Sentencia Contencioso-Administrativo 213/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 1057/2021 de 31 de enero del 2024

PRIMERO.- Por resolución de fecha 19/10/2021 se desestima el Recurso de Reposición interpuesto por ACADEMIA INTEGRAL S.Len el expediente 29/2011/J/1224 R-1 de la Delegación Territorial de Málaga de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades que entendió improcedente la reclamación de intereses por las cantidades recibidas en la subvención

SEGUNDO.- Manifiesta la demandante que es un hecho no controvertido, que con fecha 16/12/2011, la demandada dictó resolución administrativa, por la que se declaraba a mi representada beneficiaria de una ayuda/subvención por importe de 232.440€, para el desarrollo de acciones de formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados para el año 2011. Los cursos concedidos a mi representada, tal y como figuran al folio 15 del expediente administrativo fueron 4 cursos, y eran los siguientes: Numero Curso Nombre del Curso 29-41 Sistemas Microinformáticos 29-46 Sistemas Microinformáticos 29-101 Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos 29-106 Montaje y Reparación de Sistemas Microinformático

En el punto Octavo de la resolución administrativa mencionada en el hecho anterior, folios 4 y 5 del expediente administrativo, se establecía que, y cito textual; "El abono de la subvención se ordenará en tres pagos, dos de ellos en concepto de anticipo y uno tercero, en su caso, cuando la entidad beneficiaria justifique al menos el 25% del importe total subvencionado. Las cuantías se especifican para cada entidad en el Anexo de condiciones particulares y la secuencia de los mismos se realizará del siguiente modo:

1) El primer pago en concepto de anticipo se ordenará a la firma de la presente Resolución. El cobro del mismo en ningún caso condicionará el inicio de las acciones subvencionadas, que, en todo caso, deberán empezar en los plazos previstos en la presente Resolución. 2) El segundo pago en concepto de anticipo se ordenará a instancia de la entidad beneficiaria cuando haya iniciado al menos el 25% de las acciones formativas subvencionadas. La suma de ambos pagos en ningún caso superará el 75% de la subvención concedida. 3) El pago de la cuantía restante se ordenará, en su caso, una vez justificado al menos el 25% del total subvencionado mediante la oportuna presentación de la documentación justificativa de conformidad con lo estableció en el articulo 102 de la Ordena de 23 de octubre de 2009.

La resolución dictada establecía por tanto, expresamente, el momento y la cuantía en la que la demandada debía realizar los pagos a mi representada, y que eran los siguiente: - El 52% del importe de la subvención, esto es, 120.868,80€ una vez aceptada la resolución en la que se concedía la subvención. - El 23% restante, esto es, 53.461,20€, una vez iniciadas al menos el 25% de las acciones concedidas. - El 25% restante, esto es, 58.110 €, a la presentación de la justificación de al menos el 25% de la subvención.

En definitiva, como acabamos de acreditar, la demandada venía obligada a realizar los pagos de la ayuda/subvención concedida a mi representada, los cuales destaquemos ya venían contemplados presupuestariamente en la propia resolución, en unos momentos ciertos y determinados, sin embargo, como más tarde se pondrá de manifiesto, dichos pagos no se realizaron en los momentos establecidos, lo cual debiera tener su consecuencia a efectos del devengo de intereses, y cuya reclamación, es precisamente lo que dá lugar a la presente demanda.

En relación al primer pago de la subvención, el correspondiente al 52% de la misma, y por importe de 120.868,80€, éste pago debiera haberse producido en el momento de la aceptación de la resolución, la cual se efectuó el día 16/12/2011. Sin embargo, tal y como puede constatarse de la documental aportada por esta parte, dichos pagos no se efectuaron en la fecha que estaba establecida en la resolución dictada, sino muchísimo más tarde (año y medio), como se pone de manifiesto a continuación:

Se acompaña como Documento 1, los justificantes de las transferencias recibidas por mi representada, en pago del anticipo del 52% de la subvención.

Los cursos para los que fue dada la subvención antes citada, fueron correctamente realizados por mi representada entre el 6/2/2012 y el 5/12/2013, tal y como consta en el Antecedente de Hecho Tercero (folio 77 del expediente administrativo), y que ilustramos en la Imagen número 2, siguiente: Imagen nº 2 Es un hecho no controvertido por tanto, que mi representada cumplió fielmente con su obligación de ejecutar correctamente los cursos de formación, lo que, evidentemente, resulta esencial para el cobro de la subvención. Ni que decir tiene, por su obviedad, que mi representada tuvo que incurrir en todos los gastos inherentes a la formación que impartió; docencia, equipos didácticos, consumibles, instalaciones y aulas, seguros, publicidad, gastos de personal, gastos auditoria, etc, de tal forma que todos ellos fueron afrontados antes de la finalización de los mismos, teniendo mi representada que "adelantar" dichos gastos y costes, antes de que le fueran abonados por la Administración con el consiguiente perjuicio para mi representada, el cual, se vió agravado, evidentemente, cuanto mas tiempo tardó la demandada en abonárselos

- Tal y como se acredita en los folios 20 a 23 del expediente administrativo, mi representada una vez terminados los cursos, procedió a presentar escritos ante la Administración aportando los documentos a los que venía obligado para justificar los cursos realizados, solicitando expresamente mi representada en dichos escritos a la demandada que, PROCEDIERA A LOS PAGOS pendientes, es decir, se dio cumplimiento expreso a lo mencionado articulo 29 del Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de Marzo. Las fechas de presentación de dichos escritos junto con la documentación y solicitud expreso de pago de las cantidades pendientes

Tal y como consta en los escritos presentados (folios 20 a 23) , mi representada no solo aportó la documentación acreditativa de la impartición de los cursos a la que venía obligado, sino que, como decimos de forma reiterada, adicionalmente solicitaba expresamente en dichos escritos, el PAGO de la subvención pendiente de pago. Así pues, es un hecho no controvertido, por quedar acreditado de forma documental, que mi representada requirió expresamente a la Administración demandada que procediera al pago de las cantidades pendientes de abonar en ese momento (el 48% restante)

Además de lo anterior, ha tenido una actitud activa en la reclamación a la demandada del pago de la cantidades que se le adeudaban de los cursos impartidos, presentando varios escritos adicionales a la demandada en fecha 27/1/2015, 21/6/2016, 29/9/2016, 14/2/2017, reclamando de nuevo a la demandada el pago de las cantidades adeudadas, y solicitándole incluso reunirse con la demandada para la revisión de sus expedientes. Destacar como en el escrito de 14/2/2017, mi representada pone de manifiesto como el impago de las cantidades que se le adeudaba en dicho momento ponía en riesgo a la misma, haciendo constar, y cito textual; "Somos una PYME con una trayectoria profesional intachable y esta situación nos esta llevan o al limite de nuestras posibilidades económicas. Necesitamos nos abonen los adeudado lo antes posible" Se acompaña como documentos 2 a 5 de esta demanda, los escritos presentados por mi representada, reiterando la solicitud de pago de las cantidades adeudadas por la demandada, con motivo de los cursos correctamente impartidos. Resulta especialmente importante a los efectos de ésta litis, ver como la demandada, reconoce expresamente, sin excusas ni ambages, lo que no es sino, una evidente y flagrante falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, vulnerando principios tan esenciales como el de eficacia y eficiencia, con los que debe regirse la Administración. Así es, tal y como consta de la documental que se acompaña como documentos 6 y 7 de ésta demanda, como la demandada con fecha 2/2/2015 en contestación al escrito enviado por mi representada el 27/1/2015, manifiesta y cito textual que: "nos encontramos revisando las justificaciones de la subvención de la Programación 2010, y una vez finalizada procederemos al estudio de la Programación 2011, por orden de fecha presentación de la solicitud de liquidación de la subvención concedida. Lamentamos este periodo de espera debido al gran volumen de Subvenciones concedidas al amparo de la citada orden. " ¿Cómo es posible que la Administración estuviera revisando las justificaciones de las subvenciones CINCO años más tarde de haberse concedido? ¿Debe el administrado soportar, sin consecuencia alguna para la administración, dicha inadmisible demora? Pero más grave aún, resultaba constatar como la demandada, en el segundo escrito de registro de salida de fecha 17/3/2017, al que se hace mención anteriormente, la Administración demandada manifiesta seguir revisando los expedientes de la programación del año 2010, lo cual había dicho igualmente en el escrito con registro de salida 2/2/2015. Es decir, en dos años adicionales de revisiones de los expedientes, no había logrado revisar ni siquiera los expedientes del año 2010, cuando ya habían pasado 6 años desde que se concedió la subvención. Ilustramos en la Imagen número 5 la respuesta.

Resulta por todos conocido, la facultad de verificación de la Administración en los expedientes de concesión de subvenciones, pero ello en ningún caso significa que, bajo el pretexto de la verificación de la justificación del cumplimiento de la documentación que debe aportarse, la Administración pueda demorarse en dicha verificación perjudicando evidentemente al Administrado, que es precisamente lo que ha ocurrido en el presente expediente, donde la Administración, ha tardado en pagar a mi representada mas de 9 AÑOS, si contamos el plazo transcurrido desde el momento de la concesión de la subvención, toda vez que, el pago del 48% restante pendiente de pago, FUE ABONADO el día 8/9/2020, tal y como consta acreditado en el folio 32 del expediente administrativo. Como no podía ser de otra forma, tal y como consta acreditado a los folios 35 a 46 del expediente administrativo, una vez abonada la subvención, mi representada en fecha 9/11/2020 solicitó expresamente a la demandada el pago de los intereses, lo cual fue reiterado el día 11/1/2021 (folio 46 del expediente administrativo) ante la falta de respuesta expresa de la demandada a la primera solicitud. Con fecha 28/1/2021, la Administración demandada, dictó resolución, por la que desestimaba la solicitud de pago de intereses.

TERCERO.-La Administración demandada opone que:

La parte recurrente en primer lugar reclama el pago de intereses de demora por el supuesto retraso en el abono de cuantía en concepto de anticipo, por entender que este pago debió producirse en el momento en que tuvo lugar la resolución de la concesión de fecha 16 de diciembre de 2011.

Se pretende por la parte recurrente que el hecho de que las condiciones particulares establecieran la forma de tramitar el pago implique necesariamente que este pago hubiera ser de forma automática a la fecha de la firma de la resolución. Sin embargo, dado los intereses en juego en materia de subvenciones, no pueden desconocerse otras normas que son complementarias y que articulan en su totalidad la tramitación de un pago de fondos públicos para actividades privadas. La aceptación de la Resolución de concesión lo que genera es un compromiso de gasto como bien dice la resolución objeto del presente procedimiento, pero no de pago.

Es preciso para realizar el pago de la subvención, que se justifique la realización de la actividad, aportando la cuenta justificativa, que se realicen las tareas de comprobación-verificación de la documentación presentada, que nazca la obligación de pago (una vez verificada la cuenta justificativa) y, de conformidad con el Reglamento de Tesorería (artículo 51) que exista disponibilidad monetaria existente para realizar dichos pagos "aplicando los criterios objetivos del artículo 41.2". Por lo tanto, el calendario de pagos de los anticipos, conforme a la normativa reguladora de la subvención, se realiza siempre y cuando exista disponibilidad monetaria para realizar la ordenación del pago, no estando sometida de manera explícita, ni legal ni reglamentariamente, a un calendario de pagos, (no apareciendo en la Resolución de Concesión)

Estando justificada la existencia de la norma, la aplicación de la misma al supuesto de hecho que nos ocupa no ampara la pretensión de la parte actora pues no existe un reconocimiento de deuda líquida con el otorgamiento de la subvención, sino un compromiso de gasto que posteriormente es cumplido por la Administración

Como hemos puesto de manifiesto, para que se produzca el devengo de intereses conforme al artículo 29 del Decreto Legislativo 1/2010 no sólo es necesario que el incumplimiento de pago por parte de la Administración se extienda por un periodo superior a tres meses desde la notificación de la resolución judicial o desde el reconocimiento de la obligación, sino también que, transcurrido dicho plazo, se produzca la "interpellatio", es decir, la intimidación por escrito, por parte del acreedor del pago del principal a la Administración, siendo ello un condicionante de la constitución de la mora, y del nacimiento de la obligación de pago de intereses. En este sentido se invoca por el actor como requerimientos los realizados el 27/1/2015, el 21/6/2016, el 29/9/2016, el 14/2/2017 y el 20/3/2017, documentos 2 a 5 y 8 de la demanda, pero lo cierto es que dichos documentos no pueden tener tal carácter por la sencilla razón de ser anteriores en el tiempo a la Resolución por la que se liquida la cantidad final a abonar así como por el hecho de no contener mención alguna al pago de intereses de demora

Finalmente, de forma subsidiaria a lo anterior, en la hipótesis de que se excepcionase la aplicación del régimen legal aplicable a los intereses de demora al caso que nos ocupa, entendemos que el juego de fechas que para el cálculo de intereses postula la actora no es correcto, habida cuenta que el retraso que alega en la liquidación final de la subvención tras la justificación, que tiene lugar el día 15/08/2020 fue aceptado por la entidad actora que no se acogió a la ficción del silencio, ordenándose el pago en fecha 4 de septiembre del mismo año. Al no existir requerimiento alguno entre dichas fechas no procede pago de interés alguno, en los términos en que hemos expuesto ex art. 29 del Decreto legislativo 1/2010. Resulta ilustrativa en este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Málaga, Sala de lo Contencioso administrativo sección 3ª, núm. 420/2017, de 15 de marzo, recurso 242/2014 en el que se solicitaba el interés de demora de la subvención aprobada durante el tiempo que mediaba entre el acto de aprobación y la notificación del mismo, que aplica el precepto al que venimos haciendo referencia, el art. 29 del Decreto Legislativo 1/2010 que vincula el abono del interés de demora al incumplimiento de pago en el plazo de tres meses desde la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación y desde que la persona o entidad acreedora reclame por escrito el cumplimiento de la obligación

CUARTO.- Es preciso tener en cuenta lo siguiente:

Con fecha 16/12/2011, la demandada dictó resolución administrativa, por la que se declaraba a mi representada beneficiaria de una ayuda/subvención por importe de 232.440€, para el desarrollo de acciones de formación.

Los pagos ya venían contemplados presupuestariamente en la propia resolución, para unos momentos ciertos y determinados,

El primer pago de la subvención, el correspondiente al 52% de la misma, y por importe de 120.868,80€,

Una vez terminados los cursos, procedió a presentar escritos ante la Administración aportando los documentos a los que venía obligado para justificar los cursos realizados, solicitando expresamente en dichos escritos a la demandada que, procediera a los pagos pendientes.

La Administración excusó su tardanza en estar realizando la verificación del cumplimiento de las obligaciones, transcurriendo 5 años desde la obligación de pago.

QUINTO.- Normativa :

1)Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión del subvenciones y ayudas y otros procedimientos. Artículo 99. Pago de subvenciones. 1. El pago de las subvenciones reguladas en la presente Orden se ordenará en las siguientes fases: a) Hasta el 75%, en concepto de anticipo, se tramitará a partir de la fecha de concesión. b) Una vez justificado al menos el 25% del total subvencionado mediante la oportuna presentación de los documentos acreditativos de la ejecución y de los gastos pagados, se podrá tramitar hasta el 25% restante. Para ello, y en cualquier caso, los beneficiarios deberán cumplir las condiciones de justificación, que a tal efecto se establecen en el artículo 102, así como aquellas otras que el órgano concedente de la ayuda pueda dictar en la correspondiente Resolución de concesión.

2)Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 26. Fuentes y exigibilidad de las obligaciones.

1. Las obligaciones económicas de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas, de régimen especial, y públicas empresariales referidas en el artículo 2.c), e instituciones nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen.

2. Las obligaciones de pago solamente podrán exigirse de la Hacienda de la Junta de Andalucía cuando resulten de la ejecución de su Presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería, legalmente autorizadas.

3. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios a la Comunidad Autónoma, el pago no podrá realizarse hasta que el acreedor haya cumplido o garantizado su correlativa obligación.

Por el órgano competente para efectuar encargos a medios propios personificados se podrá exceptuar lo previsto en el párrafo anterior, en el supuesto de que el acreedor de la Comunidad Autónoma fuera una Administración Pública o una entidad instrumental. En este caso, los pagos efectuados en concepto de anticipo no podrán superar el 50 por 100 del importe del encargo. En los encargos que tengan por objeto la ejecución de prestaciones propias del contrato de obras, solo podrá efectuarse un anticipo de hasta el 10 por 100 de la primera anualidad."

4. Las obligaciones de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se extinguen por las causas contempladas en el Código Civil y en el resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 29. Interés de demora.

Si la Junta de Andalucía no pagara a la persona o entidad acreedora dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial firme o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el apartado 2 del artículo 23, sobre la cantidad debida, desde que la persona o entidad acreedora reclame por escrito el cumplimiento de la obligación; sin perjuicio de las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria establecidos en los artículos 30 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General Tributaria.En materia de contratación del sector público y de expropiación forzosa se aplicará lo dispuesto en su legislación específica.

3) El Artículo 4.4 de la ley 38/2003 de Subvenciones "El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención" ello no obsta que, como se establece en el mismo precepto, puedan llevarse cabo o bien pagos a cuenta o bien pagos anticipados los cuales "supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención", lo que es aplicable al caso en tanto en cuanto en la Orden de 23 de octubre de 2009.

Por último, la Doctrina de la Sala de lo contencioso administrativo del T.S.J de Sevilla en la sentencia dictada en 27/06/2017, y que estas Sala comparte, en la que estableció que "Sin embargo, el devengo de los intereses de demora... se produce a partir de la expiración del plazo de tres meses al que se refiere el anterior precepto desde aquel entonces, esto es, desde la aceptación de la ayuda por el beneficiario. No resultaba precisa una previa intimación o requerimiento con el fin de quedar la Administración constituida en mora.... Estos razonamientos resultan igualmente aplicables respecto al día inicial del cómputo del resto de los intereses de demora que se reclaman..." así como por el T.S,. en la sentencia dictada en el recurso de casación 2506/2017 que establece que "La Administración viene obligada al abono de la subvención concedida o la cantidad parcial pendiente, una vez verificada que está completa la justificación presentada, comprobación para la que dispone del plazo fijado en las bases reguladoras de la subvención, sin que pueda resultar de aplicación, para esta limitada actuación de comprobación de la justificación, el plazo de prescripción de la acción de reintegro o declaración de la pérdida del derecho a la subvención que regula el art. 39 de la LGS" hay que concluir la obligación de pago de los intereses reclamados, una vez transcurridos los cuarenta días antes establecidos

Esta Sala en sentenciade fecha 23 de octubre de 2023( recurso 1056/2021), resuelve la cuestión respecto al mismo demandante en los términos que se expondrán.

SEXTO.- La Sala estima que se ha producido el devengo de intereses respecto a la subvención concedida.

Se ha acreditado que la Orden establecía el momento de realizar los pagos y estos se retrasaron en la forma descrita por el demandante,con la excusa por parte de la Administración de estar verificando el cumplimiento de las obligaciones, la demanda pues debe prosperar ya que dichas verificaciones no pueden eternizarse.

La sentencia de esta Sala de fecha 23 de octubre de 2026 estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo nº 1056/2021interpuesto por la misma recurrente, y su criterio servirá de espina dorsal para enderezar la cuestión.

La sentencia reza lo siguiente:

"El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención" ello no obsta que, como se establece en el mismo precepto, puedan llevarse cabo o bien pagos a cuenta o bien pagos anticipados los cuales "supondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. Dicha posibilidad y el régimen de garantías deberán preverse expresamente en la normativa reguladora de la subvención", lo que es aplicable al caso en tanto en cuanto en la Orden de 23 de octubre de 2009,en su artículo 99.1 se establecía que " El pago de las subvenciones reguladas en la presente Orden se ordenará en las siguientes fases: a) Hasta el 75%, en concepto de anticipo, se tramitará a partir de la fecha de concesión" es decir se le consideraba a dicha cantidad de 393.623,25, un pago anticipado y como tal no necesitado de previa justificación. Frente a ello no puede acogerse el argumento que en su contra esgrime la Administración demandada, argumento por el entiende que la simple concesión de la subvención no obliga a tener que abonar de inmediato la cantidad objeto de la misma sino que lo que se establece es que el 75% "se tramitara en concepto de anticipo", y ello porque partiendo de que el término "anticipar" según lo define la R.A. de la Lengua consiste en " entregar una cantidad de dinero antes de la fecha estipulada para ello", pretender dejar al arbitrio de la Administración la fecha de entrega del anticipo, supondría negar dicho carácter de anticipo a la mencionada cantidad, lo que conlleva que si bien el pago no tenía que ser efectivo el mismo día o al siguiente de la concesión, pues no puede obviarse que el precepto mencionado establecía que el pago "se tramitaraŽ", dicha tramitación, entendida como conjunto de actuaciones que deben realizarse de forma sucesiva para solucionar un asunto que requiere un proceso, no podía proyectarse de en el tiempo sine die, sino que su duración, a falta de precepto expreso que lo establezca, debe fijarse prudencialmente, con arreglo a lo dispuesto en el art 1128 del C. Civil , el de cuarenta días, que se entiende suficiente para tramitar dicho pago, por todo lo cual, dicho pago debió de hacerse efectivo el 25 de enero de 2010, no pudiendo tampoco acogerse el motivo por el que la Administración demandada entiende, en base a lo dispuesto en los art. 73.4 de la L.G. Presupuestaria 47/2003,y en el art 55 del D. Legislativo 1/2000 de que la resolución de la concesión no genera un compromiso de pago, sino que lo único que genera es un compromiso de gasto, pues sin desconocer que efectivamente en dichos preceptos se establece en el primero que "El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente" y en el segundo que " La expedición de las órdenes de pago a cargo del Presupuesto de la Junta de Andalucía deberá ajustarse al Plan que sobre disposición de fondos de la Tesorería General establezca el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda", una vez que en la resolución por la que se le concedía la subvención se establecía en su punto noveno que el anticipo se haría como tal y sin que se establezcan garantías, con cargo a la aplicación presupuestaria11.15.31.18.29.77500.32D.4.2009,códigode proyecto 2003.290694 de los presupuestos en vigor una vez aceptada la resolución, lo que pendía del pago no era la aprobación del gasto, sino la tramitación del mismo, la cual, como se dijo bien pudo y debió de llevarse a cabo en el plazo antes mencionado. En segundo lugar, y en orden al argumento por el que la parte recurrida niega el pago de los intereses por entender que no solo con el otorgamiento de la concesión no existe deuda liquida, al tiempo que es preciso, una vez transcurrido el plazo para el pago, una intimación por escrito por parte del acreedor del pago del principal, porque condicionándose el pago de intereses en el art 29 del D. Legislativo 1/2010 por el que se aprueba la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía al hecho de que "la persona o entidad acreedora reclame por escrito el cumplimiento de la obligación" y teniendo en cuenta que la entidad recurrente reclamo el pago de la cantidad objeto de la subvención en escritos presentados el 27/01/2015, 21/06/2016, 29/09/2016 y 14/02/2017, y teniendo en cuenta lo resuelto por la Sala de lo contencioso administrativo del T.S.J de Sevilla en la sentencia dictada en 27/06/2017 , y que estas Sala comparte, en la que estableció que "Sin embargo, el devengo de los intereses de demora... se produce a partir de la expiración del plazo de tres meses al que se refiere el anterior precepto desde aquel entonces, esto es, desde la aceptación de la ayuda por el beneficiario. No resultaba precisa una previa intimación o requerimiento con el fin de quedar la Administración constituida en mora.... Estos razonamientos resultan igualmente aplicables respecto al día inicial del cómputo del resto de los intereses de demora que se reclaman..." así como por el T.S,. en la sentencia dictada en el recurso de casación 2506/2017 que establece que "La Administración viene obligada al abono de la subvención concedida o la cantidad parcial pendiente, una vez verificada que está completa la justificación presentada, comprobación para la que dispone del plazo fijado en las bases reguladoras de la subvención, sin que pueda resultar de aplicación, para esta limitada actuación de comprobación de la justificación, el plazo de prescripción de la acción de reintegro o declaración de la pérdida del derecho a la subvención que regula el art. 39 de la LGS " hay que concluir la obligación de pago de los interesesreclamados, una vez transcurridos los cuarenta días antes establecidos. CUARTO: Por lo que respecta a los intereses que se reclaman por el retraso en el pago de cantidad de 131.208,75 euros, que la parte recurrente interesa que se computen desde que presentó la justificación de los cursos realzados, no así la parte recurrida que entiende que deben de computarse una vez transcurridos tres meses desde que se le notifico la resolución de 27/01/20 que revisaba de oficio la anterior de la liquidación y perdida del derecho al cobro, la solución que se alcanza es la favorable a la pretensión de la parte recurrente y ello por las siguientes consideraciones: En primer lugar porque, una vez que consta qu una vez que consta que la parte recurrente y según consta ea los folios 75 as 83 del expediente administrativo en escritos acredito la justificación de haber llevado a cabo la actividad subvencionada, requiriendo de pago, según se hizo constar en el fundamento de derecho anterior, a la Junta de Andalucía, no puede argüirse que no haya habido la raclamación necesaria para el devengo de los intereses, pues como razona la Sala de Granada del TSJ de Andalucía en la sentencia de 3/12/2020 "Igualmente hemos de precisar que, dados los términos con que se expresa el citado artículo 29 de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía , para que nazca el derecho al cobro de los intereses no es preciso que la previa intimación contenga esta concreta petición de abono de intereses, sino que su devengo se producirá desde el momento en que se reclame el cumplimiento de la obligación" lo cual conlleva que al no ser precisa una concreta intimación respecto al pago de los intereses no pueda acogerse el motivo de oposición por el cual se arguye que al ser anteriores dichos requerimientos a la liquidación de los intereses, estos no deban de devengarse. En segundo lugar, porque, una vez que los arts. 29 y 124.1 del D.L 1/2020 de la Junta de Andalucía disponen respectivamente que "Si la Junta de Andalucía no pagara a la persona o entidad acreedora dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial firme o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el apartado 2 del artículo 23, sobre la cantidad debida, desde que la persona o entidad acreedora reclame por escrito el cumplimiento de la obligación" y que " No podrá proponerse el pago de las subvenciones mientras no se compruebe formalmente la justificación. La falta de comprobación de la documentación justificativa en los términos establecidos en las bases reguladoras, una vez transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 124 bis, podrá dar lugar a la solicitud de intereses de demora desde dicho momento y hasta el pago de la subvención si el mismo, finalmente, procede", no puede argüirse que el art 124.1 en su anterior redacción, no previese la condena al pago de los intereses, pues dicha previsión se lleva a cabo en el art 29 , constituyendo el art 124 un complemento del art 29 en el sentido de que lo que regula es el pago de la subvención, y que precisamente por los conflictos que se planteaban acerca del momento del computo del devengo de los intereses se dictó la Instrucción 8/2017 en la que tras disponer que " lo que no es de recibo que se incumpla el plazo de resolución a la que está obligada la Administración (tres meses desde la reclamación), amparándose en la facultad de comprobación previa a la liquidación, para no pagar pese a estar obligada por la Orden reguladora" estableciendo que "El órgano concedente de la subvención debe comprobar la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión o disfrute de la subvención. La citada comprobación debe realizarse, como máximo, en el plazo de seis meses a partir de la presentación de la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cualquier caso, de no ultimarse la comprobación prevista en el apartado anterior, y existiendo algún pago pendiente, el órgano concedente informará sobre los motivos que han impedido ultimar la comprobación y certificará al término del plazo previsto en el párrafo anterior: Que la documentación justificativa ha sido presentadaen tiempo y forma por el beneficiario. no pudiendo argüiré que no resulta aplicable al ser una norma interna que se limita a establecer una pauta o criterio de actuación, no siendo oponible a los administrados, pues no solo en el actual caso no se opone a lo pretendido por el recurrente, sino que le favorece, sino porque, lo que es más importante, por un lado las Instrucciones ponen de relieve el criterio interpretativo de la propia administración , y por otro que la razón de ser de dicha Instrucción fue recoger, recoger los múltiples pronunciamientos junciales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, como en ella se dice " se ha pronunciado sobre esta cuestión en diversas sentencias, cuya doctrina puede resumirse en el siguiente pronunciamiento de la Sentencia de8 de junio de 2016, recaída en los recursos núms. 519/2015 y 486/2015 : "(...) En cuanto al fondo considera la Administración que previo al pago debe existir una tarea de comprobación. Tampoco este argumento puede ser aceptado, porque la potestad de comprobación existe siempre (claro está dentro del plazo de prescripción del artículo 39 de la Ley General de subvenciones), y lo que no es de recibo que se incumpla el plazo de resolución a la que está obligada la Administración (tres meses desde la reclamación), amparándose en la facultad de comprobación previa a la liquidación, para no pagar pese a estar obligada por la Orden reguladora", lo que conlleva que no pueda alegarse la inaplicabilidad por carecer de efectos retroactivos, pues en definitiva, al sustentarse en los pronunciamientos judiciales que son su causa, es a estos a lo que hay que estar., por todo lo cual procede estimar el motivo alegado por la recurrente y en consecuencia condenar a la Administración demandada al pago de los intereses legales del 25% de la subvención, si bien, una vez que en el art 124.1 bis del D. Legislativo 1/2020 se dispone que " El órgano concedente deberá efectuar la comprobación formal de la documentación justificativa de subvenciones en el plazo de seis meses a partir de su presentación. Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones por causa no imputable al órgano concedente no se incluirán en el cómputo del plazo de comprobación. Para ello, llevará a cabo la comprobación de la justificación documental de la subvención, a cuyo fin revisará la documentación que obligatoriamente deba aportar la persona beneficiaria o la entidad colaboradora. El pronunciamiento, en su caso, del órgano concedente en la comprobación formal se entenderá sin perjuicio de lo que resulte de las actuaciones de comprobación material y de control financiero" El dies a quo para su devengo debe ser el siguiente al transcurso del plazo de seis meses desde que presento la documentación acreditativa de haber llevado a cabo la actividad subvencionada"

Siguiendo el criterio de dicha sentencia, por Unidad de Doctrina y Seguridad Jurídica y con arreglo a las claves que establece la misma, procede condenar a la Administración demandada a abonar a la entidad recurrente ACADEMIA INTEGRAL SL los intereses legales correspondientes a los 120.868,80 euros contando a partir de la expiración de los cuarenta días desde 16 de diciembre de 2011 y hasta que le fueron satisfechos los pagos ( 5 de junio de 2013 y 3 de julio de 2013) y, a abonar también los intereses en relación a la cantidad de 111.571 euros una vez transcurridos tres meses desde que presentó la justificación de la documentación (11 de abril de 2014) hasta que le fue satisfecha( 4 de septiembre de 2020).

SÉPTIMO.- En cuanto al pago de las costas procesales, y aun cuando la estimación del recurso es parcial, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que debieron satisfacerse los intereses y que la estimación parcial es de escasa cuantía con respecto al montante total, procede condenar a su pago a la Administración recurrida hasta el límite de 1500 euros, por entender que ha actuado con temeridad.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

En atención a lo expuesto y en virtud de la autoridad conferida por el Pueblo Español, en el nombre de S.M. EL REY