Sentencia Contencioso-Administrativo 217/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 122/2023 de 15 de diciembre del 2023

PRIMERO.-Actividad administrativa impugnada y argumentos jurídicos de la sentencia apelada.

Es objeto del presente recurso de apelación, la sentencia reseñada en el encabezamiento de la presente que desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Celso, contra la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, de fecha 22 de diciembre de 2022, dictada en expediente sancionador en materia de extranjería, por la que se impone al recurrente una sanción de multa por importe de 5.000 euros por incurrir en la infracción grave a la Ley de Extranjería tipificada en el artículo 53.2.b) de la LOEx.

En dicha resolución y como hechos probados se declara lo siguiente que:

Ha incurrido en el supuesto previsto en el art. 53.2 b) de la L.O.Ex. al "contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito"; puesto que ha quedado acreditado que el expedientado presento el día 29/03/2022 permiso de Familiar Residente Comunitario en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Ávila, dicha solicitud fue presentada en fecha 29/03/2022 y denegada en fecha 25/05/2022, todo ello en base a simular ser cónyuge de la ciudadana española Brigida sin estar casado legalmente con ella.

b. Es reincidente en la sanción cometida, puesto que en el Registro Central e Extranjeros le consta en fecha 21/06/2022 ordenada sanción de multa de 3.000€ por infracción del art. 53.2.B de la L.O. 4/2000.

Y en la sentencia apelada y a los efectos de la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto contra la anterior, se contiene la siguiente argumentación jurídica:

Debe convenirse con la Administración demandada en que el recurrente ha incurrido en la infracción por la que ha sido sancionado, constando en autos prueba que desvirtúa el principio de rango constitucional de presunción de inocencia.

Así consta que con fecha 4 de noviembre de 2021 dicho recurrente presentó en el Juzgado de Paz de Sotillo de la Adrada (Avila) solicitud de matrimonio civil entre el recurrente, quien se encontraba en situación irregular en España, y una ciudadana española que fue denegada por dicho Juzgado dando traslado a la Unidad Policial por considerar que era un matrimonio de conveniencia, dictándose informe de fecha 13 de enero de 2022.

Consta igualmente probado que, posteriormente, incoado expediente sancionador por vulneración del artículo 53.2 LOex a ambos ciudadanos fue resuelto por resolución AQV/Extran/11/2022 imponiendo la sanción correspondiente, que un mes después, el 21 de febrero de 2022, es decir, cuatro meses después de la primera solicitud de matrimonio, se presentó nueva solicitud de matrimonio ante el mismo Juzgado para contraer matrimonio con otra ciudadana española llamada Brigida, volviendo a solicitarse informe que fue emitido con fecha 4 de mayo de 2022 y que determina la denegación del matrimonio.

Consta así mismo oficio policial de 11 de abril de 2022 remitido a la Oficina de Extranjeros, para informar de que la solicitud de residencia de familiar comunitario lo es en base a una supuesta relación, no habiéndose formalizado legalmente el matrimonio, sin perjuicio de que muestran fotografías de una celebración simulando la boda entre ellos.

TERCERO.- La simulación a la que se refiere el precepto por el que el recurrente ha sido sancionado debe colegirse de datos e indicios objetivos y probados que lleven a demostrar la misma, como son todos los que constan en el expediente administrativo.

Tal y como consta en la resolución recurrida, aparece suficientemente acreditada la comisión de la infracción por parte del recurrente, ya que sin estar casado con la ciudadana española antes mencionada, en la solicitud presentada por el citado recurrente en la Subdelegación del Gobierno en Ávila el día 29 de marzo de 2022 consta en todo lo referido a su relación como cónyuge, aportando documentación con la nomenclatura de "dni cónyuge español.pdf", "matrimonio- documentación acreditativa matrim", "DECLARACION CONYUGE.PDF", "fotos boda marroquí.pdf", " expediente matrimonio.pdf", "Datos del reagrupante, Estado Civil : CASADO/A"; "Datos del extranjero/a, Estado Civil: CASADO".; "Supuesto presentado: Cónyuge".

Además, esta solicitud esta presentada por una Letrada que representa al recurrente (debidamente autorizada), por lo que no se podría alegar desconocimiento de los términos legales de matrimonio o cónyuge, marcando la casilla "Las personas abajo firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos consignados y de la documentación que se acompaña. Así mismo, autoriza a comprobar los datos consignados y a tal efecto, solicitar información a las Administraciones competentes.

Se alega arraigo que nada o poco tiene que ver en el presente procedimiento, ya que ello no desvirtuaría la comisión de la infracción.

Se alega también la falta de proporcionalidad de la sanción, siendo así que la resolución recurrida no vulnera el principio de proporcionalidad, habiéndose realizado una ponderación efectiva de todas las circunstancias concurrentes, incluida la reiteración.

La sanción impuesta no es desproporcionada, ya que se ha impuesto en cuantía de 5.000 euros y el artículo 55.1.b de la LOEx contempla una horquilla para esta clase de infracciones de entre 501 euros y 10.000 euros, de manera que la sanción impuesta estaría en el medio de las sanciones previstas para estos casos.

El art. 55.1.b de la L.O. 4/2000 establece: "Las infracciones graves con multa de 501 hasta 10.000 euros". El art. 55.3 determina que "Para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia". Por su parte, el art. 55.4 establece que:

"Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta la capacidad económica del infractor".

La culpabilidad del recurrente se acredita dada su intencionalidad pues es consciente del fraude de ley que pretende cometer, presentando en un organismo público, como lo es un Juzgado de Paz, documentación simulando un matrimonio inexistente con el ulterior fin de, una vez consumado el acto matrimonial, solicitar un permiso de residencia en base a un derecho que Ie otorga la legislación española por ser cónyuge de ciudadana española. El recurrente es, además, reincidente en este tipo de comportamientos.

Finalmente, respecto a la alegada falta de competencia, tal y como resulta de la resolución de incoación, ésta se hace por el Comisario Provincial de Ávila, de conformidad con el artículo 115 del RD 2393/2004 de 30 de diciembre, que en la misma resolución nombra un Instructor.

La documental aportada en el acto de la vista por el Letrado del recurrente, no desvirtúa cuanto queda expuesto, ya que nada sirve para justificar que el recurrente no incurriera en la infracción por la que ha sido sancionado.

Añadir, que no se cuestiona por parte de la Administración, ni por parte de quien resuelve la veracidad de la relación sentimental del recurrente, sino que lo que se considera que queda probado es que el recurrente afirmó estar casado y lo hizo en un organismo público cuando en realidad no estaba casado y por ello es por lo que se le sanciona: por simular un matrimonio que era inexistente.

El art. 53.2.b) de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, tipifica como infracción no sólo contraer matrimonio, sino también simular una relación afectiva análoga con el fin de obtener indebidamente un derecho de residencia, infracción consumada en este supuesto.

SEGUNDO.- Argumentos jurídicos del recurso de apelación.

Frente a dicha sentencia y en apoyo de sus pretensiones se alza la parte apelante esgrimiendo el siguiente motivo de impugnación:

La falta de proporcionalidad y tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española, por la aplicación incorrecta del artículo 55.1.b, 55.3 y 55.4 de la L.O. 4/2000, ya que se considera que no se ha realizado por parte de la juzgadora un juicio ponderado con respecto a la graduación de la sanción impuesta, atendiendo al grado de culpabilidad y, en su caso, al daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia.

Es cierto que el recurrente, instó en varias ocasiones la solicitud de matrimonio en la creencia de que efectivamente la relación que mantenía con la que, efectivamente en el día de hoy es su esposa de nacionalidad española, no era simulada y por lo tanto podía formalizar dicha solicitud, y en la creencia de que la celebración de la ceremonia religiosa musulmana le habilitaba para formalizar dicha solicitud.

Esa creencia errónea fue lo que le llevó a instar en varias ocasiones la solicitud de matrimonio, pero no porque actuara de mala fe, prueba de ello y de la autenticidad de su pretensión es que efectivamente a día de hoy está casado con esa mujer, según documento de celebración de matrimonio e inscripción de este.

Sin que la juzgadora haya atendido a dicha creencia errónea por parte del recurrente para graduar la cuantía de la sanción, además de que no se ha producido un daño o riesgo derivado de dicha infracción, con la suficiente transcendencia como para imponer una multa de una cuantía tan elevada.

Además, no se ha tenido en cuenta de manera especial conforme establece el artículo 55.4, la capacidad económica del infractor, el cual no tiene trabajo y ningún tipo de ingreso.

TERCERO.- Alegaciones de la parte apelada.

A dicho recurso se opone la parte demandada, hoy apelada, esgrimiendo los siguientes argumentos:

Que en el recurso de apelación no es procesalmente correcto reiterar simplemente los razonamientos vertidos en la primera instancia, sin someter a crítica la fundamentación de la resolución recurrida,

Y en cuanto a la proporcionalidad de la resolución recurrida, se invoca la conformidad a Derecho de la sentencia recurrida, habida consideración de la proporcionalidad de la sanción conforme resulta del artículo 55 de la LOEX.

Ya que tal y como se señala en la resolución recurrida y en la sentencia apelada, se ha realizado un auténtico juicio de proporcionalidad a la hora de fijar la sanción, que se sitúa en el primer tercio de la horquilla fijada en el artículo mencionado.

Ya que la culpabilidad de la infracción cometida está debidamente acreditada para la Juzgadora y la actuación reincidente del recurrente, por lo que tras reiterar los argumentos de la sentencia apelada y el hecho de que las alegaciones contenidas en el recurso de apelación son genéricas y carecen de sustento probatorio alguno, es por todo ello por lo que se interesa la desestimación del recurso de apelación.

CUARTO.- Sobre la causa de inadmisibilidad del recurso de apelación.

Como hemos puesto de relieve en el encabezamiento de la presente sentencia, lo que es objeto de impugnación en los presentes autos es la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, de fecha 22 de diciembre de 2022, dictada en expediente sancionador en materia de extranjería por la que se impone al recurrente sanción de multa por importe de 5.000 euros por incurrir en la infracción grave a la Ley de Extranjería tipificada en el art. 53.2.b) de la LOEx, por lo que estamos ante un recurso en materia de extranjería, pero la cuantía del procedimiento no es indeterminada, sino determinada claramente por la cuantía de la multa impuesta.

Así las cosas, es preciso recordar lo que sobre dicha admisibilidad establece la LRJCA, así como lo que ha Jurisprudencia ha venido estableciendo al respecto. Así señala el art. 81.1 de la LRJCA que "Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes: a) Aquellos cuya cuantía no exceda de treinta mil euros.". Y en orden a la determinación de dicha cuantía señala el art. 41 de la misma Ley lo siguiente:

"1. La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor económico de la pretensión objeto del mismo.

2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.

3. En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación."

Añade el art. 42.1.a) de la misma que "Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes:

a) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el debito principal, pero no lo recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél".

Por otro lado, el art. 81.2 de la misma Ley señala que "serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes:

a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior.

b) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones Públicas.

d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales".

Y en torno a la naturaleza de orden público de esta materia señala el TS en el Auto de fecha 17 de noviembre de 2.005, dictado en el recurso de casación núm. 1594/2004 viene señalando lo siguiente :

<>.

Quiere decir con ello la Jurisprudencia del T.S. que el recurso de casación, y también por ello el de apelación será admisible cuando se den los requisitos procesables exigidos legalmente, todo lo cual lo podrá valorar lógicamente en el presente caso la Sala y ello pese a que la Juzgadora de Instancia apreciara, erróneamente como veremos, que la sentencia dictada en autos era susceptible de apelación.

Este mismo criterio se recoge en la Sentencia del TS Sala 3ª, sec. 4ª, de fecha 15 de septiembre de 2004, dictada en el recurso 64/2003, de la que fue Ponente Don Rodolfo Soto Vázquez, cuando sobre dicha cuestión expone el siguiente criterio jurisprudencial:

"Por lo que se refiere a la posible inadmisión del recurso por razón de la cuantía, así, si bien en un principio se estableció la cuantía del recurso en indeterminada, las providencias de apremio como ha quedado expuesto, no alcanzan, individualmente, la cifra de tres millones de pesetas, no pudiendo su suma acceder a la casación ni tampoco comunicar a ninguna tal posibilidad ( artículo 41.3 LRJCA , aplicado a la casación), según conocida y reiterada jurisprudencia de esta Sala, y todo ello con independencia de que hayan dado lugar a uno o varios actos por cuanto debe entenderse que es la cuantía individualizada de cada providencia de apremio y no la suma de las cuatro, la que determina objetivamente la cuantía del proceso contencioso administrativo a efectos de casación.

Y es doctrina reiterada de este Tribunal que tratándose de cuotas por débitos a la Seguridad Social, las cifras que deben tomarse en consideración, a los efectos que aquí interesan, son las cuotas mensuales, en atención a que tales cuotas se autoliquidan e ingresan por el sujeto obligado mes por mes y no por períodos de tiempo distintos, en este sentido, entre otros, Autos de 8 y 22 de febrero de 1.999, dictados en sendos recursos de casación para la unificación de doctrina y las sentencias de 11 de abril , 10 y 31 de mayo , 21 de junio , 21 de julio y 7 de noviembre de 2.000 , 24 de abril y 26 de septiembre de 2.001 , 21 de enero , 15 y 22 de abril , 6 , 20 y 24 de junio , 23 de septiembre y 2 y 4 de octubre de 2.002 , 17 de septiembre , 1 y 22 de octubre y 17 de diciembre de 2.003 . Y, en el caso examinado, las providencias de apremio nº 03/95/015744460, 03/98/011532876, 03/98/011532977 y 03/98/011533078, cuyo principal asciende a 324.204 pesetas, 334.472 pesetas, 346.188 pesetas y 180.735 pesetas, respectivamente, por descubiertos de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, liquidan los años 1.994, 1.995, 1.996 y de enero a junio de 1.997, por tanto, es notorio que en el supuesto que nos ocupa ninguna de las cuotas mensuales rebasa la cantidad de tres millones de pesetas, que, como es sabido, es el limite cuantitativo establecido por la normativa aquí aplicable, para acceder al recurso de casación para la unificación de doctrina.

Finalmente, a nivel de Tribunales Superiores de Justicia es muy clarificadora la Sentencia del TSJ del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, de fecha 29-11-2004, nº 866/2004, recurso 294/2004, de la que fue Ponente Don Ángel Ruiz Ruiz, cuando establece al respecto lo siguiente:

< Auto del tribunal Supremo de 26 de junio de 2003, de la Sección 1ª de la Sala por la que se inadmitió el recurso de casación núm. 2.432/2000 , resolución en la que se viene a refundir la doctrina reiterada del Tribunal Supremo y en la que se extraen conclusiones que aquí nuevamente hemos de trasladar.

Criterio que ha sido seguido por esta Sala en el recurso 94/2009 en el que también fue inadmitido un recurso de apelación referido a un recurso en el que se impugnaba una resolución sancionadora impuesta a la recurrente como autora responsable de la infracción consistente en la contratación de un trabajador extranjero, tipificada en el art. 54.1.d) de la L.O. 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, en la que se imponía la sanción de más de 6.000€ de multa, así la sentencia 352/2009 de 4 de septiembre, o en la sentencia del TSJ de Valencia de 13 de mayo de 2015 dictada en el recurso 758/2012, en la que en un recurso referido a una infracción en materia de extranjería por la que se imponía una multa se argumentaba que:

...si bien dicha declaración, siguiendo la actual y consolidada doctrina de la Sala al considerar que el objeto del presente recurso es, única y exclusivamente, un acto administrativo de naturaleza sancionadora por el que se impone a la recurrente-apelada una sanción de 501euros, debe ser rectificada y ello porque, centrado en tales términos el objeto del presente recurso establece o el artículo 81 de la ley Jurisdiccional que:

"1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo... serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:

a) Aquellos cuya cuantía no exceda de tres millones de pesetas...."

Y no estando tampoco en presencia de ninguna de las excepciones previstas en el párrafo 2 de dicho precepto "

2. Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes:

a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior.

b) Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas.

d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales",

De lo que se deduce que, no debió procederse a la admisión del presente recurso de apelación y siendo igualmente reiterada la Jurisprudencia respecto a que las causas de inadmisibilidad, llegados a este momento procesal, lo son de desestimación, como se establece, entre otras muchas y por más reciente en la STS 856/2011 de 2 de marzo :

"...Pues bien es jurisprudencia constante de esta Sala que no debe considerarse precluida la posibilidad de apreciar la inadmisión del recurso, aunque ésta haya de apreciarse en sentencia y suponga la desestimación del recurso. De igual modo es constante y reiterada la jurisprudencia de esta Sala declarando que resulta irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia o el ofrecimiento del mismo al notificarse la resolución impugnada, siempre naturalmente que concurra realmente una causa de inadmisión.

Asimismo, es reiterado el criterio de nuestra jurisprudencia que considera que para apreciar esta causa de inadmisibilidad no es obstáculo el que no se hubiere denunciado expresamente, pues si esta Sala ha de revisar de oficio y puede apreciar el carácter no recurrible de las resoluciones, ningún obstáculo hay para apreciarlo en trámite de sentencia, sin más que convertir en causa de desestimación del recurso de casación la causa de inadmisibilidad.

Lo contrario supondría resolver un recurso de casación en un supuesto en el que está vedado por el legislador en contra de la ley que legitima y regula la actuación de los tribunales y de la finalidad de protección de la norma que tiene el recurso de casación..."

En consecuencia de todo ello procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada, al ser el objeto del recurso seguido en la instancia, única y exclusivamente, una sanción de índole económica cuya cuantía no es posible recurrir en apelación por no reunir las condiciones que, al efecto, establece el art. 81 de la Ley Jurisdiccional y es este pronunciamiento el único sobre el que ha resuelto la Administración y el único sobre el que -en su caso- se podría pronunciar esta Sala y no siendo posible admitir el recurso de apelación contra el contenido del acto administrativo -sanción económica- no es posible un pronunciamiento que siendo accesorio a aquel es por imperativo legal, de forma que a la Sala, en el hipotético caso de admitirse este recurso de apelación le cabría confirmar la sanción económica -en cuyo caso, se mantendría sin más la obligación legal- o bien anularla -en cuyo caso, se anularía aquella- pero de forma automática y no por pronunciamiento alguno del órgano jurisdiccional.

Es por todo ello que debemos declarar indebidamente admitido el presente recurso de apelación y archivar el mismo, con devolución de los autos al Juzgado de procedencia."

Procediendo por todo ello en el presente caso la declaración de inadmisibilidad del presente recurso de apelación, ya que la sentencia impugnada y dictada en la instancia no ha sido pronunciada en ninguno de los supuestos de las excepciones contempladas en el art. 81.2 de la LRJCA es por lo que también ha de concluirse que en el presente caso que la sentencia dictada en la instancia no es susceptible de ser recurrida en apelación, motivo por el cual procede declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto.

ÚLTIMO.- La inadmisión del recurso, conllevaría de conformidad con lo dispuesto en el art. 139.2 y en términos generales la imposición de las costas procesales a la parte apelante, pero como quiera que fue el propio Juzgado de Instancia el que en la propia sentencia informó sobre la posibilidad de recurrir en apelación dicha sentencia y también declaró admisible dicho recurso y que ni siquiera la parte apelada en su escrito de oposición al recurso de apelación consideró indebidamente admitido el mismo, es por lo que se considera que en el presente caso concurren circunstancias que justifican la no imposición de costas a la parte apelante por las devengadas en esta segunda instancia.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación la SALA ACUERDA