Sentencia Contencioso-Administrativo 1412/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 4617/2022 de 05 de noviembre del 2025

PRIMERO.-Antecedentes administrativos.

La Sra. Begoña es funcionaria interina para el desarrollo de funciones docentes en la Dirección Provincial de Melilla, en el cuerpo de Maestros. Ha prestado servicios en distintos cursos académicos, en virtud de nombramientos realizados para cubrir necesidades de profesorado. A su juicio, estos nombramientos constituyen un ''abuso en la contratación temporal'', al no obedecer a razones expresamente justificadas de urgencia y necesidad, sino a necesidades permanentes y estructurales.

Mediante escrito de 5 de agosto de 2019, solicitó a la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Formación Profesional que se declare su condición de funcionaria de carrera, o subsidiariamente de empleada pública fija, bajo los principios de permanencia e inamovilidad, o se le reconociese ser propietaria de la plaza que desempeña. Esgrimió la interesada que su situación contraviene lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco, no existiendo motivos legales que puedan justificar la temporalidad.

La Subsecretaría del Ministerio de Educación y Formación Profesional consideró que los nombramientos y ceses de la funcionaria interina ''se ajustaban a la legalidad vigente'', por lo que desestimó su petición mediante resolución de 9 de septiembre de 2019.

SEGUNDO. -La sentencia impugnada en casación.

Estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Sra. Begoña, anulando la resolución impugnada; y obligando a la Administración a mantener a la interesada en el puesto de trabajo que venía ocupando hasta que aquella examine si la plaza en cuestión tiene carácter estructural.

La sentencia no realiza una exposición y análisis de los hechos, sino que se limita a decir que la cuestión que se suscita es igual a la resuelta en anterior sentencia de 11 de diciembre de 2020 (Rec. 680/2019), de esa misma Sala, al ser, a su juicio, un asunto sustancialmente idéntico; sentencia que a su vez se basó en la de 15 de octubre de 2020 (Rec. 685/2019), también de la Sala de Málaga.

Transcribe el fundamento de Derecho segundo de esta última sentencia y falla en el sentido de reconocer a la recurrente el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que ocupaba a la fecha de interposición del recurso hasta que por la Administración se examine si las plazas que ocupan los recurrentes tienen carácter estructural y, en el caso de que así sea, hasta que proceda a su expresa consignación en el correspondiente catálogo de puestos de trabajo, y las provea por las vías legal y reglamentariamente previstas, salvo que proceda su amortización. Sensu contrario,si la Administración concluyera que dichas plazas no tienen carácter estructural, procederá el cese de los interinos y sólo cabrá un nuevo nombramiento si concurren y así se justifican los motivos previstos en el artículo 10.1 EBEP.

TERCERO. -El recurso de casación.

Para la Abogada del Estado, la pretensión casacional del presente recurso coincide con la que resultó estimada en las sentencias n.º 141/2025, de 11 de febrero (RC 7368/2021), y n.º 957/2024, de 30 de mayo (RC 2304/2022), que se citan en el auto de admisión, y también en la posterior sentencia de 25 de febrero de 2025 (RC 7099/2022).

Argumenta que este Tribunal ya ha establecido en sendas sentencias que la determinación del carácter abusivo o no de una relación de interinidad no debe venir determinada sin más por el tiempo que la misma ha durado, es decir, para apreciar la existencia de una utilización abusiva en los nombramientos de funcionarios interinos docentes no universitarios no es suficiente constatar que la relación de servicios temporales se ha prolongado durante algunos años (tesis que aplica la sentencia recurrida), sino que es necesario analizar otras circunstancias adicionales tales como: si los nombramientos han sido realizados en vacantes de curso completo o no, si esa relación de servicios se ha llevado a cabo en un único centro educativo o en varios, si las funciones docentes desarrolladas a lo largo de esos años han sido las mismas o han variado, de forma muy especial si la Administración ha procedido o no a convocar procesos selectivos encaminados a cubrir las plazas docentes ocupadas de forma temporal, examinar las variables de las que depende la planificación educativa y su incidencia en los nombramientos de funcionarios de carrera e interinos, etc.

En este caso en particular, dice que ya se han convocado múltiples procedimientos selectivos en las especialidades de la recurrida, que ha desempeñado sus funciones en distintos centros educativos y en diferentes especialidades, que no tiene renovaciones anuales automáticas y que los nombramientos se efectuaron conforme a un sistema de listas de interinos plenamente objetivo y garantista. Todo ello hace que aun cuando los servicios se hayan prestado durante varios años, los mismos no puedan ser considerados como una utilización abusiva de la contratación temporal en los términos de la Directiva 1999/70/CE.

CUARTO. -Juicio de la Sala. Estimación del recurso de casación.

Tal y como se reflejó en el auto de 9 de abril de 2025 que admitió este recurso de casación, idéntica cuestión casacional a la planteada aquí ha sido resuelta por las sentencias n.º 141/2025, de 11 de febrero (RC 7368/2021, ECLI:ES:TS:2025:641) y n.º 957/2024, de 30 de mayo (RC 2304/2022, ECLI:ES:TS:2024:2893). En efecto, en esta última se señala:

«(...) en su escrito de interposición del recurso de casación, el Abogado del Estado destaca que en el presente caso no ha habido renovaciones anuales de una profesora interina para una determinada plaza, sino varios llamamientos para diversas plazas en centros educativos diferentes; llamamientos que además se han hecho a partir de listas de personas inscritas con este fin. Y subraya, asimismo, que las plazas desempeñadas por los profesores interinos en virtud de esos llamamientos fueron objeto de convocatoria para su cobertura por personal estatutario mediante los correspondientes procesos selectivos. (...) De aquí infiere el Abogado del Estado que no concurren las condiciones jurisprudencialmente establecidas para declarar el derecho de la demandante a ser mantenida hasta que la plaza ocupada sea provista o suprimida.

Añade que el abuso en el empleo de duración temporal determinada, proscrito por la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP ( Directiva 1999/70/CE), debe ser apreciado caso por caso; algo que, a su modo de ver, la sentencia impugnada no habría hecho. (...) La demandante en la instancia y ahora recurrida no ha formulado escrito de oposición al recurso de casación.

(...) Esta Sala no alberga ninguna duda de que el presente recurso de casación debe ser estimado, porque la sentencia impugnada no hace absolutamente ningún examen de las circunstancias del asunto, ni por consiguiente explica las razones por las que el criterio jurisprudencial sentado por nuestra mencionada sentencia de 26 de septiembre de 2018 resultaría aplicable en este caso. Todos los indicios, tales como llamamientos diversos para distintas plazas o convocatoria de proceso selectivo, conducen más bien a pensar lo contrario.

A ello debe añadirse que la demandante en la instancia y ahora recurrida no se ha opuesto al recurso de casación, de manera que no ha aportado argumentos que permitan creer otra cosa».

Concluyen dichas sentencias, en respuesta a la cuestión de interés

casacional suscitada, que «la mera referencia a los años de prestación de servicios como funcionario interino no resulta bastante para inferir de modo automático la situación de abuso que declara la sentencia impugnada. Esa declaración debe inferirse de una serie de circunstancias concretas y específicas que, por lo que hace al caso, exigía examinar el sistema de lista de interinos aplicable, según la expresada Orden ECD/697/2017, de 24 de julio, analizar el tipo de sucesión de los diversos nombramientos, y valorar si la prestación de servicios se hizo en uno o en varios centros. Además, debía justificarse el tipo de vacante que se estaba cubriendo, si las funciones docentes fueron o no idénticas, y, en fin, si se produjo la presentación a los procesos selectivos convocados al respecto».

La misma doctrina se recoge en las sentencias del TS de 19 y 25 de febrero de 2025 (RC 1602/2024, ECLI:ES:TS:2025:690 y RC 7099/2022, ECLI:ES:TS:2025:688, respectivamente); así como en la 10 de abril de 2025 (RC 6101/2022, ECLI:ES:TS:2025:1574) y en la de 11 de septiembre de 2025 (RC 4363/2022, ECLI:ES:TS:2025:3916).

En consecuencia, procede casar la sentencia impugnada al estimar el recurso de casación, y desestimar el recurso contencioso-administrativo.

Téngase en cuenta la coincidencia del contenido de la sentencia que se impugna con la sentencia recurrida en los precedentes que hemos citado ( sentencias n.º 141/2025, de 11 de febrero, RC 7368/2021, y n.º 957/2024, de 30 de mayo, RC 2304/2022), por lo que la mera referencia a los años de prestación de servicios como funcionario interino no resulta bastante para inferir de modo automático la situación de abuso que declara la sentencia impugnada. Esa declaración debe inferirse de una serie de circunstancias concretas y específicas que, por lo que hace al caso, exigía examinar el sistema de lista de interinos aplicable, según la expresada Orden ECD/697/2017, de 24 de julio, analizar el tipo de sucesión de los diversos nombramientos, y valorar si la prestación de servicios se hizo en uno o en varios centros. Además, debía justificarse el tipo de vacante que se estaba cubriendo, si las funciones docentes fueron o no idénticas, y, en fin, si se produjo la presentación a los procesos selectivos convocados al respecto.

QUINTO. -Las costas procesales.

De conformidad con el dispuesto en el artículo 139.3, en relación con el artículo 93.4, de la LJCA, en casación cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Y según lo dispuesto en el artículo 139.1 de la misma LJCA, en cuanto a las demás costas procesales como hemos señalado en casos similares anteriores, ante las dudas de derecho que pudieron surgir, no procede hacer imposición de costas.

PRIMERO.-Antecedentes administrativos.

La Sra. Begoña es funcionaria interina para el desarrollo de funciones docentes en la Dirección Provincial de Melilla, en el cuerpo de Maestros. Ha prestado servicios en distintos cursos académicos, en virtud de nombramientos realizados para cubrir necesidades de profesorado. A su juicio, estos nombramientos constituyen un ''abuso en la contratación temporal'', al no obedecer a razones expresamente justificadas de urgencia y necesidad, sino a necesidades permanentes y estructurales.

Mediante escrito de 5 de agosto de 2019, solicitó a la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Formación Profesional que se declare su condición de funcionaria de carrera, o subsidiariamente de empleada pública fija, bajo los principios de permanencia e inamovilidad, o se le reconociese ser propietaria de la plaza que desempeña. Esgrimió la interesada que su situación contraviene lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco, no existiendo motivos legales que puedan justificar la temporalidad.

La Subsecretaría del Ministerio de Educación y Formación Profesional consideró que los nombramientos y ceses de la funcionaria interina ''se ajustaban a la legalidad vigente'', por lo que desestimó su petición mediante resolución de 9 de septiembre de 2019.

SEGUNDO. -La sentencia impugnada en casación.

Estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Sra. Begoña, anulando la resolución impugnada; y obligando a la Administración a mantener a la interesada en el puesto de trabajo que venía ocupando hasta que aquella examine si la plaza en cuestión tiene carácter estructural.

La sentencia no realiza una exposición y análisis de los hechos, sino que se limita a decir que la cuestión que se suscita es igual a la resuelta en anterior sentencia de 11 de diciembre de 2020 (Rec. 680/2019), de esa misma Sala, al ser, a su juicio, un asunto sustancialmente idéntico; sentencia que a su vez se basó en la de 15 de octubre de 2020 (Rec. 685/2019), también de la Sala de Málaga.

Transcribe el fundamento de Derecho segundo de esta última sentencia y falla en el sentido de reconocer a la recurrente el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que ocupaba a la fecha de interposición del recurso hasta que por la Administración se examine si las plazas que ocupan los recurrentes tienen carácter estructural y, en el caso de que así sea, hasta que proceda a su expresa consignación en el correspondiente catálogo de puestos de trabajo, y las provea por las vías legal y reglamentariamente previstas, salvo que proceda su amortización. Sensu contrario,si la Administración concluyera que dichas plazas no tienen carácter estructural, procederá el cese de los interinos y sólo cabrá un nuevo nombramiento si concurren y así se justifican los motivos previstos en el artículo 10.1 EBEP.

TERCERO. -El recurso de casación.

Para la Abogada del Estado, la pretensión casacional del presente recurso coincide con la que resultó estimada en las sentencias n.º 141/2025, de 11 de febrero (RC 7368/2021), y n.º 957/2024, de 30 de mayo (RC 2304/2022), que se citan en el auto de admisión, y también en la posterior sentencia de 25 de febrero de 2025 (RC 7099/2022).

Argumenta que este Tribunal ya ha establecido en sendas sentencias que la determinación del carácter abusivo o no de una relación de interinidad no debe venir determinada sin más por el tiempo que la misma ha durado, es decir, para apreciar la existencia de una utilización abusiva en los nombramientos de funcionarios interinos docentes no universitarios no es suficiente constatar que la relación de servicios temporales se ha prolongado durante algunos años (tesis que aplica la sentencia recurrida), sino que es necesario analizar otras circunstancias adicionales tales como: si los nombramientos han sido realizados en vacantes de curso completo o no, si esa relación de servicios se ha llevado a cabo en un único centro educativo o en varios, si las funciones docentes desarrolladas a lo largo de esos años han sido las mismas o han variado, de forma muy especial si la Administración ha procedido o no a convocar procesos selectivos encaminados a cubrir las plazas docentes ocupadas de forma temporal, examinar las variables de las que depende la planificación educativa y su incidencia en los nombramientos de funcionarios de carrera e interinos, etc.

En este caso en particular, dice que ya se han convocado múltiples procedimientos selectivos en las especialidades de la recurrida, que ha desempeñado sus funciones en distintos centros educativos y en diferentes especialidades, que no tiene renovaciones anuales automáticas y que los nombramientos se efectuaron conforme a un sistema de listas de interinos plenamente objetivo y garantista. Todo ello hace que aun cuando los servicios se hayan prestado durante varios años, los mismos no puedan ser considerados como una utilización abusiva de la contratación temporal en los términos de la Directiva 1999/70/CE.

CUARTO. -Juicio de la Sala. Estimación del recurso de casación.

Tal y como se reflejó en el auto de 9 de abril de 2025 que admitió este recurso de casación, idéntica cuestión casacional a la planteada aquí ha sido resuelta por las sentencias n.º 141/2025, de 11 de febrero (RC 7368/2021, ECLI:ES:TS:2025:641) y n.º 957/2024, de 30 de mayo (RC 2304/2022, ECLI:ES:TS:2024:2893). En efecto, en esta última se señala:

«(...) en su escrito de interposición del recurso de casación, el Abogado del Estado destaca que en el presente caso no ha habido renovaciones anuales de una profesora interina para una determinada plaza, sino varios llamamientos para diversas plazas en centros educativos diferentes; llamamientos que además se han hecho a partir de listas de personas inscritas con este fin. Y subraya, asimismo, que las plazas desempeñadas por los profesores interinos en virtud de esos llamamientos fueron objeto de convocatoria para su cobertura por personal estatutario mediante los correspondientes procesos selectivos. (...) De aquí infiere el Abogado del Estado que no concurren las condiciones jurisprudencialmente establecidas para declarar el derecho de la demandante a ser mantenida hasta que la plaza ocupada sea provista o suprimida.

Añade que el abuso en el empleo de duración temporal determinada, proscrito por la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP ( Directiva 1999/70/CE), debe ser apreciado caso por caso; algo que, a su modo de ver, la sentencia impugnada no habría hecho. (...) La demandante en la instancia y ahora recurrida no ha formulado escrito de oposición al recurso de casación.

(...) Esta Sala no alberga ninguna duda de que el presente recurso de casación debe ser estimado, porque la sentencia impugnada no hace absolutamente ningún examen de las circunstancias del asunto, ni por consiguiente explica las razones por las que el criterio jurisprudencial sentado por nuestra mencionada sentencia de 26 de septiembre de 2018 resultaría aplicable en este caso. Todos los indicios, tales como llamamientos diversos para distintas plazas o convocatoria de proceso selectivo, conducen más bien a pensar lo contrario.

A ello debe añadirse que la demandante en la instancia y ahora recurrida no se ha opuesto al recurso de casación, de manera que no ha aportado argumentos que permitan creer otra cosa».

Concluyen dichas sentencias, en respuesta a la cuestión de interés

casacional suscitada, que «la mera referencia a los años de prestación de servicios como funcionario interino no resulta bastante para inferir de modo automático la situación de abuso que declara la sentencia impugnada. Esa declaración debe inferirse de una serie de circunstancias concretas y específicas que, por lo que hace al caso, exigía examinar el sistema de lista de interinos aplicable, según la expresada Orden ECD/697/2017, de 24 de julio, analizar el tipo de sucesión de los diversos nombramientos, y valorar si la prestación de servicios se hizo en uno o en varios centros. Además, debía justificarse el tipo de vacante que se estaba cubriendo, si las funciones docentes fueron o no idénticas, y, en fin, si se produjo la presentación a los procesos selectivos convocados al respecto».

La misma doctrina se recoge en las sentencias del TS de 19 y 25 de febrero de 2025 (RC 1602/2024, ECLI:ES:TS:2025:690 y RC 7099/2022, ECLI:ES:TS:2025:688, respectivamente); así como en la 10 de abril de 2025 (RC 6101/2022, ECLI:ES:TS:2025:1574) y en la de 11 de septiembre de 2025 (RC 4363/2022, ECLI:ES:TS:2025:3916).

En consecuencia, procede casar la sentencia impugnada al estimar el recurso de casación, y desestimar el recurso contencioso-administrativo.

Téngase en cuenta la coincidencia del contenido de la sentencia que se impugna con la sentencia recurrida en los precedentes que hemos citado ( sentencias n.º 141/2025, de 11 de febrero, RC 7368/2021, y n.º 957/2024, de 30 de mayo, RC 2304/2022), por lo que la mera referencia a los años de prestación de servicios como funcionario interino no resulta bastante para inferir de modo automático la situación de abuso que declara la sentencia impugnada. Esa declaración debe inferirse de una serie de circunstancias concretas y específicas que, por lo que hace al caso, exigía examinar el sistema de lista de interinos aplicable, según la expresada Orden ECD/697/2017, de 24 de julio, analizar el tipo de sucesión de los diversos nombramientos, y valorar si la prestación de servicios se hizo en uno o en varios centros. Además, debía justificarse el tipo de vacante que se estaba cubriendo, si las funciones docentes fueron o no idénticas, y, en fin, si se produjo la presentación a los procesos selectivos convocados al respecto.

QUINTO. -Las costas procesales.

De conformidad con el dispuesto en el artículo 139.3, en relación con el artículo 93.4, de la LJCA, en casación cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Y según lo dispuesto en el artículo 139.1 de la misma LJCA, en cuanto a las demás costas procesales como hemos señalado en casos similares anteriores, ante las dudas de derecho que pudieron surgir, no procede hacer imposición de costas.

PRIMERO.-Antecedentes administrativos.

La Sra. Begoña es funcionaria interina para el desarrollo de funciones docentes en la Dirección Provincial de Melilla, en el cuerpo de Maestros. Ha prestado servicios en distintos cursos académicos, en virtud de nombramientos realizados para cubrir necesidades de profesorado. A su juicio, estos nombramientos constituyen un ''abuso en la contratación temporal'', al no obedecer a razones expresamente justificadas de urgencia y necesidad, sino a necesidades permanentes y estructurales.

Mediante escrito de 5 de agosto de 2019, solicitó a la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Formación Profesional que se declare su condición de funcionaria de carrera, o subsidiariamente de empleada pública fija, bajo los principios de permanencia e inamovilidad, o se le reconociese ser propietaria de la plaza que desempeña. Esgrimió la interesada que su situación contraviene lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco, no existiendo motivos legales que puedan justificar la temporalidad.

La Subsecretaría del Ministerio de Educación y Formación Profesional consideró que los nombramientos y ceses de la funcionaria interina ''se ajustaban a la legalidad vigente'', por lo que desestimó su petición mediante resolución de 9 de septiembre de 2019.

SEGUNDO. -La sentencia impugnada en casación.

Estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Sra. Begoña, anulando la resolución impugnada; y obligando a la Administración a mantener a la interesada en el puesto de trabajo que venía ocupando hasta que aquella examine si la plaza en cuestión tiene carácter estructural.

La sentencia no realiza una exposición y análisis de los hechos, sino que se limita a decir que la cuestión que se suscita es igual a la resuelta en anterior sentencia de 11 de diciembre de 2020 (Rec. 680/2019), de esa misma Sala, al ser, a su juicio, un asunto sustancialmente idéntico; sentencia que a su vez se basó en la de 15 de octubre de 2020 (Rec. 685/2019), también de la Sala de Málaga.

Transcribe el fundamento de Derecho segundo de esta última sentencia y falla en el sentido de reconocer a la recurrente el derecho a permanecer en el puesto de trabajo que ocupaba a la fecha de interposición del recurso hasta que por la Administración se examine si las plazas que ocupan los recurrentes tienen carácter estructural y, en el caso de que así sea, hasta que proceda a su expresa consignación en el correspondiente catálogo de puestos de trabajo, y las provea por las vías legal y reglamentariamente previstas, salvo que proceda su amortización. Sensu contrario,si la Administración concluyera que dichas plazas no tienen carácter estructural, procederá el cese de los interinos y sólo cabrá un nuevo nombramiento si concurren y así se justifican los motivos previstos en el artículo 10.1 EBEP.

TERCERO. -El recurso de casación.

Para la Abogada del Estado, la pretensión casacional del presente recurso coincide con la que resultó estimada en las sentencias n.º 141/2025, de 11 de febrero (RC 7368/2021), y n.º 957/2024, de 30 de mayo (RC 2304/2022), que se citan en el auto de admisión, y también en la posterior sentencia de 25 de febrero de 2025 (RC 7099/2022).

Argumenta que este Tribunal ya ha establecido en sendas sentencias que la determinación del carácter abusivo o no de una relación de interinidad no debe venir determinada sin más por el tiempo que la misma ha durado, es decir, para apreciar la existencia de una utilización abusiva en los nombramientos de funcionarios interinos docentes no universitarios no es suficiente constatar que la relación de servicios temporales se ha prolongado durante algunos años (tesis que aplica la sentencia recurrida), sino que es necesario analizar otras circunstancias adicionales tales como: si los nombramientos han sido realizados en vacantes de curso completo o no, si esa relación de servicios se ha llevado a cabo en un único centro educativo o en varios, si las funciones docentes desarrolladas a lo largo de esos años han sido las mismas o han variado, de forma muy especial si la Administración ha procedido o no a convocar procesos selectivos encaminados a cubrir las plazas docentes ocupadas de forma temporal, examinar las variables de las que depende la planificación educativa y su incidencia en los nombramientos de funcionarios de carrera e interinos, etc.

En este caso en particular, dice que ya se han convocado múltiples procedimientos selectivos en las especialidades de la recurrida, que ha desempeñado sus funciones en distintos centros educativos y en diferentes especialidades, que no tiene renovaciones anuales automáticas y que los nombramientos se efectuaron conforme a un sistema de listas de interinos plenamente objetivo y garantista. Todo ello hace que aun cuando los servicios se hayan prestado durante varios años, los mismos no puedan ser considerados como una utilización abusiva de la contratación temporal en los términos de la Directiva 1999/70/CE.

CUARTO. -Juicio de la Sala. Estimación del recurso de casación.

Tal y como se reflejó en el auto de 9 de abril de 2025 que admitió este recurso de casación, idéntica cuestión casacional a la planteada aquí ha sido resuelta por las sentencias n.º 141/2025, de 11 de febrero (RC 7368/2021, ECLI:ES:TS:2025:641) y n.º 957/2024, de 30 de mayo (RC 2304/2022, ECLI:ES:TS:2024:2893). En efecto, en esta última se señala:

«(...) en su escrito de interposición del recurso de casación, el Abogado del Estado destaca que en el presente caso no ha habido renovaciones anuales de una profesora interina para una determinada plaza, sino varios llamamientos para diversas plazas en centros educativos diferentes; llamamientos que además se han hecho a partir de listas de personas inscritas con este fin. Y subraya, asimismo, que las plazas desempeñadas por los profesores interinos en virtud de esos llamamientos fueron objeto de convocatoria para su cobertura por personal estatutario mediante los correspondientes procesos selectivos. (...) De aquí infiere el Abogado del Estado que no concurren las condiciones jurisprudencialmente establecidas para declarar el derecho de la demandante a ser mantenida hasta que la plaza ocupada sea provista o suprimida.

Añade que el abuso en el empleo de duración temporal determinada, proscrito por la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP ( Directiva 1999/70/CE), debe ser apreciado caso por caso; algo que, a su modo de ver, la sentencia impugnada no habría hecho. (...) La demandante en la instancia y ahora recurrida no ha formulado escrito de oposición al recurso de casación.

(...) Esta Sala no alberga ninguna duda de que el presente recurso de casación debe ser estimado, porque la sentencia impugnada no hace absolutamente ningún examen de las circunstancias del asunto, ni por consiguiente explica las razones por las que el criterio jurisprudencial sentado por nuestra mencionada sentencia de 26 de septiembre de 2018 resultaría aplicable en este caso. Todos los indicios, tales como llamamientos diversos para distintas plazas o convocatoria de proceso selectivo, conducen más bien a pensar lo contrario.

A ello debe añadirse que la demandante en la instancia y ahora recurrida no se ha opuesto al recurso de casación, de manera que no ha aportado argumentos que permitan creer otra cosa».

Concluyen dichas sentencias, en respuesta a la cuestión de interés

casacional suscitada, que «la mera referencia a los años de prestación de servicios como funcionario interino no resulta bastante para inferir de modo automático la situación de abuso que declara la sentencia impugnada. Esa declaración debe inferirse de una serie de circunstancias concretas y específicas que, por lo que hace al caso, exigía examinar el sistema de lista de interinos aplicable, según la expresada Orden ECD/697/2017, de 24 de julio, analizar el tipo de sucesión de los diversos nombramientos, y valorar si la prestación de servicios se hizo en uno o en varios centros. Además, debía justificarse el tipo de vacante que se estaba cubriendo, si las funciones docentes fueron o no idénticas, y, en fin, si se produjo la presentación a los procesos selectivos convocados al respecto».

La misma doctrina se recoge en las sentencias del TS de 19 y 25 de febrero de 2025 (RC 1602/2024, ECLI:ES:TS:2025:690 y RC 7099/2022, ECLI:ES:TS:2025:688, respectivamente); así como en la 10 de abril de 2025 (RC 6101/2022, ECLI:ES:TS:2025:1574) y en la de 11 de septiembre de 2025 (RC 4363/2022, ECLI:ES:TS:2025:3916).

En consecuencia, procede casar la sentencia impugnada al estimar el recurso de casación, y desestimar el recurso contencioso-administrativo.

Téngase en cuenta la coincidencia del contenido de la sentencia que se impugna con la sentencia recurrida en los precedentes que hemos citado ( sentencias n.º 141/2025, de 11 de febrero, RC 7368/2021, y n.º 957/2024, de 30 de mayo, RC 2304/2022), por lo que la mera referencia a los años de prestación de servicios como funcionario interino no resulta bastante para inferir de modo automático la situación de abuso que declara la sentencia impugnada. Esa declaración debe inferirse de una serie de circunstancias concretas y específicas que, por lo que hace al caso, exigía examinar el sistema de lista de interinos aplicable, según la expresada Orden ECD/697/2017, de 24 de julio, analizar el tipo de sucesión de los diversos nombramientos, y valorar si la prestación de servicios se hizo en uno o en varios centros. Además, debía justificarse el tipo de vacante que se estaba cubriendo, si las funciones docentes fueron o no idénticas, y, en fin, si se produjo la presentación a los procesos selectivos convocados al respecto.

QUINTO. -Las costas procesales.

De conformidad con el dispuesto en el artículo 139.3, en relación con el artículo 93.4, de la LJCA, en casación cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Y según lo dispuesto en el artículo 139.1 de la misma LJCA, en cuanto a las demás costas procesales como hemos señalado en casos similares anteriores, ante las dudas de derecho que pudieron surgir, no procede hacer imposición de costas.