Sentencia Contencioso-Administrativo 94/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 8000/2023 de 03 de febrero del 2026

PRIMERO.-Objeto del presente recurso de casación.

El objeto de este recurso de casación consiste, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en determinar si la Administración tributaria, al amparo del artículo 13 de la Ley General Tributaria, puede directamente recalificar como reducción de capital con devolución de aportaciones, a los efectos del artículo 33.3.a) de la Ley del IRPF un conjunto de operaciones consistentes en la adquisición en autocartera de determinados valores representativos del capital de una sociedad y, subsiguientemente, una reducción de capital con amortización de aquellos valores; o si, por el contrario, tal recalificación exige la previa tramitación de un procedimiento de declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria previsto en el artículo 15 de la Ley General Tributaria.

SEGUNDO.-Breve exposición de los hechos relevantes al caso.

Según se refiere en el escrito de interposición del recurso y deriva también de la sentencia, en distintas fechas de abril de 2018, la Dependencia de Inspección de la AEAT en Canarias se notificó a los recurrentes (en su condición de herederos del obligado tributario don Juan Carlos, fallecido el 5 de mayo de 2016) comunicación de inicio de actuaciones inspectoras, con carácter parcial, limitada a las "operaciones con participaciones de la sociedad DIRECCION000.".

En concreto, la operación mercantil de la que nace el objeto de la inspección se documenta en la escritura de 7 de febrero de 2013, de compraventa de participaciones sociales, por la que la entidad DIRECCION000. adquiere al socio don Juan Carlos 22 participaciones de esa sociedad, por un importe unitario de 28.125,00 € -lo que totaliza 618.750 €-, para su posterior amortización por reducción de capital según el acuerdo tomado en la Junta General Universal celebrada el día 21 de febrero de 2013, tal y como se recoge en la propia escritura (estipulación sexta y documentos unidos).

En ese momento, el obligado tributario declaró el resultado obtenido en las ventas de participaciones sociales a la entidad DIRECCION000. como ganancia patrimonial conforme a la realidad del negocio celebrado (la compraventa de las participaciones) y a lo dispuesto en el artículo 33 de la LIRPF. Sin embargo, como resultado de las actuaciones inspectoras, la Administración se remitió a la facultad que, a su juicio, le otorga el artículo 13 LGT y recalifica la referida operación, entendiendo que lo que en realidad se produjo fue una reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios, lo cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.3 LIRPF, no determinaría una alteración patrimonial, sino un rendimiento del capital mobiliario por el resultado obtenido y calculado según dicho precepto. El 25 de septiembre de 2018 el Inspector Regional de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Las Palmas notifica acuerdo de liquidación derivado del acta suscrita en disconformidad, reiterando que en atención "a la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, procede su recalificación como reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios".

Interpuesta reclamación económico-administrativa ante el TEAR de Canarias, y desestimada por el órgano revisor, se interpuso recurso jurisdiccional ante la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia -TSJ- de Canarias -sede de Las Palmas de Gran Canaria-. En el marco de dicho procedimiento, y en lo que se refiere a este proceso, se plantea como motivo de oposición a la sentencia el uso incorrecto de la figura de la calificación y la vulneración del procedimiento establecido en el artículo 15 LGT (conflicto en la aplicación de la norma) que era el obligado para calificar las rentas derivadas de la operación mercantil.

El recurso contencioso-administrativo fue desestimado en la sentencia de 13 de julio de 2023. Respecto a los motivos de oposición planteados, la Sala sentenciadora se remitió a los fundamentos jurídicos de una sentencia anterior de 7 de febrero de 2023 (recurso nº 222/2022, que también fue recurrida en casación y admitida por el ATS de 24 de enero de 2024, dando lugar al recurso nº 3236/23), en la que se analiza la misma operación que la regularizada a los recurrentes, sosteniendo que "lo que la Inspección ha llevado a cabo es una labor de calificación de los negocios mercantiles socios-sociedad analizados en su conjunto, no quedándose solo con el efecto aislado de la venta de las participaciones de los socios a la sociedad, sino concatenando lo anterior con la ulterior amortización de la autocartera de la mercantil, dadas las circunstancias o indicios ya analizados, trasladando tal calificación al IRPF de los socios a efectos de determinar la fuente u origen de la renta que para ellos se generó, y en consecuencia recalificando la ganancia patrimonial declarada a rendimientos de capital mobiliario".A pesar de lo anterior, se indica por la Sala a quoque la calificación fiscal sostenida por la Administración al pretendido amparo del artículo 13 de la LGT se realiza sin alterar la naturaleza jurídica de los negocios realizados.

La sentencia citada, de 7 de febrero de 2023, recaída en el recurso nº 222/2022, en que se inspiró la ahora recurrida, fue casada y anulada en nuestra sentencia de 12 de mayo de 2025, en el referido recurso de casación nº 3236/2023.

TERCERO.-Remisión íntegra a la doctrina jurisprudencial fijada en la sentencia nº 516/2025, de 6 de mayo (recurso de casación nº 3532/2023 ).

1.Este recurso de casación plantea la misma cuestión de interés casacional ya resuelta en la sentencia de esta Sala y Sección del Tribunal Supremo, núm. 516/2025, de 6 de mayo (rec. cas. 3532/2023), a la que le ha seguido la SSTS 554/2025, de 12 de mayo (rec. cas. 3236/2023), ambas ya referidas.

La sustancial igualdad entre ambos recursos, que se corrobora, como admite el Abogado del Estado en su escrito de oposición, por el dato de que el presente recurso es uno de entre cinco recursos completamente homogéneos,en los que se suscitan las mismas cuestiones relativas a distintos socios de una misma sociedad -mercantil - DIRECCION000.- y en los que las partes actúan bajo la misma representación y defensa procesal, aconseja, incluso impone, por razones de seguridad jurídica, la remisión in totoa lo allí declarado, con natural sustitución de nombres de cada asunto.

Pues bien, se ha establecido en la STS de 6 de mayo de 2025, ya citada, a cuyos razonamientos hemos de atenernos, la siguiente doctrina jurisprudencial:

"[...] La respuesta a la cuestión de interés casacional, conforme a lo que hemos razonado, debe ser la siguiente.

La Administración tributaria, al amparo del artículo 13 de la Ley General Tributaria , no puede directamente recalificar como reducción de capital con devolución de aportaciones, a los efectos del artículo 33.3.a) de la Ley del IRPF , un conjunto de operaciones consistentes en la adquisición en autocartera de determinados valores representativos del capital de una sociedad y, subsiguientemente, una reducción de capital con amortización de aquellos valores.

Tal recalificación exige la previa tramitación de un procedimiento de declaración del conflicto en la aplicación de la norma tributaria previsto en el artículo 15 de la Ley General Tributaria .

Se reitera la doctrina contenida en las SSTS de 2 y 22 de julio de 2020 , así como la de 23 de febrero de 2023 que las reitera, en las que hemos declarado que «[...] las instituciones jurídicas, o más bien las potestades administrativas -como las aquí analizadas- no son de libre uso, sino que deben ser utilizadas en los términos legalmente previstos y, en el caso enjuiciado, la potestad prevista en el artículo 13 de la Ley General Tributaria como calificación del negocio, acto o hecho con trascendencia tributaria, no es suficiente para declarar las consecuencias tributarias que comportan la regularización llevada a efecto [...]»".

La jurisprudencia que se establece, trasladable a este asunto, dimana de los razonamientos que contiene la sentencia y que, expuestos de modo sintético, son:

"[...] 4. Los razonamientos de la sentencia de 24 de julio de 2023 (rec. 1496/2022 ) cit. resultan plenamente aplicables al recurso ahora examinado, toda vez que la Administración no se ha limitado a una calificación, o recalificación del negocio jurídico, sino que ha tomado en consideración un conjunto de negocios jurídicos y actos jurídicos, a los que atribuye una finalidad de reducción de capital con amortización de acciones y devolución de aportaciones a los socios. En efecto, la Administración no se ha limitado a realizar operaciones de mera calificación jurídica, del hecho imponible, en cuanto operación de subsunción del hecho de la realidad en la premisa mayor de la norma, sobre bases estrictamente jurídicas, sino que lo realizado es una operación que prescinde por completo del negocio jurídico en cuyo cumplimiento las partes (socio transmitente y sociedad adquirente) afirman haber realizado sus respectivas prestaciones, en particular la compra de las acciones, y en la que se conecta ese negocio jurídico con la posterior amortización de acciones y reducción del capital social.

Al igual que ocurría en aquel recurso, la argumentación del escrito de oposición a la casación presentado por el Abogado del Estado trae a colación una serie de indicios que, contrariamente a lo sostenido por el defensor de la Administración, ponen de manifiesto la concurrencia de las circunstancias que caracterizan al conflicto en la aplicación de la norma tributaria, a tenor del art. 15 LGT . Así, la proximidad temporal de las operaciones, las vinculaciones familiares de los socios, la falta de acreditación de la finalidad de la reducción y la existencia de reservas en la sociedad, cuando, además, no se ha alterado significativamente la participación de los socios en el capital, que señala como indicios relevantes, revela que la propia Administración estatal tributaria, aquí recurrida, atribuye al negocio jurídico de transmisión de acciones, puesto en relación con otras actuaciones previas y posteriores, una finalidad notoriamente artificiosa o impropia del resultado obtenido ( art. 15.1.a LGT ), y que de su utilización no se desprenden efecto jurídicos o económicos distintos del ahorro fiscal ( art. 15.1.b LGT ).

Ello comporta que la Administración no se ha limitado a la mera calificación jurídica, pues se considera que se ha evitado la realización del hecho imponible integrante de la obtención de rendimientos del capital mobiliario, que se ha tratado de eludir mediante la utilización de la figura de la transmisión de un elemento patrimonial, con el tratamiento fiscal de ganancias patrimoniales, y la consiguiente reducción de la carga fiscal.

En suma, al igual que ocurría en aquel recurso, la Administración ha operado bajo la apariencia de una operación de calificación frente a un supuesto de conflicto en la aplicación de la norma tributaria, sin seguir el procedimiento que para este tipo de situaciones previene el art. 15 LGT , que dispone que "para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto en la aplicación de la norma tributaria será necesario el previo informe favorable de la Comisión consultiva a que se refiere el artículo 159 de esta ley ", informe preceptivo y vinculante que no se ha recabado, infringiendo un trámite sustancial del procedimiento que comporta la infracción total y absoluta del mismo y conlleva la nulidad del acto que puso término al mismo ( art. 217.1. e) LGT ).

5. La conclusión alcanzada hace innecesario el examen de la segunda cuestión de interés casacional, que se formuló con carácter subsidiario. Procede, consecuentemente, con íntegra remisión a la doctrina establecida, declarar que ha lugar al recurso de casación promovido por los diversos recurrentes, herederos don Juan Carlos, dado que la sentencia recurrida no se ajusta a la doctrina establecida en las sentencias anteriores dictadas en relación con unos mismos hechos, acaecidos en el seno de la misma sociedad mercantil".

CUARTO.-Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no haber mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación. Respecto de las generadas en la instancia, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad.