Sentencia Contencioso-Administrativo 382/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Sexta, Rec. 330/2025 de 25 de marzo del 2026

PRIMERO.-El presente recurso contencioso-administrativo es interpuesto por la representación procesal de don Alfonso contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 8 de octubre de 2025.

Los antecedentes del asunto, por lo que ahora específicamente importa, son como sigue. Como consecuencia de condena penal firme, el señor Alfonso fue separado de la Carrera Judicial mediante acuerdos del Pleno del CGPJ de 20 y 23 de febrero de 2012. El 13 de julio de 2021, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió dictamen en el que apreció que la condena al señor Alfonso fue "arbitraria e imprevisible", lo que supone una vulneración de los arts. 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La consecuencia, según el referido dictamen, es que sobre el Estado pesa la obligación de proporcionar un "recurso efectivo" al afectado y darle una "satisfacción integral".

Tras otras iniciativas que ahora carecen de relevancia, el señor Alfonso presentó solicitud al CGPJ con fecha 17 de junio de 2025, a fin de que se tramitase procedimiento de revisión de oficio de los arriba citados acuerdos de 20 y 23 de febrero de 2012, por entender que están afectados de nulidad de pleno derecho sobrevenida como consecuencia del también citado dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta solicitud fue inadmitida por acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 22 de julio de 2025, que la consideró manifiestamente carente de fundamento. Contra ella, el señor Alfonso interpuso recurso de alzada.

El 8 de septiembre de 2025, y a la vista de la inadmisión de la anterior solicitud, el señor Alfonso presentó una segunda solicitud al CGPJ, esta vez fundándola en el derecho fundamental de petición reconocido por el art. 29 de la Constitución. Lo pedido fue que el CGPJ, por propia iniciativa, declare la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de 20 y 23 de febrero de 2012.

En sesión celebrada el 8 de octubre de 2025, el Pleno del CGPJ resolvió tanto el recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión Permanente de 22 de julio de 2025, como la solicitud presentada el 8 de septiembre de 2025 con base en el derecho fundamental de petición. El recurso de alzada fue desestimado y ello no es objeto de este recurso contencioso-administrativo. En cuanto a la solicitud de 8 de septiembre de 2025, fue inadmitida por una doble razón: primera, que sobre lo pedido -la iniciación de los trámites conducentes a la declaración de nulidad de pleno derecho de los acuerdos de 20 y 23 de febrero de 2012- existía ya un procedimiento administrativo en curso, es decir, aquel en que se presentó el recurso de alzada; y segunda, que el derecho fundamental de petición no puede utilizarse para todo aquello para cuya obtención el ordenamiento predispone otros procedimientos.

Disconforme con ello, el señor Alfonso interpuso recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales.

SEGUNDO.-El escrito de demanda alega de manera insistente que el acto administrativo impugnado es incoherente. A su modo de ver, no puede decirse que la solicitud basada en el derecho fundamental de petición es inadmisible porque sobre el mismo objeto existe un procedimiento administrativo pendiente cuando, en la misma sesión del órgano decisor, se rechaza definitivamente iniciar ese mismo procedimiento administrativo.

Dicho esto, el escrito de demanda reprocha al acto administrativo impugnado vulneración del derecho a la buena administración, invocando como infringidos los arts. 9, 24 y 103 de la Constitución, así como el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sostiene que no ha obtenido una resolución fundada en derecho de su solicitud formulada con base en el derecho fundamental de petición; y en esta misma línea, con cita del art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, denuncia que la motivación del acto administrativo impugnado es arbitraria.

Alega asimismo infracción del art. 29 de la Constitución, así como de los arts. 3 y 8 de la Ley Orgánica 4/2001 que lo desarrolla, porque no se ha dado curso a lo que pidió. Y afirma, por último, que el acto administrativo impugnado contraviene los arts. 14 y 24 de la Constitución, por no haber permitido que se dé cumplimiento a lo requerido por el arriba citado dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

TERCERO.-En su escrito de contestación a la demanda, el Abogado del Estado señala que el derecho fundamental de petición no tiene como finalidad obtener una respuesta favorable a lo que se pide, sino dirigirse a los poderes públicos en relación con asuntos para los que no existe ningún procedimiento específico. A este respecto añade que la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos sí dispone de un procedimiento específico, como es el usualmente llamado de revisión de oficio. De aquí infiere el Abogado del Estado que la inadmisión de la solicitud de 8 de septiembre de 2025 es ajustada a derecho, puesto que el recurrente ya había instado con anterioridad la declaración de nulidad de pleno derecho por la vía idónea para ello.

Por lo demás, considera que la alegación de incoherencia en la motivación del acto impugnado está injustificada, precisamente porque la vía de la revisión de oficio de los actos administrativos había sido instada con anterioridad por el ahora recurrente.

CUARTO.-El Ministerio Fiscal, que ha sido oído por tratarse del procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, hace sustancialmente dos observaciones. Una es que el derecho a la buena administración invocado por el recurrente no implica necesariamente la obtención de una resolución sobre el fondo del asunto, dando así a entender que tal derecho queda satisfecho si la inadmisión de la solicitud tiene fundamento legal y así se motiva. La otra observación, en sentido parecido al seguido por el Abogado del Estado, es que el derecho fundamental de petición tiene -en palabras del propio Ministerio Fiscal- carácter "subsidiario", en el sentido de que solo puede ser utilizado cuando no hay ninguna otra vía en el ordenamiento para pedir algo. Por todo ello, concluye interesando la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

QUINTO.-Abordando ya el tema litigioso, es preciso subrayar de manera preliminar que este recurso contencioso-administrativo versa exclusivamente sobre la inadmisión por el Pleno del CGPJ de la segunda solicitud presentada por el ahora recurrente y formulada con base en el derecho fundamental de petición del art. 29 de la Constitución, tendente a que se declare la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de 20 y 23 de febrero de 2012 por los que fue separado de la Carrera Judicial. En otras palabras, este recurso contencioso-administrativo no tiene por objeto dilucidar si la primera solicitud y su inadmisión por manifiesta carencia de fundamento es o no es ajustada a derecho.

Ello significa que esta Sala no debe pronunciarse ahora sobre si debería o no debería incoarse y tramitarse un procedimiento de revisión de oficio de los mencionados acuerdos de 20 y 23 de febrero de 2012, ni menos aún sobre cuál debería ser el efecto en el ordenamiento español de las conclusiones del arriba referido dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En suma, como atinadamente recuerda el Ministerio Fiscal, en esta sede se trata solo de examinar si el CGPJ puede inadmitir una solicitud formulada al amparo del derecho fundamental de petición, por existir ya un procedimiento administrativo sobre el mismo objeto.

SEXTO.-Centrada así la cuestión, no es ocioso recordar que en el procedimiento especial para la tutela de los derechos fundamentales no cabe alegar cualesquiera infracciones de la legalidad, sino únicamente la violación de alguno de los derechos fundamentales a que se refiere el apartado segundo del art. 53 de la Constitución. Y es dudoso, cuanto menos, que algunas de las normas invocadas por el recurrente tengan ese carácter. Sin embargo, no es necesario examinar este extremo para dar respuesta a lo que se plantea en este recurso contencioso-administrativo. Sí conviene, en todo caso, destacar que en ningún momento se ha violado el derecho fundamental del recurrente a la tutela judicial efectiva, como lo demuestra que se ha tramitado este recurso contencioso-administrativo por él iniciado, en que ha podido alegar y probar cuanto ha considerado oportuno para la defensa de su pretensión.

Dicho esto, el acto administrativo impugnado, al igual que el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, tienen razón cuando insisten en que el derecho fundamental de petición -consagrado en el art. 29 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001- no es cauce para hacer solicitudes que pueden y deben canalizarse por específicos procedimientos administrativos. Se trata, más bien, de una garantía de que los ciudadanos pueden dirigirse, sin temor a represalias, a los poderes públicos a fin de hacerles llegar sus aspiraciones y sus agravios. En ese sentido, tiene cierto carácter subsidiario, como dice el Ministerio Fiscal; y, desde luego, no puede ser utilizado para replicar lo instado mediante un procedimiento administrativo, ni para eludir el fracaso en este último. A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la de esta misma Sala es clara y constante. Valga, por tantas otras sentencias, la cita que el Ministerio Fiscal hace de la STC 242/1993:

«[...] "La petición en que consiste el derecho en cuestión tiene un mucho de instrumento para la participación ciudadana, aun cuando lo sea por vía de sugerencia, y algo del ejercicio de la libertad de expresión como posibilidad de opinar. Concepto residual, pero no residuo histórico, cúmple una función reconocida constitucionalmente, para individualizar la cual quizá sea más expresiva una delimitación negativa. En tal aspecto excluye cualquier pretensión con fundamento en la alegación de un derecho subjetivo o un interés legítimo especialmente protegido, incluso mediante la acción popular en el proceso penal o la acción pública en el contencioso-contable o en el ámbito del urbanismo. La petición en el sentido estricto que aquí interesa no es una reclamación en la vía administrativa, ni una demanda o un recurso en la judicial, como tampoco una denuncia, en la acepción de la palabra ofrecida por la Ley de Enjuiciamiento criminal o las reguladoras de la potestad sancionadora de la Administración en sus diversos sectores. La petición, en suma, vista ahora desde su anverso, puede incorporar una sugerencia o una información, una iniciativa, "expresando súplicas o quejas", pero en cualquier caso ha de referirse a decisiones discrecionales o graciables ( STC 161/1988), sirviendo a veces para poner en marcha ciertas actuaciones institucionales, como la del Defensor del Pueblo o el recurso de inconstitucionalidad de las Leyes ( arts. 54 y 161. 1 a ) C.E.), sin cauce propio jurisdiccional o administrativo, por no incorporar una exigencia vinculante para el destinatario." [...]».

Así las cosas, el acto administrativo impugnado es perfectamente ajustado a derecho, ya que inadmitió una solicitud basada en el derecho fundamental de petición cuando ese no es el camino idóneo para obtener lo buscado.

Una vez llegados a esta conclusión, la incoherencia que el recurrente reprocha al acto administrativo impugnado es más aparente que real: aunque es verdad que el recurso de alzada contra la inadmisión de la solicitud de revisión de oficio de los acuerdos de 20 y 23 de febrero de 2012 fue resuelto en la misma sesión del Pleno del CGPJ en que se inadmitió la solicitud basada en el derecho fundamental de petición, el dato crucial es que el recurrente ya había instado con anterioridad la declaración de nulidad de pleno derecho de tales acuerdos. De aquí que el acto administrativo impugnado tenga razón cuando indica que la vía ahora utilizada no es la jurídicamente procedente.

SÉPTIMO.-De conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las costas a la parte cuyas pretensiones sean íntegramente desestimadas, quedando en el presente caso fijadas en un máximo de 2.000 € por todos los conceptos.