Sentencia Contencioso-Administrativo 1525/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 447/2024 de 17 de mayo del 2024

PRIMERO.-El auto apelado desestima la autorización de entrada en domicilio, DIRECCION000, DIRECCION001, solicitada para la ejecución de la actuación administrativa de reposición de la legalidad urbanística alterada con base a que sin perjuicio de la apariencia de legalidad y ejecutividad del acto que se pretende ejecutar constituido por la resolución que acordaba la demolición de la vivienda, no obstante la autorización es denegada por ser relevante el hecho de que la propietaria y habitante de la vivienda en cuestión ha acreditado convivir con su pareja y la hija de ella menor de edad, constituyendo domicilio familiar de la propietaria y su familia. Se invoca la doctrina sentada por el Tribunal Supremo entre otras, en su sentencia número 237/2011 de 22 de febrero, al señalar que debe modular el juez las circunstancias tanto materiales como temporales en que se debe desplegar eficacia la autorización de entrada en domicilio y antes de emitir dicha autorización debe velar porque se reduzcan al mínimo las consecuencias negativas que ineludiblemente se derivarán de la irrupción domiciliaria, debiendo comprobar antes de la autorización que la administración ha previsto la adopción de las medidas precautorias adecuadas y suficientes para que el desalojo cause el menor impacto posible. En virtud de ello y dado que la administración no ha aportado ninguna solución que pueda ponderarse en la adopción de un desalojo que necesariamente causaría un impacto considerable a la hija menor, habitante de la vivienda, se deniega la autorización solicitada. Se invoca, tambien en apoyo de los argumentos, la sentencia al Tribunal Supremo 484/2023 de 17 de abril recaída en el recurso de casación número 7002/2021.

SEGUNDO.-En el recurso de apelación se pone de manifiesto, sucintamente expuesto, lo que sigue:

Vulneración del artículo 91.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el art. 8.6 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ellos en relación con el art. 102 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y artículo 154 de la LISTA. Se argumenta que concurren todos los requisitos para la obtención de la autorización solicitada, que la vivienda a ejecutar no constituye domicilio habitual de la unidad familiar, y que no es apta para la habitabilidad al estar en estado de construcción.

TERCERO.- El Letrado de la Sra. Yasmin se opone al recurso de apelación alegando, en síntesis: Que la vivienda objeto de demolición constituye el domicilio habitual de la interesada y su familia, y que la vivienda se encontraba terminada cuando se inició el expediente de restablecimiento, tiene contratado suministro eléctrico, y suministro de agua. Finalmente se invoca la ilegalidad y la falta de ejecutividad del acto administrativo.

CUARTO.-El primer motivo en que se basa el recurso de apelación es la vulneración del artículo 91.2 de la LOPJ, 8.6 de la LJCA, 102 de la Ley 39/15, y 134 de la LISTA. Expone la Letrada de la Junta de Andalucía que por la Administración se solicita auto para entrada en domicilio, para la ejecución de la Resolución de 18/10/2021 que ordena la demolición de las obras ejecutadas en la parcela GI-12 por ser contrarias a la legalidad. Ello se basa en que, habiendo quedado constatado en el expediente, como se hizo constar en el escrito de solicitud de autorización judicial de entrada en domicilio, la falta de cumplimiento voluntario de la obligación de reposición de la realidad física alterada, procedía la ejecución subsidiaria por la Administración Andaluza, a su costa, de conformidad con lo establecido en el art. 102 de la citada Ley 39/2015, LPACAP. El auto parte de que la actuación a ejecutar cumple con los requisitos que para su ejecución prevén la Constitución y las Leyes, toda vez que en el mismo se dispone que, sin perjuicio de la apariencia de legalidad y ejecutividad del acto administrativo que se pretende ejecutar constituido por la Resolución que acordaba la demolición de la vivienda. Expone que el control de legalidad que corresponde a los Juzgados y Tribunales abarca la comprobación de que no existen infracciones evidentes en el acto administrativo, y la proporcionalidad e idoneidad de la medida. En este supuesto concurren todos los requisitos, y el ocupante ha conocido del acto que se pretende ejecutar, ha dispuesto de tiempo suficiente para cumplirlo, y ha sido previamente requerido para su cumplimiento voluntario. La resolución se deniega tras señalarse que se cumple con todas las medidas señaladas por entender que en la vivienda respecto de la que se solicita la autorización de entrada vive la propietaria junto con su hija menor de edad, constituyendo el domicilio familiar.

El Letrado de la Sra. Yasmin, se opone al motivo de apelación y opone que no es cierto como ser afirma de contrario que el auto parte de que la actuación cumple con todos los requisitos que para su ejecución prevén la Constitución y las Leyes, pues el mismo se limita a señalar que "sin perjuicio de la apariencia de legalidad y ejecutivad del acto administrativo", no llega a pronunciarse sobre el resto de los motivos de oposición formulados en su escrito en relación a la ilegalidad y a la falta de ejecutividad del acto administrativo, por lo que en el caso de que no se considere acreditado que la vivienda en cuestión constituye el domicilio habitual de la interesada y su familia y que no procede denegar por este motivo, habrá de pronunciarse sobre los motivos de fondo formulados en el escrito, bien por la Sala, en virtud del principio de ecomomía procesal, bien acordando devolver las actuaciones al Juzgado de procedencia, previa audiencia a los otros residentes en el domicilio familiar según el certificado de empadronamiento.

Tras la promulgación de la Constitución y el reconocimiento del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio -ex art. 18.2 de la CE- la Administración venía obligada a recabar la correspondiente autorización de los juzgados de instrucción. Sin embargo, la regulación contenida en los arts. 545 y 588 de la LECrim estaba prevista para un supuesto muy distinto, que no contemplaba las particularidades que presenta este tipo de entrada en domicilio, caracterizada tanto por el sujeto que la realiza, una Administración pública, como por el título habilitante, esto es, un acto administrativo cuya ejecución forzosa se pretende con la autorización de entrada.

Al objeto de atender a esta mayor especialidad, el art. 91.2 de la LOPJ, tras la reforma operada por la LO 6/1998, de 13 de julio, de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, estableció que " Corresponde también a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia".

Esta modificación también respondió a la necesidad de acomodar las competencias de los juzgados a la nueva regulación contenida en la LJCA y, en particular, en su actual art. 8.6, cuya redacción es prácticamente idéntica a la del citado art. 91.2 de la LOPJ.

Asimismo, es preciso tener en cuenta la regulación contenida, actualmente, en el artículo 100.3 de la Ley 30/2015, que dispone " Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial" .

La LJCA se limita a atribuir esta competencia a los juzgados, como hemos visto, sin establecer una regulación del procedimiento o de las características de la autorización, de manera que, para suplir esta omisión, ha sido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los tribunales del orden contencioso-administrativo la que progresivamente ha configurado sus principales contornos jurídicos y procesales.

Más concretamente, es preciso que la entrada se encuentre justificada por una previa decisión administrativa cuya ejecución haga necesaria dicha inmisión ( STC 22/1984), y que reúna los requisitos propios de un título ejecutivo ( STC 137/1985). Al ejercer esta atribución, otorgando o denegando la autorización de entrada, el juzgado no asume el control de la legalidad de la actuación administrativa, sino que su función de garantía se agota al asegurar que la entrada domiciliaria es, efectivamente, necesaria para ejecutar un acto que, " prima facie", aparece fundado materialmente en un acto administrativo válido, y dictado por autoridad competente en ejercicio de facultades propias ( STC 144/1987).

QUINTO.-En el presente caso el auto recurrido parte de la ejecutividad del acto administrativo para cuya ejecución se solicita autorización de entrada, y de la apariencia de legalidad, no obstante se deniega la entrada por ser la vivienda objeto de reposición de la legalidad urbanística, domicilio familiar de la propietaria, su pareja y su hija menor de edad. La primera cuestión por tanto es determinar si concurren los requisitos para que proceda la autorización de entrada, y una vez examinada esta cuestion, si es causa de denegación de la misma el hecho de que la vivienda constituya domicilio familiar, en el que reside una menor.

De la documentación que se adjunta a la solicitud de autorización consta la resolución de 18 de octubre de 2021, recaída en el expediente de protección de la legalidad urbanística por actuaciones de construcción y edificación en suelo no urbanizable natural o rural en la DIRECCION000 del parcelario de Los Tablazos, finca registral nº NUM000 de Moraleza de Zafayona, que ordena la demolición de los actos de construcción consistentes en vivienda, piscina desmontable, y porche de madera y chamizo, en los términos de fundamento de derecho quinto de la resolución. Por la Inspectora Provincial se emite comunicación sobre la ejecución subsidiaria, en el que se recoge que la citada resolución fue notificada en 27 de octubre de 2021, y se le concede el plazo de dos meses para llevar a cabo lo dispuesto en la misma. En fecha de 31 de enero de 2022 se realiza visita por los Servicios Técnicos de la Delegación y se comprueba que no se ha llevado a cabo actuación alguna. En fecha de 17 de febrero de 2022 se remite oficio en el que se le comunica que no habiendo interpuesto recurso de alzada la resolución es ejecutiva y se le concede nuevo plazo de dos meses con apercibimiento de ejecución subsidiaria. En fecha de 18 de enero de 2023 se realiza visita en la que se comprueba que la parcela se encuentra en el mismo estado. Ante la falta de cumplimiento voluntario, se solicita a la interesada consentimiento para autorización de entrada para la ejecución de la resolución de demolición.

El Letrado de la Sra. Yasmin, presentó en las actuaciones judiciales, en trámite de audiencia, escrito en el que se oponía que debió dictarse acto administrativo acordando el inicio de la ejecución subsidiaria, y que la Administración ha optado por la ejecución subsidiaria tras la imposición de la primera multa coercitiva, cuando lo procedente era la imposición de multas coercitivas habiendo optado la Administración por el medio más gravoso. Se alega que en el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística y en el procedimiento de ejecución subsidiaria se ha incurrido en nulidad de pleno derecho conforme a lo establecido en el artículo 47.1.e), al haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. Así mismo se opone la falta de competencia de la Admininistración Autonómica para llevar a cabo la ejecución forzosa de la resolución, que asumió su competencia ex artículo 60 de la LBRL y que en todo caso debió ser oido el Ayuntamiento de DIRECCION001 como interesado dado que ha solicitado a la Junta de Andalucía la paralización de todos los procedimientos de ejecución forzosa iniciados en el DIRECCION000 al estar tramitándose un nuevo planeamiento para regularizar las edificaciones existentes, acompañando documental al efecto de acreditar esta circunstancia. El TSJA en diversos procedimientos seguidos contra resoluciones que ordenaban la reposición de la realidad alterada han acordado la suspensión del acto, por lo que sería de aplicación el principio de proporcionalidad.

Para la resolución del presente recurso de apelación se ha partir de que el procedimiento de autorización de entrada no tiene por objeto enjuiciar la legalidad de los actos administrativos, que además no consta que hayan sido recurridos en el presente caso. El Tribunal Constitucional ( STC 14.05.1992) ha interpretado la autorización judicial de entrada en domicilio para la ejecución de los actos administrativos, como un acto judicial en el que el Juez debe limitarse, en garantía del derecho a la inviolabilidad del domicilio, a controlar la necesidad de la entrada solicitada para la ejecución del acto de la Administración, que este se haya dictado por autoridad competente, que aparezca fundado en derecho, sea necesario para el fin que se persigue, y que no se produzcan más limitaciones que las estrictamente necesarias; no procediendo en este momento controlar la conformidad o no del acto que se trata de ejecutar con la legalidad, lo que ha de efectuarse en su caso a través de los recursos correspondientes, por lo que el examen se ha de limitar a si se han observado en vía de ejecución forzosa los requisitos formales y si la entrada en el domicilio es una medida adecuada y proporcionada para la efectividad de la resolución. Y aun recaída en relación con el artículo 87.2 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, pero extrapolable al actual artículo 8.6 de la LJCA, es aplicable la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1997, que se hace eco de diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y de la que se deduce que los Juzgados de lo Contencioso-administrativo ante los que se deduzca una solicitud de tal naturaleza han de ponderar las circunstancias evitando un automatismo formal en su actuación, pero también la revisión en tal momento de la legalidad intrínseca del acto administrativo de que se trate, que queda diferido al órgano competente a tales efectos, que será ante el que se inste la correspondiente fiscalización jurisdiccional. En consecuencia, el Juzgado que autoriza la entrada actúa tan solo como garante de la inviolabilidad del domicilio verificando la apariencia de legalidad y la necesidad de la medida limitativa que ante él se insta en orden a su ejecución -entre otras, STC 76/1992, de 14 de mayo-.

Así pues, no se trata con esta intervención judicial de controlar la legalidad del acto que se pretende ejecutar, pues la función del Juez en este caso es simplemente la de garante de la inviolabilidad del domicilio. De lo que se trata es de controlar que dicho acto se ha dictado por la autoridad competente en uso de sus facultades, y sin que se pueda considerarse una medida desproporcionada cuando su finalidad no podía ser conseguida por otros medios.

Pues bien, planteada la falta de competencia de la Administración Autonómica, el motivo ha de ser desestimado, toda vez que ésta tiene su base en el artículo 60 de la LBRL, con base al cual se dictó la resolución, cuya ejecución se pretende, y por tanto es a quien corresponde la competencia para la ejecución subsidiaria de la resolución por ella dictada.

En relación al hecho de que no se ha dictado acto de ejecución subsidiaria, en las actuaciones consta que la Administración ordena la demolición en resolución de 18 de octubre de 2021, le concede un plazo de dos meses con advertencia de que transcurrido el plazo se podrá proceder a la ejecución subsidiaria a costa del obligado. Así pues, no habiendo sido recurrida la resolución en alzada, y constatado que no se ha ejecutado voluntariamente, el Inspector Coordinador solicita la autorización de entrada para la ejecución de la resolución de demolición, en la cual se solicita el consentimiento de la interesada en un plazo de quince días y se señala la fecha de estimada de ejecución, lo que consta notificado a la interesada. De la documentación que obra en el procedimiento, resulta que la recurrente presenta escrito ante la Administración en la que manifiesta que se le ha notificado la imposición de sucesivas multas coercitivas así como la ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada, de lo que resulta que era conocedora de la misma.

De cuanto antecede resulta, que la interesada ha tenido conocimiento de la resolución cuya ejecución se pretende, que no ha sido recurrida en alzada, y no consta que se haya recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa, no habiéndose dictado medidas cautelares de suspensión del acto administrativo cuya ejecución se pretende, por lo que el acto es ejecutivo, tal y como se afirma en el auto recurrido. Por lo expuesto estamos un acto firme que acuerda una demolición y respecto del que no se ha procedido a su ejecución voluntaria, constando que previamente se ha solicitado el consentimiento, para llevar a cabo su ejecución subsidiaria.

SEXTO.-Ahora bien, la cuestión que se suscita, y es objeto del presente recurso de apelación, es si la vivienda objeto de demolición es domicilio familiar de la Sra. Yasmin y en su caso, si es oponible frente al cumplimiento de los preceptos anteriormente expuestos. Las sentencias del Tribunal Supremo invocadas en el auto de denegación de la autorización de entrada se refieren a supuestos sustancialmente distinto de los que constituyen el objeto del presente procedimiento. En la sentencia nº 237/2021 de 22 de febrero, el auto de admisión declara que la cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en reforzar, precisar o matizar la jurisprudencia existente en materia de aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos de autorización de entrada en un domicilio familiar, para proceder a su desalojo, en el que residan menores de edad, en relación con la afectación de los derechos e intereses de los menores de edad que la decisión judicial comporta; y, en particular, si tal ponderación ha de afectar al núcleo de la decisión del desalojo o sólo a los aspectos periféricos relativos a las condiciones concretas en que debe desarrollarse la actuación administrativa. Se refiere al supuesto del alcance de la ponderación que el juez, ineludiblemente, debe realizar en el momento de resolver sobre la solicitud de autorización de entrada en domicilio al objeto de materializar el desalojo forzoso de viviendas ocupadas ilegalmente. Supuesto al que igualmente se refiere la sentencia número 484/2023. En el caso objeto de autos la autorización se solicita para la reposición de la realidad física alterada.

No obstante, y sin perjuicio del juicio de proporcionalidad que ha de realizarse así como de la ponderación de los intereses en conflicto, de la prueba practicada no ha quedado acreditado que la vivienda objeto de la resolución de demolición constituya la vivienda habitual de la interesada, y su familia.

En el expediente administrativo, el domicilio de la interesada a efectos de notificaciones es el sito en DIRECCION002 de DIRECCION003, domicilio en el que se notifican los acuerdos del expediente administrativo, (consta la notificación de la solicitud de entrada, en fecha de 25 de agosto 2023 en DIRECCION003), y la cédula de notifación en el procedimiento seguido ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Granada, se envía a la DIRECCION002, siendo recepcionada por la Sra. Yasmin. En el apoderamiento por el que se otorga poder a la Procuradora, en el procedimiento de autorización de entrada en domicilio, se recoge que comparace la Sra. Yasmin con domicilio en DIRECCION003 DIRECCION002.

Se adjunta con el recurso de apelación, informe del Ispector Jefe del Grupo II de la Unidad del Cuerpo de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que se dispone que realizadas gestiones por policía de esta unidad se ha podido determinar que la Sra. Yasmin, tiene su domicilio habitual en DIRECCION002 de DIRECCION003, que así ha sido puesto de manifiesto por su propia hija, Amapola, que se encontraba en el domicilio el día de la visita, informando que tanto ella como su madre Yasmin y su hermano residen alli de forma habitual. También los propios vecinos residentes de ese lugar han confirmado que reside alli y en el buzón de correspondencia figura su nombre. Se recoge también en el informe que según las manifestaciones de los vecinos de la DIRECCION000, próximos a la DIRECCION000, informan que la interesada va a la parcela habitualmente los fines de semana acompañada de su pareja y los dos niños. Se aporta también información solicitada por la Administración Autonómica al Ayuntamiento de DIRECCION001 con fecha de entrada 24 de marzo de 2021 en el que se aporta certificación de empadronamiento en diversas parcelas de la DIRECCION000, en el que no consta la parcela en cuestión dada de alta en el padrón Municipal de habitantes. El acuerdo de inicio del expediente, según consta en la resolución de 18 de octubre de 2021 es de fecha 12 de marzo de 2021.

La interesada presenta, a efectos de acreditar que la vivienda en cuestión es el domicilio familiar, certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de DIRECCION003 de fecha 23 de enero de 2024, en el que consta de alta de D. Domingo, en el domicilio sito en DIRECCION002 de Atarfe desde el 18 de agosto de 2008; Contrato de suministros de electricidad y gas, de 15 de julio de 2021, en la localidad de DIRECCION001; factura con dirección de suministro en DIRECCION000 de octubre de 2023; Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de Moraleza de Zafayona, en Los tablazos en el que figura la Sra. Yasmin con fecha de alta de 25 de octubre de 2021, la hija, Dña. Amapola con fecha de alta en 13 de enero de 2022, y el Sr. Ian con fecha de alta el 25 de octubre de 2021.

Estos documentos son de fecha posterior al acuerdo de inicio del expediente. Así mismo consta en la resolución de octubre de 2021 que la Sra. Yasmin presentó escrito de alegaciones, que fue recibido en la Administración en 12 de abril de 2021 en el que no consta que se pusiera de manifiesto una situación de vulnerabilidad, ni que la vivienda constituyera domicilio habitual de la familia, ni que residiera una menor.

De cuanto antecede, no resulta acreditado que la vivienda en cuestión sea el domicilio habitual familiar, pues sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme al cual los datos que refleja constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo, ello no es óbice para que de la actividad probatoria practicada pueda ser desvirtuado. En el caso enjuiciado del informe de la Policía Nacional adscrita a la CCAA de 27 de noviembre de 2023, resulta que el domicilio de la interesada es el sito en DIRECCION002 de DIRECCION003, a tal efecto y pese a la impugnación que se realiza del documento por la parte apelada, ha de tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 77.5 de la Ley 39/15 que establece que los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario. En este caso en el informe se recoge las manifestaciones prestadas por la hija de la interesada, así como por los vecinos del inmueble sito en DIRECCION003 y en la DIRECCION000. Informe además que ha de ponerse en concordancia con el resto de la documetal y datos anteriormente expuestos. Así mismo es relevante que los documentos que se aportan a efectos de acreditar el domicilio habitual son posteriores a la incoación del expediente administrativo de restablecimiento de la legalidad urbanística.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Galicia, sección 2 del 28 de febrero de 2024 ( Recurso: 4001/2024) se pronuncia sobre una cuestión análoga y dice

"Aplicando la doctrina expuesta, no se puede considerar que con el auto se rebasen los límites del artículo 8 del CEDH , ofreciéndose las suficientes garantías de que la medida es proporcionada, aunque la parte apelante considere sobre la no necesidad de la demolición. No consta que haya otras viviendas en la misma situación, pero, de ser así, habría de procederse igual con relación a todas. Y no hay otra opción ante un acto firme que acuerda una demolición y respecto del que no se ha procedido a su ejecución. Tampoco existe otro remedio para proceder a la demolición una vez que niega su consentimiento para entrar. Ni se pone de manifiesto la existencia de una situación de desamparo que implique la necesidad de intervención por los servicios asistenciales de la Administración. Sin que pueda oponerse que es su domicilio cuando se trata de una argumentación tan solo propia de una solicitud de medida cautelar, que no consta solicitada. De forma que de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, los criterios referidos en la jurisprudencia citada, se respetan.

Con relación a la cita que hace el recurso de apelación de ciertos preceptos constitucionales, cabe decir:

" Artículo 15 de la CE de 1978 .

"Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra." No hay constancia de por qué considera que se pudiera estar vulnerando, ni consta que así sea.

Y con relación a la cita de la Sentencia número 391/2019, de 5 de julio de 2019, de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Galicia , trata de una cuestión diferente, en concreto de una medida cautelar contra una orden de demolición de una vivienda, concediéndose en caso de que sea el domicilio habitual. En este caso existe una orden de demolición firme y no hay medida cautelar acordada.

En todo caso, además, ha de compaginarse el respeto a los derechos a la inviolabilidad del domicilio e integridad física y psíquica de la persona, que no constan vulnerados; con la defensa de la legalidad urbanística."

Por lo expuesto, el recurso de apelación ha de ser estimado toda vez que estamos ante un acto ejecutivo, que no se encuentra suspendido, que no ha sido recurrido en alzada y no consta la voluntad de la recurrente para su ejecucion siendo la entrada en el domicilio el único medio para proceder a la ejecución del acto. Si la interesada entiende que la resolución que se trata de ejecutar no es conforme a derecho, debe impugnarla a través de un recurso contencioso administrativo, pero mientras dicho acto no sea suspendido o anulado, se presume válido y produce efectos de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 39/2015. Así mismo la medida es proporcional al ser el único medio posible para la ejecución del acto.

Respecto del trámite de audiencia al Ayuntamiento de DIRECCION001 y a las demás personas que se manifiesta que residen de forma habitual en el domicilio, se ha de manifiestar que al inicio del expediente la Administración recabó información del Ayuntamiento de Moraleza de Zafayona sobre alta en el padrón, entre otras, en la finca objeto de este procedimiento, constando que no se encontraba dada de alta en el padrón de habitantes. Así mismo en el procedimiento de autorización de entrada no procede dar audiencia al Ayutamiento, ni a terceros que no han sido parte en el expediente administrativo tramitado. En este caso además se ha dado audiencia del procedimiento de autorización de entrada a la persona frente a la que se dirige la resolución cuya ejecución se pretende, por lo que ninguna indefensión puede alegarse.

Por lo expuesto a la vista de la documentación remitida por la Administración actuante, de la que se deduce que no consta el consentimiento de la interesada, y que ha desatendido los requerimientos previos a tal efecto, y del juicio de proporcionalilidad se ha de concluir en la procedencia de la autorización solicitada, constituyendo además la entrada requisito necesario para la ejecución del acto, y teniendo además en cuenta que concurren razones de interés público.

SEXTO. -De conformidad con el artículo 139.2 de la LJCA, se impone a la parte apelada el abono de las costas procesales, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el art. 139.4 de la Ley Jurisdiccional, limita su importe, atendidas las circunstancias del caso, a la cantidad de 300 euros, únicamente en relación con los honorarios del letrado, por todos los conceptos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución española, la Sala dicta el siguiente