcance del art. 82 de la Ley 10/2014- ya fue resuelta por la arriba mencionada sentencia nº 244/2023 y, por ello, al mismo criterio debería ahora estarse. Es más: recuerda que ya en la sentencia nº 151/2022, en que se solicitaba información de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, llegó esta Sala a una conclusión similar.

Dicho la anterior, la Letrada del Banco de España subraya que, con arreglo al apartado primero del art. 82 de la Ley 10/2014, la regla general es que toda la información de que dispone el Banco de España sobre las entidades de crédito tiene carácter reservado, Y añade que ello solo cede cuando concurre alguna de las excepciones tasadas que se enumeran en el apartado tercero de ese mismo art. 82; o cuando, tal como contempla el apartado cuarto del art. 82, quien requiere la información es una comisión parlamentaria de investigación. Sin embargo, la Letrada del Banco de España elude argumentar acerca del inciso final del apartado primero del art. 82, que ha sido invocado como infringido por los recurrentes.

Por lo demás, en el escrito de oposición al recurso de casación se sostiene que, dadas las funciones encomendadas al Banco de España, existe un interés público en salvaguardar el carácter reservado de la información solicitada en el presente caso. Y observa, asimismo, que el reproche que se hace a la consulta que el Gobernador del Banco de España hizo al Banco Central Europeo constituye una cuestión nueva, que no fue suscitada en la instancia y, por consiguiente, no cabe debatir ahora.

SEXTO.-Abordando ya el tema litigioso, es conveniente despejar el terreno descartando líneas argumentativas que, lejos de conducir a una adecuada respuesta a la cuestión planteada, pueden dificultar su análisis. De entrada, debe decirse que, si bien las partes y el Ministerio Fiscal han traído a colación pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ninguno de ellos duda de que la controversia ha de resolverse con arreglo al ordenamiento español.

Sentado lo anterior, el reproche de los recurrentes sobre la improcedencia de que el Gobernador del Banco de España consultara al Banco Central Europeo está fuera de lugar. Incluso si no se tratase de una cuestión nueva, no se alcanza a comprender qué influencia podría tener a la hora de dilucidar si la denegación de información es o no es ajustada a Derecho. Es evidente, además, que el Banco de España ya no es un puro banco central nacional, sino que forma parte de un sistema europeo cuyo vértice es el Banco Central Europeo.

Por lo que se refiere a las sentencias de esta Sala citadas tanto en el auto de admisión como en los escritos de las partes y del Ministerio Fiscal, no resultan determinantes para la solución que deba darse a este recurso de casación. La sentencia nº 244/2023 es seguramente la que, en principio, podría arrojar más luz, ya que versa sobre el art. 82 de la Ley 10/2014 como fundamento normativo para que el Banco de España deniegue información sobre entidades de crédito. Pero ocurre que en este punto asiste toda la razón al Ministerio Fiscal: quienes allí solicitaban la información no eran diputados en ejercicio del derecho que les reconoce el art. 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, sino personas privadas. Ello hace que no sea útil para responder la cuestión planteada, que es precisamente cómo operan conjuntamente ambas normas; es decir, el art. 82 de la Ley 10/2014 y el art. 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Y las otras sentencias a que se ha hecho mención, tampoco son relevantes, porque la información solicitada no era del Banco de España.

Un último aspecto que es útil dejar despejado preliminarmente es que no cabe compartir la afirmación de la sentencia impugnada en el sentido de que, de conformidad con el art. 82 de la Ley 10/2014, el Banco de España solo está obligado a proporcionar información a las Cortes Generales cuando se la requiera una comisión parlamentaria de investigación. La verdad es que el apartado cuarto del art. 82 de la Ley 10/2014 dice que "los miembros de una Comisión de Investigación de las Cortes Generales que reciban información de carácter reservado vendrán obligados a adoptar las medidas pertinentes que garanticen la reserva"; y de aquí no se infiere necesariamente que no pueda haber alguna situación en que el Banco de España pudiera oponerse con fundamento a entregar información a una comisión parlamentaria de investigación, por más que ello solo fuese pensable en casos extremos dados los poderes que a tales comisiones otorgan el art. 76 de la Constitución y la Ley Orgánica 5/1984. Pero todo esto es aquí un puro obiter dictum,pues el inciso final del apartado primero del propio art. 82 de la Ley 10/2014 recoge una norma específicamente destinada a regular los requerimientos de información que las Cortes Generales hagan al Banco de España. Este es precisamente el precepto clave para resolver el presente asunto.

SÉPTIMO.-Una vez centrado lo que ha de dilucidarse, no está de más recordar que el art. 82 de la Ley 10/2014 establece como regla general que la información en poder el Banco de España sobre las entidades de crédito tiene carácter reservado (apartado primero), y que esa obligación de secreto se exceptúa en una serie tasada de circunstancias (apartado tercero). Ahora bien, no puede olvidarse que, tal como alegan los recurrentes, en el propio apartado primero donde se impone la regla general de reserva hay un inciso final del siguiente tenor: "El acceso de las Cortes Generales a la información sometida a la obligación de secreto se realizará a través del Gobernador del Banco de España. A tal efecto, el Gobernador podrá solicitar motivadamente de los órganos competentes de la Cámara la celebración de sesión secreta o la aplicación del procedimiento establecido para el acceso a las materias clasificadas."

Ello significa que la ley no incluye a las Cortes Generales en la reserva que pesa sobre la información en poder del Banco de España. La ley se ha limitado a contemplar una posible salvaguardia, consistente en que el Gobernador del Banco de España pida que la información -que, en todo caso, debe entregar- no sea examinada en sesión abierta y pública. Puede solicitar que el examen se haga en sesión secreta, o que se le aplique la aún más restrictiva y garantista regulación del conocimiento parlamentario de los secretos oficiales. Pero nada más.

Habría sido muy difícil, en fin, que la ley impidiese a las Cortes Generales acceder a alguna clase de información a disposición del Banco de España, dado que el poder de las Cámaras de conocer información en manos del Gobierno y de las entidades públicas es un elemento crucial de la democracia parlamentaria. Tan es así que ni siquiera la Ley de Secretos Oficiales les restringe ese poder. El art. 109 de la Constitución es muy claro: "Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas." Y que el Banco de España es una "autoridad del Estado" no puede ser puesto en tela de juicio.

Así las cosas, el interrogante que ahora debe resolverse es si tres diputados, que solicitan información al Banco de España por la vía del art. 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, son subsumibles en la expresión "las Cortes Generales" a efectos del inciso final del apartado primero del art. 82 de la Ley 10/2014. Si la respuesta fuese afirmativa, la conclusión sería que el Banco de España no puede negarles la información, sino únicamente pedir que esta se examine en sesión secreta o en el modo correspondiente a los secretos oficiales; y si la respuesta fuera negativa, la respuesta sería que los diputados solo tendrían derecho si concurriera alguna de las excepciones enumeradas en el apartado tercero del referido art. 82.

Pues bien, a la vista del art. 109 de la Constitución y de su lugar central en la estructura del Estado, esta Sala no tiene ninguna duda de que si la información es requerida por el pleno o por una comisión de la Cámara, son "las Cortes Generales" quienes la recaban y, por tanto, se está en el supuesto de hecho del inciso final del apartado primero del art. 82 de la Ley 10/2014. Tratándose de diputados individualmente considerados, la respuesta debe ser la misma al menos en línea de principio: porque no son particulares, sino representantes del pueblo español que ejercen una función esencial de control político; y porque, si se estableciera un criterio radicalmente distinto con respecto al seguido para el pleno y las comisiones, podría resultar que los diputados de la oposición necesitaran del apoyo de la mayoría para acceder a la información del Banco de España.

Aún en este orden de ideas, no cabe ignorar que la Letrada del Banco de España nada ha argumentado sobre la invocación que los recurrentes hacen del inciso final del apartado primero del art. 82 de la Ley 10/2014. Parte, más bien, del presupuesto de que los diputados deben ser tratados como las personas privadas cuando de acceder a la información del Banco de España se trata. Su razonamiento se reduce, en sustancia, a afirmar una regla general de reserva, sin mencionar siquiera que -más allá del supuesto de las comisiones parlamentarias de investigación- las Cortes Generales ocupan una posición singular en esta materia. En pocas palabras, la parte recurrida no ha dado ninguna buena razón por la que los diputados individualmente considerados y actuando por la vía del art. 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados hayan de quedar excluidos del tantas veces mencionado inciso final del apartado primero del art. 82 de la Ley 10/2014.

Por lo demás, las consideraciones que en el escrito de oposición al recurso de casación se hacen sobre el prevalente interés público en el carácter reservado de la información del Banco de España sobre entidades de crédito es puramente apodíctica, sin que en ningún momento entre en las características específicas de los intereses abonados en concepto de facilidades de depósito durante los años 2022 y 2023.

OCTAVO.-La respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo debe así ser que, en casos como el aquí examinado, la información solicitada al Banco de España por diputados individualmente considerados y por la vía del art. 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados debe recibir el tratamiento previsto en el inciso final del apartado primero del art. 82 de la Ley 10/2014.

Ello conduce a casar la sentencia impugnada y, en su lugar, estimar el recurso contencioso-administrativo, anular las resoluciones del Gobernador del Banco de España que dieron origen el litigio y declarar el derecho de los recurrentes a obtener toda la información solicitada.

NOVENO.-Con arreglo al art. 93 de la Ley Jurisdiccional, en el recurso de casación soportará cada parte sus propias costas. En cuanto a la instancia y de conformidad con el art. 139 del mismo cuerpo legal, procede su imposición a la parte cuyas pretensiones sean íntegramente desestimadas, quedando en este caso fijadas en un máximo de 4.000 € por todos los conceptos.

Fallo