Sentencia Contencioso-Administrativo 4949/2022 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 364/2020 de 01 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por D. Pedro Antonio en fechas 11 de diciembre de 2018 y 21 de marzo de 2019 frente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, acumuladas en el mismo expediente núm. NUM000, consta en el expediente remitido a la Sala resolución expresa desestimatoria de estas reclamaciones de fecha 22 de julio de 2020 dictada por la Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, resolución conocida por la parte actora cuando formaliza la demanda y cuya conformidad a derecho constituye el objeto de este procedimiento.

SEGUNDO.- La parte recurrente cuestiona la legalidad de la resolución impugnada alegando, muy en síntesis, como hechos en que basa su reclamación, los siguientes: dada su experiencia y formación en extinción de incendios forestales, venía presentando solicitudes de participación para la designación de Técnicos de Extinción en las campañas del Plan INFOCA 2015, 2016, 2017 y 2018, siendo excluido en 2015, 2016 y 2017 por no pertenecer al Servicio de Gestión del Medio Natural o de los Espacios Naturales Protegidos y por nula formación en materia de incendios forestales; en 2018 resultó excluido por otro nuevo requisito pues acreditó tres campañas en otros puestos operativos en los últimos 10años, en lugar de cuatro.

Las exclusiones fueron recurridas ante los Juzgados de lo contencioso-administrativo:

- en relación con la campaña de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. cinco de Granada dictó en el P.A. 41/2016 sentencia desestimatoria que fue revocada por la Sala en sentencia de 18 de mayo de 2017, que anuló el acto recurrido, siendo inadmitido el recurso de casación por el Tribunal Supremo;

- en relación con la campaña de 2016 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada dictó sentencia de 17 de junio de 2017 en el P.A. 14/2017 estimatoria del recurso y confirmada por la Sala en sentencia de 29 de junio de 2018. Las sentencias no solo se pronuncian en relación a la falta de publicidad de la convocatoria, sino además manifiestan que dicho puesto de trabajo debe cubrirse conforme al art.78 EBEP y no en virtud del art. 73.2 del mismo cuerpo legal;

- respecto de la campaña de 2017, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada estimó parcialmente la demanda en P.A. 240/2018, reafirmando lo ya expuesto por las sentencias anteriores pero desestimando su reclamación económica por la campaña que no pudo realizar; esta sentencia fue confirmada por la Sala en recurso de apelación 3292/2019.

Relacionando las plazas existentes en el momento de formular las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que, conforme a los referidos pronunciamientos judiciales, deben ser cubiertas conforme al artículo 78 EBEP, argumenta que el demandante cumpliría con los requisitos de todos los puestos descritos en las ocho provincias andaluzas, incluido el de Director del COR o Director del COP de cualquier provincia, por lo que no tendría ningún impedimento para en un futuro concurso de traslados o procedimiento de libre designación solicitar cualquiera de dichas plazas en cualquier provincia; y en cuanto al requisito de formación de las tres asesorías técnicas de extinción y prevención de los incendios forestales en la provincia de Granada, la Dirección Provincial de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía, a través del Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación del Puesto de trabajo informa que se crean mediante Decreto 235/2007 sin incluir en el requisito de formación memoria descriptiva que precise el contenido exacto de la formación requerida, por lo que entiende que puede ser cumplida mediante la acreditación de cursos de formación relacionados expresamente con la prevención y extinción de incendios, añadiendo que en el anterior proceso de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de méritos en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía, se determinó que el número mínimo de horas de formación exigible era de 40 horas, a la vez que se determinó otras formas de acreditar el cumplimiento del requisito de formación específica, mediante la experiencia profesional y mediante titulación académica. Argumenta igualmente que de las 49 plazas existentes en la RPT relativa al personal de extinción en sus distintos niveles, solo se encontraban ocupadas 25 y de éstas 18 son de libre designación; de la falta de ocupación de estos puestos de trabajo, la Dirección General de Gestión del Medio Natural y de los Espacios Naturales Protegidos acude a los procedimientos alternativos de distribución de funciones a través de una circular sin publicidad, en lugar de convocarla provisión de estos puestos de conformidad con lo prevenido en el art. 78 EBEP.

De todo ello, afirma, resulta que ha existido un funcionamiento anormal de la Administración, pues los procedimientos para las campañas de 2015 y 2016 se realizaron arbitrariamente y sin ningún tipo de garantías, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en concreto para la de 2015 el personal seleccionado no presentó solicitudes de participación, pues solo la presentó el hoy demandante, que resultó excluido, no se realizaron baremaciones, no existió período de alegaciones, se impidió el visionado del expediente, no se pudo obtener copia y no se publicó la resolución de nombramiento. En la campaña de 2017 se presentaron en la provincia de Granada 6 solicitudes siendo seleccionadas 5, no se realizó proceso de selección alguno, excluyéndose la solicitud del actor por no pertenecer al Servicio de Gestión del Medio Natural y no tener formación en la extinción de incendios, no se notificó la resolución ni se publicó el nombramiento de los técnicos seleccionados. Y nuevamente en la campaña de 2018 se le volvió a excluir, por criterios distintos, como ya expuso, pero en virtud del procedimiento establecido en el art. 73.2 EBEP y no conforme al artículo 78 del mismo, a pesar de los pronunciamientos judiciales ya recaídos al respecto. Por vez primera en el año 2019 se realizó la selección conforme a la RPT y el actor fue seleccionado.

En base a ello solicita una compensación económica por las campañas del plan INFOCA 2015, 2016, 2017 y 2018, al haber sido excluido de forma deliberada por la Administración, debiendo ser retribuido en la misma cantidad con la que ha sido retribuido el personal finalmente seleccionado para esas campañas en la provincia de Granada, que cuantifica en 40.312,20 euros, más los intereses de demora.

TERCERO.- La defensa en autos de la Administración demandada se ha opuesto a las pretensiones deducidas de contrario, negando la concurrencia de los presupuestos exigidos para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial, en especial el nexo causal entre la acción u omisión que se imputa a la Administración y el daño, no acreditado ni determinado, que dice el demandante haber padecido, añadiendo en conclusiones que el que no se le conceda plazas en el dispositivo INFOCA a pesar de su capacitación, no determina que ello suponga un mal jurídico que no deba soportar y por tanto que exista obligación de la Administración de indemnizar el daño que alega.

CUARTO.- Dispone el artículo 32.1 de la Ley 40/2015,

"1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización"

Es doctrina jurisprudencial consolidada que la responsabilidad directa y objetiva de la Administración, iniciada en nuestro Ordenamiento positivo por los artículos 405 y 414 de la Ley de Régimen Local de 1956, y consagrada en toda su amplitud en los artículos 40 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones del Estado y 121, 122 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, ha culminado, como pieza fundamental de todo Estado de Derecho, en el artículo 106.2 de la Constitución española de 1978, al establecer que los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Así, pues, la copiosa jurisprudencia sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina de la que pueden significarse como pilares fundamentales los siguientes:

a) La Legislación ha estatuido una cobertura patrimonial de toda clase de daños que los administrados hayan sufrido en sus bienes a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, fórmula que abarca la total actividad administrativa.

b) Servicio público viene a ser sinónimo de actividad administrativa y para su calificación hay que atender, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suelen presentarse, al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración.

c) De ahí que siempre que se produzca un daño en el patrimonio de un particular sin que éste venga obligado a soportarlo en virtud de disposición legal o vínculo jurídico, hay que entender que se origina la obligación de resarcir por parte de la Administración, si se cumplen los requisitos exigibles para ello, ya que al operar el daño o el perjuicio como meros hechos jurídicos, es totalmente irrelevante para la imputación de los mismos a la Administración que ésta haya obrado en el estricto ejercicio de una potestad administrativa, o en forma de mera actividad material, o en omisión de una obligación legal.

Basada la acción de responsabilidad patrimonial en la anulación de una actuación administrativa por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, como expone el precepto transcrito -antes artículo 124.4 Ley 30/1992- esta anulación, per se, no presupone derecho a la indemnización (art. 142.4 ). A este respecto, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 10 de Octubre de 2.003 establece que: "La mera anulación de una resolución administrativa, tanto en vía administrativa como en sede judicial, no comporta per se la responsabilidad patrimonial de la Administración, pues según hemos declarado, entre otras, en nuestras sentencias de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, seis de octubre de dos mil uno, dieciocho de octubre de dos mil dos y dieciocho de febrero de dos mil tres, ésta se origina, siempre y cuando los requisitos establecidos en el artículo 139.2 de la mencionada Ley 30/1992, es decir, daño efectivo, individualizado, evaluable económicamente, nexo causal entre el actuar de la Administración, resultado dañoso y lesión antijurídica en el sentido de ausencia de deber jurídico del administrado de soportar el resultado lesivo, ya que no cabe interpretar el mencionado artículo 139 con tesis maximalistas de uno y otro sentido, como si se dijera que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco se puede afirmar que siempre se producirá tal responsabilidad, dado el carácter objetivo de la misma."

Así lo reitera en sentencia de 5 de febrero de 2008 (rec. 315/06 ), que añade:

"Por lo tanto no se presupone el derecho a la indemnización por la sola anulación del acto, sino que es preciso que concurran los requisitos exigidos con carácter general, requisitos cuya concurrencia, como señala la sentencia de 12 de julio de 2001 "si se quiere, ha de ser examinada con mayor rigor en los supuestos de anulación de actos o resoluciones que en los de mero funcionamiento de los servicios públicos, en cuanto que estos en su normal actuar participan directamente en la creación de riesgo de producción de resultado lesivo; quizás por ello el legislador efectúa una específica mención a los supuestos de anulación de actos o resoluciones administrativas tratando así de establecer una diferencia entre los supuestos de daño derivado del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y aquellos otros en los que el daño evaluable e individualizado derive de la anulación de un acto administrativo, sin alterar por ello un ápice el carácter objetivo de dicha responsabilidad en uno y otro supuesto siempre que exista nexo causal entre el actuar de la Administración y el resultado dañoso producido, no concurriendo en el particular el deber jurídico de soportar el daño ya que en este caso desaparecería el carácter antijurídico de la lesión.

Y es en relación con la antijuridicidad del daño en tales casos que se ha incidido de manera especial en la jurisprudencia, entre otras, en sentencias de 5-2-96 , 4- 11-97 , 10-3-98 , 29-10-98 , 16-9-99 y 13-1-00 , que en definitiva condiciona la exclusión de la antijuridicidad del daño, por existencia de un deber jurídico de soportarlo, a que la actuación de la Administración se mantenga en unos márgenes de apreciación no sólo razonables sino razonados.

Siempre teniendo en cuenta que la antijuridicidad del daño no se anuda a la conformidad o no a Derecho de la actuación administrativa sino a que el resultado de la misma produzca en el administrado un perjuicio que este no tenga el deber de soportar, ya que según indica la sentencia de 21 de abril de 2005 ( RJ 2005, 4314 ) (rec.222/2001 ), por referencia a la línea jurisprudencial iniciada con la de 20 de febrero de 1989, en relación con los supuestos de anulación de actos, "si bien la mera anulación de resoluciones administrativas no presupone sin más el derecho a la indemnización, sí puede ser supuesto de tal indemnización en aquellos casos en que la anulación produjo unos perjuicios individualizados y evaluables económicamente que el ciudadano no viene obligado a soportar, no siendo, por tanto, el aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la Administración el que debe exigirse para sostener el derecho a la indemnización, sino el objetivo de la ilegalidad del perjuicio, en el sentido de que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportarlo, ya que en tal caso desaparecería la antijuridicidad de la lesión.

De lo hasta aquí dicho ha de concluirse el carácter objetivo de la responsabilidad de la Administración como consecuencia de la anulación de resoluciones administrativas, tanto en vía jurisdiccional como en vía administrativa, siempre y cuando concurran los requisitos para ello, requisitos cuya concurrencia, si se quiere, ha de ser examinada con mayor rigor en los supuestos de anulación de actos o resoluciones que en los de mero funcionamiento de los servicios públicos, en cuanto que éstos, en su normal actuar, participan directamente en la creación de riesgo de producción de resultado lesivo. Quizás por esta razón el legislador efectúa una específica mención a los supuestos de anulación de actos o resoluciones administrativas, tratando así de establecer una diferencia entre los supuestos de daño derivado del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y aquellos otros en los que el daño evaluable e individualizado derive de la anulación de un acto administrativo, sin alterar por ello un ápice el carácter objetivo de dicha responsabilidad en uno y otro supuesto, siempre que exista nexo causal entre el actuar de la Administración y el resultado dañoso producido, y no concurra en el particular el deber jurídico de soportar el daño ya que en este caso desaparecería el carácter antijurídico de la lesión.

En principio parece claro que los aspectos de daño evaluable e individualizado y nexo causal entre el actuar de la Administración y el resultado producido no ofrecen mayores peculiaridades en unos y otros supuestos, ya que la realidad del daño es un hecho objetivo, invariable en ambos supuestos, y la determinación de concurrencia de relación de causalidad responde a un proceso de razonamiento lógico-jurídico sujeto en ambos casos a los mismos criterios valorativos.

En consecuencia, el matiz diferencial, de existir, hemos de encontrarlo a la hora de efectuar el análisis valorativo en la concurrencia del tercero de los requisitos, la antijuridicidad de la lesión, o lo que es lo mismo la ausencia de deber jurídico del ciudadano de soportar el daño producido, lo que nos permite abandonar el debate sobre la conducta de la Administración y trasladarlo al resultado, la antijuridicidad de la lesión, atendiendo a las peculiaridades del caso concreto y sin introducir, por tanto, el requisito de culpa o negligencia en la actuación jurídica de la Administración.

El deber jurídico de soportar el daño, en principio, parece que únicamente podría derivarse de la concurrencia de un título que determine o imponga jurídicamente el perjuicio contemplado; tal sería la existencia de un contrato previo, el cumplimiento de una obligación legal o reglamentaria siempre que de ésta se derivasen cargas generales, o la ejecución administrativa o judicial de una resolución firme de tal naturaleza. Esto que desde la perspectiva del funcionamiento de los servicios públicos aparece relativamente claro en su interpretación, se complica a la hora de trasladarlo a los supuestos de anulación de resoluciones administrativas.

En los supuestos de ejercicio de potestades discrecionales por la Administración, el legislador ha querido que ésta actúe libremente dentro de unos márgenes de apreciación con la sola exigencia de que se respeten los aspectos reglados que puedan existir, de tal manera que el actuar de la Administración no se convierta en una conducta arbitraria rechazada por el artículo 9.3 de la Constitución . En estos supuestos parece que no existiría duda de que siempre que el actuar de la Administración se mantuviese en unos márgenes de apreciación no sólo razonados sino razonables, debería entenderse que no podría hablarse de existencia de lesión antijurídica, dado que el particular vendría obligado por la norma que otorga tales potestades discrecionales, a soportar las consecuencias derivadas de su ejercicio, siempre que éste se llevase a cabo en los términos antedichos. Estaríamos pues ante un supuesto en el que existiría una obligación de soportar el posible resultado lesivo.

El tema, sin embargo, no se agota en los supuestos de ejercicio de potestades discrecionales dentro de los parámetros que exige el artículo 9.3 de la Constitución , sino que ha de extenderse a aquellos supuestos, asimilables a éstos, en que en la aplicación por la Administración de la norma jurídica en caso concreto no haya de atender sólo a datos objetivos determinantes de la preexistencia o no del derecho en la esfera del administrado, sino que la norma, antes de ser aplicada, ha de integrarse mediante la apreciación,necesariamente subjetivada, por parte de la Administración llamada a aplicarla, de conceptos indeterminados determinantes del sentido de la resolución. En tales supuestos es necesario reconocer un determinado margen de apreciación a la Administración que, en tanto en cuanto se ejercite dentro de márgenes razonados y razonables conforme a los criterios orientadores de la jurisprudencia y con absoluto respeto a los aspectos reglados que pudieran concurrir, haría desaparecer el carácter antijurídico de la lesión y por tanto faltaría uno de los requisitos exigidos con carácter general para que pueda operar el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Ello es así porque el derecho de los particulares a que la Administración resuelva sobre sus pretensiones, en los supuestos en que para ello haya de valorar conceptos indeterminados, o la norma legal o reglamentaria remita a criterios valorativos para cuya determinación exista un cierto margen de apreciación, aun cuando tal apreciación haya de efectuarse dentro de los márgenes que han quedado expuestos, conlleva el deber del administrado de soportar las consecuencias de esa valoración siempre que se efectúe en la forma anteriormente descrita. Lo contrario podría incluso generar graves perjuicios al interés general al demorar el actuar de la Administración ante la permanente duda sobre la legalidad de sus resoluciones."

QUINTO.- En el supuesto que nos ocupa, el examen de la documental que compone el expediente administrativo permite a la Sala constatar que durante las campañas del Plan Infoca 2015, 2016 , 2017 y 2018, el hoy demandante presentó solicitud para su designación, pero fue excluido. Impugnados en los tres primeros casos los nombramientos efectuados para cubrir los puestos de Técnicos de Extinción de Incendios, las sentencias dictadas anulan los nombramientos por no haber seguido la Administración el procedimiento correcto de provisión del artículo 78 EBEP, acudiendo sin embargo al artículo 73.2 de dicho texto legal, y por tanto, además prescindiendo de la necesaria y debida publicidad de la convocatoria.

Así, la Sentencia de 18 de mayo de 2017 dictada por la Sección Tercera de esta Sala en el recurso de apelación 19/2017, expone en sus fundamentos de derecho cuarto y quinto:

" CUARTO.- Llegados a este punto conviene destacar que en el artículo 15 de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 19 de mayo de 1999, sobre las funciones y responsabilidades del personal de la Administración que participa en el Plan INFOCA y sobre la operatividad de dicho Plan, se dice que "Los restantes puestos recogidos en el artículo 2 de la presente Orden serán cubiertos por personal perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente (..)", mención hecha a "puestos" que por sí ya permitiría decidir la cuestión que nos ocupa acerca de la aplicabilidad de uno u otro de los dos referidos preceptos del EBEP , y, decantarnos por entender que más bien nos encontramos ante el caso de cobertura de puestos de trabajo por parte de los Técnicos de Extinción, lo que supone que será el artículo 78 el que habría de regir y no el 73.2 previsto para el supuesto de una mera asignación de tareas o funciones. Y, es más, que no debe ser acogida la consideración de que nos hallamos ante ese supuesto, concretamente el de simple asignación de funciones añadidas consistentes en "participar en el operativo de prevención y lucha contra los incendios forestales.", es una conclusión que igualmente se impone toda vez que la circunstancia no controvertida ahora de que la "adscripción temporal reporta unos sustanciosos emolumentos" impide el correcto encaje del caso en el mencionado apartado 2 del artículo 73, de cuyo texto se infiere que tal posibilidad ni se contempla, pudiéndose afirmar así que la situación de que tratamos es ajena a este precepto.

QUINTO.- Por lo que se acaba de exponer y, por cuanto que el precitado artículo 78, (a diferencia del 73.2), igualmente exige la publicidad en la provisión de puestos de trabajo, ha de prosperar la apelación con la consecuente revocación de la Sentencia de instancia y estimación del recurso contencioso administrativo de referencia en lo que a su pretensión de nulidad se refiere, única mantenida en esta segunda instancia.

Así, que tal publicidad no ha tenido lugar es un hecho que se debe tener por cierto. Basta la lectura del Informe de 26 de marzo de 2016 para comprobar que la mal llamada publicidad se produce realmente "entre los técnicos que reúnen los requisitos dentro de los servicios mencionados en la Circular", con lo que, obviamente, no se ha de reputar cumplido el requisito de que tratamos habida cuenta de que la finalidad que se persigue con esa exigencia de divulgación es hacer posible que la participación se inste por cuantos pretendan ser seleccionados y, en definitiva, se dé debida observancia a los principios de igualdad, mérito y capacidad que se han de respetar en todo procedimiento de concurrencia competitiva, efecto divulgativo que en modo alguno se ha podido producir en el presente supuesto pues, incluso, la misma precisión hecha en la Sentencia apelada al decir que "no esté de más dotar a dicha convocatoria interna de cierta publicidad, al menos en el Tablón de Anuncios de la Propia Delegación" viene a mostrar que la convocatoria de que tratamos no ha sido objeto ni de la más mínima publicidad.

Faltando la publicidad de la Convocatoria y habida cuenta de lo que resulta, a sensu contrario, del artículo 64.1 de la ya derogada pero entonces vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , ("La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero."), no es preciso examinar ahora otras cuestiones que quedarían ya referidas a una actuación no independiente desaparecida, sin perjuicio, eso sí, de la posibilidad de impugnación de convocatorias posteriores en cuanto a los extremos se tenga por conveniente.

Así se reitera en las sentencias posteriores dictadas en los procesos judiciales en que el actor impugnó los nombramientos efectuados en las posteriores campañas de 2016 y 2017 en que se procedió conforme al artículo 73.2 en lugar de haber procedido conforme al artículo 78 EBEP. Las sentencias no dejan margen para la duda excluyendo la razonabilidad de la aplicación del artículo 73.2 EBEP, afirmando que "la situación de que tratamos es ajena a este precepto", por lo que la antijuricidad resulta justificada del propio tenor de la sentencia al describir la infracción del ordenamiento jurídico en que incurre la actuación administrativa anulada.

Consta que la selección de técnicos de extinción de incendios para el Plan Infoca del año 2019 sí se ajustó a los criterios establecidos en las sentencias referenciadas, y se procedió a la provisión de los puestos de acuerdo con el artículo 78 TRLEBEP.

La resolución impugnada incorpora el texto de los informes del Centro Operativo Provincial de Extinción de Incendios de 15 de abril y 25 de julio de 2019; en el primero de ellos se recoge: "(...) En cualquier caso, para la Campaña 2019, conforme a las directrices de los Servicios Centrales de esta Consejería, y al contenido de la mencionada Orden, se ha realizado una convocatoria de tres plazas de RPT (art. 30 TREBEP) en la que, por una parte, se han producido solicitudes de nuevos candidatos que nunca antes habían participado como técnicos en el Plan INFOCA y, por otra, algunos funcionarios que habían participado en anteriores campañas, adscritos como técnicos en prácticas o técnicos de extinción a nivel provincial o técnicos de refuerzo para el Espacio Natural de Sierra Nevada, no han solicitado las plazas convocadas por motivos particulares. Se trata de un nuevo procedimiento, en el que participan una pluralidad de funcionarios de los Grupos A1 y A2, a nivel de toda la Junta de Andalucía, en el que, habiendo más candidatos que solicitudes, el interesado tampoco ha sido seleccionado en esta provincia".

Lo que expone el interesado es que fue seleccionado para otra provincia, en concreto, la de Jaén. Pero en cualquier caso, lo relevante es que su solicitud no fue excluida como en las campañas anteriores.

Por lo tanto, aun cuando anuladas las convocatorias anteriores por no haber seguido la Administración el procedimiento correcto para la provisión de los puestos y anulados en consecuencia los nombramientos efectuados, ello no quiere decir que en dichos casos el nombramiento hubiera recaído en el hoy demandante, que ciertamente presentó solicitud para participar en ellos, pues se desconoce el resultado si se hubiera producido una convocatoria pública de concurso para la cobertura de aquellos, en función de las personas interesadas que se hubieran entonces podido presentar. Pero lo que sí se ha producido es una pérdida de oportunidad para el actor, pues sistemáticamente su solicitud de participación fue excluida, sin posibilidad de baremación de méritos, en los procedimientos anteriores que indebidamente no se adaptaron a lo previsto en el artículo 78 EBEP. De tal forma que, visto que sí podría haberse presentado en la convocatoria, y ser admitida su solicitud, conforme ha ocurrido una vez seguido el procedimiento correcto, dicha admisión le habría permitido que sus méritos hubieran podido ser baremados, aun cuando, se insiste, no se pueda afirmar que hubiera sido seleccionado, pues ello habría exigido la participación de todos los posibles interesados en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

La exclusión del hoy demandante en base a la aplicación de un procedimiento para el nombramiento de técnicos de extinción de incendios para los Planes Infoca de los años referenciados que no era el legalmente procedente, lo que determinó la declaración judicial de ilegalidad y de anulación del mismo, le ha causado una lesión o daño individualizado, antijurídico, pues no tenía la obligación legal de soportarlo, evaluable económicamente pero no en los términos propuestos por el interesado que se basa en las cantidades dejadas de percibir partiendo del presupuesto de su efectivo nombramiento, lo que, como hemos dicho, no es posible asegurar, sino en términos de pérdida de oportunidad. De ahí que no exista contradicción con lo resuelto por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada que, en los autos de PA 240/2018, estimó parcialmente el recurso del interesado en la campaña de 2017 pues rechazó la procedencia de idemnización, pretensión basada en el hecho de no haber sido designado para el puesto, fundamento distinto al que ahora se acoge.

Para valorar el daño indemnizable por la "pérdida de oportunidad" se ha de tener en cuenta el daño moral derivado de aquélla. Así, en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, la Sentencia de 1 de marzo de 2010 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana razona, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "...En estos casos, el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera; en la pérdida de oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable. Desde estas premisas, y a la hora de efectuar la valoración del daño indemnizable, la jurisprudencia ( SSTS 20/octubre/1987, 15/abril/1988 o 5/abril 0 y 1/diciembre/1989) ha optado por efectuar una valoración global que, a tenor de la STS 3/enero/1990, derive de una apreciación racional aunque no matemática, pues, como refiere la STS de 27/noviembre/1993, se carece de parámetros o módulos objetivos, debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso, incluyendo en ocasiones en dicha suma total el conjunto de perjuicios de toda índole causados, aun reconociendo, como hace la STS 23/febrero/1988, las dificultades que comporta la conversión de circunstancias complejas y subjetivas en una suma dineraria. La STS de 19/julio/1997 habla de la existencia de un innegable "componente subjetivo en la determinación de los daños morales".

Procede en consecuencia, exclusivamente, la indemnización de un daño moral que se deriva de la evidente pérdida de oportunidades que, efectivamente, las resoluciones anuladas comportaron profesionalmente para el recurrente, estimando la Sala adecuada la suma reclamada en tal concepto en la demanda por importe de 8.000 euros, con los intereses legales devengados desde la fecha de reclamación en vía administrativa. El recurso por lo tanto debe ser parcialmente estimado.

SEPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no imponemos costas procesales.

En atención a lo expuesto y en nombre de S.M. EL REY