Sentencia Contencioso-Administrativo 892/2025 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Sexta, Rec. 82/2024 de 30 de junio del 2025

PRIMERO.- El objeto del recurso contencioso-administrativo.

La representación procesal de doña Serafina ha interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de 20 de diciembre de 2023 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se inadmite el recurso de alzada n.º 252/2023 dirigido contra el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria, de 16 de junio de 2023, por el que se decretó el archivo de la diligencia informativa n.º 45/2023, instruida en virtud de queja contra el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Jumilla.

La actuación gubernativa consideró que el citado recurso de alzada resultaba extemporáneo dado que, notificado a la recurrente el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria el día 21 de julio de 2023, el recurso de alzada no se interpuso hasta el día 12 de septiembre de 2023 y, por lo tanto, fuera del plazo de un mes previsto en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello en relación con los artículos 30.4 y 29 del mismo texto legal.

SEGUNDO.- La demanda de doña Serafina.

En su demanda, la recurrente parte de los datos temporales que han sido tomados en consideración por la actuación gubernativa y que se configuran como hechos ciertos: el 21 de julio de 2023 se le notificó el acuerdo del Promotor de la Acción Disciplinaria de 16 de junio anterior y el 12 de septiembre de 2023 interpuso el recurso de alzada contra el citado acto administrativo.

Considera, como fundamentación única, que concurre un "manifiesto error" en la resolución, por no haberse tenido en cuenta que por imperativo del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "Serán inhábiles los días del mes de agosto (...)".

Solicita la estimación del recurso contencioso-administrativo y que se anule y deje sin efecto la resolución impugnada.

TERCERO.- La contestación a la demanda del Abogado del Estado.

La Abogacía del Estado mantiene que el recurso debe ser desestimado.

Considera que es correcto el criterio adoptado por la actuación impugnada y pone de manifiesto que la "inhabilidad" del mes de agosto ha de predicarse únicamente para las actuaciones judiciales, en tanto que los procedimientos que se sustancian ante el Consejo General del Poder Judicial son procedimientos administrativos, a los que no les resulta de aplicación tal regla procesal.

CUARTO.- El juicio de la Sala. La desestimación del recurso contencioso-administrativo.

No habiéndose suscitado controversia entre las partes en relación con el marco temporal que nos ocupa (notificación del acto administrativo el día 21 de julio de 2023 e interposición del recurso de alzada frente al mismo el día 12 de septiembre de 2023), la cuestión que nos corresponde resolver se limita a indagar acerca de la naturaleza de los procedimientos que se tramitan por parte del Consejo General del Poder Judicial y, en concreto, si cabe aplicar a los mismos la regla contenida en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prevé, dentro del título correspondiente al tiempo de las actuaciones judiciales, que serán inhábiles los días del mes de agosto.

Sobre la naturaleza administrativa -y no jurisdiccional- de los procedimientos que se sustancian ante el Consejo General del Poder Judicial ya nos hemos pronunciado ampliamente [por todas, sentencias de esta Sala y Sección de 31 de enero de 2018 (recurso n.º 5048/2016) y de 10 de octubre de 2022 (recurso n.º 169/2021)].

El artículo 642.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone:

«En todo cuanto no se hallare previsto en esta Ley Orgánica y en los Reglamentos del Consejo General del Poder Judicial, se observarán, en materia de procedimiento, recursos y forma de los actos del Consejo General del Poder Judicial, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que, en ningún caso, sea necesaria la intervención del Consejo de Estado».

Con idéntico alcance, el artículo 157 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, señala:

«Las actuaciones del Consejo General del Poder Judicial, en el ejercicio de sus competencias, se ajustarán a lo dispuesto en cada caso por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, y el presente Reglamento. En defecto de normas específicas, se observarán en materia de procedimiento, recursos y forma de los actos las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo».

De lo anterior se deduce la plena aplicabilidad del plazo de un mes para la interposición del recurso de alzada, previsto en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ("El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos"); todo ello en relación con los artículos 30 (relativo al cómputo de los plazos si el plazo se fija en meses o en años) y 29 (sobre la obligatoriedad de términos y plazos) del mismo texto legal.

De igual modo, hemos de descartar la aplicabilidad para el caso que nos ocupa del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, precepto únicamente previsto para las actuaciones judiciales, carácter del que como ya hemos dicho, no participan los procedimientos que se sustancian por el Consejo General del Poder Judicial; y que prevé la inhabilidad de los días del mes de agosto para las actuaciones desarrolladas en el seno de los procesos judiciales. Inhabilidad, por lo tanto, que únicamente se despliega a efectos jurisdiccionales sin que pueda hacerse extensiva a los procedimientos administrativos.

En definitiva, se impone como conclusión la íntegra desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto.

QUINTO.- Costas.

Conforme a lo establecido por el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso. A tal efecto, la Sala, haciendo uso de la facultad reconocida en el apartado 4 de ese precepto legal, señala como cifra máxima a que asciende la imposición de costas por todos los conceptos la de 1.000 euros. Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta.

Fallo