Sentencia Contencioso-Administrativo 291/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 44/2024 de 10 de marzo del 2026

PRIMERO. Objeto del presente recurso de casación y hechos relevantes para su resolución.

1.El objeto de este recurso de casación, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, consiste en determinar si resulta aplicable la exención prevista en el artículo 7.d) LIRPF a una indemnización percibida por el obligado tributario de su entidad empleadora, en cumplimiento de una sentencia dictada en el orden jurisdiccional social, cuantificada en función de los salarios dejados de percibir durante un determinado lapso de tiempo por el incumplimiento de tal entidad de la obligación de reintegrarlo en su puesto de trabajo procedente de una situación de excedencia.

2.Los hechos del litigio que son relevantes para su resolución, sin que resulten controvertidos, son los siguientes:

2.1.El hoy recurrente, don Gumersindo, percibió una indemnización en el año 2014, satisfecha por la entidad Bankia, S.A., como consecuencia de lo fallado en la sentencia número 189/2014, dictada el 28 de febrero de 2014, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En esta resolución se acuerda el pago de una indemnización de daños y perjuicios y se acoge como parámetro del lucro cesante la suma de los salarios dejados de percibir como consecuencia del incumplimiento de la entidad Bankia, S.A. de reingresar en su puesto al trabajador excedente desde la presentación de demanda extrajudicial de conciliación y hasta el día en que tuviera lugar el reingreso efectivo. Se trata de resarcir, en palabras de la sentencia de la Sala de lo Social, el daño producido por la negativa a la reincorporación equivalente al valor de los salarios dejados de percibir, aunque no hubiere mediado prestación de servicios.

La sentencia número 189/2014, de 28 de febrero, de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, se pronuncia, por lo que aquí interesa, en los términos siguientes:

"[...] TRIGESIMO. -Nos resta por dirimir la segunda controversia que en él se plantea, la cual se anuda a la indemnización de daños y perjuicios derivados de la demora en el reingreso del actor. A tal efecto, en el suplico del recurso éste reclama el "abono en concepto de daños y perjuicios de una cantidad equivalente a los salarios que ha dejado de percibir desde que la reincorporación debió producirse, y hasta que la misma tenga efectivamente lugar".Nada cabe objetar a que como elemento referencial o parámetro del lucro cesante producido acuda al monto de los salarios que dejó de percibir como consecuencia del incumplimiento empresarial, ni tampoco podemos oponernos a la fijación del dies ad quem,esto es, aquél en que tenga lugar su reingreso en la empresa. Mas, al igual que ocurre en la demanda rectora de autos, nada dice del día inicial.

TRIGESIMO-PRIMERO. -En efecto, dice la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1.989: "(...) Como establece el también invocado artículo 1.106 del citado Cuerpo legal, la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido el acreedor, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener. El accionante limita su petición al importe de los salarios que habría percibido, si la reincorporación se hubiera producido tempestivamente. Hace dejación, por tanto, de otros posibles perjuicios. Tal sistema de valoración de los mencionados daños ha de reputarse correcta, pues, aun siendo cierto que por ser el salario la contraprestación del trabajo no procede en principio su abono si no media prestación de servicios, no lo es menos que cuando éstos no se realizan porque no se accede a la reincorporación que procede, se genera un daño equivalente al valor de dichos salarios, que debe ser compensado en la indicada proporción (...). El daño que se aduce aparece, pues, constatado"(el énfasis es nuestro).

TRIGESIMO-SEGUNDO.-Resumiendo: cualquier readmisión tardía de un trabajador excedente voluntario en casos como éste es susceptible de generar derecho a indemnización de daños y perjuicios, bien por mora en el cumplimiento de sus obligaciones por la empresa, bien por haber incurrido ésta en conducta dolosa o negligente al denegar su reincorporación, indemnización que consistirá, por regla general, en el importe de los salarios dejados de percibir (ganancia frustrada) como consecuencia de tal actuación, mas esta afirmación tiene naturaleza presuntiva, lo que conlleva que pueda desvirtuarse por cualquier medio de prueba tanto por el trabajador, en el sentido de demostrar unos daños superiores, como por su empleador, en el de acreditar que los mismos no existieron o, cuando menos, que los irrogados fueron de cuantía inferior".

2.2.Por la Inspección de los Tributos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se llevaron a cabo actuaciones en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, año 2014, que culminaron con el acta suscrita en disconformidad el 10 de abril de 2019 (referencia A02 NUM000). Estas actuaciones finalizaron con el acuerdo de liquidación dictado el 10 de mayo de 2019 (referencia A23 NUM000), en el que se determinó una deuda tributaria de 75.102,99 euros integrada por una cuota a ingresar de 65.431,82 euros, e intereses de demora de 9.671,17 euros.

La Inspección consideró que la referida indemnización no se encontraba exenta del IRPF, al no obedecer ni al resarcimiento de daños personales, ni al despido del trabajador, correspondiendo su imputación al año en el que la sentencia adquiría firmeza. Asimismo, rechazó la aplicación de la reducción por obtención de rendimientos con un período de generación superior a dos años.

2.3.Interpuesta reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias, fue desestimada por resolución de 31 de mayo de 2022, con fundamento, por lo que aquí interesa, en que lo que se reconocía por la sentencia de la Sala de lo Social era el derecho a percibir los salarios dejados de abonar por la entidad empleadora al incumplir su deber de reingresar al demandante en su puesto de trabajo, lo que considera equivalente a una indemnización debida al retraso en su reingreso, es decir, de marcado carácter patrimonial y no relativa a daños personales, por lo que no era de aplicación la exención del artículo 7.d) LIRPF.

2.4.La sentencia de 19 de octubre de 2023, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desestimó el recurso contencioso-administrativo n.º 424/2022 y confirmó la resolución del TEAR referida.

Esta resolución, que constituye el objeto del presente recurso de casación, funda su decisión en que la regularización a que fue sometida la situación tributaria del recurrente fue procedente, pues la cantidad recibida en virtud de sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 28 de febrero de 2014, en concepto de indemnización por los salarios dejados de percibir por el recurrente durante un determinado periodo de tiempo, fue acordada sin que se hiciera mención alguna a daño moral o personal alguno, teniendo en cuenta únicamente el daño patrimonial sufrido. Por consiguiente, considera la Sala de instancia que la citada cantidad tiene cabida en el concepto de rendimientos íntegros del trabajo establecido en el artículo 17.1 de la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas [«LIRPF»], no siendo aplicable la exención contemplada en el artículo 7.d) del mismo texto legal. Tampoco entiende aplicable la reducción del cuarenta por ciento prevista en el artículo 18.2.a) LIRPF, pretendida por el demandante de forma subsidiaria, en cuanto el periodo de generación de este rendimiento fue inferior a dos años.

SEGUNDO. Marco normativo.

Conforme al auto de admisión, se plantea la necesidad de interpretar los siguientes preceptos.

1.El artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 29 de noviembre) [«LIRPF»], que lleva por rúbrica Rentas exentas,declara que:

«Estarán exentas las siguientes rentas:

(...)

d) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.

Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del apartado 2 del artículo 30 de esta Ley, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre ».

2.También será pertinente el análisis del artículo 17 del mismo texto legal, que define los rendimientos íntegros del trabajo.

TERCERO. Criterio interpretativo de la Sala.

1.La cuestión con interés casacional que plantea el presente recurso se contrae a determinar el tratamiento tributario que merece en el impuesto sobre la renta de las personas físicas [«IRPF»] una cantidad percibida en cumplimiento de una sentencia que acuerda el pago de una indemnización de daños y perjuicios y acoge, como parámetro para el cálculo del lucro cesante, el monto de los salarios que se dejaron de percibir como consecuencia del incumplimiento empresarial de reingresar al trabajador excedente -recurrente- desde la fecha de presentación de la demanda extrajudicial de conciliación hasta el día en que se produjera el reingreso efectivo.

2.Justifica el auto de admisión el interés casacional objetivo en la existencia de fallos de otros tribunales superiores de justicia difícilmente conciliables con el ahora impugnado, en los que se admite la posibilidad de aplicar la exención pretendida en casos análogos. Así, se advierte la disparidad de criterios en algunos de los pronunciamientos invocados por el recurrente, verbigracia en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de diciembre de 2018 dictada en el recurso 287/2017, que considera que la indemnización acordada por no incluir al recurrente en una bolsa de trabajo, aunque se cuantifique con arreglo a los salarios dejados de percibir durante un determinado periodo, no retribuye ningún servicio, sino que constituye un resarcimiento por daños morales y personales a los efectos de la exención del 7.d) LIRPF. También la sentencia del TSJ de Galicia de 11 de diciembre de 2013, recurso 15173/2013, en cuya fundamentación se asevera que una indemnización como esta no retribuye trabajo ni servicio, por lo que no puede constituir un rendimiento del trabajo.

3.El recurrente sostiene que la indemnización percibida tiene naturaleza indemnizatoria y no salarial, por lo que debe estar exenta de tributación en el IRPF conforme al artículo 7.d) LIRPF por constituir una indemnización derivada de daños personales.

Asimismo, considera que en este caso no puede hablarse propiamente de salario, por cuanto que esas cantidades no constituyen una contraprestación por un trabajo realizado en el sentido en el que la LIRPF en su artículo 17 se refiere a las rentas de trabajo. Lo que se está retribuyendo es no sólo un daño patrimonial, sino también un daño no patrimonial o moral. Y el hecho de que para el cálculo de esa indemnización se tuviera en cuenta el salario dejado de percibir no altera la naturaleza jurídica de la indemnización.

Frente a ello, opone la Administración recurrida que, en el supuesto que nos ocupa, estamos ante una contraprestación que el recurrente percibió derivada de una relación laboral previa, razón por la cual se le abonaron los salarios dejados de percibir por no haber sido posible en su momento el reingreso a su puesto de trabajo tras la excedencia voluntaria, por lo que no puede ser considerado el daño que repara como moral ni, por tanto, como uno de los daños "personales".

4.Como hemos visto, el artículo 7 de la LIRPF contempla una serie de exenciones, entre ellas, en el apartado d) "Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida",añadiendo que "[i]gualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1.ª del apartado 2 del artículo 30 de esta Ley , hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. "

Parece indudable, del tenor literal de la exención examinada, que ha de estarse en presencia de "indemnizaciones"derivadas de "daños personales", bien sean físicos o psíquicos y que la exención sólo alcanza a la cuantía "legal"o "judicialmente"reconocida.

Consecuentemente, la exención del art 7.d) no aplica en los casos de indemnizaciones por daños patrimoniales, derivadas de un perjuicio económico, sino que solo ampara las indemnizaciones de carácter personal, consecuencia de daños personales.

5.En el caso que se enjuicia, en trance de calificar la indemnización a efectos de determinar la tributación en el IRPF, se advierte que se trata de una indemnización derivada del incumplimiento por la entidad empleadora de la obligación de reintegrar al trabajador en su puesto de trabajo procedente de una situación de excedencia, percibida en cumplimiento de una sentencia dictada en el orden jurisdiccional social y que se cuantifica en función de los salarios dejados de percibir durante el tiempo en que la empleadora ha incumplido su obligación.

Conforme a ello, no parece que la exención examinada pueda incardinarse en apartado d) del artículo 7 analizado, pues es evidente que la contraprestación que el recurrente percibió deriva de una relación laboral previa, razón por la cual se le abonaron los salarios dejados de percibir por no haber sido posible en su momento el reingreso a su puesto de trabajo tras la excedencia voluntaria. Nos encontramos, pues, ante una indemnización por daños patrimoniales, derivada de un perjuicio económico, y no ante una indemnización de carácter personal, consecuencia de daños personales.

La indemnización que obtuvo el ahora recurrente fue consecuencia de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de febrero de 2014, anteriormente citada, sentencia que, en relación con la indemnización por los daños y perjuicios derivados de la demora en el reingreso del recurrente tras su excedencia voluntaria, en su FD Trigésimo indica que "[...] en el suplico del recurso éste reclama el "abono en concepto de daños y perjuicios de una cantidad equivalente a los salarios que ha dejado de percibir desde que la reincorporación debió producirse, y hasta que la misma tenga efectivamente lugar".Nada cabe objetar a que como elemento referencial o parámetro del lucro cesante producido acuda al monto de los salarios que dejó de percibir como consecuencia del incumplimiento empresarial [...]".

Por tanto, el hoy recurrente limitó su petición al importe de los salarios que habría percibido si la reincorporación se hubiera producido tempestivamente, renunciando a la reclamación de otros posibles perjuicios. En este caso, en el que el importe de la indemnización se calculó sumando las nóminas no percibidas, nos encontramos ante un lucro cesante (salarios no percibidos) y no ante un daño personal, por lo que la indemnización tiene naturaleza patrimonial.

6.La exención examinada se reserva para daños físicos, psíquicos o morales, pero no para el lucro cesante (salarios dejados de percibir), que no entra dentro del concepto de "daño personal" exento.

En este sentido, el artículo 17.1 de la LIRPF establece que son rendimientos del trabajo todas las contraprestaciones que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.

Partiendo de que el salario es renta gravable, los salarios que un trabajador deja de percibir por un incumplimiento empresarial mantienen su naturaleza de rendimiento del trabajo. El hecho de que se paguen con posterioridad y en virtud de una sentencia judicial no cambia su naturaleza, pues los salarios dejados de percibir no reparan un daño a la persona, sino un perjuicio económico.

Estamos ante un daño patrimonial cuando lo que subyace es la reclamación por la pérdida de una ventaja de contenido económico que se resarce con la indemnización pagada.

En suma, la indemnización fruto del fallo estimatorio del proceso judicial no se encuentra exenta en virtud del artículo 7. d) de la LIRPF, por ser considerado daño patrimonial y no daño personal.

7.En último término, no puede acogerse la infracción de la jurisprudencia denunciada. Tal como recuerda la resolución del TEAR de Canarias, es distinto el supuesto de hecho que ahora se examina de los analizados en las sentencias que se invocan por el recurrente en apoyo de su pretensión.

Así, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia núm. 824/2013, de 11 de diciembre, analiza un caso de imposibilidad material de ejecutar una sentencia anterior, en la que se reconocía el derecho del recurrente a haber sido nombrado Jefe de la Comisión de Escuela Judicial en la convocatoria publicada en el BOE de 4 de diciembre de 2002, destacando que el recurrente no había trabajado nunca para el órgano ahora obligado a indemnizarle, por lo que consideró la Sala de Galicia en su sentencia que se estaba ante una lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y concluyó que no se trataba de un daño estrictamente patrimonial. A diferencia de ello, el caso que nos ocupa no se refiere a la imposibilidad de ejecutar una sentencia, ni tampoco a la lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, existiendo, en consecuencia, una falta de identidad de razón.

Por otro lado, en relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 12 de diciembre de 2018 (recurso núm. 287/2017), baste con señalar que se trataba en aquel caso de unas cantidades judicialmente reconocidas como consecuencia de que los recurrentes habían sido excluidos de una bolsa de trabajo, reconociéndose en la sentencia que la indemnización era por daños morales. A diferencia de ello, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de que trae causa el presente asunto, no se califica la correspondiente indemnización como destinada a cubrir los daños morales, sino como un lucro cesante calculado conforme al monto de los salarios dejados de percibir como consecuencia del incumplimiento empresarial.

CUARTO. Doctrina jurisprudencial que se establece.

La respuesta a la cuestión de interés casacional, conforme a lo que hemos razonado, debe ser que la exención prevista en el artículo 7.d) LIRPF no resulta aplicable a una indemnización percibida por el obligado tributario de su entidad empleadora, en cumplimiento de una sentencia dictada en el orden jurisdiccional social, cuantificada en función de los salarios dejados de percibir durante un determinado lapso de tiempo por el incumplimiento de tal entidad de la obligación de reintegrarlo en su puesto de trabajo procedente de una situación de excedencia.

QUINTO. Respuesta a las pretensiones suscitadas en casación.

La necesaria consecuencia de lo que hasta aquí hemos expuesto y la aplicación al caso de la doctrina referida nos lleva a la desestimación del recurso de casación.

SEXTO. Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, no procede declaración expresa de condena a las costas del recurso de casación, al no apreciarse mala fe o temeridad en la conducta procesal de ninguna de las partes.