Sentencia Contencioso-Administrativo 138/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Sexta, Rec. 460/2024 de 12 de febrero del 2026

PRIMERO.- El objeto del recurso contencioso-administrativo.

La representación procesal de don Plácido, beneficiario de asistencia jurídica gratuita, ha interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de 20 de junio de 2024 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, desestimatorio de su recurso de alzada n.º 320/2024 contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria, de 1 de febrero de 2024, de archivo de la diligencia informativa n.º 530/2023, instruida en virtud de la denuncia formulada por el hoy recurrente contra la magistrada doña Delia, titular del Juzgado de Instrucción n.º 2 de los de Logroño.

La actuación gubernativa consideró que los hechos reprochados por el denunciante no son constitutivos de ninguna de las infracciones previstas en los artículos 417, 418 ó 419 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Consistían en que, al ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción n.º 2, el 18 de octubre de 2022, tras su detención la víspera y en las diligencias urgentes/juicio rápido 0000163/2022 por resistencia grave y desobediencia a la autoridad, declaró ante la magistrada que era falso cuanto constaba en el atestado policial y que no agredió a ningún policía.

En realidad, manifestó, fue objeto de mal trato por agentes de la Comisaría de Policía a la que había acudido sobre las 15.20 horas para presentar una denuncia, sin que diera motivo para ello. Explicó que, cuando le iba a tocar ser atendido, un policía calvo se le acercó y le preguntó qué hacía allí, pues acudía muchas veces, a lo que el Sr. Plácido respondió que se lo diría al instructor que le tocara. Entonces ese policía le dijo que si no se lo decía no le dejaría pasar, le dio con la mano y le empujó para que guardara la distancia y como quiera que el Sr. Plácido le dijera que no tenía derecho a empujarle y que era él quien se acercaba, entonces dicho policía acabó diciéndole que saliera fuera, cosa que hizo.

Ya en el exterior de la Comisaría, siguió diciendo el denunciante, dicho agente, el que estaba en la puerta y otro que salió del interior, le pusieron contra la pared, le cachearon y empujaron, le tocaron el culo, le torcieron la mano y llevaron al suelo y golpearon para luego meterle con las esposas muy prietas en una habitación, hasta que, teniendo dolor en un hombro, pasado el tiempo, le llevaron ante el médico.

En esa declaración ante la magistrada pidió que se solicitaran las grabaciones de las cámaras de la Comisaría tanto del interior como del exterior. No obstante, continúa la denuncia, la magistrada no la solicitó y, por eso, consideraba que debía responder disciplinariamente por su incumplimiento y pidió que se iniciara contra ella el oportuno procedimiento disciplinario y se dictara resolución imponiéndole las oportunas sanciones disciplinarias. Subrayaba que esas grabaciones eran la única prueba con la que podría haber acreditado la veracidad de los hechos ocurridos en la tarde del 17 de octubre de 2022.

Incoadas por el Promotor de la Acción Disciplinaria las diligencias informativas n.º 530/2023, en el seno de las mismas requirió informe a la denunciada, la cual manifestó que no resolvió sobre la solicitud de las grabaciones --que efectivamente formuló el denunciante-- porque no la pidió "ni en forma ni en tiempo oportuno". Expuso la denunciada que son las defensas de las partes, no estas por sí mismas, o el Ministerio Fiscal quienes pueden instar la práctica de diligencias. Añadió que es en la comparecencia del artículo 798 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal donde se pueden considerar insuficientes las diligencias practicadas y pedir la transformación de las urgentes en previas. No obstante, continúa, ni la defensora del denunciante, ni el Ministerio Fiscal consideraron necesaria ninguna actuación, ni la transformación mencionada.

Por otra parte, en las actuaciones administrativas consta la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 27 de marzo de 2023 a la que también se dirigió el Sr. Plácido, que no aprecia infracción de la normativa de protección de datos por el hecho de que, transcurrido un mes, tal como establece el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se hubiera procedido a eliminar esas grabaciones.

El Promotor resolvió el 1 de febrero de 2024 archivar la denuncia porque no apreció que la magistrada hubiere dejado de ejercer una actuación jurisdiccionalmente obligada. Tiene en cuenta que la solicitud de las grabaciones no se hizo en tiempo y en forma, tal como informó la denunciada, y en la comparecencia del artículo 798 de la ley de Enjuiciamiento Criminal ni el Ministerio Fiscal, ni la defensora consideraron oportuna la práctica de ninguna otra diligencia en sede instructora. Resalta que, contando con asistencia letrada el denunciante bien pudo pedir las grabaciones y no puede ser considerada la manifestación vertida durante la declaración como detenido proposición de diligencia probatoria.

En su recurso de alzada n.º 320/2024, el Sr. Plácido alegó que la abogada de oficio que le asistió el 18 de octubre le preguntó ante la magistrada si estaba de acuerdo en solicitar las grabaciones y que el informe de la magistrada contradice lo sucedido, esto es que, asistido de esa letrada, pidió dichas grabaciones aunque luego esta última no las pidiera por escrito. Y subraya que las grabaciones eran las únicas pruebas para acreditar la veracidad de lo que declaró.

La Comisión Permanente, por acuerdo de 20 de junio de 2026 desestimó la alzada por las mismas razones expresadas en el acuerdo recurrido y en el informe del Promotor de la Acción Disciplinaria y porque consideró que los hechos narrados por el recurrente expresaban en esencia su disconformidad con la actuación judicial, la cual se ha de hacer valer mediante los recursos previstos en las leyes procesales y no puede fundamentar una actuación gubernativa. Explica, además, que no es posible identificar la conducta imputada a los efectos de exigir responsabilidad disciplinaria.

SEGUNDO.- La demanda de don Plácido.

Sostiene que el sustrato fáctico del asunto se centra en la denuncia que presentó por la negativa de la instructora a solicitar las grabaciones de cámaras de seguridad que podrían esclarecer un incidente en el que fue detenido, acusado de resistencia y desobediencia a la autoridad, sin que hubiera razón para ello.

Fundamenta la posición procesal del recurrente en los artículos 299, 303 y 315 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativos a la práctica de diligencias, en relación con los artículos 417, 418 y 419 de la Ley Orgánica del Poder Judicial pues sostiene que no haber reclamado las grabaciones en cuestión ha supuesto la vulneración de su derecho fundamental a un juicio justo, ya que eran pruebas esenciales para determinar la veracidad de los hechos, especialmente ante versiones contradictorias. Y considera que la omisión de esta diligencia por parte de la magistrada supone el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Constitución con el resultado de la indefensión del Sr. Plácido.

Solicita, por ello, que, con la estimación del recurso contencioso-administrativo y, tras los trámites oportunos, "se obligue al Consejo General del Poder Judicial a la apertura del correspondiente expediente disciplinario".

TERCERO.- La contestación a la demanda del Abogado del Estado.

En su contestación, el Abogado del Estado postula, en primer lugar, la inadmisión del recurso por desviación procesal y defecto en la forma de proponer la demanda, pues la pretensión anulatoria difiere de manera clara y palmaria de la resolución contra la que se interpuso recurso contencioso-administrativo. Como se ha visto en los antecedentes, el suplico de la demanda se refiere a una resolución dictada por el Consulado de España en Guayaquil respecto de una persona distinta del demandante.

Asimismo, sostiene que el recurrente carece de legitimación activa para exigir la apertura del expediente y la imposición de sanciones, conforme a la jurisprudencia consolidada según la cual, ni la incoación de un expediente disciplinario ni la imposición de sanciones a un juez producen efectos positivos en la esfera jurídica del denunciante. Por esa razón, sigue diciendo el Abogado del Estado, el interés legítimo del demandante no se ve afectado por la resolución impugnada, ya que no se altera su situación jurídica.

En cualquier caso y, subsidiariamente, añade que el recurso ha de ser desestimado, ya que la actuación del Consejo General del Poder Judicial es conforme a Derecho por lo que no procede su revocación.

En definitiva, nos pide que inadmitamos el recurso contencioso-administrativo o, subsidiariamente, lo desestimemos.

CUARTO.- El juicio de la Sala. La estimación en parte del recurso contencioso-administrativo.

Requerido para que aclarase el suplico de su demanda, el recurrente explicó que incurría en error material y que su pretensión era la siguiente:

«1º.- Se que (sic) se obligue al CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL a la apertura del correspondiente expediente disciplinario.

2º.- Se condene en Costas a la Administración».

Del texto de la demanda se desprende con absoluta claridad que esto es lo que reclama el Sr. Plácido, tal como confirmó al ser requerido al efecto. Por tanto, no procede la inadmisión solicitada por el Abogado del Estado por desviación procesal y defecto en la forma de proponer la demanda ya que se subsanó el defecto advertido, tal como resolvió la Sala por auto de 19 de noviembre de 2025.

Por lo que hace a su legitimación activa, efectivamente, es reiterada la jurisprudencia --de la que es muestra, a título de ejemplo, la expresada en nuestra sentencia n.º 577/2025, de 19 de mayo (recurso n.º 1173/2023)-- que limita la del denunciante que ve archivada su denuncia a la reclamación de que ésta se examine y se le dé una respuesta motivada tras la indagación que sea imprescindible. En cambio, no advierte que le asista un interés legítimo a pretender que se expediente o sancione al juez o magistrado denunciado.

La razón es que ni lo uno ni lo otro le reportan ningún efecto positivo en su patrimonio jurídico, ni le evitan un perjuicio al mismo.

Ciertamente, el Sr. Plácido pide que acordemos la apertura de un expediente disciplinario, a lo que, según acabamos de decir, no se extiende su legitimación. No obstante, nos encontramos con que la respuesta que recibió del Promotor de la Acción Disciplinaria se limitó a decir que la magistrada denunciada había actuado conforme al artículo 798 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que la petición de las grabaciones no se hizo en tiempo y forma. Y vemos que su artículo 797.1 9ª dispone que el juez de instrucción: "Ordenará la práctica de cualquier diligencia pertinente que pueda llevarse a cabo en el acto o dentro del plazo establecido en el artículo 799".

De otro lado, en el expediente consta copia de la declaración del recurrente en las Diligencias Urgentes/Juicio Rápido 0000163/2022. Esa declaración la efectuó con la presencia de la letrada del turno de oficio que le asistía. En esas condiciones el Sr. Plácido pidió las grabaciones en cuestión, cuya relevancia era indudable ya que insistió en que el atestado no reflejaba los hechos. En efecto, en la copia mencionada se lee:

«A preguntas de la defensa:

(...)

Que quiere que se soliciten las grabaciones de seguridad de la Comisaría de Policía, tanto del interior como del exterior».

La trascendencia de haber resuelto sobre la solicitud de las grabaciones se hace mayor a la vista de que el artículo 22.3 de la Ley Orgánica 3/2018 prescribe que en los tratamientos con fines de videovigilancia:

«3. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación

(...)».

En este caso, consta en el expediente que, ante el Juzgado de lo Penal, el 18 de noviembre, la letrada solicitó las grabaciones pero, según resulta también del expediente ya se habían eliminado por haber transcurrido un mes desde que se tomaron.

El acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria no tiene en cuenta ni, por tanto, explica si estos últimos extremos debían tener o no alguna relevancia en la respuesta que debía dar a la denuncia. En consecuencia, aunque el recurrente no pueda reclamar la incoación de un expediente disciplinario a la magistrada denunciada, sí tiene derecho a que la resolución que se dicte al respecto considere las especiales circunstancias que concurrieron, entre ellas la última de las señaladas y examine si entrañan, más allá del desacuerdo con la decisión jurisdiccional, una dimensión administrativa.

En consecuencia, procede estimar en parte el recurso contencioso-administrativo, anular los acuerdos de la Comisión Permanente y del Promotor de la Acción Disciplinaria y retrotraer las actuaciones para que por este último se resuelva la diligencia informativa n.º 530/2023 en los términos que acabamos de exponer.

QUINTO.- Costas.

Conforme a lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, no hacemos imposición de costas.