Sentencia Contencioso-Administrativo 1469/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Sexta, Rec. 13/2024 de 18 de noviembre del 2025

PRIMERO.- El objeto del recurso contencioso-administrativo.

La representación procesal de don Victoriano ha interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de 11 de octubre de 2023 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se inadmite su recurso de alzada n.º 257/2023 contra la notificación de rechazo de escrito de personación en recurso de casación en interés de la ley dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo efectuada por la Oficina de Registro y Reparto, a través del sistema de Gestión Procesal.

De la documentación obrante en el expediente administrativo se deduce que el hoy recurrente el 11 de agosto de 2023 remitió, por el sistema LexNET, un escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, rechazado el documento el 14 de agosto siguiente por no cumplirse los requisitos para su presentación a través del sistema de Gestión Procesal. Consistía en un escrito de personación en un "recurso de casación por interés de ley".

El 13 de septiembre de 2023, el hoy recurrente interpuso recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, frente a ese rechazo.

La actuación gubernativa consideró aplicable el artículo 116.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que considera causa de inadmisión de los recursos en vía administrativa dirigirse contra un acto no susceptible de recurso, lo cual entendió que sucedía en este caso, pues no estamos ante un acto de gobierno de juzgados y tribunales, sino frente a una actuación jurisdiccional, en concreto, la comunicación por la que se rechaza la presentación telemática de un escrito procesal debido a que no cumple los requisitos exigidos para ello.

SEGUNDO.- La demanda de don Victoriano.

En su demanda, la parte recurrente considera, en síntesis, que ha existido una actuación impeditiva del acceso a la jurisdicción y que la misma se origina en la esfera de organización de los tribunales, de tal manera que la Administración demandada ha de garantizar el derecho fundamental de acceso al proceso del demandante y de toda persona en análoga situación, a fin de evitar situaciones de indefensión. Lo anterior supondría una vulneración de las letras a), b) y e) del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo a la nulidad de pleno Derecho de los actos administrativos. Subsidiariamente, postula la anulabilidad de la actuación administrativa.

Señala, asimismo, que dentro de las facultades de los órganos de gobierno se encuentran las establecidas en el artículo 152 Ley Orgánica del Poder Judicial, relativo a la aprobación de las normas de reparto.

Solicita la estimación del recurso contencioso-administrativo y que se declare la nulidad de la actuación impugnada o, en su defecto, su anulabilidad.

TERCERO.- La contestación a la demanda del Abogado del Estado.

La Abogacía del Estado mantiene que el recurso debe ser desestimado.

Considera que es correcto el criterio observado por la actuación impugnada al concurrir la causa de inadmisión del recurso administrativo contemplada en el artículo 116.c) de la Ley 39/2015, puesto que no nos encontraríamos en presencia de un acto de gobierno de los órganos jurisdiccionales, sino ante un acto puramente jurisdiccional.

CUARTO.- El juicio de la Sala. La desestimación del recurso contencioso-administrativo.

Para la decisión del presente recurso, resulta preciso determinar si el rechazo del escrito de interposición, por el sistema LexNET, de un recurso dirigido a esta Sala de lo Contencioso-Administrativo, constituye un acto de gobierno de un órgano judicial o, por el contrario, se trata de un acto de naturaleza jurisdiccional, en cuyo caso, resultaría pertinente y ajustada a Derecho la inadmisión del recurso de alzada acordaba por el Consejo General del Poder Judicial conforme al artículo 116.c) de la Ley 39/2015.

Pues bien, el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, disciplina la materia que ahora nos ocupa, y tiene por objeto desarrollar la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, en lo relativo a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como a la presentación electrónica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos y al traslado de copias, en el ámbito de la competencia del Ministerio de Justicia y sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.

Esta diposición claramente señala (artículo 3.1) que

"Las presentaciones y las comunicaciones y notificaciones realizadas por canales electrónicos deberán ajustarse a las normas procesales".

El rechazo de un determinado escrito por el que se pretende una personación en un "recurso de casación por interés de ley" -figura procesal, por otro lado, inexistente en la legislación vigente-, por haberse apreciado que no cumple los requisitos exigidos para la presentación de escritos procesales, constituye el desenvolvimiento de una potestad claramente jurisdiccional. Frente a él cabe reaccionar en ese ámbito jurisdiccional, pero no ante el Consejo General del Poder Judicial que carece de competencias para revisar o fiscalizarlo.

Téngase en cuenta, además, que la autoridad competente en materia de registro de documentos son los/as Letrados de la Administración de Justicia pues a ellos corresponde, en su condición de directores de las Oficinas de Registro y reparto, la responsabilidad del buen funcionamiento del registro de recepción de documentos ( artículo 454.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

En consecuencia, la decisión gubernativa que acuerda inadmitir el recurso de alzada interpuesto ex artículo 116.c) de la Ley 39/2015, resulta plenamente conforme a Derecho.

En definitiva, se impone la íntegra desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto.

El presente pronunciamiento coincide, por otro lado, con el adoptado en el recurso contencioso-administrativo n.º 1237/2023, interpuesto por el mismo recurrente por nuestra sentencia n.º 1207/2025.

QUINTO.- Costas.

Conforme a lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 4 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por todos los conceptos la de 2.000 euros. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta. Este pronunciamiento se hace en los términos del artículo 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Fallo