Sentencia Contencioso-Administrativo 937/2024 Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 6839/2022 de 29 de mayo del 2024

PRIMERO.- Resolución recurrida en casación.

El objeto del presente recurso de casación lo constituye la sentencia dictada el 2 de junio de 2022 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, que desestimó el recurso núm. 681/2021, promovido contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, de 31 de marzo de 2021 desestimatoria de la reclamación económico- administrativa núm. NUM000 interpuesta contra el acuerdo del Servicio de Hacienda de la Delegación Territorial de Valladolid de la Junta de Castilla y León de 27 de abril de 2020. Dicho acuerdo, por su parte, había desestimado el recurso de reposición contra la resolución del mismo servicio, de 9 de enero de 2020, igualmente desestimatoria, de la solicitud de devolución de ingresos indebidos en materia de impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados ["ITPAJD"], modalidad transmisiones patrimoniales onerosas.

SEGUNDO.- Hechos relevantes.

1º.- Compraventa de inmuebles y autoliquidación del ITPO

La mercantil Habitare Río Quintas, S.L, (en lo sucesivo Habitare) interesada en la adquisición de diversos bienes inmuebles titularidad de dos menores de edad, remitió el 24 de marzo de 2014 oferta de compra a los representantes legales de los mismos.

Tras obtener, el 19 de enero de 2015, la correspondiente autorización judicial, con fecha 8 de julio de 2015 se formalizó contrato privado de compraventa por el que se adquirieron treinta y cuatro fincas por 723.500 euros, si bien alterando algunas de las condiciones inicialmente previstas y autorizadas judicialmente.

El día 4 de mayo de 2016 se formalizó la escritura notarial de compraventa de los bienes y el siguiente día 5 de mayo se presentó ante el Registro de la Propiedad nº 5 de Valladolid, el cual emitió calificación negativa de la inscripción interesada por la apreciación de diversos defectos.

Como consecuencia de la anterior operación de compraventa, el 27 de mayo de 2016, Habitare presentó, ante la Administración tributaria de la Junta de Castilla y León, autoliquidación del ITPAJD, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, del que resultó una cuota a ingresar de 57.880,00 euros.

2º.- Requerimientos recíprocos de resolución del contrato

Tras la calificación registral negativa, se solicitó una prórroga de un año para subsanar los defectos apreciados, ante el juzgado que había autorizado la venta por parte de los menores de edad, que fue concedida en providencia de 1 de septiembre de 2016.

El 16 de agosto de 2017, y una vez transcurrido el año de prórroga, Habitare dirigió a los vendedores un burofax resolviendo el contrato e imputándoles el incumplimiento del contrato. El siguiente día, los vendedores contestaron al burofax mostrando su conformidad con la resolución del contrato, pero discrepando en cuanto a la responsabilidad del incumplimiento y a quién debía hacer frente a los respectivos gastos.

El 29 de enero de 2018, los vendedores requirieron notarialmente a Habitare para que compareciera ante notario para otorgar escritura de resolución de compraventa en los términos ya expuestos en la contestación anterior. La sociedad respondió mostrando su conformidad con la resolución, pero condicionándola a la devolución de determinadas cantidades.

El 17 de mayo de 2018, la mercantil compradora requirió, por su parte, a los vendedores para otorgar escritura de resolución en los términos que ya había expuesto, que no fue atendida por estos últimos.

3º.- Demanda de resolución contractual

El 25 de enero de 2019, Habitare presentó demanda sobre resolución de contrato de compraventa, con indemnización de daños y perjuicios y devolución de cantidades entregadas a cuenta, que fue sustanciada ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Valladolid en el procedimiento ordinario núm. 120/2019. La sentencia del juzgado, fechada el 18 de julio de 2019, señala, en lo que a este recurso interesa, lo siguiente:

"PRIMERO.- [...] Como quiera que ambas partes están conformes en esa resolución contractual, y sus respectivas comunicaciones y requerimientos recíprocos lo confirman, no existe real controversia en la resolución del contrato, poniendo fin a su existencia.

La divergencia surge respecto a la responsabilidad de esa resolución, esto es, si puede hablarse de un incumplimiento de los vendedores en los términos indicados en la demanda, y si el alcance de dicho incumplimiento debe ser el importe reclamado. [...]

Partiendo de todo lo expuesto, no cabe hablar de resolución contractual imputable a los vendedores, sino de mutua voluntad de poner fin al contrato. Ello, habiendo manifestado ambas partes su conformidad a la resolución, determina, acorde a los arts. 1255 y concordantes del C. Civil, así como a la doctrina jurisprudencial del mutuo disenso (ver entre otras STS de 4/11/2016) acoger dicho pronunciamiento, pero no la condena de los demandados a abonar daños y perjuicios a la actora. [...]

FALLO

Estimando en parte la demanda interpuesta por HABITARE RÍO QUINTAS, S.L. [...] declaro la resolución del contrato suscrito por ambas partes el 4 de mayo de 2016 y condeno a la parte demandada a pagar a la actora la cantidad de cincuenta y dos mil setecientos veinticuatro euros con cincuenta y nueve céntimos (52.724,59), más los intereses legales desde la presentación de la demanda. [...]"

4º.- Solicitud de devolución del impuesto y recurso de reposición

Con base en la anterior sentencia, la mercantil presentó, con fecha 11 de octubre de 2019, escrito de solicitud de devolución del ITPAJD, al amparo del artículo 57.1 del TRITPAJD. La solicitud fue desestimada por resolución del Servicio Territorial de Hacienda de la Junta de Castilla y León de 9 de enero de 2020 en la que, en esencia, se rechaza la devolución instada por no tener la sentencia carácter firme al haber sido recurrida en apelación respecto de la cantidad a devolver por los demandados, y por considerar que la resolución del contrato fue de mutuo acuerdo aunque se decretarse por el juez, resultando aplicable, por tanto, la regla del artículo 57.5 del TRITPAJD en lugar de la del artículo 57.1.

Contra la anterior resolución se formuló recurso de reposición que fue igualmente desestimado por resolución de 27 de abril de 2020.

5º.- Reclamación económico-administrativa

La mercantil interpuso reclamación económico-administrativa contra la desestimación del recurso de reposición, que se tramitó bajo el núm. NUM000 ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León y que fue finalmente desestimado por resolución de 31 de marzo de 2021.

6º.- Recurso contencioso-administrativo

Disconforme con la anterior resolución, la sociedad presentó recurso contencioso-administrativo núm. 681/2021 que fue sustanciado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

TERCERO.- La sentencia de instancia.

Con fecha 2 de junio de 2022 se dictó sentencia en virtud de la cual se desestimó el recurso contencioso-administrativo con base en los siguientes razonamientos (FJ 3º): "Sostiene la parte actora que tiene derecho a la devolución del ingreso efectuado por el impuesto de que se trata, por importe de 20.258 €, en virtud de 7 pagos parciales de 2.894 € cada uno, al concurrir el supuesto previsto en el art. 57.1 TRLITP por haberse resuelto el contrato de compraventa antes mencionado por la citada sentencia de 18 de julio de 2019 del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Valladolid, que es firme.

El recurso ha de ser desestimado por las razones que se exponen a continuación.

Debe destacarse que en el P.O. nº 120/2019, en el que se dictó la mencionada sentencia de 18 de julio de 2019, era parte demandante la misma entidad mercantil que lo es en este recurso, y en esa sentencia se pone de manifiesto, entre los hechos declarados probados, que: "El 29/01/2018 D. Abilio, en nombre de los vendedores requirió notarialmente a la compradora para que el 6 de febrero de 2018 compareciera ante Notario a otorgar escritura de resolución de compraventa. La compradora contestó mostrando su conformidad con la resolución, pero condicionándola a la devolución de 157.986 € y otras cantidades".

Y en el primero de los fundamentos de derecho de dicha sentencia se señala: "En la demanda se interesa la resolución con fecha 16 de agosto de 2017, del contrato suscrito entre las partes el 4 de agosto de 2016. Y se basa dicha resolución en el incumplimiento de la parte vendedora, lo que a virtud del art. 1124 del C. Civil , lleva a la actora a reclamar, como consecuencia de dicho incumplimiento el abono de la cantidad de 124.860,63 € más los intereses legales, por los conceptos de cantidades entregadas como parte del precio e indemnización de daños y perjuicios.

Como quiera que ambas partes están conformes en esa resolución contractual, y sus respectivas comunicaciones y requerimientos recíprocos lo confirman, no existe real controversia en la resolución del contrato, poniendo fin a su existencia.

La divergencia surge respecto a las responsabilidades de esa resolución, esto es, si puede hablarse de un incumplimiento de los vendedores en los términos indicados en la demanda, y si el alcance de dicho incumplimiento debe ser el importe reclamado.

No estamos, por tanto, en presencia del supuesto previsto en el art. 57.1 TRLIPT como se alega por la parte actora, sino en el supuesto contemplado en el art 57.5 de ese Texto Refundido como se indica por las partes demandadas, puesto que de lo señalado en dicha sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Valladolid puede concluirse que el contrato de compraventa de que se trata ha quedado sin efecto "por mutuo acuerdo", pues ambas partes "están conformes en la resolución contractual" como se señala en esa sentencia, en la que se resuelven las consecuencias de esa resolución contractual.

El hecho de que el citado art. 57.5 TRLITP haga referencia a que se estimen como "mutuo acuerdo" el allanamiento de la demanda y la avenencia en acto de conciliación no comporta que éstos sean los únicos supuestos de intervención judicial que excluyan la devolución del impuesto satisfecho, pues tampoco procede la devolución, aunque haya un pronunciamiento judicial, cuando la causa subyacente de la resolución contractual sea voluntaria, como aquí sucede. En este sentido se pronuncian las sentencias de las Salas de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 23 de mayo de 2016, dictada en el P.O. nº 297/2015, y de Baleares de 12 de diciembre de 2012, dictada en el P.O. nº 573/2011. Se señala, así, en esta última sentencia: "... ha de tenerse en cuenta también que la conclusión de que en el caso no existe derecho a la devolución no resulta alterada por el inciso final del artículo 57.5 del Real Decreto Legislativo 1/1993 , ya que ese precepto, en primer lugar, excluye del derecho a la devolución todo caso de mutuo acuerdo y, en segundo término, especifica que la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento constituyen -no solo sino también- supuestos de mutuo acuerdo excluidos de la devolución del impuesto".

La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.

CUARTO.- Tramitación del recurso de casación

1.- Preparación. La representación procesal de Habitare, presentó escrito el 19 de julio de 2022 preparando recurso de casación contra la sentencia dictada.

Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica como infringidos, el artículo 57, apartados 1 y 5, del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BOE de 20 de octubre) ["TRLITPyAJD"] y el artículo 95 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BOE de 22 de junio) ["RLITPyAJD"].

La Sala de instancia tuvo por preparado el recurso de casación en auto de 6 de septiembre de 2022.

2.- Admisión. La sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación por medio de auto de 19 de abril de 2023, en el que aprecia la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales términos:

[...] Determinar si cabe considerar la existencia de mutuo acuerdo a los efectos del artículo 57.5 del TRITPAJD o, por el contrario, debe aplicarse el supuesto del artículo 57.1 del TRITPAJD, en aquellos supuestos en los que se ha declarado judicialmente la resolución de un contrato sin apreciar el incumplimiento contractual de las partes, cuando ambas partes estaban conformes en dejar sin efecto dicho contrato, pero se imputaban recíprocamente, como causa de la pretendida resolución, el incumplimiento de las respectivas obligaciones del contrato y discrepaban, por tanto, de las responsabilidades derivadas de la resolución contractual.

3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación:

3.1. El artículo 57, apartados 1 y 5, del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

3.2. El artículo 95, apartados 1 y 5, del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

3.- Interposición. La procuradora doña Sonia Rivas Farpón, en representación de Habitare interpuso recurso de casación mediante escrito de 14 de junio de 2023.

Concluye el escrito de interposición delimitando el objeto de su pretensión casacional en la estimación del presente recurso, toda vez que: "No puede considerarse mutuo acuerdo cuando hay una resolución de contrato declarada judicialmente, habiéndose planteado judicialmente por una parte una demanda contenciosa de resolución de contrato de compraventa por incumplimiento de la otra parte, y en consecuencia a la misma la otra parte pide la resolución, pero reprochando el incumplimiento a la demandante, y por ello unas consecuencias diferentes sobre la responsabilidad derivada de la resolución".

4.- Oposición al recurso interpuesto. El abogado del Estado, en la representación que ostenta de la Administración General del Estado, emplazada como parte recurrida en este recurso de casación, presentó escrito, el 26 de julio de 2023, oponiéndose al presente recurso, en el cual, frente a las pretensiones del recurrente, tras la debida argumentación, concluye que la respuesta ha de ser: "la desestimación del recurso. En cuanto a la cuestión con interés casacional que suscita el ATS de admisión, se considera que no cabe fijar doctrina de alcance general en este supuesto, al ser el debate casuístico por definición. No en vano, se trata de dilucidar en cada caso, si el contrato ha quedado sin efecto por mutuo acuerdo de las partes o no. En el supuesto específico que nos ocupa, no parece posible desconocer la existencia de una sentencia firme que así lo declaró".

En cuanto al letrado de la Comunidad autónoma de Castilla y León, presentó escrito de oposición el 31 de julio de 2023 en el que propone como respuesta a la cuestión de interés casacional, que: "SÍ cabe considerar la existencia de mutuo acuerdo a los efectos del artículo 57.5 del TRITPAJD en aquellos supuestos en los que se ha declarado judicialmente la resolución de un contrato sin apreciar el incumplimiento contractual de las partes, cuando ambas partes estaban conformes en dejar sin efecto dicho contrato, pero se imputaban recíprocamente, como causa de la pretendida resolución, el incumplimiento de las respectivas obligaciones del contrato y discrepaban, por tanto, de las responsabilidades derivadas de la resolución contractual".

5.- Votación, fallo y deliberación del recurso. De conformidad con el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción, y considerando innecesaria la celebración de vista pública atendiendo a la índole del asunto, mediante providencia de fecha 5 de septiembre de 2023, quedó el recurso concluso y pendiente de señalamiento para votación y fallo.

Por providencia de fecha 18 de diciembre de 2023 se designó como magistrado ponente al Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara y se señaló para votación y fallo de este recurso el día 20 de febrero de 2024, fecha en que comenzó la deliberación del recurso.