Sentencia Contencioso-Administrativo 168/2026 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1079/2023 de 17 de febrero del 2026

PRIMERO.La sociedad recurrente impugna la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (procedimiento ordinario 871/2020) que se desestimó el recurso interpuesto de dicha sociedad contra la Orden de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, sin fecha, por la que se acordó la resolución del contrato suscrito con dicha sociedad por haber incurrido en demora respecto al cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras.

SEGUNDO.La cuestión controvertida se centra en determinar el plazo de caducidad aplicable a un procedimiento de resolución de una relación contractual cuando la Comunidad Autónoma que lo tramita no tiene establecida por norma de rango legal una duración máxima para este tipo de procedimientos.

Tal y como ya dijimos en la STS nº 138/2024, de 29 de enero de 2024 (rec. 1028/2021) el procedimiento de resolución contractual se considera un procedimiento autónomo e independiente respecto del desarrollo contractual y está sujeto a un plazo de caducidad propio.

No debe confundirse la regulación sustantiva del contrato mismo y sus causas de extinción con la normativa aplicable al procedimiento. Y dada la autonomía de este procedimiento de resolución, la normativa aplicable a dicho procedimiento, y consecuentemente la que sirve para establecer el plazo de caducidad de este, es la prevista en el momento en que se inició este.

En el caso que nos ocupa, no existe controversia sobre que el expediente de resolución contractual se inició por Orden de 8 de enero de 2020 y en ese momento estaba vigente la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público cuyo artículo 212.8 disponía que «Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses».

El Auto de admisión plantea la duda en torno al plazo de caducidad aplicable, con el fin de aclarar si resulta de aplicación el plazo de ocho meses previsto en el artículo 212.8 de la Ley de contratos del Sector Publico para la tramitación de este tipo de procedimientos, o el plazo de tres meses que subsidiariamente establece el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Pero la presente controversia se ha visto afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional 68/2021, de 18 de marzo en la que se consideró que la previsión contenida en el art. 212.8 de la Ley estatal de contratos del Sector público «[...] se trata de una norma de naturaleza auxiliar y procedimental que no puede ser considerada básica. La regulación relativa a la duración de la tramitación de los expedientes de resolución contractual podría ser sustituida por otra elaborada por las comunidades autónomas con competencia para ello, sin merma de la eficacia de los principios básicos en materia de contratación pública ( STC 141/1993, FJ 5).

Por tanto, procede declarar contrario al orden constitucional de competencias al art. 212.8 LCSP. No se precisa pronunciar su nulidad, dado que la consecuencia de aquella declaración es solamente la de que no será aplicable a los contratos suscritos por las administraciones de las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las entidades vinculadas a unas y otras [ SSTC 50/1999, FFJJ 7 y 8, y 55/2018, FFJJ 7 b) y c)]».

En definitiva, el plazo máximo de duración del procedimiento previsto en el art. 212.8 de la Ley de Contratos del Sector público no resulta de aplicación a los contratos celebrados por las Comunidades Autónomas, y al no existir en la Comunidad de Madrid norma específica que establezca la duración máxima de estos procedimientos, hay que acudir supletoriamente al plazo de tres meses previsto en el art. 21.2 y 3 de la Ley 39/2015, en cuya virtud:

«2. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses».

Esta misma solución ya se alcanzó en la STS nº 138/2024, de 29 de enero de 2024 (rec. 1028/2021).

En el caso que nos ocupa, el procedimiento destinado a resolver el contrato desde la fecha de su incoación hasta la fecha en que se notificó la resolución del mismo tuvo una duración superior a los tres meses, incluso descontando los periodos en los que el procedimiento estuvo legalmente suspendido, por lo que procede declarar su caducidad.

Es por ello que procede estimar el recurso de casación, anular la sentencia de instancia y la Orden de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid por la que se acordó la resolución del contrato suscrito con dicha sociedad.

TERCERO.Doctrina jurisprudencial que se establece en respuesta a las cuestiones planteadas en el auto de admisión del recurso de casación.

En respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, debe señalarse que el plazo máximo de duración del procedimiento de resolución de un contrato celebrado por una Comunidad Autónoma que no tenga fijado en la ley un plazo especifico de duración, será el de tres meses, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 39/2015.

El plazo de ocho meses establecido en el art. 212.8 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre no resulta de aplicación a los contratos suscritos por las administraciones de las comunidades autónomas, según dispuso la STC 68/2021, de 18 de marzo.

CUARTO.Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el art 93.4 LJ cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad sin que se aprecien razones de temeridad o mala fe en el presente litigio que justifiquen la imposición de las costas a ninguna de las partes intervinientes.

Por lo que respecta las costas de instancia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJ procede imponer las costas a la administración demandada cuyas pretensiones han sido totalmente desestimadas, con un límite de 4.000 € por todos los conceptos.