Sentencia Contencioso-Administrativo 396/2023 Tribunal Superior de Justicia de Canarias . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 643/2022 de 26 de octubre del 2023

PRIMERO.- Quedó expuesto en los antecedentes fácticos que el objeto del presente proceso viene constituido por la pretensión anulatoria deducida por don Héctor frente a la resolución de fecha 30 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias, mediante la que se inadmitió la solicitud de suspensión de la providencia de apremio que le fue girada -citamos textualmente la resolución del TEAR- "en relación con procedimiento de derivación de responsabilidad seguido en relación con débitos por el Impuesto sobre Sociedades (Actas 2005/2006), derivados de la Entidad INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE CANARIAS SA (A38740361), por un importe de 341.283,61 euros.".

Y, supuesto el éxito de esta pretensión anulatoria, el objeto del proceso vendría igualmente conformado por la pretensión de plena jurisdicción formulada por la parte recurrente, consistente en la suspensión en vía económico-administrativa de la providencia de apremios en cuestión.

SEGUNDO.- El planteamiento impugnatorio adoptado por la representación procesal de don Héctor viene perfectamente resumido en su escrito de conclusiones, en el que puede leerse:

"HECHOS

Primero.- Reiteración en la conducta de la administración de ejecutar el acto administrativo sin que hubiera una resolución judicial firme que decidiera sobre la suspensión de la ejecución del mismo.

Por medio del presente procedimiento se recurre la resolución dictada el día 30 de septiembre de 2022 por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias, por la que se: "ACUERDA INADMITIR LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN SOBRE LA PRO VIDENCIA DE APREMIO NUM000."

El objeto sobre el que debía emitir pronunciamiento el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias en la referida pieza separada debía ser acerca de la solicitud de suspensión formulada ante el mismo en relación con la providencia de apremio identificada, sin que sea aquella pieza separada el momento y lugar en el que debía pronunciarse acerca de la procedencia del acto impugnado.

El argumento principal del presente recurso es que ya este órgano jurisdiccional ya ha dictado hasta 3 sentencias relativas a mi representado en las que se ha pronunciado sobre la nulidad de resoluciones ejecutivas de la AEAT dictadas en iguales condiciones que ésta, va que dicho órgano administrativo ha iniciado la ejecución sin que haya todavía una resolución judicial firme de suspensión del acuerdo de derivación de responsabilidad.

Sin embargo, la demandada persiste en continuar la ejecución. Pasamos a citar las referidas Sentencias:

Muy recientemente, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, en relación a mi representado se ha dictado sentencia de 23 de noviembre de 2021 (Vid. Documento n° ll de la demanda), por la que se declara que:

"El Tribunal Supremo en 28 de abril de 2014 (casación 4900/2011), FJ 2º estableció que «la Administración no puede iniciar la vía ejecutiva en tanto la decisión sobre la suspensión penda de los órganos económico- administrativos. Lo mismo cabe decir en los supuestos en que la solicitud de suspensión se produzca en vía judicial. La posibilidad de que la Administración tributaria dicte providencia de apremio sobre una liquidación impugnada en la vía económico administrativa (y con mayor motivo si lo ha sido en la jurisdiccional), y respecto de la cual se ha solicitado la suspensión de la ejecución, sin haber resuelto sobre esa suspensión conculca los artículos 9, 24.1 y 106.1 de la Constitución, contraviniendo la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así como el sometimiento de la actividad administrativa al control de legalidad.

Tal vez por ello, el articulo 167.3 de la Ley General Tributaria de 2003 contempla, en la letra b), como uno de los motivos tasados de oposición a la providencia de apremio la solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y «otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación».

Estamos en el caso en que se había pedido la suspensión de la declaración de responsabilidad subsidiara y se había recurrido ante el TEAC. La sentencia de 27 del Tribunal Supremo de febrero de 2018, casación 170/2016, afirma que la interpretación debe ser favorable al otorgamiento de la tutela cautelar, en vía administrativa y económico-administrativa e igualmente en sede jurisdiccional, en el sentido de que no puede la Administración iniciar la vía de apremio -ni aun notificar la resolución ya adoptada- hasta tanto no se haya producido una resolución, debidamente notificada, sobre la solicitud de suspensión, pues admitir lo contrario sería tanto como frustrar o cercenar toda posibilidad de adoptarla por el órgano competente para ello.

Su conclusión en el caso es que la providencia de apremio adoptada sin haber esperado a la resolución del recurso de reposición interpuesto y, además, haber sido notificada aun conociendo que estaba pendiente de decisión una solicitud de suspensión cautelar ante el TEAC. Tal nulidad debe ser de pleno derecho, en armonía con lo declarado, para un supuesto idéntico, por esta Sala, en la ya reiterada sentencia de 28 de abril de 2014, pronunciada en el recurso de casación nº 4900/2011, a tenor de lo establecido en el artículo 62.1, letras a) y e), de la Ley 30/1992 y 217.1, letras a) y e) de la Ley General Tributaria de 2003.

Por último, la Sentencia del TS de 28 de mayo de 2020 (casación de número 5751/2017) incluso en caso de providencia de apremio, antes de resolver el recurso de reposición dirigido contra la liquidación apremiada y transcurrido el plazo para entender desestimado el recurso de reposición por silencio señala que es necesario esperar a que la administración resuelva el recurso antes de acudir a la providencia de apremio:

1) La Administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa, potestativo u obligatorio, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa, como es su deber, pues el silencio administrativo no es sino una mera ficción de acto a efectos de abrir frente a esa omisión las vías impugnatorias pertinentes en cada caso.

2) Además, no puede descartarse a priori la posibilidad de que, examinado tal recurso, que conlleva per se una pretensión de anulación del acto, fuera atendible lo que en él se pide. De esa suerte, la Administración no puede ser premiada o favorecida cuando no contesta tempestivamente las reclamaciones o recursos, toda vez que la ejecutividad no es un valor absoluto, y uno de sus elementos de relativización es la existencia de acciones impugnatorias de las que la Administración no puede desentenderse.

Estamos en el caso en que se había pedido la suspensión de la declaración de responsabilidad subsidiara y se había recurrido ante el TEAC. La sentencia de 27 del Tribunal Supremo de febrero de 2018, casación 170/2016, afirma que la interpretación debe ser favorable al otorgamiento de la tutela cautelar, en vía administrativa y económico-administrativa e igualmente en sede jurisdiccional, en el sentido de que no puede la Administración iniciar la vía de apremio -ni aun notificar la resolución ya adoptada- hasta tanto no se haya producido una resolución, debidamente notificada, sobre la solicitud de suspensión, pues admitir lo contrario sería tanto como frustrar o cercenar toda posibilidad de adoptarla por el órgano competente para ello.

Su conclusión en el caso es que la providencia de apremio adoptada sin haber esperado a la resolución del recurso de reposición interpuesto y, además, haber sido notificada aun conociendo que estaba pendiente de decisión una solicitud de suspensión cautelar ante el TEAC. Tal nulidad debe ser de pleno derecho, en armonía con lo declarado, para un supuesto idéntico, por esta Sala, en laya reiterada sentencia de 28 de abril de 2014, pronunciada en el recurso de casación n° 4900/2011, a tenor de lo establecido en el artículo 62.1, letras a) y e), de la Ley 30/1992 y 217.1, letras a) y e), de la Ley General Tributaria de 2003.

Por último, la Sentencia del TS de 28 de mayo de 2020 (casación de número 5751/2017) incluso en caso de providencia de apremio, antes de resolver el recurso de reposición dirigido contra la liquidación apremiada y transcurrido el plazo para entender desestimado el recurso de reposición por silencio señala que es necesario esperar a que la administración resuelva el recurso antes de acudir a la providencia de apremio:

1) La Administración, cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa, potestativo u obligatorio, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa, como es su deber, pues el silencio administrativo no es sino una mera ficción de acto a efectos de abrir frente a esa omisión las vías impugnatorias pertinentes en cada caso.

2) Además, no puede descartarse a priori la posibilidad de que, examinado tal recurso, que conlleva per se una pretensión de anulación del acto, fuera atendible lo que en él se pide. De esa suerte, la Administración no puede ser premiada o favorecida cuando no contesta tempestivamente las reclamaciones o recursos, toda vez que la ejecutividad no es un valor absoluto, y uno de sus elementos de relativización es la existencia de acciones impugnatorias de las que la Administración no puede desentenderse.

Es cierto que el recurrente no promovió, como le era posible, la suspensión del acto recurrido en reposición, pero tal circunstancia sólo habría hecho más clara y evidente la necesidad de confirmar la sentencia, pues al incumplimiento del deber de resolver sobre el fondo -la licitud de la liquidación luego apremiada-, sobre el que nos hemos pronunciado, se solaparía además, haciendo la conducta aún más grave, el de soslayar el más acuciante pronunciamiento pendiente, el de índole cautelar.

QUINTO.- Es decir que todo el procedimiento ejecutivo estaría afectado de nulidad de pleno derecho por lo que procede estimar el recurso declarando la nulidad de la resolución del TEARC de 30 de octubre de 2020 y los actos administrativos de los que trae causa con expresa condena en costas. ".

En consecuencia, al día de la fecha aún el Acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria a mi representado de las deudas de la entidad INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE CANARIAS, S.A. (en adelante "ITACA, S.A.") de 30 de junio de 2017, no es firme.

Y, tampoco se ha dictado resolución judicial firme sobre el recurso contencioso- administrativo contra la inadmisión de la solicitud de suspensión del acuerdo de derivación de responsabilidad, que se tramita ante la Audiencia Nacional (Vid. Documento n° 5 de la demanda). Todavía, al día de la fecha se encuentra pendiente de resolución judicial sobre el fondo del asunto.

A pesar de que ya se dictaron todas las referidas sentencias por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la AEAT no ha suspendido la ejecución, sino que vuelve a iniciarla vulnerando lo dispuesto en las anteriores resoluciones judiciales.

Segundo.- Perjuicios de imposible o muy difícil reparación.

En el Informe de situación patrimonial emitido por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Canarias con fecha 10 de febrero de 2018 (Vid. Documento n° 9 de la demanda), que se mantiene en la actualidad, constan 169.243,19 euros que se corresponden con el rescate por parte del cónyuge de D. Héctor de un Plan de Pensiones.

De la situación económica descrita cabe concluir que la ejecución de la liquidación ocasionaría un indudable perjuicio de difícil o imposible reparación a esta parte, pues no podrá ver restituido su derecho en caso de resolución estimatoria de su pretensión. Las consecuencias económicas que pueden derivarse para el demandante trascienden de las meras pérdidas económicas, ya que no posee ninguna fuente de ingreso.

La ejecución del plan de pensiones de mi representado supondrá que todo el dinero que el mismo ha venido ahorrando a lo largo de su vida se extraerá del lugar en el que se garantiza su indisponibilidad temporal, eliminando la posibilidad de la restitución al mismo, así como el disfrute de los rendimientos, ventajas fiscales y económicas de que actualmente se nutre.

Tercero.- Carácter sancionador de la deuda, por lo que no puede iniciarse la ejecución hasta la existencia de sentencia firme.

El art. 43.1.a) de la LGT establece que serán responsables subsidiarios "(...) los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones (...)". En definitiva, es requisito sine qua non la existencia de infracción tributaria. De hecho, el propio Acuerdo de derivación de responsabilidad, en su página 5 así lo recoge:

"Por consiguiente, para derivar la acción de cobro de las deudas de una persona jurídica al amparo de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 43.1.a) es necesario que concurran tres requisitos:

a) En primer lugar que, por el obligado principal al pago, se haya cometido una infracción tributaria, circunstancia que en el presente caso queda plenamente acreditada en la relación de hechos que anteceden.

Parece por tanto, que la suspensión del pago de la deuda derivada de un Acuerdo de derivación de responsabilidad sin contrapartida de fianza alguna es una garantía que se conecta con el principio de culpabilidad propio de la naturaleza sancionadora de tales Acuerdos, y por ello, con el principio de presunción de inocencia consagrada en el art. 24.2 de la Constitución Española, debiéndose considerar por tanto la suspensión de la ejecución del más que citado Acuerdo de derivación de responsabilidad sin aportación de garantía.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aplica este criterio, recogiendo su posición, en la sentencia de 10 de marzo de 2016 (rec. 810/2014) y de 5 de marzo de 2014 (rec. 1596/2012):

"Ahora bien en el presente caso, resulta que la Administración ya ha suspendido la ejecución de la sanción que forma parte de la deuda tributaria exigida al recurrente como consecuencia de la derivación de la responsabilidad subsidiaria del artículo 43.1.a) de la LGT y el recurrente lo que pretende es que se extienda a la totalidad de la deuda refiriéndose a su carácter sancionador. (...)

A esta misma sentencia se refieren, entre otras, la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2008, recurso de casación 3941/2006 y también la sentencia de la misma Sala y Sección del Alto Tribunal de 10 de noviembre de 2011, recurso de casación 325/2008. En esta última sentencia se afirma que la STC 85/2006, de 27 de marzo, establece, con carácter general, que cuando la responsabilidad subsidiaria que la Administración tributaria derive tenga un contenido punitivo por extenderse a las sanciones, deberán observarse las mismas garantías materiales y procedimentales que en un procedimiento sancionador, garantías que se deducen de los artículos 25.1 y 24.2 de la Constitución. Y es que la extensión de la responsabilidad a las sanciones tributarias está condicionada al respeto de los principios informadores del Derecho administrativo sancionador. Así lo había reconocido ya el Tribunal Supremo al establecer en su sentencia de 16 de diciembre de 1992, en relación con la extensión de la responsabilidad a las sanciones derivadas de infracciones cometidas por personas jurídicas, que se requiere que los administradores hayan tenido un comportamiento malicioso o negligente y que éste quede suficientemente acreditado para que sirva de fundamento al acto mediante el cual se deriva la responsabilidad tributaria a los mismos, incumbiendo la prueba de esta conducta a la Administración, que ha de motivarla

Por tanto, debe procederse a la suspensión de la ejecución del acuerdo de derivación de responsabilidad por cuanto, dada su naturaleza sancionadora, tal suspensión supone una garantía del principio de culpabilidad y una defensa del principio de presunción de inocencia.

A mayor abundamiento, la suspensión de la ejecución por el TEARC responde a la necesidad de asegurar la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano económico-administrativo o, ulteriormente, del órgano judicial; esto es, trata de evitar que una posible resolución o fallo favorable a la pretensión deducida quede desprovisto de eficacia, siendo patente la existencia de peligros de imposible o muy difícil reparación en el caso de Don Héctor ya que de la ejecución no se deriva perturbación grave de los intereses generales o de tercero, en tanto que la adopción de la misma supone simplemente el mantenimiento de la situación existente desde 2017, que no ha conllevado consecuencia negativa alguna para la Administración pública.

Es más, el ya citado Auto del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1996 (rec. 6513/1992) ha destacado que el interés público no se ve gravemente afectado por la eventual tardanza en el pago de la deuda, si ello en su día se ratificara como procedente.

responsabilidad subsidiaria que la Administración tributaria derive tenga un contenido punitivo por extenderse a las sanciones, deberán observarse las mismas garantías materiales y procedimentales que en un procedimiento sancionador, garantías que se deducen de los artículos 25.1 y 24.2 de la Constitución. Y es que la extensión de la responsabilidad a las sanciones tributarias está condicionada al respeto de los principios informadores del Derecho administrativo sancionador. Así lo había reconocido ya el Tribunal Supremo al establecer en su sentencia de 16 de diciembre de 1992, en relación con la extensión de la responsabilidad a las sanciones derivadas de infracciones cometidas por personas jurídicas, que se requiere que los administradores hayan tenido un comportamiento malicioso o negligente y que éste quede suficientemente acreditado para que sirva de fundamento al acto mediante el cual se deriva la responsabilidad tributaria a los mismos, incumbiendo la prueba de esta conducta a la Administración, que ha de motivarla

Por tanto, debe procederse a la suspensión de la ejecución del acuerdo de derivación de responsabilidad por cuanto, dada su naturaleza sancionadora, tal suspensión supone una garantía del principio de culpabilidad y una defensa del principio de presunción de inocencia.

A mayor abundamiento, la suspensión de la ejecución por el TEARC responde a la necesidad de asegurar la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano económico- administrativo o, ulteriormente, del órgano judicial; esto es, trata de evitar que una posible resolución o fallo favorable a la pretensión deducida quede desprovisto de eficacia, siendo patente la existencia de peligros de imposible o muy difícil reparación en el caso de Don Héctor ya que de la ejecución no se deriva perturbación grave de los intereses generales o de tercero, en tanto que la adopción de la misma supone simplemente el mantenimiento de la situación existente desde 2017, que no ha conllevado consecuencia negativa alguna para la Administración pública.

Es más, el ya citado Auto del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1996 (rec. 6513/1992) ha destacado que el interés público no se ve gravemente afectado por la eventual tardanza en el pago de la deuda, si ello en su día se ratificara como procedente.

Entiende esta parte -concluye así el escrito de conclusiones del actor- que, si bien ha quedado acreditado que la exigibilidad inmediata de la deuda con origen en el Acuerdo de derivación de responsabilidad provocaría un perjuicio directo y difícilmente reversible para Don Héctor, ello no es óbice para afirmar que en caso de una hipotética resolución desestimatoria de sus pretensiones, se deberá hacer frente al pago de la deuda.".

TERCERO.- Por su parte, el Sr. Abogado del Estado, en igual trámite, defiende la validez de la decisión adoptada por el TEAR argumentando cuánto sigue:

"HECHOS.-

La providencia de apremio y la diligencia de embargo recurridas ante el TEAR y respecto de las que solicita la suspensión provienen de una derivación de responsabilidad que, recurrida por el Sr. Héctor ante la Audiencia Nacional y solicitada su suspensión (derivación de responsabilidad) fue denegada por Auto de 9 de diciembre de 2020 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del referido Tribunal. Este Auto obra en el expediente administra¬tivo de la oficina gestora.

Por tanto, no es cierto que la derivación de responsabilidad de la que traen causa la providencia de apremio y las diligencias de embargo estuviese suspendida o pendiente de suspensión.

Por el contrario, cuando se dictan (providencia de apremio y diligencias de embargo) la derivación de responsabilidad era ejecutiva y ejecutable.

II. PRUEBA.- Del presente trámite no se aportan en autos elementos nuevos que hagan desmerecer los hechos alegados por esta representación.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

Respecto a la cuestión relativa a la naturaleza sancionadora del acuerdo de derivación de responsabilidad la alegación debe ser desestimada atendiendo a la reciente Sentencia del Tribunal Supremo n° 538/2023 de fecha 28 de abril dictada en el recurso 29/2020.

En cuanto a la sentencia dictada por la Sala el 26 de enero de 2023 que estima el recurso 15/2022, al entender que las providencias de providencia de apremio debían ser suspendida por traen causa de una sanción (sentencia recurrida en casación), señalar que la suspensión automática establecida en el art° 233.1 en concordancia con el 212.3 de la Ley 58/2003 ( 39.3 del Real Decreto 520/2005), requeriría que el acto recurrido ante el TEAR fuese una sanción tributaria. Una vez la sanción es firme en vía administrativa (como ocurre en este caso), cesa el régimen excepcional de su suspensión automática. Por tanto, la sanción ya es ejecutiva.

Los actos de ejecución (providencias de apremio y diligencia de embargo) son recurribles (por motivos tasados) y puede interesarse su suspensión pero, por mucho que subyaga una sanción, tal suspensión se rige por las reglas generales ( art. 233, apartados 1 a 5, de la LGT y, en enumeración sistemática, art. 39.2 del Real Decreto 520/2005): condicionada a garantía o a causación de perjuicios de difícil o imposible reparación.

Así resulta de lo dispuesto en el artículo 212.3 de la LGT, que en relación a los recursos contra sanciones dispone: "La interposición en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa contra una sanción producirá los siguientes efectos. a) La ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa, b) No se exigirán intereses de demora por el tiempo que transcurra hasta la finalización del plazo de pago en periodo voluntario abierto por la notificación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa, exigiéndose intereses de demora a partir del día siguiente a la finalización de dicho plazo. Lo dispuesto en los párrafos a) y b) de este apartado se aplicará a los efectos de suspender las sanciones tributarias objeto de derivación de responsabilidad, tanto en el caso de que la sanción fuese recurrida por el sujeto infractor, como cuando en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 174.5 de esta Ley dicha sanción sea recurrida por el responsable. En ningún caso será objeto de suspensión automática por este precepto la deuda tributaria objeto de derivación.(...)»

El Artículo 39.2 del Real Decreto 520/2005 establece

"(...) No obstante, a solicitud del interesado se suspenderá la ejecución del acto impugnado en los siguientes supuestos: a) Cuando se aporte alguna de las garantías previstas en el artículo 233.2 y 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los términos previstos en los artículos 43, 44 y 45 de este reglamento. b) Con dispensa total o parcial de garantías, cuando el tribunal que conozca de la reclamación contra el acto considere que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, en los términos previstos en los artículos 46 y 47.c) Sin necesidad de aportar garantía, cuando el tribunal que haya de resolver la reclamación aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en un error aritmético, material o de hecho. Cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o una cantidad líquida, si el tribunal que conoce de la reclamación contra el acto considera que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 3. Tratándose de sanciones que hayan sido objeto de reclamación por los interesados, su ejecución quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa. No se suspenderán con arreglo a este apartado las responsabilidades por el pago de sanciones tributarias previstas en el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La suspensión no afectará a las actuaciones de recaudación que se hubieran producido hasta ese momento.»

Los términos de las normas aplicables no dejan lugar a duda, pues rigen (i) la suspensión de sanciones, no de actos distintos (como las providencias de apremio o diligencias de embargo) y, sobre todo, (ii) porque precisan que esta suspensión automática está referida a las sanciones que estén "en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.".

CUARTO.- Para la adecuada resolución del litigio es suficiente efectuar dos precisiones.

En primer lugar -esto que sigue es lo de menos-, sólo un reducido porcentaje de la providencia de apremio a que se contrae la solicitud de suspensión incluye el abono de las multas impuestas a la deudora originaria; y, fundamentalmente, en segundo término, obvía el recurrente que las sanciones (tal y como se comprueba fácilmente leyendo los antecedentes de esta sentencia) adquirieron firmeza en vía administrativa, lo que excluye la aplicabilidad al caso de la sentencia de este Tribunal citada por el Sr. Héctor.

Así las cosas, no es preciso acudir a superfluos razonamientos para justificar porqué hemos de desestimar la presente impugnación jurisdiccional.

QUINTO.- Las costas serán abonadas por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 LJCA, si bien, procede limitar su cuantía, por los conceptos de representación y defensa de la Administración demandada, a la suma de 500 euros.

En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,