Sentencia Contencioso-Administrativo 1704/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 2693/2023 de 22 de diciembre del 2025

PRIMERO.-Objeto del presente recurso de casación.

El objeto de este recurso de casación consiste, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en determinar, a la luz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 7 de marzo de 2018 (Cristal Union contra Ministre de l'Économie et des Finances, asunto C-31/17, EU:C:2018:168), si el artículo 14.1.a) de la Directiva 2003/96 /CE constituye una exención directa (no voluntaria para los Estados miembros) por efecto directo vertical ascendente en relación con el gas natural, combustible de origen fósil, que se destine a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y calor o a su autoconsumo en las instalaciones donde se hayan generado, o, si por el contrario, ese efecto directo no es absoluto al permitir que los Estados miembros introduzcan excepciones al régimen de exención obligatoria establecido por la Directiva 2003/96, "por motivos de política medioambiental.

SEGUNDO.-Juicio de la Sala. Remisión a la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8 , 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021 ; 4887/2021 ; 7195/2021 ; 7199/2021 ; 5472/2021 ).

Pese a que el abogado del Estado en su escrito de oposición reconoce que esta Sala ha declarado -sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021, 4887/2021 y 7195/2021, respectivamente)- una doctrina jurisprudencial favorable a la tesis esgrimida por la parte recurrente, trata de justificar la oposición al recurso de casación en base a que contra las citadas sentencias se promovieron incidentes de nulidad de actuaciones, por lo que mantiene la postura contraria al recurso de casación, y se opone a las pretensiones ejercitadas por la pare recurrente hasta que no se resuelvan los incidentes de nulidad y eventualmente, de ser desfavorables a la pretensión del Estado, los hipotéticos recursos de amparo.

Juicio de la Sala. Remisión a la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021- ECLI:ES:TS:2024:3993; 4887/2021- ECLI:ES:TS:2024:4261; 7195/2021- ECLI:ES:TS:2024:4299; 7199/2021- ECLI:ES:TS:2024:4296; 5472/2021- ECLI:ES:TS:2024:4292)

Pese a que el abogado del Estado en su escrito de oposición reconoce que esta Sala ha declarado -sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021, 4887/2021 y 7195/2021, respectivamente)- una doctrina jurisprudencial favorable a la tesis esgrimida por la parte recurrente, trata de justificar la oposición al recurso de casación alegando los mismos argumentos que sirvieron de base a las solicitudes presentadas promoviendo incidentes de nulidad de las citadas sentencias. Se opone a las pretensiones ejercitadas por la parte recurrente hasta que no se resuelvan los incidentes de nulidad y eventualmente, de ser desfavorables a la pretensión del Estado, los eventuales recursos de amparo.

Ahora bien, tal justificación decae porque esta Sala no solo ha desestimado los incidentes de nulidad promovidos por el abogado de Estado, sino también porque el Tribunal Constitucional ha inadmitido el primero de los recursos de amparo interpuestos por la Administración General del Estado, esto es, el formulado contra la sentencia de 8 de julio de 2024, RCA 4232/2021, que fue inadmitido por providencia de 30 de mayo de 2025, RCA 1817/2025 por "no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el art. 50.1.b ) LOTC ( STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2)".

La más que probable inadmisión de los otros recursos de amparo pendientes ante el TC, ha sido valorada como tal por el propio abogado del Estado a la hora de presentar escrito de allanamiento en otros recursos de casación idénticos al presente.

En consecuencia, se impone una solución estimatoria del recurso de casación con remisión a la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021, 4887/2021 y 7195/2021, respectivamente), por evidentes razones de seguridad jurídica y unidad de doctrina, que confluyen a su vez en la obligada igualdad en la aplicación de las normas.

En las citadas sentencias se razona de la siguiente manera:

«[...] La respuesta a la cuestión interpretativa planteada, conforme a lo razonado, debe ser, reiterando la establecida en la STS 1213/2024, de 8 de julio (rec. cas. 4232/2021 ), que interpretado a la luz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( STJUE) de 7 de marzo de 2018, Sala Primera, Cristal Union contra Ministre de l'Économie et des Finances, asunto C-31/17 (ECLI: EU:C:2018:168), y de la STJUE 22 de junio de 2023 (asunto C-833/21 , Endesa), el artículo 14.1.a ), primera frase, de la Directiva 2003/96/CE , constituye una exención directa y no voluntaria para los Estados miembros, suficientemente precisa e incondicionada, que está dotada de efecto directo vertical ascendente, y que la eliminación de esta exención obligatoria, introducida por la Ley 15/2012, de Medidas Fiscales para la sostenibilidad energética, en relación con el gas natural utilizado para producir electricidad o a la cogeneración de electricidad y calor, no se fundamenta en los motivos de política medioambiental que requiere el art. 14.1.a ), segunda frase, de la Directiva 2003/96/CE .

La apreciación de que la referida norma nacional se opone al Derecho de la Unión Europea, al no cumplir la exigencia del artículo 14.1.a) segunda frase de la Directiva 2003/96/CE , de que la excepción a la exención obligatoria se funde en motivos de política medio ambiental, no requiere de planteamiento de cuestión prejudicial. Si bien impera, como regla general, la obligación de que el juez o tribunal competente deba plantear al Tribunal de Justicia una cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión art. 267 TFUE , esto es, la cuestión prejudicial, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo, la propia doctrina del TJUE excepciona de tal deber los casos en que el reenvío resulta innecesario, como aquí sucede, pues hay acto aclarado. La existencia de acto aclarado en lo relativo a la exención obligatoria establecida por el artículo 14.1.a) de la Directiva 2003/96/CE , resulta de una jurisprudencia del TJUE que establece criterios claros inequívocos expresados, entre otras, en la sentencia ( STJUE) de 7 de marzo de 2018, Sala Primera, Cristal Union contra Ministre de l'Économie et des Finances, asunto C-31/17 , (ECLI: EU:C:2018:168), y, en la STJUE de 22 de junio de 2023 (asunto C-833/21 , Endesa), y esta última, además, respecto a los requisitos para la excepción a la exención obligatoria.

Establecida la disconformidad de la norma nacional con el derecho europeo, la consecuencia debe ser la inaplicación de la norma nacional que excluye la exención obligatoria, y, por tanto, la aplicación de esta última respecto al gas natural que fue objeto de gravamen en la producción de electricidad y calor. Es bien sabido que, según un criterio jurisprudencial constante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen el deber de no aplicar cualquier norma jurídica de su ordenamiento interno que contravenga lo dispuesto por el Derecho de la Unión Europea. Ello se refiere a todas las normas nacionales, incluidas aquéllas que tienen rango de ley. Resulta igualmente conocido que el juego del principio de primacía exige que la norma de la Unión Europea tenga eficacia directa y, en este caso, la exención obligatoria de la imposición al gas natural utilizado para producir electricidad o electricidad y calor constituye una norma con efecto directo, suficientemente precisa e incondicionada, como declara la STJUE de 7 de marzo de 2018 (asunto C-31/17 , apartado 26).

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la LJCA procede haber lugar a la casación, casar y anular la sentencia impugnada única y exclusivamente en el particular relativo a la procedencia del reconocimiento de la deducibilidad de los gastos derivados de las retribuciones satisfechas por la entidad recurrente a miembros del Consejo de Administración[...]»

TERCERO.-Sobre la no vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

La respuesta a los motivos en base a los cuales se instó la nulidad de las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024, que se reproducen en el escrito de oposición -aunque lo haya sido, en parte, por remisión a los escritos promoviendo los incidentes de nulidad-, se recoge en los autos en los que se resolvieron tales incidentes y entre ellos, el de fecha 20 de enero de 2025, recaído en el rca 4232/2021 ( ECLI:ES:TS:2025:893A), que damos aquí por reproducidos.

Desestimada la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, y por aplicación de la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024, el recurso de casación debe ser desestimado, lo que conlleva la estimación del recurso contencioso-administrativo tramitado como procedimiento ordinario nº 131/2021, la anulación de los acuerdos impugnados, declarando el derecho de la Compañía recurrente a la devolución de ingresos indebidos en los términos solicitados.

CUARTO.-Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no apreciarse mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede hacer declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación. Respecto de las generadas en la instancia, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad.

PRIMERO.-Objeto del presente recurso de casación.

El objeto de este recurso de casación consiste, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en determinar, a la luz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 7 de marzo de 2018 (Cristal Union contra Ministre de l'Économie et des Finances, asunto C-31/17, EU:C:2018:168), si el artículo 14.1.a) de la Directiva 2003/96 /CE constituye una exención directa (no voluntaria para los Estados miembros) por efecto directo vertical ascendente en relación con el gas natural, combustible de origen fósil, que se destine a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y calor o a su autoconsumo en las instalaciones donde se hayan generado, o, si por el contrario, ese efecto directo no es absoluto al permitir que los Estados miembros introduzcan excepciones al régimen de exención obligatoria establecido por la Directiva 2003/96, "por motivos de política medioambiental.

SEGUNDO.-Juicio de la Sala. Remisión a la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8 , 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021 ; 4887/2021 ; 7195/2021 ; 7199/2021 ; 5472/2021 ).

Pese a que el abogado del Estado en su escrito de oposición reconoce que esta Sala ha declarado -sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021, 4887/2021 y 7195/2021, respectivamente)- una doctrina jurisprudencial favorable a la tesis esgrimida por la parte recurrente, trata de justificar la oposición al recurso de casación en base a que contra las citadas sentencias se promovieron incidentes de nulidad de actuaciones, por lo que mantiene la postura contraria al recurso de casación, y se opone a las pretensiones ejercitadas por la pare recurrente hasta que no se resuelvan los incidentes de nulidad y eventualmente, de ser desfavorables a la pretensión del Estado, los hipotéticos recursos de amparo.

Juicio de la Sala. Remisión a la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021- ECLI:ES:TS:2024:3993; 4887/2021- ECLI:ES:TS:2024:4261; 7195/2021- ECLI:ES:TS:2024:4299; 7199/2021- ECLI:ES:TS:2024:4296; 5472/2021- ECLI:ES:TS:2024:4292)

Pese a que el abogado del Estado en su escrito de oposición reconoce que esta Sala ha declarado -sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021, 4887/2021 y 7195/2021, respectivamente)- una doctrina jurisprudencial favorable a la tesis esgrimida por la parte recurrente, trata de justificar la oposición al recurso de casación alegando los mismos argumentos que sirvieron de base a las solicitudes presentadas promoviendo incidentes de nulidad de las citadas sentencias. Se opone a las pretensiones ejercitadas por la parte recurrente hasta que no se resuelvan los incidentes de nulidad y eventualmente, de ser desfavorables a la pretensión del Estado, los eventuales recursos de amparo.

Ahora bien, tal justificación decae porque esta Sala no solo ha desestimado los incidentes de nulidad promovidos por el abogado de Estado, sino también porque el Tribunal Constitucional ha inadmitido el primero de los recursos de amparo interpuestos por la Administración General del Estado, esto es, el formulado contra la sentencia de 8 de julio de 2024, RCA 4232/2021, que fue inadmitido por providencia de 30 de mayo de 2025, RCA 1817/2025 por "no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el art. 50.1.b ) LOTC ( STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2)".

La más que probable inadmisión de los otros recursos de amparo pendientes ante el TC, ha sido valorada como tal por el propio abogado del Estado a la hora de presentar escrito de allanamiento en otros recursos de casación idénticos al presente.

En consecuencia, se impone una solución estimatoria del recurso de casación con remisión a la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021, 4887/2021 y 7195/2021, respectivamente), por evidentes razones de seguridad jurídica y unidad de doctrina, que confluyen a su vez en la obligada igualdad en la aplicación de las normas.

En las citadas sentencias se razona de la siguiente manera:

«[...] La respuesta a la cuestión interpretativa planteada, conforme a lo razonado, debe ser, reiterando la establecida en la STS 1213/2024, de 8 de julio (rec. cas. 4232/2021 ), que interpretado a la luz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( STJUE) de 7 de marzo de 2018, Sala Primera, Cristal Union contra Ministre de l'Économie et des Finances, asunto C-31/17 (ECLI: EU:C:2018:168), y de la STJUE 22 de junio de 2023 (asunto C-833/21 , Endesa), el artículo 14.1.a ), primera frase, de la Directiva 2003/96/CE , constituye una exención directa y no voluntaria para los Estados miembros, suficientemente precisa e incondicionada, que está dotada de efecto directo vertical ascendente, y que la eliminación de esta exención obligatoria, introducida por la Ley 15/2012, de Medidas Fiscales para la sostenibilidad energética, en relación con el gas natural utilizado para producir electricidad o a la cogeneración de electricidad y calor, no se fundamenta en los motivos de política medioambiental que requiere el art. 14.1.a ), segunda frase, de la Directiva 2003/96/CE .

La apreciación de que la referida norma nacional se opone al Derecho de la Unión Europea, al no cumplir la exigencia del artículo 14.1.a) segunda frase de la Directiva 2003/96/CE , de que la excepción a la exención obligatoria se funde en motivos de política medio ambiental, no requiere de planteamiento de cuestión prejudicial. Si bien impera, como regla general, la obligación de que el juez o tribunal competente deba plantear al Tribunal de Justicia una cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión art. 267 TFUE , esto es, la cuestión prejudicial, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo, la propia doctrina del TJUE excepciona de tal deber los casos en que el reenvío resulta innecesario, como aquí sucede, pues hay acto aclarado. La existencia de acto aclarado en lo relativo a la exención obligatoria establecida por el artículo 14.1.a) de la Directiva 2003/96/CE , resulta de una jurisprudencia del TJUE que establece criterios claros inequívocos expresados, entre otras, en la sentencia ( STJUE) de 7 de marzo de 2018, Sala Primera, Cristal Union contra Ministre de l'Économie et des Finances, asunto C-31/17 , (ECLI: EU:C:2018:168), y, en la STJUE de 22 de junio de 2023 (asunto C-833/21 , Endesa), y esta última, además, respecto a los requisitos para la excepción a la exención obligatoria.

Establecida la disconformidad de la norma nacional con el derecho europeo, la consecuencia debe ser la inaplicación de la norma nacional que excluye la exención obligatoria, y, por tanto, la aplicación de esta última respecto al gas natural que fue objeto de gravamen en la producción de electricidad y calor. Es bien sabido que, según un criterio jurisprudencial constante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen el deber de no aplicar cualquier norma jurídica de su ordenamiento interno que contravenga lo dispuesto por el Derecho de la Unión Europea. Ello se refiere a todas las normas nacionales, incluidas aquéllas que tienen rango de ley. Resulta igualmente conocido que el juego del principio de primacía exige que la norma de la Unión Europea tenga eficacia directa y, en este caso, la exención obligatoria de la imposición al gas natural utilizado para producir electricidad o electricidad y calor constituye una norma con efecto directo, suficientemente precisa e incondicionada, como declara la STJUE de 7 de marzo de 2018 (asunto C-31/17 , apartado 26).

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la LJCA procede haber lugar a la casación, casar y anular la sentencia impugnada única y exclusivamente en el particular relativo a la procedencia del reconocimiento de la deducibilidad de los gastos derivados de las retribuciones satisfechas por la entidad recurrente a miembros del Consejo de Administración[...]»

TERCERO.-Sobre la no vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

La respuesta a los motivos en base a los cuales se instó la nulidad de las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024, que se reproducen en el escrito de oposición -aunque lo haya sido, en parte, por remisión a los escritos promoviendo los incidentes de nulidad-, se recoge en los autos en los que se resolvieron tales incidentes y entre ellos, el de fecha 20 de enero de 2025, recaído en el rca 4232/2021 ( ECLI:ES:TS:2025:893A), que damos aquí por reproducidos.

Desestimada la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, y por aplicación de la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024, el recurso de casación debe ser desestimado, lo que conlleva la estimación del recurso contencioso-administrativo tramitado como procedimiento ordinario nº 131/2021, la anulación de los acuerdos impugnados, declarando el derecho de la Compañía recurrente a la devolución de ingresos indebidos en los términos solicitados.

CUARTO.-Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no apreciarse mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede hacer declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación. Respecto de las generadas en la instancia, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad.

PRIMERO.-Objeto del presente recurso de casación.

El objeto de este recurso de casación consiste, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en determinar, a la luz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 7 de marzo de 2018 (Cristal Union contra Ministre de l'Économie et des Finances, asunto C-31/17, EU:C:2018:168), si el artículo 14.1.a) de la Directiva 2003/96 /CE constituye una exención directa (no voluntaria para los Estados miembros) por efecto directo vertical ascendente en relación con el gas natural, combustible de origen fósil, que se destine a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y calor o a su autoconsumo en las instalaciones donde se hayan generado, o, si por el contrario, ese efecto directo no es absoluto al permitir que los Estados miembros introduzcan excepciones al régimen de exención obligatoria establecido por la Directiva 2003/96, "por motivos de política medioambiental.

SEGUNDO.-Juicio de la Sala. Remisión a la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8 , 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021 ; 4887/2021 ; 7195/2021 ; 7199/2021 ; 5472/2021 ).

Pese a que el abogado del Estado en su escrito de oposición reconoce que esta Sala ha declarado -sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021, 4887/2021 y 7195/2021, respectivamente)- una doctrina jurisprudencial favorable a la tesis esgrimida por la parte recurrente, trata de justificar la oposición al recurso de casación en base a que contra las citadas sentencias se promovieron incidentes de nulidad de actuaciones, por lo que mantiene la postura contraria al recurso de casación, y se opone a las pretensiones ejercitadas por la pare recurrente hasta que no se resuelvan los incidentes de nulidad y eventualmente, de ser desfavorables a la pretensión del Estado, los hipotéticos recursos de amparo.

Juicio de la Sala. Remisión a la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021- ECLI:ES:TS:2024:3993; 4887/2021- ECLI:ES:TS:2024:4261; 7195/2021- ECLI:ES:TS:2024:4299; 7199/2021- ECLI:ES:TS:2024:4296; 5472/2021- ECLI:ES:TS:2024:4292)

Pese a que el abogado del Estado en su escrito de oposición reconoce que esta Sala ha declarado -sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021, 4887/2021 y 7195/2021, respectivamente)- una doctrina jurisprudencial favorable a la tesis esgrimida por la parte recurrente, trata de justificar la oposición al recurso de casación alegando los mismos argumentos que sirvieron de base a las solicitudes presentadas promoviendo incidentes de nulidad de las citadas sentencias. Se opone a las pretensiones ejercitadas por la parte recurrente hasta que no se resuelvan los incidentes de nulidad y eventualmente, de ser desfavorables a la pretensión del Estado, los eventuales recursos de amparo.

Ahora bien, tal justificación decae porque esta Sala no solo ha desestimado los incidentes de nulidad promovidos por el abogado de Estado, sino también porque el Tribunal Constitucional ha inadmitido el primero de los recursos de amparo interpuestos por la Administración General del Estado, esto es, el formulado contra la sentencia de 8 de julio de 2024, RCA 4232/2021, que fue inadmitido por providencia de 30 de mayo de 2025, RCA 1817/2025 por "no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el art. 50.1.b ) LOTC ( STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2)".

La más que probable inadmisión de los otros recursos de amparo pendientes ante el TC, ha sido valorada como tal por el propio abogado del Estado a la hora de presentar escrito de allanamiento en otros recursos de casación idénticos al presente.

En consecuencia, se impone una solución estimatoria del recurso de casación con remisión a la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024 ( RRCA/4232/2021, 4887/2021 y 7195/2021, respectivamente), por evidentes razones de seguridad jurídica y unidad de doctrina, que confluyen a su vez en la obligada igualdad en la aplicación de las normas.

En las citadas sentencias se razona de la siguiente manera:

«[...] La respuesta a la cuestión interpretativa planteada, conforme a lo razonado, debe ser, reiterando la establecida en la STS 1213/2024, de 8 de julio (rec. cas. 4232/2021 ), que interpretado a la luz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( STJUE) de 7 de marzo de 2018, Sala Primera, Cristal Union contra Ministre de l'Économie et des Finances, asunto C-31/17 (ECLI: EU:C:2018:168), y de la STJUE 22 de junio de 2023 (asunto C-833/21 , Endesa), el artículo 14.1.a ), primera frase, de la Directiva 2003/96/CE , constituye una exención directa y no voluntaria para los Estados miembros, suficientemente precisa e incondicionada, que está dotada de efecto directo vertical ascendente, y que la eliminación de esta exención obligatoria, introducida por la Ley 15/2012, de Medidas Fiscales para la sostenibilidad energética, en relación con el gas natural utilizado para producir electricidad o a la cogeneración de electricidad y calor, no se fundamenta en los motivos de política medioambiental que requiere el art. 14.1.a ), segunda frase, de la Directiva 2003/96/CE .

La apreciación de que la referida norma nacional se opone al Derecho de la Unión Europea, al no cumplir la exigencia del artículo 14.1.a) segunda frase de la Directiva 2003/96/CE , de que la excepción a la exención obligatoria se funde en motivos de política medio ambiental, no requiere de planteamiento de cuestión prejudicial. Si bien impera, como regla general, la obligación de que el juez o tribunal competente deba plantear al Tribunal de Justicia una cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión art. 267 TFUE , esto es, la cuestión prejudicial, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo, la propia doctrina del TJUE excepciona de tal deber los casos en que el reenvío resulta innecesario, como aquí sucede, pues hay acto aclarado. La existencia de acto aclarado en lo relativo a la exención obligatoria establecida por el artículo 14.1.a) de la Directiva 2003/96/CE , resulta de una jurisprudencia del TJUE que establece criterios claros inequívocos expresados, entre otras, en la sentencia ( STJUE) de 7 de marzo de 2018, Sala Primera, Cristal Union contra Ministre de l'Économie et des Finances, asunto C-31/17 , (ECLI: EU:C:2018:168), y, en la STJUE de 22 de junio de 2023 (asunto C-833/21 , Endesa), y esta última, además, respecto a los requisitos para la excepción a la exención obligatoria.

Establecida la disconformidad de la norma nacional con el derecho europeo, la consecuencia debe ser la inaplicación de la norma nacional que excluye la exención obligatoria, y, por tanto, la aplicación de esta última respecto al gas natural que fue objeto de gravamen en la producción de electricidad y calor. Es bien sabido que, según un criterio jurisprudencial constante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen el deber de no aplicar cualquier norma jurídica de su ordenamiento interno que contravenga lo dispuesto por el Derecho de la Unión Europea. Ello se refiere a todas las normas nacionales, incluidas aquéllas que tienen rango de ley. Resulta igualmente conocido que el juego del principio de primacía exige que la norma de la Unión Europea tenga eficacia directa y, en este caso, la exención obligatoria de la imposición al gas natural utilizado para producir electricidad o electricidad y calor constituye una norma con efecto directo, suficientemente precisa e incondicionada, como declara la STJUE de 7 de marzo de 2018 (asunto C-31/17 , apartado 26).

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2 de la LJCA procede haber lugar a la casación, casar y anular la sentencia impugnada única y exclusivamente en el particular relativo a la procedencia del reconocimiento de la deducibilidad de los gastos derivados de las retribuciones satisfechas por la entidad recurrente a miembros del Consejo de Administración[...]»

TERCERO.-Sobre la no vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

La respuesta a los motivos en base a los cuales se instó la nulidad de las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024, que se reproducen en el escrito de oposición -aunque lo haya sido, en parte, por remisión a los escritos promoviendo los incidentes de nulidad-, se recoge en los autos en los que se resolvieron tales incidentes y entre ellos, el de fecha 20 de enero de 2025, recaído en el rca 4232/2021 ( ECLI:ES:TS:2025:893A), que damos aquí por reproducidos.

Desestimada la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, y por aplicación de la doctrina fijada por esta Sala en las sentencias de 8, 22 y 24 de julio de 2024, el recurso de casación debe ser desestimado, lo que conlleva la estimación del recurso contencioso-administrativo tramitado como procedimiento ordinario nº 131/2021, la anulación de los acuerdos impugnados, declarando el derecho de la Compañía recurrente a la devolución de ingresos indebidos en los términos solicitados.

CUARTO.-Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no apreciarse mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede hacer declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación. Respecto de las generadas en la instancia, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad.