Sentencia Contencioso-Administrativo 670/2023 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 249/2022 de 08 de junio del 2023

1.Es objeto del presente recurso de apelación la Sentencia nº 36/22, de 21 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid, dictada en el procedimiento abreviado nº 115/21.

Esta sentencia desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el aquí apelante contra la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), por la que se desestima su recurso de alzada presentado contra el listado de puntuaciones de la convocatoria de una plaza de Arquitecto interino del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, salvo en dos puntos del apartado C2, que son estimados, rectificándose la puntuación a él otorgada, de forma que se estable en 31,03 puntos.

2. El apelante pretende que se revoque la sentencia de instancia y que, en su lugar, se dicte otra por la que se anule la puntuación que el Tribunal calificador le ha otorgado y se le reconozca la que solicita en los Fundamentos de derecho 3º; 4º y 5º de su escrito de apelación.

El apelante pone de relieve que no cuestiona las bases de la convocatoria sino la, a su juicio, interpretación errónea de las mismas efectuada por el Tribunal calificador y, por ende, por el Juzgador de instancia que confirma las resoluciones recurridas.

2.1. En el Fundamento de derecho Tercero de su escrito de apelación alega vulneración por la sentencia objeto de este recurso de los principios de publicidad, transparencia, motivación, interdicción de la arbitrariedad, igualdad y merito, en la valoración de sus méritos.

2.1.1. Comenzando por la valoración de los méritos por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Aldeatejada por el apelante.

En la sentencia de instancia sobre este punto se dice:

" El actor certificó haber prestado servicios a tiempo parcial desde el 05.03.2003 hasta el 12.08.2016. Si bien requerido de subsanación, este extremo no lo subsanó y fue posteriormente, en trámite de alzada cuando acreditó una variación de la parcialidad del trabajo, siendo ya extemporánea esa variación. Además, no se conocen los extremos concretos de la misma pues obedecieron a una desconocida sentencia judicial de la que ni siquiera se sabe si fue con ese mismo municipio. Recuérdese que las bases disponen "Serán subsanables los errores de hecho de los requisitos señalados en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP- , como son los datos personales del/a interesado/a, medio electrónico, o en su defecto, lugar físico señalado a efectos de notificaciones, fecha, firma u órgano al que se dirige. No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selectivo, al plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales: No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en las bases. Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspondiente. No consignar la relación de méritos a valorar, y/o no adjuntar los documentos acreditativos de los méritos alegados". El actor fue requerido de subsanación pero no acompañó documentación al respecto del referido mérito. Y en todo caso, lo esencial es el contrato de trabajo aportado (las bases disponían la acreditación a través del "-Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración o Entidad donde se hubiesen prestado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo de su duración y el tipo de funciones y tareas desempeñadas salvo que éstas últimas se deduzcan con claridad del tipo de puesto de que se trate. -A los certificados de servicios prestados deberá acompañarse informe de vida laboral."). Cierto es que hay una divergencia entre uno y otro documento, pero el actor no subsanó la misma, cuando sí procedió a subsanar otros extremos para los que fue requerido. Y, además, esencialmente, ese criterio de parcialidad adoptado por el tribunal (véase sus actas) de modificarse habría de ser extendido a los demás aspirantes".

El actor certificó haber prestado servicios a tiempo parcial desde el 05.03.2003 hasta el 12.08.2016. Si bien requerido de subsanación, este extremo no lo subsanó y fue posteriormente, en trámite de alzada cuando acreditó una variación de la parcialidad del trabajo, siendo ya extemporánea esa variación. Además, no se conocen los extremos concretos de la misma pues obedecieron a una desconocida sentencia judicial de la que ni siquiera se sabe si fue con ese mismo municipio".

Sostiene el apelante que no acreditó extemporáneamente la variación de la parcialidad, como erróneamente, a su juicio, sostiene el Juez a quo porque las variaciones de horas de trabajo en cada periodo de prestación de servicios en el Ayuntamiento de Aldeatejada, estaban recogidas en los certificados emitidos por dicho Ayuntamiento, en fechas: 20 de junio de 2019 y 21 de noviembre/2011, presentados con la solicitud de participación en el Concurso.

Efectivamente, el apelante presentó con su solicitud los dos certificados que menciona. En el de 21 de noviembre de 2011, se certifica que había prestado servicios en ese Ayuntamiento desde e 5 de mayo de 2003 hasta el día de hoy (21 de noviembre de 2011) con una jornada laboral que detalla en distintos periodos: de 9, 12, 13 horas semanales y de 18 horas semanales a partir del 1 de mayo de 2011 hasta el día de hoy (21 de noviembre de 2011).

En el certificado de 20 de junio de 2019 se certifica que el apelante había prestado servicios en ese Ayuntamiento como Arquitecto, a tiempo parcial, desde el 5 de mayo de 2003 hasta el 12 de agosto de 2016.

El apartado C.1. Experiencia profesional (máximo 40 puntos) de la base séptima, que rige la convocatoria para la selección de personal para su nombramiento interino de la plaza de arquitecto y formación de bolsa de empleo, se establece:

Por haber desempeñado puestos de Arquitecto/a en cualquier Administración Pública, así como por la prestación del servicio de asesoramiento y emisión de informes para entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones, etc.), por cada mes completo:0,20 puntos, con un máximo de 30 puntos. Los periodos inferiores a un mes no se puntuarán.

En cuanto a la acreditación de la experiencia profesional se establece en la base séptima que se efectuará a través de:

-Certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración o Entidad donde se hubiera prestado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo de su duración y el tipo de funciones y tareas desempeñadas salvo que estas últimas se deduzcan con claridad del tipo de puesto de que se trate.

A los certificados de servicios prestados deberá acompañarse informe de vida laboral.

El certificado deberá especificar el tipo de jornada realizada, estableciendo las horas mensuales . Para realizar la valoración de méritos, en caso de que los servicios se desarrollasen a tiempo parcial, el tribunal aplicará la puntuación prevista proporcionalmente al tiempo efectivo de trabajo que se ha desempeñado".

El Tribunal calificador adoptó como criterio para el cómputo de plazos en los servicios prestados a tiempo parcial (Acta de 30 de septiembre de 2020) el siguiente:" A tiempo parcial, se calculan proporcionalmente con el siguiente criterio - mes completo trabajado, 22 días laborables y jornada de 7 horas y media diarias."

Con arreglo a dicho criterio y con los certificados presentados se otorgó al apelante por este apartado 6,21 puntos, teniendo en cuenta únicamente las horas semanales de jornada laboral que se consignan en el certificado de 21 de noviembre de 2011.

El apelante discrepa del periodo de prestación de servicios tenido en cuenta por el Tribunal calificador como del criterio de proporcionalidad utilizado para aplicar la puntuación a los servicios prestados a tiempo parcial.

En relación con el primer punto de discrepancia, se ha de señalar que la base quinta de la convocatoria dispone:

"Serán subsanables los errores de hecho de los requisitos señalados en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, como son los datos personales del/a interesado/a, medio electrónico, o en su defecto, lugar físico señalado a efectos de notificaciones, fecha, firma u órgano al que se dirige.

No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selectivo, al plazo de caducidad o a la carencia de actuaciones esenciales:

- No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en las bases.

-Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspondiente.

- No consignar la relación de méritos a valorar, y/o no adjuntar los documentos acreditativos de los méritos alegados".

No cabe duda de que el apelante prestó servicios como Arquitecto desde el 5 de mayo de 2003 al 12 de agosto de 2016 en el Ayuntamiento de Aldeatejada, pero no ha acreditado con los dos certificados aportados con su solicitud las horas semanales de prestación de servicios a partir del 22 de noviembre de 2011, porque el certificado de 21 de noviembre de 2011 solo certifica las horas semanales hasta ese día y el certificado de 20 de junio de 2019 no especifica las horas mensuales.

Por tanto, el apelante incumplió la exigencia de las bases de acreditar mediante certificado las horas mensuales trabajadas durante todo el periodo cuya valoración pretende (base séptima) y el tribunal calificador no le podía pedir la subsanación porque en la base quinta se establece como no subsanable no adjuntar los documentos acreditativos de los méritos alegados.

Y es de recordar que el apelante no impugnó ni impugna las bases de la convocatoria.

El Tribunal calificador aplica lo que literalmente se establece en esas bases, por lo que no se aprecia la incorrecta o errónea aplicación de las mismas que se denuncia por el apelante.

Sobre el segundo punto de discrepancia referido al criterio de proporcionalidad fijado por el Tribunal calificador, sostiene el apelante que dicho criterio lo fijó el Tribunal calificador 6 meses después de presentadas las solicitudes de participación, sin publicidad, rompiendo la regla de proporcionalidad establecida en las bases, siendo dicho criterio, a su entender, discriminatorio porque solo se refiere a los contratos a tiempo parcial y desproporcionado en más del 20% respecto del máximo legal establecido para la jornada laboral ordinaria de un empleado público.

Para resolver este punto se ha de poner de relieve que en las bases de la convocatoria no se establece un concreto criterio y que por ello no hay razón que justifique que el adoptado por el Tribunal calificador se sustituya por los que propone el apelante (45% de parcialidad, la jornada establecida en Decreto 59/2013 de 5 de septiembre" por el que se regula la jornada, el horario, las vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León", o en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, publicada en el BOCyL nº 208 de 28 de octubre de 2013).

Se ha de poner de relieve que, con arreglo a la base sexta, punto 6, de la convocatoria, corresponde al Tribunal calificador resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las bases para garantizar el normal desarrollo de la convocatoria, así como las dudas o reclamaciones que pudieran originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la convocatoria.

La jurisprudencia es constante al afirmar que las bases son la ley del proceso selectivo y que vinculan a los aspirantes y a la Administración. Y que corresponde al tribunal calificador interpretarlas y aplicarlas. Ahora bien, interpretar y aplicar las bases no supone introducir en ellas elementos ajenos a sus previsiones ni autoriza al tribunal calificador a abdicar de su responsabilidad de hacerlas valer, interpretándolas cuando sea necesario. Y, en todo caso, las interpretaciones y criterios aplicativos ha de establecerlos con anterioridad, a fin de que los interesados conozcan de antemano en qué condiciones van a concurrir con los demás.

En este caso, el Tribunal ha considerado como mes completo de prestación de servicios: 22 días y 7 horas y media/día para aplicar la puntuación prevista por cada mes completo proporcionalmente al tiempo de trabajo desempeñado efectivamente cuando este lo haya sido en virtud de contrato a tiempo parcial.

Con ello, el Tribunal ha interpretado, no modificado, las bases con arreglo a las facultades que las propias bases le atribuían.

No es discriminatorio el criterio que establece puesto que la base solo se refiere a los servicios que se desarrollan a tiempo parcial.

No es desproporcionado porque la puntuación se fija en función de la prestación de servicios efectivos en un mes, no en cómputo anual, como pretende el apelante ni con arreglo a lo que se establece en la sentencia que invoca, que se fija en el 45% a otros efectos. El término de comparación, con arreglo a las bases, es el mes no la jornada anual fijada en el Decreto y Convenio colectivo que invoca, en la que se tienen en cuenta vacaciones y festivos.

Por último, el que no se tuviera conocimiento de este criterio no tienen la relevancia determinante que sostiene el recurrente porque no se trata de un criterio que pueda afectar al desarrollo de unas pruebas del proceso selectivo que los aspirantes necesiten conocer para concurrir en términos de igualdad, sino de una regla establecida para determinar la proporción señalada que las bases dejan en manos del Tribunal calificador, que no se aprecia sea irracional o arbitraria ni que se haya aplicado con la finalidad de perjudicar a unos aspirantes frente a otros, habiéndose aplicado por igual a todos.

2.1. 2. Sobre el cómputo de las horas trabajadas en el Ayuntamiento de Tordesillas y en el Ayuntamiento de Benavente, no puede atenderse a lo pretendido por el apelante porque se funda en los mismos argumentos sobre el cálculo de la parcialidad que han sido rechazados en el apartado anterior.

2.2. Sobre el cómputo de la Experiencia, apartado C.2 de la base 7ª de la convocatoria, que dice:

Experiencia en tramitación, gestión y redacción de instrumentos de ordenación y planeamiento Urbanísticos aprobados definitivamente, con un máximo de 10 puntos:

- Por redacción o revisión de un Plan General de Ordenación Urbana: 1,5 puntos por cada Plan.

- Por redacción de Normas Urbanísticas Municipales: 1 punto por cada Norma.

- Por la redacción de cualquier otro instrumento de planeamiento urbanístico distinto de los anteriores: 0,5 puntos por cada uno.

Sostiene el apelante, en relación con la aprobación de los dos instrumentos de planeamiento del Ayuntamiento de Aldeatejada presentados para su valoración en este Mérito, que el Tribunal calificador sólo ha puntuado uno: "la aprobación definitiva" (1,50 puntos) , porque -dice- se trata del mismo instrumento que se aprobó parcialmente, lo que rechaza, por falta de motivación y en todo caso por ser contrario a la legalidad .

El apelante presentó como mérito la redacción del PGOU de Aldeatejada, con aprobado definitiva parcial mediante acuerdo de la CTU de Salamanca de 30 de marzo de 2007, BOCyL de 25 de mayo de 2007 y la redacción del PGOU de Aldeatejada con aprobación definitiva mediante acuerdo de la CTU de Salamanca de 31 de julio de 2007, BOCyL de 4 de octubre de 2007.

La Sala considera que el criterio adoptado por el Tribunal calificador es correcto toda vez que la máxima puntuación solo procede en el caso de la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana (íntegro) y en el caso del de Aldeatejada está se produjo escalonadamente con una primera aprobación definitiva parcial y luego la definitiva, pero que responde a la redacción de un único instrumento de planeamiento general.

2.3. Sobre la puntuación otorgada en relación con el apartado D, base 7ª de la Convocatoria que dice:

Por la realización de cursos impartidos por centros oficiales de formación en materia de urbanismo (máximo 5 puntos)

D.1 Por cursos entre 25 y 50 horas lectivas: 0,10 puntos.

D.2 Entre 51 y 100 horas lectivas: 0,20 puntos.

D.3 Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos."

El Tribunal calificador no otorgó ningún punto por este apartado al apelante, lo que estima injustificado y carente de motivación plausible, cuestionando que los cursos que ha aportado para su valoración no entren dentro del concepto urbanismo.

Se refiere el apelante a los siguientes cursos: 1. Plan agrupado de Formación de la Diputación Provincial de Salamanca subvencionado por la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. Protección frente al ruido en edificación, Curso de Patología de la Edificación (VII Curso): El Acondicionamiento y las Instalaciones en Restauración. Programa de Estudios del Curso de Postgrado de Restauración Arquitectónica". Ciudad y Territorio en Castilla y León. Retos para el nuevo siglo" organizado por la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Congr eso Nacional de Arquitectos de España VALENCIA 2009 celebrado en Valencia los días 1, 2 y 3 de julio de 2009 tratando sobre todos los temas profesionales incluido el Urbanismo y la Función Pública.

El Tribunal no los valora aduciendo respecto a los cursos del apartado 1 "gestión de fondos europeos" y "reforma laboral Repercusiones en las Administraciones Públicas", porque no se refieren a materia de urbanismo; respecto a los cursos del apartado 2, "Protección frente al ruido en edificación", "Protección contra incendios y Accesibilidad en Edificios Públicos y de uso Residencial", "Inspección técnica en Edificación en Inmuebles Municipales" y "Formación de Eficiencia Energética en Construcción de Edificios Municipales", por la misma razón al no referirse a materia de urbanismo; respecto al curso del apartado 3, "Curso de Patología de la Edificación (VII Curso): El Acondicionamiento y las Instalaciones en Restauración", por lo mismo al no referirse a materia de urbanismo; respecto al curso del apartado 4, "Curso de Postgrado de Restauración Arquitectónica" El Tribunal no lo valora al no referirse a materia de urbanismo; respecto a "Congreso Ciudad y Territorio en Castilla y León. Retos para el nuevo siglo", y "Congreso Nacional de Arquitectos de España VALENCIA 2009", El Tribunal entiende que un congreso no puede equipararse a un curso de los puntuables conforme a las bases.

Puede tener razón el apelante en que algunos de los cursos realizados por él entran dentro de un concepto amplio de urbanismo y son desde luego de interés a efectos de las funciones que ha de desarrollar un Arquitecto municipal. Pero, dicho esto, al Tribunal calificador le corresponde, como se ha dicho antes, la interpretación y aplicación de las bases y ha optado por un concepto estricto de urbanismo utilizado para todos los aspirantes, sin que en ello se aprecie arbitrariedad ni falta de motivación, de forma que no puede sostenerse que el Tribunal calificador no se haya ajustado a las bases en su decisión, sin perjuicio de que estas podían haber tenido otra redacción que permitiera la valoración de aquellos cursos que guardan íntima relación con las funciones a desarrollar por el Arquitecto municipal, pero no es el caso y las bases, se repite, no han sido impugnadas.

3. Por todo lo expuesto, se desestima el recurso de apelación y se imponen las costas a la parte apelante con el límite de 300 €, IVA excluido, a abonar por mitad a las partes apeladas, con arreglo al art. 139.2 y 4 de la LJCA:

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación