Sentencia Contencioso-Administrativo 1647/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Sexta, Rec. 570/2024 de 15 de diciembre del 2025

PRIMERO.- Sobre el objeto y el planteamiento del recurso contencioso-administrativo: El asunto litigioso relativo a la impugnación del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 29 de mayo de 2024.

El recurso contencioso-administrativo que enjuiciamos, interpuesto por Paulino, que actúa en su propio nombre y representación, tiene por objeto la pretensión de que declare nulo el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 29 de mayo de 2024, relativo a la no concesión del premio de jubilación solicitado por el recurrente, y que se le reconozca el derecho a percibir la cuantía de 3.000 euros más los intereses legales devengados hasta la fecha de la sentencia.

La impugnación del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 29 de mayo de 2024, parte, como antecedentes de hecho, de la consideración de que ha desarrollado su actividad como funcionario en el Consejo General del Poder Judicial desde el 24 de enero de 1990, en que fue nombrado por el Pleno del referido órgano constitucional Secretario del Servicio de Inspección, y de que, tras ejercer cargos en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa, se reincorporó al Consejo General del Poder Judicial el 16 de noviembre de 2008, siendo designado Vicesecretario General del Consejo por Acuerdo de 20 de diciembre de 2013, y Secretario General por Acuerdo de 29 de marzo de 2019, habiendo cesado en dicho puesto, a petición propia, el 3 de octubre de 2023, fecha en que pasa a la situación de jubilación en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Partiendo de estos hechos, aduce que, conforme a las Normas de Acción Social del Consejo General del Poder judicial para el año 2023, debe ser considerado beneficiario de la ayuda correspondiente al premio de jubilación, en cuanto la prestación de servicios en dicho órgano constitucional se extendió más de 29 años.

Argumenta que la cuestión nuclear que centra el enjuiciamiento de la controversia planteada en el recurso contencioso-administrativo se limita a resolver si la jubilación se proyectaba sobre su condición de funcionario público o se ceñía al alto cargo que desempeñaba.

Y añade que el premio de jubilación no es más que una prestación de acción social cuyo hecho determinante es la jubilación como funcionario público, de modo que cuando concurren en una misma persona la condición de funcionario público y de alto cargo hay que distinguir las causas por las que se extingue la relación funcionarial y la de alto cargo.

El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso contencioso-administrativo alegando, en la formulación del escrito de contestación a la demanda, que el recurrente no ostentaba la condición de funcionario cuando cesó su relación de servicios con el Consejo General del Poder Judicial, de modo que no cumple los requisitos establecidos en las Normas de Acción Social del Consejo General del Poder Judicial para la distribución de los fondos correspondientes al ejercicio 2023, ya que la jubilación se produjo por Acuerdo del Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de la Administración de Justicia de 11 de julio de 2023.

Y se afirma, al respecto, que resulta obvio que si el recurrente ya había perdido por jubilación su condición de funcionario de carrera no puede, de ningún modo, interpretarse que recuperó dicha condición de funcionario en el momento de cesar como Secretario General del Consejo General del Poder Judicial.

En el escrito de conclusiones, la Abogacía del Estado corrige su argumentación al constatar que el Acuerdo del Ministerio de Justicia de 11 de julio de 2023 fijaba como fecha de jubilación el 3 de octubre de 2023, pero sostiene que la tesis de que para poder jubilarse el recurrente tendría que haber recuperado previamente su condición de funcionario público carece de todo sustento legal.

SEGUNDO.- El marco normativo

a) El Derecho estatal

El artículo 579 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su apartado 5, dispone:

«5. El Presidente, los Vocales y el Secretario General del Consejo General del Poder Judicial están sujetos al deber de efectuar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo , reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con las adaptaciones que sean precisas a la organización del Consejo, que se establecerán en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo »

TERCERO.- El juicio de la Sala.

Esta Sala debe partir como premisa, para abordar adecuadamente el enjuiciamiento impugnatorio del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial de 29 de mayo de 2024, de la determinación de cual es la naturaleza y finalidad de las Normas para la distribución de los fondos de Acción Social correspondientes al ejercicio de 2023, aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial el 15 de junio de 2023.

Al respecto, cabe indicar que, como refiere la Introducción de dichas Normas, éstas tienen como objetivo compensar a los funcionarios y trabajadores que prestan sus servicios en el Consejo General del Poder Judicial del conjunto de gastos que se identifican (premio de jubilación, ayudas por fallecimiento, becas para estudios, ayudas para cuidado de hijos, y ascendientes a su cargo, ayudas a la primera infancia, prestaciones sanitarias, ayudas por violencia de genero, ayudas por discapacidad, ayudas por la conciliación de la vida familiar y laboral, estudios e inserción social y ayudas excepcionales) para propiciar el bienestar de todo el personal.

En las propias Normas de Acción Social se enuncian los principios informadores de este programa social, que son el de universalidad, en cuanto a que las personas destinatarias es todo el personal que percibía sus retribuciones con cargo al capítulo I del presupuesto del Consejo, y el de proporcionalidad, ya que en la distribución se tiene en cuenta el total de ingresos íntegros percibidos anualmente por la persona solicitante.

Se dispone, con carácter general, quienes pueden ser considerados solicitantes/beneficiarios, al referir que podrán solicitar o beneficiarse de las ayudas todo el personal en situación de servicio activo o en servicios especiales que preste o haya prestado servicios en el consejo General del Poder Judicial durante el periodo de tiempo objeto de la convocatoria anual (personal funcionario, laboral y eventual) en cualquiera de sus sedes y que se encuentren incluidos en la RPT del Consejo General del Poder Judicial o en el Convenio Colectivo del Personal Laboral.

Y respecto de los premios de jubilación, se determina específicamente quienes pueden ser destinatarios de las ayudas, al señalar que las personas beneficiarias de esta ayuda serán el personal funcionario, personal eventual y personal labora en alta o situación de alta o asimilada al alta en el Consejo General del Poder Judicial y que tengan derecho a la percepción de ayudas por "Acción Social" que se jubilen de forma voluntaria, por carácter forzoso por razón de edad, o por incapacidad permanente para el desempleo de sus funciones.

Con base en este contexto regulatorio de las ayudas de acción social, estimamos que el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 29 de mayo de 2024, relativo a la denegación de la solicitud de premio de jubilación del solicitante Paulino, no es conforme a Derecho, en cuanto apreciamos que la Comisión Permanente ha incurrido en error en la apreciación de los hechos determinantes referidos a los requisitos exigidos para ser beneficiario de esta ayuda de carácter social, en cuanto no ha tomado en debida consideración las circunstancias profesionales singulares que concurren en el peticionario, que ostentaba el cargo de Secretario General del Consejo General del Poder Judicial, que no supone, a estos efectos, la pérdida de su condición de funcionario público al servicio del Consejo General del Poder Judicial desde 1990.

En efecto, entendemos que la coincidencia derivada de que en el momento de su jubilación como funcionario público ostentara el cargo de Secretario General del propio Consejo General del Poder judicial, y no estuviera incluido formalmente en la relación de puestos de trabajo del Consejo General del Poder Judicial, no constituye un obstáculo para la concesión del premio de jubilación, en la medida que el hecho determinante causante de su jubilación en su condición de funcionario público perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia con destino en el Consejo General del Poder Judicial.

Por ello, no podemos acoger la tesis que desarrolla la Abogacía del Estado, pues carece de consistencia fáctica y jurídica el argumento de que "el recurrente no ostentaba la condición de funcionario cuando cesó su relación de servicio en el CGPJ" (sic), ya que resulta evidente que la jubilación se produjo con efectos de 3 de octubre de 2023, coincidente en el tiempo con el Acuerdo del Presidente del Consejo General del Poder Judicial por el que cesa en el cargo de Secretario General.

Asimismo, debemos significar que nuestro pronunciamiento no supone extender el premio de jubilación al resto de altos cargos del Consejo General del Poder Judicial que enuncia el artículo 579.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (el Presidente o la Presidenta o los vocales del Consejo, que integran, en sentido estricto, el gobierno del poder judicial), sino que tiene en cuenta la excepcionalidad del supuesto contemplado en este proceso judicial, relativo a que un funcionario público al servicio del Consejo General del Poder Judicial es promovido al cargo de Vicesecretario General y, ulteriormente, al de Secretario General, en el organismo donde ha desarrollado, casi sin interrupción, toda su carrera profesional.

Cabe, también, destacar el carácter eminentemente técnico de las funciones que tiene atribuidas el Secretario General del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 612.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 91 y 92 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, aprobado por acuerdo de 22 de abril de 1986, a quien corresponde dirigir y coordinar todos los órganos técnicos y el personal al servicio del Consejo General del Poder Judicial, de modo que consideramos que sería desproporcionado y contrario al principio de universalidad, referido a todo el personal del Consejo General del Poder Judicial, denegar la concesión de la ayuda social, a la que tiene derecho como consecuencia de su jubilación como funcionario público al servicio del Consejo General del Poder Judicial.

En suma, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Paulino, contra el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 29 de mayo de 2024, relativo a la no concesión del premio de jubilación solicitado por el recurrente, que anulamos por no ser conforme a Derecho, reconociendo el derecho a la percepción del premio de jubilación en la cuantía de 3.000 euros más los intereses legales devengados hasta la fecha de la sentencia.

QUINTO.- Sobre las costas..

Conforme a lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, no procede hacer expresa imposición de las costas a ninguna de las partes, debido a la concurrencia de serias dudas de derecho.

Fallo