Sentencia Contencioso-Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 949/2019 de 22 de Junio de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO ORDINARIO 949/2019

Partes: FORMAT EN FORMACIÓ PROFESIONAL SL C/ TEAR

S E N T E N C I A Nº 2616

Ilmos/as. Sres/as.:

PRESIDENTE:

Dª. MARIA ABELLEIRA RODRÍGUEZ

MAGISTRADO/AS

Dª MARGARITA CUSCÓ TURELL

Dª ROSA Mª MÚÑOZ RODÓN

En la ciudad de Barcelona, a 22 de junio de 2020

VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA),constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo nº 949/2019, interpuesto por FORMAT EN FORMACIÓ PROFESIONAL SL, representado por el/la Procurador/a D. Mª TERESA AZNAREZ DOMINGO, contra TEAR , representado por el ABOGADO DEL ESTADO.

Ha sido Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Dª ROSA Mª MÚÑOZ RODÓN, quien expresa el parecer de la SALA.

Antecedentes

PRIMERO.-Por la Procuradora Da. MARIA TERESA AZNAREZ DOMINGO, actuando en nombre y representación de FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL, se interpuso recurso contencioso administrativo contra las actuaciones administrativas que se especificarán en el posterior Fundamento de Derecho Primero.

SEGUNDO.-Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio cauce procesal previsto por la Ley Jurisdiccional, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden respectivo, los trámites de demanda y de contestación, en cuyos escritos respectivos, y en virtud de los hechos y de los fundamentos de derecho que allí constan, solicitaron respectivamente la anulación de las actuaciones objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que resultan de los mismos.

TERCERO.-Continuando el proceso su curso legal por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para votación y fallo el 27 de mayo de 2020, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO.-En la sustanciación del procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Resolución recurrida.

La parte actora interpuso en su día recurso contencioso-administrativo contra 9 resoluciones del TEARC notificadas en distintas fechas, todas dentro del plazo de dos meses establecido en el artículo 46. 2 de la Ley de la Jurisdicción administrativa.

Por Auto de fecha 1 de julio de 2019 se tuvo por interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la resolución el Tribunal Económico Administrativo regional de Cataluña de fecha 30 de julio de 2018 por la que se resuelve la reclamación económico administrativa número 08/05720/ 2018, no admitiéndose por el resto de las reclamaciones, que fueron interpuestas desacumulativamente.

La citada resolución del TEARC revisa la liquidación A 0885217406023160y declara la inadmisibilidad de la reclamación economico-administrativa por entender que el recurso de reposición previo a la vía económico administrativa había sido interpuesto extemporáneamente, una vez transcurrido el plazo de un mes contemplado en el art. 223 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

En el presente caso el día 6 de marzo de 2018 fue notificado el acuerdo por el que se declaraba inadmisible el recurso de reposición interpuesto en fecha 21 de febrero de 2018 contra el acuerdo notificado el 4 de enero de 2018 en vía de apremio.

Disconforme con la anterior resolución el interesado interpuso reclamación económico administrativa en fecha 3 de abril de 2018.

SEGUNDO.- Pretensiones y alegaciones de las partes.

La parte actora alega en su escrito de demanda cuestiones relativas al fondo de asunto, y en relación a la inadmisibilidad que aquí se discute la defectuosa notificación electrónica; la falta de notificación personal y la aplicabilidad de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común, en lugar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello en relación a la notificación electrónica practicada. Finalmente, alega la vulneración del principio de confianza legítima por parate de la Administración tributaria, también en relación a las notificaciones electrónicas obligatorias en relación a la notificación pendiente de recepcionar.

Solicita se dicte Sentencia por la que se anule y deje sin efecto el acuerdo de apremio por importe 735,31 Euros y condene a la Administración a admitir el recurso de reposición interpuesto en fecha 21 de febrero de 2018 contra la Providencia de apremio A0885217406023160, con imposición de costas a la Administración.

La Abogacía del Estado, por su parte, solicita la desestimación del recurso, por entender ajustado a derecho el acuerdo impugnado.

TERCERO.- La notificación electrónica a la recurrente. Normativa aplicable.

Para la adecuada resolución de la causa es necesario recordar que la resolución aquí recurrida es el acuerdo del TEAR de Catalunya según el cual se declara la inadmisibilidad de la reclamación ante él formulada.

Partiendo de dicha premisa, la cuestión a debatir no puede ser otra que la procedencia o no de admitir el recurso por parte de la demandada, sin que los argumentos vertidos por la actora relativos al tema de fondo puedan ser aquí cuestionados.

El acuerdo del TEAR aquí impugnado se ha limitado comprobar si el recurso de reposición interpuesto ante ante la AEAT lo fue tempestivamente o no.

No resulta controvertido que el acto de recaudación fue notificado a la recurrente el día 4 de enero de 2018 en el buzón electrónico asociado a la dirección electrónica habilitada en el Servicio de Notificaciones Electrónicas.

Transcurrido el plazo de 10 días sin que la interesada accediera al correo, se entendió que la notificación como rechazada, conforme a lo dispuesto en el art. 43.2 de la Ley 39/2015, que dispone:

1Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.

(...)

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Recibida la notificación electrónica, como se ha dicho, el día 4 de enero de 2018, los diez días naturales se cumplieron el 14 de enero de 2018, por lo que la interposición del recurso de reposición el día 21 de febrero de 2018 fue a todas luces extemporánea, de conformidad con el plazo de un mes establecido en el art. 223.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

De lo anterior se colige que la reclamación económico-administrativa se dirige contra un acto firme y consentido.

Pretende la actora discutir la procedencia de la notificación electrónica, sobre la base de entender que no resulta aplicable al presente caso lo dispuesto en la Ley 39/2015 (art. 43.2, antes citado), cuestión que no puede ser acogida atendido que en la fecha en que se produjo la notificación había ya entrado en vigor la citada Ley, resultando de aplicación su Disposición transitoria tercera, a sensu contrario, relativa al régimen transitorio de los procedimientos y señalando que a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior.

2Debe recordarse al respecto que la notificación hace referencia al procedimiento de apremio, iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (providencia de apremio dictada como consecuencia de un procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria incoado por acuerdo de fecha 24 de agosto de 2017), sin que a efectos de la aplicación de ésta deba tenerse en cuenta la normativa aplicable al momento de girarse la liquidación, como pretende la parte recurrente.

3Como ya se ha expuesto, la notificación en cuestión se practicó en la Dirección Electrónica Habilitada de la Sociedad actora, por hallarse obligada a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones que se le realicen en general por cualquier Administración pública, conforme a lo dispuesto en el art. 14. de la Ley 39/2015 y conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la AEAT, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 LGT que dispone que en relación a lasa notificaciones en materia tributaria dispone: El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en esta sección.

El art. 41 de la tan repetida Ley 39/2015, relativo a las condiciones generales para la práctica de las notificaciones, dispone:

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de notificaciones.

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

3. (...)

4. (...)

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

7. (...)

En el presente caso y conforme a la normativa transcrita, no se da ninguno de los requisitos legales para que la notificación deba realizarse por medios no electrónicos o mediante publicación de anuncio en el BOE.

CUARTO.- Inexistencia de vulneración del principio de confianza legítima.

Como reitera la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, secc. 3, de 16 de marzo de 2017, rec. 430/14:

(...) la jurisprudencia de esta Sala, recogida en las sentencias de 10 de mayo de 1999 (RCA 594/1995 ), 17 de junio de 2003 (RCA 492/1999 ) 6 de julio de 2012 (RCA 288/2011 ), 22 de enero de 2013 (RCA 470/2011 ), y 21 de septiembre de 2015 (RCA 721/2013 ), sostiene que el principio de protección de la confianza legítima, relacionado con los más tradicionales en nuestro ordenamiento de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la Administración y los particulares, comporta 'el que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones'.

Este principio de confianza legítima encuentra su fundamento último, de acuerdo con la sentencia de esta Sala de 24 de marzo de 2003 (recurso 100/1998 ) y 20 de septiembre de 2012 (recurso 5511/2009 ), 'en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y el deber de coherencia de dicho comportamiento', y en el principio de buena fe que rige la actuación administrativa, pues como afirma la sentencia de 15 de abril de 2005 (recurso 2900/2002 ) y nuevamente la ya referenciada de 20 de septiembre de 2012, 'si la Administración desarrolla una actividad de tal naturaleza que pueda inducir razonablemente a los ciudadanos a esperar determinada conducta por su parte, su ulterior decisión adversa supondría quebrantar la buena fe en que ha de inspirarse la actuación de la misma y defraudar las legítimas expectativas que su conducta hubiese generado en el administrado'.

En el presente caso no se aprecia ni prueba que la Administración Tributaria enviara previo aviso de la existencia de notificaciones pendientes de revisar en la DEJ al recurrente, siendo todas las acompañadas al escrito de demanda de fecha posterior a la providencia de apremio cuya notificación se cuestiona.

El recurso debe, por ello, ser desestimado.

QUINTO.- Costas.

En materia de costas, procede la imposición de las mismas a la parte actora, a tenor de lo dispuesto en el art. 139.1 de la LRJCA, si bien con el límite total máximo de 300 Euros.

Fallo

1.- DESESTIMAR el presente recurso contencioso administrativo.

2.- Imponer las costas a la actora, con el límite total máximo de 300 Euros.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme. contra la misma cabe deducir, en su caso, recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contnecioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 89.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Firme la presente líbrese certificación de la misma y remítase juntamente con el respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevarla a puro y debido efecto, sirviéndose acusar el oportuno recibo.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/.

PUBLICACIÓN.-La Sentencia anterior ha sido leida y publicada en audiencia pública, por la Magistrada ponente . Doy fe.