Sentencia Contencioso-Administrativo 241/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 5770/2024 de 03 de marzo del 2026

PRIMERO.-Objeto del presente recurso de casación.

El objeto de este recurso de casación consiste, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en determinar si las solicitudes de rectificación formuladas después de dictarse la STC 182/2021 de 26 de octubre, pero antes de la publicación de la sentencia -25 de noviembre de 2021-, tienen o no la consideración de situaciones consolidadas que puedan considerarse susceptibles de ser rectificadas con fundamento exclusivo en la mencionada sentencia.

SEGUNDO.-Identidad sustancial del recurso con otros precedentes suscitados por el mismo Ayuntamiento.

La sentencia a quose dictó el 9 de mayo de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia, que estimó el recurso n.º 421/2023 , promovido por el Sr. Evelio contra la resolución del Jurado Tributario de Valencia de 18 de septiembre de 2023, que desestimó la reclamación formulada a su vez frente a la resolución de la citada corporación de 13 de abril de 2022, que inadmitió la solicitud de rectificación y devolución de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

En este caso, las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones practicadas en concepto de IIVTNU se planteó el 4 de noviembre de 2021, esto es, dentro del intervalo temporal que media entre las fechas de dictado y de publicación de la STC 182/2021.

El propio auto de admisión justifica la admisión del recurso no solo en los asuntos idénticos que habían sido admitidos, sino en el hecho de que se hayan resuelto en el fondo recursos sustancialmente iguales:

"2. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2023 ( casación 5181/2022), de 12 de julio de 2023 ( casación 4701/2022), de 11 de marzo de 2024 ( casación 435/2023 ) y de 16 de mayo de 2024 (casación 8825/2022).

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en las citadas sentencias, ha respondido a la cuestión con interés casacional planteada, señalando que:

«[...] de conformidad con lo dispuesto en la STC 182/2021, de 26 de octubre, las liquidaciones provisionales o definitivas por Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dictarse dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser impugnadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la misma, al igual que tampoco podrá solicitarse con ese fundamento la rectificación, ex art. 120.3 LGT, de autoliquidaciones respecto a las que aún no se hubiera formulado tal solicitud al tiempo de dictarse la STC 26 de octubre de 2021.

Sin embargo, sí será posible impugnar dentro de los plazos establecidos para los distintos recursos administrativos, y el recurso contencioso-administrativo, tanto las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieren alcanzado firmeza al tiempo de dictarse la sentencia, como solicitar la rectificación de autoliquidaciones ex art. 120.3 LGT, dentro del plazo establecido para ello, con base en otros fundamentos distintos a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 182/2021, de 26 de octubre. Así, entre otros, con fundamento en las previas sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de las normas del IIVTNU en cuanto sometían a gravamen inexcusablemente situaciones inexpresivas de incremento de valor (entre otras STC 59/2017) o cuando la cuota tributaria alcanza confiscatorio ( STS 126/2019) al igual que por cualquier otro motivo de impugnación, distinto de la declaración de inconstitucionalidad por STC 182/2021».

La sentencia recurrida fue dictada por el Juzgado nº 3 de Valencia, del que hemos examinado ya diversas sentencias estimatorias; en la aquí impugnada, pese a ser de fecha posterior a otras en las que se hacía eco de que ya existe sentencia del Tribunal Supremo, desoye nuestro criterio:

"[...] hay que manifestar que esta consideración de la infracción del principio de capacidad económica como motivo de anulación de los actos de aplicación de la norma tributaria no constituye una vulneración de las situaciones consolidadas reconocidas en el fundamento jurídico sexto letra b) de la STC de 26 de octubre de dos mil veintiuno , entendiendo este juzgador (eso sí, reconozco que con muchas dudas) que el fundamento de este motivo de impugnación introducido ex artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa no está constituido propiamente por la declaración de inconstitucionalidad de la norma y la expulsión del ordenamiento jurídico conforme el fundamento jurídico sexto letra a), que dejó un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impedía la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad, motivo de impugnación que estaría proscrito por el señalado fundamento jurídico sexto letra b), sino en un motivo de impugnación distinto cual es la vulneración del principio de capacidad económica de la liquidación practicada, por el sistema objetivo empleado en su determinación que no respetaba dicho principio, siendo así irrelevante que en la operación jurídica del que se pretende hacer nacer el hecho imponible existiera o no incremento de valor, y que no está comprendido, como hemos dicho, dentro del alcance prohibitivo de dicho apartado del fundamento jurídico sexto.

Esto es, explicándolo más claramente, cabe interpretar que el fundamento jurídico sexto de la Sentencia de 25 de noviembre de dos mil veintiuno impide alegar que se ha expulsado del ordenamiento jurídico el precepto que regula la determinación de la base imponible, pero no que la regulación anterior infringía, fuera o no probado o alegado, el principio de capacidad económica, y por ello, a salvo de liquidaciones firmes en sede judicial o administrativa o autoliquidaciones cuyo plazo de rectificación estuviera ya prescrito, procede decretar la nulidad de las mismas".

De ahí resulta que, siguiendo la senda de pronunciamientos precedentes, la sentencia a quole concede más valor a la infracción del art. 31.1 CE, sobre el principio de capacidad económica, aun sin prueba de la minusvalía en este caso.

En suma, este recurso es igual a otros varios, también promovidos por el Ayuntamiento de Valencia, todos los cuales cuentan con sentencia estimatoria.

El Ayuntamiento de Valencia asevera, en sustento de su pretensión, que:

" ...la parte actora, ni al presentar la solicitud de rectificación de la autoliquidación, ni con la demanda, ni en el acto de la vista, aportó prueba alguna para acreditar alguno de los supuestos en que no procede el devengo del impuesto por someter a gravamen situaciones inexpresivas de capacidad económica -decremento de valor o la cuota tributaria superior al incremento obtenido-, y que tampoco alegó motivos de nulidad distintos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad que contenía la sentencia del TCO 182/2021, de 26 de febrero , necesariamente hay que concluir que la sentencia recurrida no se ajusta a la limitación de efectos que, para la rectificación de autoliquidaciones, contiene el fundamento jurídico sexto, apartado b), de dicha sentencia.

La sentencia recurrida elude -"oblicuamente" como indica la STS de 16 de mayo de 2024, recurso de casación 8825/2022 - la doctrina que contiene dicha sentencia del Tribunal Constitucional, lo que permite concluir la existencia de una infracción jurídica que conlleva su nulidad. En efecto, a la fecha en que se insta la rectificación de la autoliquidación por la parte actora -31 de octubre de 2021- ya se había dictado la sentencia de TCO 182/2021, de 26 de octubre , y por tanto nos encontramos con una situación que, de acuerdo con el fundamento jurídico sexto de dicha sentencia, y la doctrina jurisprudencial transcrita, no es susceptible de ser revisada".

Por lo demás, el contribuyente del impuesto municipal beneficiaria de la sentencia estimatoria no se ha personado en el recurso de casación.

TERCERO.-Reiteración de la doctrina jurisprudencial.

Como conclusión de lo expuesto, reiteramos una vez más nuestra constante jurisprudencia acerca de la imposibilidad de revisión de situaciones consolidadas, como es la que nos ocupa, según la cual:

1.-Conforme a lo que establece la STC 182/2021, de 26 de octubre, las liquidaciones provisionales o definitivas del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana no impugnadas a la fecha de dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser recurridas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en aquélla; ni tampoco podrá instarse, con ese propio fundamento, la rectificación - art. 120.3 LGT-, de las autoliquidaciones de tal impuesto sobre las que aún no se hubiera formulado tal solicitud en esa fecha.

2.-Sin embargo, sí será posible impugnar, dentro de los plazos establecidos para los recursos administrativos y contencioso-administrativo, tanto las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieren alcanzado firmeza al tiempo de la sentencia, como solicitar la rectificación de autoliquidaciones dentro del plazo establecido, cuando la petición, reclamación o recurso se basase en motivos distintos a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 182/2021, de 26 de octubre. Así, entre otros supuestos, cuando se efectúen con amparo en las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad del impuesto local debatido -IIVTNU- por someter a gravamen situaciones inexpresivas de incremento de valor (entre otras, STC 59/2017); o cuando la cuota tributaria posee alcance confiscatorio ( STS 126/2019), así como por cualquier otro motivo de impugnación distinto al conducente a la declaración de inconstitucionalidad por STC 182/2021.

Dada la coincidencia de los fundamentos expresados en las muy numerosas sentencias de esta Sala sobre la cuestión, como las de 10 de julio de 2023 y 21 de noviembre de 2024, entre otras muchas, de las extraemos su fundamentación relevante, procede su aplicación a este recurso de casación, ya que la sentencia impugnada en casación no observa la doctrina que hemos reflejado, provocando innecesariamente un recurso de casación que podría haberse evitado con solo acogerse a la doctrina de este Tribunal Supremo ya claramente establecida al tiempo de dictarse aquélla.

CUARTO.-Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no haber comparecido el recurrido, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación. Respecto de las generadas en la instancia, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad.

PRIMERO.-Objeto del presente recurso de casación.

El objeto de este recurso de casación consiste, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en determinar si las solicitudes de rectificación formuladas después de dictarse la STC 182/2021 de 26 de octubre, pero antes de la publicación de la sentencia -25 de noviembre de 2021-, tienen o no la consideración de situaciones consolidadas que puedan considerarse susceptibles de ser rectificadas con fundamento exclusivo en la mencionada sentencia.

SEGUNDO.-Identidad sustancial del recurso con otros precedentes suscitados por el mismo Ayuntamiento.

La sentencia a quose dictó el 9 de mayo de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia, que estimó el recurso n.º 421/2023 , promovido por el Sr. Evelio contra la resolución del Jurado Tributario de Valencia de 18 de septiembre de 2023, que desestimó la reclamación formulada a su vez frente a la resolución de la citada corporación de 13 de abril de 2022, que inadmitió la solicitud de rectificación y devolución de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

En este caso, las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones practicadas en concepto de IIVTNU se planteó el 4 de noviembre de 2021, esto es, dentro del intervalo temporal que media entre las fechas de dictado y de publicación de la STC 182/2021.

El propio auto de admisión justifica la admisión del recurso no solo en los asuntos idénticos que habían sido admitidos, sino en el hecho de que se hayan resuelto en el fondo recursos sustancialmente iguales:

"2. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2023 ( casación 5181/2022), de 12 de julio de 2023 ( casación 4701/2022), de 11 de marzo de 2024 ( casación 435/2023 ) y de 16 de mayo de 2024 (casación 8825/2022).

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en las citadas sentencias, ha respondido a la cuestión con interés casacional planteada, señalando que:

«[...] de conformidad con lo dispuesto en la STC 182/2021, de 26 de octubre, las liquidaciones provisionales o definitivas por Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dictarse dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser impugnadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la misma, al igual que tampoco podrá solicitarse con ese fundamento la rectificación, ex art. 120.3 LGT, de autoliquidaciones respecto a las que aún no se hubiera formulado tal solicitud al tiempo de dictarse la STC 26 de octubre de 2021.

Sin embargo, sí será posible impugnar dentro de los plazos establecidos para los distintos recursos administrativos, y el recurso contencioso-administrativo, tanto las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieren alcanzado firmeza al tiempo de dictarse la sentencia, como solicitar la rectificación de autoliquidaciones ex art. 120.3 LGT, dentro del plazo establecido para ello, con base en otros fundamentos distintos a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 182/2021, de 26 de octubre. Así, entre otros, con fundamento en las previas sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de las normas del IIVTNU en cuanto sometían a gravamen inexcusablemente situaciones inexpresivas de incremento de valor (entre otras STC 59/2017) o cuando la cuota tributaria alcanza confiscatorio ( STS 126/2019) al igual que por cualquier otro motivo de impugnación, distinto de la declaración de inconstitucionalidad por STC 182/2021».

La sentencia recurrida fue dictada por el Juzgado nº 3 de Valencia, del que hemos examinado ya diversas sentencias estimatorias; en la aquí impugnada, pese a ser de fecha posterior a otras en las que se hacía eco de que ya existe sentencia del Tribunal Supremo, desoye nuestro criterio:

"[...] hay que manifestar que esta consideración de la infracción del principio de capacidad económica como motivo de anulación de los actos de aplicación de la norma tributaria no constituye una vulneración de las situaciones consolidadas reconocidas en el fundamento jurídico sexto letra b) de la STC de 26 de octubre de dos mil veintiuno , entendiendo este juzgador (eso sí, reconozco que con muchas dudas) que el fundamento de este motivo de impugnación introducido ex artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa no está constituido propiamente por la declaración de inconstitucionalidad de la norma y la expulsión del ordenamiento jurídico conforme el fundamento jurídico sexto letra a), que dejó un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impedía la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad, motivo de impugnación que estaría proscrito por el señalado fundamento jurídico sexto letra b), sino en un motivo de impugnación distinto cual es la vulneración del principio de capacidad económica de la liquidación practicada, por el sistema objetivo empleado en su determinación que no respetaba dicho principio, siendo así irrelevante que en la operación jurídica del que se pretende hacer nacer el hecho imponible existiera o no incremento de valor, y que no está comprendido, como hemos dicho, dentro del alcance prohibitivo de dicho apartado del fundamento jurídico sexto.

Esto es, explicándolo más claramente, cabe interpretar que el fundamento jurídico sexto de la Sentencia de 25 de noviembre de dos mil veintiuno impide alegar que se ha expulsado del ordenamiento jurídico el precepto que regula la determinación de la base imponible, pero no que la regulación anterior infringía, fuera o no probado o alegado, el principio de capacidad económica, y por ello, a salvo de liquidaciones firmes en sede judicial o administrativa o autoliquidaciones cuyo plazo de rectificación estuviera ya prescrito, procede decretar la nulidad de las mismas".

De ahí resulta que, siguiendo la senda de pronunciamientos precedentes, la sentencia a quole concede más valor a la infracción del art. 31.1 CE, sobre el principio de capacidad económica, aun sin prueba de la minusvalía en este caso.

En suma, este recurso es igual a otros varios, también promovidos por el Ayuntamiento de Valencia, todos los cuales cuentan con sentencia estimatoria.

El Ayuntamiento de Valencia asevera, en sustento de su pretensión, que:

" ...la parte actora, ni al presentar la solicitud de rectificación de la autoliquidación, ni con la demanda, ni en el acto de la vista, aportó prueba alguna para acreditar alguno de los supuestos en que no procede el devengo del impuesto por someter a gravamen situaciones inexpresivas de capacidad económica -decremento de valor o la cuota tributaria superior al incremento obtenido-, y que tampoco alegó motivos de nulidad distintos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad que contenía la sentencia del TCO 182/2021, de 26 de febrero , necesariamente hay que concluir que la sentencia recurrida no se ajusta a la limitación de efectos que, para la rectificación de autoliquidaciones, contiene el fundamento jurídico sexto, apartado b), de dicha sentencia.

La sentencia recurrida elude -"oblicuamente" como indica la STS de 16 de mayo de 2024, recurso de casación 8825/2022 - la doctrina que contiene dicha sentencia del Tribunal Constitucional, lo que permite concluir la existencia de una infracción jurídica que conlleva su nulidad. En efecto, a la fecha en que se insta la rectificación de la autoliquidación por la parte actora -31 de octubre de 2021- ya se había dictado la sentencia de TCO 182/2021, de 26 de octubre , y por tanto nos encontramos con una situación que, de acuerdo con el fundamento jurídico sexto de dicha sentencia, y la doctrina jurisprudencial transcrita, no es susceptible de ser revisada".

Por lo demás, el contribuyente del impuesto municipal beneficiaria de la sentencia estimatoria no se ha personado en el recurso de casación.

TERCERO.-Reiteración de la doctrina jurisprudencial.

Como conclusión de lo expuesto, reiteramos una vez más nuestra constante jurisprudencia acerca de la imposibilidad de revisión de situaciones consolidadas, como es la que nos ocupa, según la cual:

1.-Conforme a lo que establece la STC 182/2021, de 26 de octubre, las liquidaciones provisionales o definitivas del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana no impugnadas a la fecha de dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser recurridas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en aquélla; ni tampoco podrá instarse, con ese propio fundamento, la rectificación - art. 120.3 LGT-, de las autoliquidaciones de tal impuesto sobre las que aún no se hubiera formulado tal solicitud en esa fecha.

2.-Sin embargo, sí será posible impugnar, dentro de los plazos establecidos para los recursos administrativos y contencioso-administrativo, tanto las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieren alcanzado firmeza al tiempo de la sentencia, como solicitar la rectificación de autoliquidaciones dentro del plazo establecido, cuando la petición, reclamación o recurso se basase en motivos distintos a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 182/2021, de 26 de octubre. Así, entre otros supuestos, cuando se efectúen con amparo en las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad del impuesto local debatido -IIVTNU- por someter a gravamen situaciones inexpresivas de incremento de valor (entre otras, STC 59/2017); o cuando la cuota tributaria posee alcance confiscatorio ( STS 126/2019), así como por cualquier otro motivo de impugnación distinto al conducente a la declaración de inconstitucionalidad por STC 182/2021.

Dada la coincidencia de los fundamentos expresados en las muy numerosas sentencias de esta Sala sobre la cuestión, como las de 10 de julio de 2023 y 21 de noviembre de 2024, entre otras muchas, de las extraemos su fundamentación relevante, procede su aplicación a este recurso de casación, ya que la sentencia impugnada en casación no observa la doctrina que hemos reflejado, provocando innecesariamente un recurso de casación que podría haberse evitado con solo acogerse a la doctrina de este Tribunal Supremo ya claramente establecida al tiempo de dictarse aquélla.

CUARTO.-Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no haber comparecido el recurrido, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación. Respecto de las generadas en la instancia, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad.

PRIMERO.-Objeto del presente recurso de casación.

El objeto de este recurso de casación consiste, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en determinar si las solicitudes de rectificación formuladas después de dictarse la STC 182/2021 de 26 de octubre, pero antes de la publicación de la sentencia -25 de noviembre de 2021-, tienen o no la consideración de situaciones consolidadas que puedan considerarse susceptibles de ser rectificadas con fundamento exclusivo en la mencionada sentencia.

SEGUNDO.-Identidad sustancial del recurso con otros precedentes suscitados por el mismo Ayuntamiento.

La sentencia a quose dictó el 9 de mayo de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Valencia, que estimó el recurso n.º 421/2023 , promovido por el Sr. Evelio contra la resolución del Jurado Tributario de Valencia de 18 de septiembre de 2023, que desestimó la reclamación formulada a su vez frente a la resolución de la citada corporación de 13 de abril de 2022, que inadmitió la solicitud de rectificación y devolución de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

En este caso, las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones practicadas en concepto de IIVTNU se planteó el 4 de noviembre de 2021, esto es, dentro del intervalo temporal que media entre las fechas de dictado y de publicación de la STC 182/2021.

El propio auto de admisión justifica la admisión del recurso no solo en los asuntos idénticos que habían sido admitidos, sino en el hecho de que se hayan resuelto en el fondo recursos sustancialmente iguales:

"2. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en las sentencias de la Sección Segunda de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2023 ( casación 5181/2022), de 12 de julio de 2023 ( casación 4701/2022), de 11 de marzo de 2024 ( casación 435/2023 ) y de 16 de mayo de 2024 (casación 8825/2022).

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en las citadas sentencias, ha respondido a la cuestión con interés casacional planteada, señalando que:

«[...] de conformidad con lo dispuesto en la STC 182/2021, de 26 de octubre, las liquidaciones provisionales o definitivas por Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dictarse dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser impugnadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la misma, al igual que tampoco podrá solicitarse con ese fundamento la rectificación, ex art. 120.3 LGT, de autoliquidaciones respecto a las que aún no se hubiera formulado tal solicitud al tiempo de dictarse la STC 26 de octubre de 2021.

Sin embargo, sí será posible impugnar dentro de los plazos establecidos para los distintos recursos administrativos, y el recurso contencioso-administrativo, tanto las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieren alcanzado firmeza al tiempo de dictarse la sentencia, como solicitar la rectificación de autoliquidaciones ex art. 120.3 LGT, dentro del plazo establecido para ello, con base en otros fundamentos distintos a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 182/2021, de 26 de octubre. Así, entre otros, con fundamento en las previas sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de las normas del IIVTNU en cuanto sometían a gravamen inexcusablemente situaciones inexpresivas de incremento de valor (entre otras STC 59/2017) o cuando la cuota tributaria alcanza confiscatorio ( STS 126/2019) al igual que por cualquier otro motivo de impugnación, distinto de la declaración de inconstitucionalidad por STC 182/2021».

La sentencia recurrida fue dictada por el Juzgado nº 3 de Valencia, del que hemos examinado ya diversas sentencias estimatorias; en la aquí impugnada, pese a ser de fecha posterior a otras en las que se hacía eco de que ya existe sentencia del Tribunal Supremo, desoye nuestro criterio:

"[...] hay que manifestar que esta consideración de la infracción del principio de capacidad económica como motivo de anulación de los actos de aplicación de la norma tributaria no constituye una vulneración de las situaciones consolidadas reconocidas en el fundamento jurídico sexto letra b) de la STC de 26 de octubre de dos mil veintiuno , entendiendo este juzgador (eso sí, reconozco que con muchas dudas) que el fundamento de este motivo de impugnación introducido ex artículo 33.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa no está constituido propiamente por la declaración de inconstitucionalidad de la norma y la expulsión del ordenamiento jurídico conforme el fundamento jurídico sexto letra a), que dejó un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impedía la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad, motivo de impugnación que estaría proscrito por el señalado fundamento jurídico sexto letra b), sino en un motivo de impugnación distinto cual es la vulneración del principio de capacidad económica de la liquidación practicada, por el sistema objetivo empleado en su determinación que no respetaba dicho principio, siendo así irrelevante que en la operación jurídica del que se pretende hacer nacer el hecho imponible existiera o no incremento de valor, y que no está comprendido, como hemos dicho, dentro del alcance prohibitivo de dicho apartado del fundamento jurídico sexto.

Esto es, explicándolo más claramente, cabe interpretar que el fundamento jurídico sexto de la Sentencia de 25 de noviembre de dos mil veintiuno impide alegar que se ha expulsado del ordenamiento jurídico el precepto que regula la determinación de la base imponible, pero no que la regulación anterior infringía, fuera o no probado o alegado, el principio de capacidad económica, y por ello, a salvo de liquidaciones firmes en sede judicial o administrativa o autoliquidaciones cuyo plazo de rectificación estuviera ya prescrito, procede decretar la nulidad de las mismas".

De ahí resulta que, siguiendo la senda de pronunciamientos precedentes, la sentencia a quole concede más valor a la infracción del art. 31.1 CE, sobre el principio de capacidad económica, aun sin prueba de la minusvalía en este caso.

En suma, este recurso es igual a otros varios, también promovidos por el Ayuntamiento de Valencia, todos los cuales cuentan con sentencia estimatoria.

El Ayuntamiento de Valencia asevera, en sustento de su pretensión, que:

" ...la parte actora, ni al presentar la solicitud de rectificación de la autoliquidación, ni con la demanda, ni en el acto de la vista, aportó prueba alguna para acreditar alguno de los supuestos en que no procede el devengo del impuesto por someter a gravamen situaciones inexpresivas de capacidad económica -decremento de valor o la cuota tributaria superior al incremento obtenido-, y que tampoco alegó motivos de nulidad distintos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad que contenía la sentencia del TCO 182/2021, de 26 de febrero , necesariamente hay que concluir que la sentencia recurrida no se ajusta a la limitación de efectos que, para la rectificación de autoliquidaciones, contiene el fundamento jurídico sexto, apartado b), de dicha sentencia.

La sentencia recurrida elude -"oblicuamente" como indica la STS de 16 de mayo de 2024, recurso de casación 8825/2022 - la doctrina que contiene dicha sentencia del Tribunal Constitucional, lo que permite concluir la existencia de una infracción jurídica que conlleva su nulidad. En efecto, a la fecha en que se insta la rectificación de la autoliquidación por la parte actora -31 de octubre de 2021- ya se había dictado la sentencia de TCO 182/2021, de 26 de octubre , y por tanto nos encontramos con una situación que, de acuerdo con el fundamento jurídico sexto de dicha sentencia, y la doctrina jurisprudencial transcrita, no es susceptible de ser revisada".

Por lo demás, el contribuyente del impuesto municipal beneficiaria de la sentencia estimatoria no se ha personado en el recurso de casación.

TERCERO.-Reiteración de la doctrina jurisprudencial.

Como conclusión de lo expuesto, reiteramos una vez más nuestra constante jurisprudencia acerca de la imposibilidad de revisión de situaciones consolidadas, como es la que nos ocupa, según la cual:

1.-Conforme a lo que establece la STC 182/2021, de 26 de octubre, las liquidaciones provisionales o definitivas del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana no impugnadas a la fecha de dicha sentencia, 26 de octubre de 2021, no podrán ser recurridas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en aquélla; ni tampoco podrá instarse, con ese propio fundamento, la rectificación - art. 120.3 LGT-, de las autoliquidaciones de tal impuesto sobre las que aún no se hubiera formulado tal solicitud en esa fecha.

2.-Sin embargo, sí será posible impugnar, dentro de los plazos establecidos para los recursos administrativos y contencioso-administrativo, tanto las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieren alcanzado firmeza al tiempo de la sentencia, como solicitar la rectificación de autoliquidaciones dentro del plazo establecido, cuando la petición, reclamación o recurso se basase en motivos distintos a la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 182/2021, de 26 de octubre. Así, entre otros supuestos, cuando se efectúen con amparo en las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad del impuesto local debatido -IIVTNU- por someter a gravamen situaciones inexpresivas de incremento de valor (entre otras, STC 59/2017); o cuando la cuota tributaria posee alcance confiscatorio ( STS 126/2019), así como por cualquier otro motivo de impugnación distinto al conducente a la declaración de inconstitucionalidad por STC 182/2021.

Dada la coincidencia de los fundamentos expresados en las muy numerosas sentencias de esta Sala sobre la cuestión, como las de 10 de julio de 2023 y 21 de noviembre de 2024, entre otras muchas, de las extraemos su fundamentación relevante, procede su aplicación a este recurso de casación, ya que la sentencia impugnada en casación no observa la doctrina que hemos reflejado, provocando innecesariamente un recurso de casación que podría haberse evitado con solo acogerse a la doctrina de este Tribunal Supremo ya claramente establecida al tiempo de dictarse aquélla.

CUARTO.-Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no haber comparecido el recurrido, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación. Respecto de las generadas en la instancia, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad.