Sentencia Contencioso-Administrativo 518/2023 Tribunal Superior de Justicia de Asturias . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 182/2022 de 28 de abril del 2023

PRIMERO.- Por el Procurador Sr. Alonso Ayllon en nombre y representación de D. Inocencio se interpuso recurso contencioso administrativo contra la Resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado de Asturias de fecha 30-11-2021 que desestimó la reclamación confirmando el acto impugnado, en el procedimiento 33-00905-2021, por el concepto de procedimiento recaudatorio, indicando que ha visto la reclamación contra el acuerdo dictado por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la AEAT en Asturias por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto frente a la diligencia de embargo que detalla. Y en su Antecedente de Hecho Primero describe las 13 Providencias de apremio a que se refiere, en los términos que señala.

SEGUNDO.- Alega la parte recurrente en los hechos de su demanda que reside en Tapia de Casariego desde el 27-10-2005, fecha en la que se empadronó en dicha localidad y en la que siempre ha recibido cualquier tipo de notificación y que es una persona bastante conocida en dicho lugar, por lo que sostiene que a poco que la Agencia Tributaria haya sido mínimamente diligente en la notificación de las resoluciones, las mismas habrían llegado a su destino, como así lo prueba el hecho de que la Diligencia de embargo ha sido perfectamente notificada y recibida por el recurrente, que ha sido funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y es pensionista de clases pasivas, por lo que el Ministerio de Hacienda es plenamente conocedor de su domicilio, adjuntando documentación al efecto. Y en los Fundamentos de Derecho, cita diversas sentencias sobre la importancia de que las notificaciones se practiquen personalmente y no por edictos, cuando conste la dirección del interesado o se pueda lograr sin esfuerzos desproporcionados y que se le ha ocasionado indefensión y asimismo alega prescripción, según ha dejado señalado.

A dichas pretensiones se opuso el Abogado del Estado en los términos que consta en su escrito de contestación a la demanda, interesando la desestimación del recurso.

TERCERO.- Planteados los términos del recurso en el sentido expuesto, vistas las alegaciones de las partes, lo actuado en el expediente administrativo y documentación aportada por la parte recurrente, la cuestión que ha sido sometida a la decisión de la Sala consiste en determinar si en este caso concurre alguno de los motivos de oposición contra la diligencia de embargo que en su artículo 170-3 de la L.G.T. establece que: "3. Contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición:

a) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b) Falta de notificación de la providencia de apremio.

c) Incumplimiento de las normas reguladoras del embargo contenidas en esta ley.

d) Suspensión del procedimiento de recaudación."

Siendo así que como se señala en el F.Dº.3º.de la resolución recurrida se plantean dos motivos de oposición, la falta de notificación de las providencias de apremio y la prescripción, los cuales se reiteran en la demanda.

Comenzando por el primero de ellos, articulado por la parte recurrente, gira en torno a determinar si en este caso se ha producido una falta de notificación de las providencias de apremio, en que sustenta básicamente la misma sus pretensiones; o si por el contrario, como postula la Administración demandada no se aprecia en la notificación de las providencias de apremio ninguna infracción de acuerdo con las normas que regulan el régimen de notificaciones en el ámbito tributario.

En materia de notificaciones tributarias, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2021, recurso número 6099/2019, señala que: "Reiteradamente se ha pronunciado esta Sala sobre la eficacia de las notificaciones, resultando ilustrativas las sentencias de 26 de mayo de 2011 (rec. cas. núm. 5423/2008 ), 19 de enero de 2012 (rec. cas. núm. 4954/2009 ), 22 de septiembre 2011 (rec. cas. núm. 2807/2008 ) y 6 de octubre de 2011 (rec. cas. núm. 3007/2007 ), que condensan toda la doctrina sobre las notificaciones, afirmando la primera de ellas lo siguiente:

"Por ello, consideramos necesario realizar una serie de consideraciones con relación a la eficacia de las notificaciones tributarias antes de analizar las circunstancias del caso.

Con carácter general, y, por lo tanto, también en el ámbito tributario, la eficacia las notificaciones se encuentra estrechamente ligada a las circunstancias concretas del caso, lo que comporta inevitablemente un importante grado de casuismo en la materia.

Ahora bien, esta precisión de partida no impide que se puedan establecer una serie de parámetros que permitan abordar la eficacia de las notificaciones tributarias con un cierto grado de homogeneidad en su tratamiento. (...)

El punto de partida de esta labor no puede ser otro que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, reconocer que los actos de notificación "cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes" ( STC 155/1989, de 5 de octubre , FJ 2); teniendo la "finalidad material de llevar al conocimiento" de sus destinatarios los actos y resoluciones "al objeto de que éstos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de sus derechos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela judicial efectiva" sin indefensión garantizada en el art. 24.1 CE ( STC 59/1998, de 16 de marzo , FJ 3; en el mismo sentido, SSTC 221/2003, de 15 de diciembre, FJ 4 ; 55/2003, de 24 de marzo , FJ 2). (...)

Con relación a la diligencia que ha de demostrar el obligado tributario, se ha dicho que corresponde a los obligados tributarios realizar todas las actuaciones necesarias dirigidas a procurar la recepción de las comunicaciones enviadas por la Administración tributaria, y, en particular, "declarar el domicilio fiscal para facilitar una fluida comunicación con las Administraciones Tributarias" [ Sentencia de 12 de diciembre de 1997 (rec. cas. núm. cas. en interés de ley 6561/1996), FD Octavo].

Esta Sala ha puesto especial énfasis en el deber de los obligados tributarios de comunicar su domicilio y los cambios en el mismo. En particular, se ha afirmado con rotundidad que, en la medida en que la carga de fijar y comunicar el domicilio "recae normativamente sobre el sujeto pasivo", "si tal obligado tributario no cumple con la citada carga, el potencial cambio real de domicilio no produce efectos frente a la Administración hasta que se presente la oportuna declaración tributaria". En este sentido, se ha rechazado que la notificación edictal lesionara el art. 24.1 CE en ocasiones en las que se ha modificado el domicilio sin comunicárselo a la Administración tributaria [entre las más recientes, Sentencias de esta Sala de 27 de enero de 2009 (rec. cas. núm. 5777/2006), FD Quinto ; 7 de mayo de 2009 (rec. cas. núm. 7637/2005), FD Quinto ; y 21 de enero de 2010 (rec. cas. núm. 2598/2004 ), FD Tercero], pero -conviene subrayarlo desde ahora- siempre y cuando la Administración tributaria haya actuado a su vez con la diligencia y buena fe que le resultan exigibles.

Por lo que se refiere a la diligencia que corresponde a la Administración, ha de traerse necesariamente a colación la doctrina que ha sentado el Tribunal Constitucional en relación con la especial diligencia exigible a los órganos judiciales en la comunicación de los actos de naturaleza procesal, trasladable, como hemos dicho, mutatis mutandis, a la Administración.

En particular, el máximo intérprete de nuestra Constitución, subrayando el carácter "residual", "subsidiario", "supletorio" y "excepcional", de "último remedio" - apelativos, todos ellos, empleados por el Tribunal- de la notificación mediante edictos [ SSTC 65/1999, de 26 de abril, FJ 2 ; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2 ; 43/2006, de 13 de febrero, FJ 2 ; 163/2007, de 2 de julio, FJ 2 ; 223/2007, de 22 de octubre, FJ 2 ; 231/2007, de 5 de noviembre, FJ 2 ; 2/2008, de 14 de enero, FJ 2 ; y 128/2008, de 27 de octubre , FJ 2], ha señalado que tal procedimiento "sólo puede ser empleado cuando se tiene la convicción o certeza de la inutilidad de cualquier otra modalidad de citación" ( STC 65/1999 , cit., FJ 2); que el órgano judicial "ha de extremar las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales a su alcance, de manera que el acuerdo o resolución judicial que lleve a tener a la parte en un proceso como persona en ignorado paradero debe fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la certeza, o cuando menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación" ( SSTC 163/2007, cit., FJ 2 ; 231/2007 , cit., FJ 2; en términos similares, SSTC 2/2008, cit., FJ 2 ; 128/2008, cit., FJ 2 ; 32/2008, de 25 de febrero, FJ 2 ; 150/2008, de 17 de noviembre, FJ 2 ; y 158/2008, de 24 de noviembre, FJ 2 ; 223/2007, cit., FJ 2 ; y 231/2007 , cit., FJ 2). En fin, recogiendo implícita o explícitamente esta doctrina, en la misma dirección se ha pronunciado recientemente esta Sala en Sentencias de 21 de junio de 2010 (rec. cas. núm. 4883/2006), FD Tercero ; de 28 de junio de 2010 (rec. cas. núm. 3341/2007), FD 3 ; de 12 de julio de 2010 (rec. cas. núm. 90/2007), FD Tercero ; de 28 de octubre de 2010 (rec. cas. núms. 4689/2006 y 4883/2006), FD Tercero ; y de 28 de octubre de 2010 (rec. cas. núm. 2270/2002 ), FD Sexto.

Ahora bien, sobre estas afirmaciones generales deben hacerse algunas matizaciones:

- En primer lugar, que el deber de diligencia del órgano judicial a la hora de indagar el domicilio no tiene siempre la misma intensidad, sino que varía en función del acto que se comunica (inicio de actuaciones judiciales o actos procesales de un procedimiento ya abierto) [ SSTC 113/2001, cit., FJ 5 ; 150/2008, de 17 de noviembre, FJ 2 ; y 158/2008, de 24 de noviembre , FJ 2].

- En segundo lugar, que "dicha obligación debe ponderarse en función de la mayor o menor dificultad que el órgano judicial encuentre para la identificación o localización de los titulares de los derechos e intereses en cuestión, pues no puede imponérseles a los Tribunales la obligación de llevar a cabo largas y complejas indagaciones ajenas a su función" ( STC 188/1987, de 27 de noviembre , FJ 2; y Sentencia de esta Sala 12 de julio de 2010 (rec. cas. núm. 90/2007 ), FD Tercero); sin que se pueda "demandar del Juez o Tribunal correspondiente una desmedida labor investigadora y de cercioramiento sobre la efectividad del acto de comunicación en cuestión" ( STC 113/2001, de 7 de mayo , FJ 5; en términos parecidos, SSTC 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2 ; 90/2003, de 19 de marzo, FJ 2 ; 43/2006, de 13 de febrero, FJ 2 ; y 76/2006, de 13 de marzo ).

- En tercer lugar, el Tribunal Constitucional viene señalando que existe un especial deber de diligencia de la Administración cuando se trata de la notificación de sanciones, con relación a las cuales, en principio, "antes de acudir a la vía edictal", debe "intentar la notificación en el domicilio que aparezca en otros registros públicos " (SSTC 32/2008, de 25 de febrero, FJ 2; y 128/2008, de 27 de octubre, FJ 2). (...)

La buena fe, sin embargo, no sólo resulta exigible a los administrados, sino también a la Administración. En particular, esta buena fe obliga a la Administración a que, aún cuando los interesados no hayan actuado con toda la diligencia debida en la comunicación del domicilio (bien porque no designaron un domicilio a efectos de notificaciones, bien porque los intentos de notificación en el indicado han sido infructuosos), antes de acudir a la notificación edictal o mediante comparecencia, intente la notificación en el domicilio idóneo, bien porque éste consta en el mismo expediente [ SSTC 76/2006, de 13 de marzo, FJ 4 ; y 2/2008, de 14 de enero , FJ 3], bien porque su localización resulta extraordinariamente sencilla, normalmente acudiendo a oficinas o registros públicos (SSTC 135/2005, de 23 de mayo, FJ 4; 163/2007, de 2 de julio, FJ 3; 223/2007, de 22 de octubre, FJ 3; 231/2007, de 5 de noviembre, FJ 3; y 150/2008, de 17 de noviembre, FJ 4), especialmente cuando se trata de la notificación de sanciones administrativas ( SSTC 54/2003, de 24 de marzo, FFJJ 2 a 4 ; 145/2004, de 13 de septiembre, FJ 4 ; 157/2007, de 2 de julio, FJ 4 ; 226/2007, de 22 de octubre, FJ 4 ; 32/2008, de 25 de febrero, FJ 3 ; 128/2008, de 27 de octubre, FFJJ 2 y 3; y 158/2008, de 24 de noviembre , FJ 3)".

CUARTO.- En el caso de autos examinadas las notificaciones de las distintas providencias de apremio se constata que las providencias de apremio A3303110106005006, A3303110506002109, A3303110506008764, A33031111106005447, A3303111506002176, A3303111506002451 y A330311506009623 fueron notificadas por vía edictal antes del 13 de junio de 2012, fecha en la que el actor presentó su declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2011 (datos que aparecen en los expedientes administrativos correspondientes a los P.O. con los números 712/2021, 713/2021 y 714/2021 entre las mismas partes). Consta en el expediente administrativo que por la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Asturias a modo de justificación en cuanto a las notificaciones a la CALLE000 NUM000 de San Martín del Rey Aurelio señala que "Domicilio que consta en todas las declaraciones del IRPF presentadas hasta ejercicio 2016, en el que manifiesta el cambio de domicilio con la presentación de la declaración del IRPF el 30/06/2017". Frase ésta que se repite en todas las citadas providencias de apremio, como así consta en el Antecedente de hecho primero de la resolución recurrida. Posteriormente se concreta por la propia demandada en su F.Dº. 4º de la resolución recurrida al señalar al respecto que "las providencias de apremio se intentan notificar en el domicilio del interesado que le consta al órgano de recaudación, coincidente con el que a su vez figura en el censo de la AEAT por haberlo declarado así el recurrente en su momento según se refleja en las autoliquidaciones de IRPF presentadas respecto de los ejercicios 2011 a 2015 no siendo hasta la presentación de la autoliquidación del IRPF de 2016 presentada el 30 de junio de 2017 cuando se efectúa el cambio de domicilio fiscal". Ocurre que sólo se incorporaron a los expedientes remitidos en los citados P.O. (siendo, por tanto, un hecho notorio para ambas partes) las declaraciones de la renta del recurrente correspondientes a los ejercicios 2011 a 2016, constando en dicho sentido en la sentencia dictada en el P.O. 712/21 -que ambas partes conocen por haber intervenido en el mismo- que "es necesario acudir a lo actuado en el expediente administrativo en el que consta que la primera vez que se presenta el expresado IRPF ejercicio 2011 es el día 13-06-2012 a las 11,29 horas a la dirección de la CALLE000 NUM000 de San Martín del Rey Aurelio, lo que implica que todas las anteriores notificaciones referidas en las providencias de apremio, las (...) que oscilan entre las fechas junio de 2010 a enero de 2012, difícilmente se podían practicar en dicho domicilio, cuando según la propia tesis de la Administración aún no había acontecido la presentación del IRPF en junio de 2012, ejercicio 2011.

Esta ausencia de justificación sobre la idoneidad del domicilio en el que se intentaron notificar las (...) primeras providencias de apremio ha de comportar la estimación parcial del recurso en el sentido expuesto con los efectos inherentes al mismo."

Por lo que de acuerdo con los razonamientos expuestos y en virtud del principio de unidad de doctrina procede estimar en parte el recurso en el sentido expuesto y con los efectos inherentes al mismo.

Respecto a las restantes providencias de apremio que se señalan en el Antecedente de Hecho Primero de la Resolución recurrida con los nº 8, 9, 10, 11, 12 y 13 constan en el expediente los intentos infructuosos de notificación personal por correo con acuse de recibo en los que unas veces se consignaba la ausencia de reparto, en cuyo caso consta la realización de un segundo intento de notificación dentro de los tres días siguientes (dando cumplimiento a los arts. 59.2 de la Ley 30/1992 y 42.1 del Real Decreto 1829/1999) y que se había dejado aviso de llegada en el buzón, y en otras la notificación no podía llevarse a cabo por destinatario desconocido, en cuyos casos se repetía el intento de notificación pese a no ser preceptivo ( art. 112.1 de la LGT y 43.c) del Real Decreto 1829/1999), procediéndose seguidamente, en ambos casos, a la notificación edictal, obrando en el expediente los certificados de publicación del anuncio de citación para notificación por comparecencia en la sede electrónica de la AEAT.

Las notificaciones remitidas al recurrente se intentaron realizar de forma personal (no electrónica). Cuestión distinta es que cuando no sea posible efectuar la notificación personal al interesado, el art. 112 de la LGT prevea su notificación mediante comparecencia en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, según veremos posteriormente.

Se aduce por el recurrente que a pesar de que la Administración demandada (así en la resolución de la Agencia Tributaria y en el antecedente de hecho primero de la resolución del TEARA recurrida) se recogen las fechas de los Boletines Oficiales del Estado en que se habrían notificado edictalmente las providencias de apremio, en tales boletines no figura ningún anuncio, por lo que no se habría notificado resolución alguna al actor. No podemos acoger esta alegación en cuanto obran en el expediente los certificados de publicación del anuncio de citación para notificación por comparecencia en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los que se recoge que ha sido publicada en la sede electrónica de la AEAT, con número de anuncio y fecha, citación para notificación por comparecencia de dichas providencias de apremio.

Esto es, aunque la resolución que resuelve el recurso de reposición interpuesto por el recurrente, y en los antecedentes de hecho de la resolución del TEARA recurrida, se recoge que las notificaciones se realizaron en el BOE, los certificados ya reseñados, obrantes en el expediente administrativo, señalan que dicha publicación se produjo en la sede electrónica de esta última. Entendemos, por ello, que la consignación en la citada resolución de que la notificación se produjo en el BOE constituye un error de transcripción, que no afecta a la validez de dichas notificaciones, realmente producidas en la sede electrónica de la AEAT en fechas coincidentes con las señaladas en dicha resolución, según se recoge en los certificados de publicación de anuncio de citación para notificación por comparecencia, ya reseñados.

A este respecto, el art. 112 de la LGT, en la redacción vigente desde el día 6-3- 2011, en virtud de la Ley 2/2011, dispone que: "1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, por alguno de los siguientes medios:

a) En la sede electrónica del organismo correspondiente, en las condiciones establecidas en los arts. 10 y 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio , de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria publicará por este medio los anuncios correspondientes a las notificaciones que deba practicar, en ejercicio de las competencias que le corresponden en aplicación del sistema tributario estatal y aduanero y en la gestión recaudatoria de los recursos que tiene atribuida o encomendada. Mediante Orden del Ministro de Economía y Hacienda se determinarán las condiciones, fechas de publicación y plazos de permanencia de los anuncios en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las demás Administraciones tributarias, cuando opten por este medio de publicación, deberán hacerlo de forma expresa mediante disposición normativa de su órgano de gobierno publicada en el «Boletín Oficial» correspondiente y en la que se haga constar la fecha en la que empieza a surtir efectos.

b) En el «Boletín Oficial del Estado» o en los boletines de las Comunidades Autónomas o de las provincias, según la Administración de la que proceda el acto que se pretende notificar y el ámbito territorial del órgano que lo dicte. La publicación en el «Boletín Oficial» correspondiente se efectuará los días cinco y veinte de cada mes o, en su caso, el inmediato hábil posterior".

Ha de señalarse que la Orden EHA/1843/2011, de 30 de junio, regula la publicación de anuncios en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la notificación por comparecencia.

Por tanto, la regulación del art. 112 de la LGT transcrita establece como medios alternativos de publicación, a los solos efectos de los anuncios de citación para comparecer, la sede electrónica del organismo correspondiente y el BOE o boletines de las Comunidades autónomas o de las provincias, si bien para la AEAT contiene una regla específica al prever que se publicará en su sede electrónica los anuncios correspondientes a las notificaciones que deba practicar en ejercicio de las competencias que le corresponden en aplicación del sistema tributario estatal y aduanero y en la gestión recaudatoria de los recursos que tiene atribuida o encomendada.

En este sentido, la sentencia del TSJ de Andalucía (Málaga) de 19-3-2018, recurso 334/2016, señala que: "siendo de aplicación al caso, por su especialidad, las disposiciones contenidas en el artículo 112 de la Ley General Tributaria y no el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a que hace mención el recurrente en los fundamentos de derecho de su escrito rector, precepto legal el aludido que, como hemos visto, configura como alternativos la publicación en la sede electrónica y en el Boletín Oficial del Estado".

La sentencia del TSJ de Cataluña de 7-6-2018, recurso 455/2015, indica que: "y hay que considerar también que la publicación en la sede electrónica sustituyó, fue medio alternativo, a la publicación en el BOE, de manera que no cabe invocar la indefensión".

Y en la sentencia del TSJ de Galicia de 20-9-2019, recurso 15646/2017 se dice: "Ante la imposibilidad de la notificación por causas no imputables a la Administración Tributaria se publica citación para notificación por comparecencia en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con número de anuncio... pudiendo ser consultada en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria... Ante la incomparecencia del recurrente en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del citado anuncio, la notificación tuvo efecto el día ... de acuerdo con el último inciso del artículo 112.2 de la LGT.

Dada la redacción vigente del art. 112 de la LGT en la fecha de producirse las notificaciones litigiosas, la notificación en dicha sede electrónica constituye un medio alternativo a la notificación en el BOE, por lo que resulta ajustada a derecho.

Se indica por el recurrente que en las diligencias de publicación del anuncio de citación para notificación por comparecencia en el BOE y en los certificados de publicación del anuncio de citación para notificación por comparecencia en la sede electrónica de la AEAT no figura el número de expediente, pero esta circunstancia no incide en la validez de las notificaciones efectuadas en cuanto, en lo que aquí interesa, en tales certificados aparece recogida la identificación de la providencia de apremio a notificar, lo que permite la consulta de la misma en la sede electrónica de la AEAT en las fechas que se consignan en tales documentos.

Se alega por el actor que reside en Tapia de Casariego desde el 27 de octubre de 2005, fecha en la que se empadronó en dicha localidad, de modo que a poco que la Agencia Tributaria hubiese sido mínimamente diligente en la notificación de las resoluciones, las mismas habrían llegado a su destino. Se añade que el recurrente ha sido funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y es pensionista de clases pasivas desde hace tiempo, por lo que el Ministerio de Hacienda era conocedor de su domicilio.

No puede acogerse esta alegación. A este respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 9-10-2001, recurso 4489/2000, señala que: "debe resaltarse que el Padrón de habitantes y el Registro a efectos tributarios de domicilios fiscales son registros administrativos independientes y no intercomunicados automáticamente, de modo que el cambio de domicilio efectuado por una persona en el Padrón de habitantes, por sí solo, no supone un cambio coetáneo y paralelo del domicilio fiscal, ni tampoco sustituye a la declaración tributaria expresa indicada en el mencionado artículo 45.2 de la LGT... Además, como se expresa en las sentencias del Tribunal Constitucional 133/1986, de 29 de octubre, y 188/1987, de 27 de noviembre, cuando el destinatario no es hallado en el lugar por él designado, la Administración no tiene obligación de llevar a cabo "largas, arduas y complejas indagaciones ajenas a su función". Y dicha sentencia fija la siguiente doctrina legal: "El cambio de domicilio declarado a otros efectos administrativos (sea el padrón de habitantes u otro registro administrativo) no sustituye la declaración tributaria expresa de cambio de domicilio fiscal."

Tampoco puede acogerse la alegación referida a que la Agencia Tributaria conocía su domicilio por ser pensionista de clases pasivas. La AEAT es un Ente de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Resultaría desproporcionado exigir a dicho organismo, cuando resultasen infructuosos los intentos de notificación personal, y antes de acudir a la notificación edictal, que procediese a una labor de investigación o rastreo de carácter universal en todos los posibles múltiples registros existentes en otros órganos de la Administración General del Estado, debiendo limitarse esa labor indagatoria a aquellos registros públicos que resultasen accesibles desde el ámbito de competencia de la propia Agencia Tributaria. Así no se alega ni se justifica por el recurrente que el domicilio en el que se encuentra empadronado figurase, en las fechas de notificación de las providencias de apremio controvertidas, en alguno de los expedientes de los que dimana la diligencia de embargo recurrida, ni en algún registro público existente en el ámbito de competencia de la Agencia Tributaria, por lo que las notificaciones edictales de las providencias de apremio resultan ajustadas a derecho.

No desvirtúa esta conclusión el hecho de que la diligencia de embargo se le notificase en Tapia de Casariego, pues las providencias de apremio se intentaron notificar en el domicilio del interesado que le constaba al órgano de recaudación, al haberlo declarado así el recurrente en su momento, según se refleja en las autoliquidaciones del IRPF presentadas respecto de los ejercicios 2011 a 2015, no siendo hasta la presentación de la autoliquidación del IRPF de 2016, presentada el 16 de junio de 2017 cuando efectúa el cambio de domicilio fiscal. Y si las notificaciones mediante edictos objeto de controversia se realizaron conforme a derecho, las mismas produjeron el efecto de interrumpir la prescripción del derecho a exigir el pago de la deuda previamente liquidada o autoliquidada ( art. 66.b) de la LGT), no encontrándose prescrita la acción recaudatoria de la Administración tributaria, recogiéndose en la resolución recurrida los distintos hitos interruptivos de la prescripción.

No pueden enjuiciarse en el presente recurso los posibles defectos de notificación de las sanciones impuestas al recurrente, pues como dijimos en la sentencia de este Tribunal de 27 de octubre de 2021, recurso 208/2020, "la impugnación de las diligencias de embargo está sometida a motivos tasados fijados en el artículo 170 de la LGT...".

Por todo lo expuesto, procede acordar la estimación parcial del recurso en el sentido de anular la diligencia de embargo impugnada en las cantidades correspondientes a las primeras providencias de apremio A3303110106005006, A3303110506002109, A3303110506008764, A33031111106005447, A3303111506002176, A3303111506002451 y A330311506009623, anteriormente expuestas, por los razonamientos expuestos.

QUINTO.- Conforme al artículo 139 de la Ley 29/98 la estimación parcial del recurso conlleva a no ha lugar a hacer expresa condena en costas.