Sentencia Contencioso-Administrativo 400/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 8721/2023 de 30 de marzo del 2026

PRIMERO.-Resolución recurrida en casación.

Este recurso de casación tiene por objeto la sentencia dictada el día 29 de junio de 2023, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso nº 3251/2021, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«DESESTIMAR el presente recurso contencioso-administrativo ordinario nº 3251/2021 de Sala y nº 1456/2021 de Sección, promovido por la SRA. Socorro y por el SR. Samuel contra la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CATALUÑA y AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA), toda vez que las actuaciones de regularización tributaria y de revisión impugnadas son conformes a derecho.

Con la imposición de las costas del proceso a los demandantes, en los términos del fundamento jurídico TERCERO».

SEGUNDO.-Preparación del recurso de casación.

Frente a la indicada sentencia la procuradora D.ª Adriana Flores Romeu en representación de D.ª Socorro y D. Samuel, como parte recurrente, presentó escrito de preparación de recurso de casación.

Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identificó como normas infringidas, las siguientes: los artículos 178, 187.1.b) y 191 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre ) [«LGT»]; y 25 a 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre ) [«LRJSP»].

TERCERO.-Auto teniendo por preparado el recurso de casación y personación de las partes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso en auto de 23 de noviembre de 2023, emplazando a las partes, habiendo comparecido D.ª Socorro y D. Samuel, ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, dentro del plazo de quince días señalado en el artículo 89.5 LJCA. De igual modo lo ha hecho, como parte recurrida, la Administración General del Estado, representada por el abogado del Estado, que no se ha opuesto a la admisión del recurso.

CUARTO.-Admisión del recurso de casación.

1.Mediante auto dictado el día 23 de octubre de 2024 por la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se admitió a trámite el recurso de casación, y se acordó la remisión de las actuaciones para su tramitación y decisión a la Sección Segunda de este Tribunal.

El Auto de admisión consideró que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en:

«Determinar cuál debe ser la base de cálculo de la sanción tributaria prevista en el artículo 191 LGT en aquellos supuestos de regularización de operaciones, respecto de las cuales se ha acreditado una simulación mediante una interposición societaria, en las que se imputa al contribuyente persona física rentas que fueron declaradas por la sociedad interpuesta, precisando si aquélla debe ser, bien la cantidad dejada de ingresar por la persona física o, por el contrario, la diferencia entre esa cantidad y la ingresada por la sociedad interpuesta respecto de las mismas rentas».

2.E identificó como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación, las siguientes: los artículos 187.1.b) y 191 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 LJCA.

QUINTO.-Interposición del recurso de casación.

1.La procuradora D.ª Adriana Flores Romeu, en representación de D.ª Socorro y D. Samuel interpuso recurso de casación que observa los requisitos legales, en el cual alega, en síntesis, que frente a un escenario de apreciación de simulación negocial mediante una interposición societaria, la Administración Tributaria debe considerar como cuota tributaria ingresada por la persona física, a los efectos de evaluar la base sancionadora asociada a la infracción tributaria del artículo 191 de la LGT, las cuotas indebidamente ingresadas formalmente a nombre de la sociedad, dado que la interposición simulada presupone la existencia de una unicidad del personas y un perjuicio económico único equivalente al neto dejado de ingresar. Lo contrario conllevaría una absoluta desproporción entre la sanción finalmente y la cuota defraudada. A esta manifiesta desproporción coadyuvaría, sin duda, la calificación de la infracción tributaria impuesta a mi representada como infracción muy grave, atendiendo precisamente a la existencia de medios fraudulentos en forma de sociedad interpuesta. Si la Sala de instancia ha confirmado la tesis administrativa conforme a la cual la facturación realizada por SET DE NOU a sus clientes, por la cual ingresó las correspondientes cuotas tributarias del Impuestos sobre Sociedades (posteriormente devueltas por indebidas), debía imputarse fiscalmente a mi representada al considerar que la sociedad se estaría empleando como entidad instrumental para desviar la tributación de los rendimientos que correspondería percibir a mi representada hacía una sociedad sujeta a unos tipos impositivos inferiores, de forma coherente con este argumento debería haber admitido también que una fracción de la cuota de IRPF exigida a mi representada ya había sido ingresada, aunque a nombre de la sociedad SET DE NOU declarada simulada y/o interpuesta, reduciendo en consecuencia la base sancionadora de la infracción imputada a la persona física por dejar de ingresar.

Alega asimismo que con posterioridad a que se dictase la sentencia de instancia, ese TS ha dictado una nueva sentencia que confirma el criterio previamente establecido en la sentencia de 8 de junio de, concretamente la Sentencia 1804-2024 (recurso de casación 3948/2022, resolución 336/2024, ECLI:ES:TS:2024:1804), que reproduce el criterio fijado en la sentencia 2637-2023 (recurso de casación 5002/2021, resolución 770/2023, ECLI:ES:TS:2023:2637) donde fija criterio casacional en relación con la base sancionadora de la persona física infractora, en supuestos de simulación con sociedad interpuesta que previamente ha ingresado unas cuotas, analizándose un supuesto idéntico al de autos, en el que la Administración tributaria tampoco había minorado de la base sancionadora exigida a la persona física en el importe de las cuotas tributarias abonadas en sede del IS por la entidad interpuesta calificada de simulada.

2.Termina solicitando a la Sala que dicte sentencia por la que:

1º) Con estimación del presente recurso de casación, se ratifique la doctrina jurisprudencial fijada por esa Sala en la sentencia número 770/2023, de 8 de junio de 2023, recurso de casación 5002/2021 y se establezca como doctrina que, en los supuestos de regularización de operaciones simuladas, la base de cálculo de la sanción tributaria prevista en el artículo 191 de la LGT deberá ser la diferencia entre la cantidad dejada de ingresar por la persona física o jurídica inspeccionada y la ingresada por las sociedades instrumentales interpuestas respecto de las mismas rentas.

2º) Que, como consecuencia de la estimación del recurso de casación y la consiguiente anulación de la sentencia impugnada, ese TS se sitúe en la posición procesal propia de mis mandantes y proceda a la resolución del litigio en los términos en que Socorro y Samuel plantearon el debate procesal en la instancia anterior.

3°) Y, en consecuencia, estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta parte contra la resolución del TEAR de Cataluña, dictada el 27 de julio de 2021 en que desestiman de forma acumulada las reclamaciones económico-administrativas, tramitadas con el número NUM000, interpuestas contra los acuerdos de liquidación con número de referencia NUM001 y NUM002 en concepto de IRPF relativos a los ejercicios 2013 a 2016 y contra los acuerdos sancionadores relativos al mismo impuesto y periodos con número de referencia NUM003 y NUM004, procediendo a declarar nulos los acuerdos sancionadores y las consiguientes resoluciones y sentencias derivadas.

SEXTO.-Allanamiento del abogado del Estado.

1.El abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General del Estado, presentó escrito allanándose al recurso de casación en atención a la jurisprudencia que la Excma. Sala tiene establecida sobre la cuestión de interés casacional identificada en el presente caso en sus sentencias de 8 de junio de 2023 (RCA 5002/2021) y de 28 de febrero de 2024 (RCA 3948/2022).

Y añade, que el presente allanamiento:

a) Se refiere a la pretensión principal o casacional propiamente dicha -es decir, los dos primeros ordinales del suplico del escrito de interposición arriba transcrito- y no alcanza a la pretensión de estimación íntegra del recurso contencioso- administrativo desestimado por la sentencia de instancia.

b) Se orienta a que la Excma. Sala dicte una sentencia que declare haber lugar al recurso de casación y que respecto del recurso contencioso-administrativo se pronuncie en los mismos términos, mutatis mutandis, como las dos sentencias citadas que constituyen la jurisprudencia a la que nos plegamos. Así, transcribimos en lo relevante el pronunciamiento de la primera de esas sentencias:

«2º Haber lugar al recurso de casación núm. 5002/2021, (...) contra sentencia (...) la que se casa y anula en cuanto a la confirmación del cálculo de la base de la sanción

3º Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 253/2017, en el que se impugna las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central (...) confirmatorias delas liquidaciones giradas en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como de las sanciones derivadas, declarando la nulidad de las sanciones tributarias impuestas, en cuanto deben recalcularse conforme al criterio recogido en el fundamento jurídico sexto, y, en su caso, con la devolución de las cantidades ingresadas en exceso, junto con los intereses de demora devengados.»

2.Termina suplicando que se tenga por allanado al Estado en dichos términos, y se acuerde archivar las presentes actuaciones, sin imposición de costas.

SÉPTIMO.-Señalamiento para deliberación, votación y fallo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.6 de la LJCA, y considerando innecesaria la celebración de vista pública, mediante providencia de fecha 16 de enero de 2025 quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo.

Mediante providencia de fecha 7 de enero de 2026 se designó magistrada ponente a la Excma. Sra. D.ª María Dolores Rivera Frade, y se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 24 de marzo de 2026, fecha en la que se deliberó, votó y falló, con el resultado que seguidamente se expresa.