Sentencia Contencioso-Administrativo 629/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 63/2023 de 17 de octubre del 2023

PRIMERO.- Es objeto de apelación la sentencia nº la sentencia nº 323/2022, de fecha 7 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Valencia, en el procedimiento ordinario 128/2022, estimatoria parcial del recurso interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo negativo de la reclamación deducida en vía administrativa como consecuencia de la no adjudicación del contrato de la obra de habilitación de edificio para centro de menores en centro cívico el Prat (Exp 98101), declarando como situación jurídica individualizada el derecho de la actora a cobrar del AYUNTAMIENTO DE LIRIA la cantidad de 4.786,45 Euros.

II.- Concretamente la sentencia rechaza que se trate de una reclamación deresponsabilidad patrimonial al derivar la acción de la relación contractual, conforme al art 155.2 LCSP.

Rechaza la prescripción invocada por el Ayuntamiento al constar en el expediente que la actora presentó su solicitud responsabilidad contractual el 8/6/2020, siendo la resolución por el que se acuerda no seguir con el procedimiento contractual de fecha 8/11/2019. No aplicándose el plazo de prescripción de un año.

En relación con la cuantía indemnizable reconoce las siguientes partidas:

- la comisión de aval en la cantidad de 75 Euros, que justifica con el documento n º1 de su demanda.

- el seguro de caución por un importe de 375,76 Euros, justificado por el documento n º 2 de la demanda.

- la cantidad reclamada en base a la declaración jurada formulada por el técnico en concepto de "estudio del proyecto, petición de ofertas de industriales y suministradores y la planificación técnica-económica", documento n º 4 de la demanda, por importe de 4.296,09 Euros.

Rechaza la cantidad de 37.519,62 Euros, correspondiente al beneficio dejado de percibir, calculado sobre el 6% de la proposición que resulto adjudicada (625.327 Euros) por entender que "(...) dicha cantidad no puede ser indemnizada, de conformidad con los parámetros de la responsabilidad patrimonial a que hace referencia el precepto mencionado en esta resolución. La cantidad solicitada en concepto de beneficio industrial no es efectivo, no es evaluable económicamente, sino con una apreciación de parte, y no es cierto. Siendo un beneficio hipotético, no cabe su indemnización(...)"

Frente a dicha sentencia se alza la representación procesal de la mercantil demandante planteando que son resarcibles todos los daños ocasionados por la preparación técnica y administrativa de la oferta -incluidos los relativos a la presentación del aval-, los intereses sobre dichos gastos y el beneficio industrial dejado de obtener, el 6% de la proposición que resulto adjudicada .

III.- El Ayuntamiento se opone al recurso de apelación por entender que conforme al tenor literal del artículo 152 LCSP, el órgano de contratación puede tomar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, o desistir del mismo antes de la formalización del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, debiendo fundarse el desistimiento en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, no contemplando la LCSP el derecho 4 indemnizatorio sobre el beneficio industrial siempre que la decisión está fundada en causas de legalidad yno de oportunidad, y en ese caso concurre una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato -como es la ausencia de consignación presupuestaria- que hacen imposible continuar con la licitación hasta su adjudicación. La inexistencia de crédito presupuestario después del 31/12/2018, está debidamente justificado en el expediente y provoca la nulidad del procedimiento conforme al artículo 39.2 b) LCSP, siendo aplicable el artículo 152.3 LCSP. Y No existe derecho a obtener una indemnización por beneficio industrial de 37.519,62 € por desistir antes de la formalización, cn cita de la sentencia de Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3ª, st núm. 444/2022, rec. 4111/2020, de fecha 08/04/2022.

En segundo lugar se adhiere al recurso de apelación en relación con el reconocimiento de la cantidad de correspondiente aGastos de personal de 4.296,09 €. por entender que no procede reclamación por hipotéticas actuaciones tendentes a la ejecución del contrato por cuanto ni el contrato fue formalizado, ni fue perfeccionado, ni ha quedado acreditado un pago que se reclama con una mera documentación contable que se aporta, y sin aportar documentos que acrediten el pago, habiendo presentado tan solo una declaración jurada del arquitecto técnico indicando que se dedicó al "Estudio del Proyecto, petición de ofertas industriales y a la planificación técnica económica". Tampoco se justifica que proceda indemnizar la totalidad de los costes salariales, desde el 01/01/2019 hasta31/01/2019 por no justificar que hubiese dedicado plenamente su jornada laboral a la ejecución de un contrato inexistente.

Plantea incongruencia omisiva en relación con el silencio de la Sentencia sobre la prescripción del derecho a reclamar la indemnización por cuanto ha transcurrido más de UN año, desde la notificación de la no adjudicación en fecha 8/11/2019, a 11 la petición válida en Derecho para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial en fecha 15/03/2021, no siendo válida la solicitud de Indemnización realizada en fecha 06/06/2019, por cuanto no fue realizada por medio electrónicos, estando obligada la mercantil a ello ( artículo 14.2 de la Ley 39/2015 ) y por ello en fecha 05/08/2020, se le recordó su obligación de relacionarse a través de medios electrónicos presentando la reclamación en marzo 2021.

SEGUNDO.- La Sala no acepta los fundamentos de la sentencia de la instancia.

I.- Hechos que resultan del expediente.

I.-Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de septiembre de 2018 se acordó aprobar el expediente de contratación y convocar procedimiento abierto simplificado para la contratación de las obras de "HABILITACIÓN EDIFICIO PARA CENTRO DE MENORES EN CENTRO CÍVICO EL PRAT, PRIMERA FASE".

- La obra se financia a través de subvención de la Diputación en el seno del Convenio de 27/09/2017, con la Diputación que permite tener consignación presupuestaria para dotar de crédito al Expediente de Contratación núm. (EXP. 2 9810L/2018) que tiene por objeto las obras de construcción de un Centro de Recepción de Menores por un importe máximo de 910.478,50 €, siempre que el Acta final de las obras esté antes de 15/12/2018. (DOC- 1 de la Contestación), en cuya Cláusula 5ª, se refiere a los plazos para Justificar la subvención. Plazos modificados por el Anexo del Decreto 12217/2017, de 29/12/2022, de la Diputación de Valencia, por cuanto se amplía el plazo de recepción de la obra hasta el 31/12/2018.

II.- Por Resolución número 2018002895, de fecha 23 de noviembre de 2018, se declaró valido el acto de licitación para la adjudicación del contrato y se requirió a la demandante para que presentara la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de que está dada de alta en el IAE y presentación de la garantía definitiva, siendo presentada en fecha de 23 de noviembre de 2018 (nº de registro de entrada 2018021277).

III.- En fecha 10 de enero de 2019 se emite informe de la Intervención nº 03/2019, en los siguientes términos:

"(...)"...la Diputación de Valencia mediante decreto 12217/2017, de 29 de diciembre acordó:

"... Segundo.- Aprobar las solicitudes de ampliación de los plazos establecidos inicialmente en fechas 29/12/2017, 15l02l2018 y l5/12/2018 en los convenios de colaboración firmados con los Ayuntamientos de Carcaixent, Sueca, Paterna y Llíria, para realizar los respectivos trámites de presentación de proyectos y presupuestos; si bien la inversión deberá acreditarse dentro de 2018. Por lo que no pueden ser admitidas las peticiones de prorroga hasta el año 2019 para justificación de las obras, en atención a lo preceptuado en los artículos 47 y 48 del RD 500/1990 de 20 de abril y la Base 16ª de las de ejecución del presupuesto de la Diputación de Valencia. En todo caso, la incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello en 2018.

(...) El plazo establecido para el fin de la ejecución de las obras es el día 31/12/2018, sin que se haya notificado prórroga por parte de la Diputación de Valencia. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la obra contenido en los pliegos es de seis meses, no es posible el cumplimiento del convenio en los términos actuales. El convenio suscrito en su cláusula décima establece que en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes se estará a lo dispuesto en el Titulo IV de la LGS(...)

(...)Por lo tanto, el incumplimiento de los plazos de ejecución provoca el incumplimiento de los términos del convenio y por ende la pérdida del derecho a percibir los fondos recogidos en el convenio. Esto supone la inexistencia de crédito de manera sobrevenida por las causas antes señaladas. El expediente administrativo de contratación de la obra se encuentra en este momento pendiente de adjudicación (...)

(...)La inexistencia sobrevenida de crédito provoca que no puedan disponerse dichos créditos en tanto no se solvente la falta de financiación...

...Por tanto, debe motivarse en el expediente que la inexistencia de crédito presupuestario ha sido sobrevenida en el sentido de que, por las razones que fuere, no era conocida al inicio del procedimiento. Esta circunstancia provoca la nulidad del procedimiento ( art. 39 LCSP ) situándonos dentro del ámbito del art. 152.3 LCSP y requiriéndose, tal y como indica el precepto, que la motivación quede debidamente contrastada en el expediente...

Por todo ello entiende que, detectada la inexistencia de crédito, debe procederse a la renuncia en la tramitación del contrato, indemnizando, si han incurrido en gastos, a los licitadores aun cuando no ha habido adjudicación ( art. 155.2 TRLCSP ), pues, de no procederse así, se estaría incurriendo en la responsabilidad personal del art. 188 del Real Decreto Legislativo 2/2004 ,(...)"

IV.- En fecha 6 de junio de 2019 se dicta Decreto de Alcaldía nº 2019002049, por la que se acuerda NO ADJUDICAR el contrato de las obras de HABILITACIÓN EDIFICIO PARA CENTRO DE MENORES EN CENTRO CÍVICO EL PRAT (EXP. 9810L/2018) por razones de interés público basándose en el informe de la Intervención nº 03/2019, de fecha 10 de enero de 2019.

V.- Interpuesto recurso de reposición frente al Decreto por entender improcedentes las razones de interés público, fue desestimado por Decreto de Alcaldía 2019003371, de fecha 8 de noviembre de 2019.

VI.- Firme el anterior en fecha 6/6/2020 se presentó solicitud de responsabilidad patrimonial, solicitud no realizada por medios electrónicos.

VII.- En fecha 05/08/2020, (DOC-2 EA)se le recordó la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015.

VIII.- En fecha 15/03/2021 se presentó la acción de responsabilidad por la sede electrónica del Ayuntamiento.

II.- Normativa aplicable. Artículo 152 Ley 9/2017:

"Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración

1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el "Diario Oficial de la Unión Europea".

2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento administrativo común.

3. Solo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión.

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación.

5. En el supuesto de acuerdos marco, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlos corresponde al órgano de contratación que inició el procedimiento para su celebración. En el caso de contratos basados en un acuerdo marco y en el de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, el desistimiento y la decisión de no adjudicarlos o celebrarlo se realizará por el órgano de contratación de oficio, o a propuesta del organismo destinatario de la prestación.

Conforme a sentencia TS 10/03/2020 (ref. 407/2018 ) en relación al anterior TRLCSP, señala que el desistimiento " no es una prerrogativa de la Administración, pues el artículo 210 del Real Decreto Legislativo 3/2011 solo recoge las de interpretación, modificación y resolución de los contratos. Se trata de una potestad reglada, y debe estar basada en razones objetivas. Se configura como un mecanismo que la Ley ofrece a la Administración para evitar la celebración de aquellos contratos en cuya preparación o procedimiento para la adjudicación se haya incurrido en defecto no subsanable, evitándose así que llegue a generar derechos y obligaciones para las partes".

Y es que en el caso de autos se justificó en el expediente un defecto no subsanable de las normas reguladoras del procedimiento de adjudicación cual es la insuficiencia de crédito.

En relación con la prescripción del derecho a reclamar ciertamente el art 14 de la ley 39/2015 establece "la obligación a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas".

La parte formalizo su reclamación (incorrectamente por no utilizar medios electrónicos) en junio 2020.

En fecha 05/08/2020 se recordó a la mercantil la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, presentándose correctamente la "reclamación de responsabilidad patrimonial", por la sede electrónica del Ayuntamiento el 15/03/2021.

No puede rechazarse la validez de la primera reclamación porque no fue inadmitida la misma por la administración, por lo que dicha reclamación interrumpió el plazo de prescripción aunque después la formalizara correctamente. La administración si entendió que no debía tener validez debió haberla inadmitido, y no lo hizo.

Conforme al art 67 Ley 39/2015 artículo 67.1 de la Ley 39/2015, LPAC, "los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar". "(...) el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo...".

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 3ª.1, del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma "Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo".

El Estado de Alarma tuvo una duración desde el 14/03/2020 hasta 21/06/2020 (TRES MESES Y SIETE DÍAS), periodo que debe descontarse del cómputo, por ello se estima que la reclamación se presentó en plazo.

Efectivamente la sentencia rechaza la prescripción genéricamente sin pronunciarse respecto al plazo, denunciando el ayuntamiento incongruencia omisiva. El plazo de prescripción es el anual. Recordemos que no es aplicable un plazo contractual cuando no estamos en el seno de una relación contractual pues el contrato nunca fue celebrado. El Acuerdo decidió la no adjudicación del contrato. De ahí que la acción sea de responsabilidad patrimonial y como se infiere del art 152 LCSP.

No es aplicable el plazo trienial del art 1967 CC.

II.- Rechazada la prescripción debería estimarse parcialmente el recurso de apelación planteado por el Ayuntamiento.

No resulta justificado la cantidad reconocida en sentencia de 4.296,09 Euros.

No existe documentación alguna que acredite el pago de la misma ni que proceda el abono integro de un mes de concepto salariales. Tan solo se acompaño una declaración responsable en los siguientes términos:

" DECLARACIÓN RESPONSABLE

Fernando, Arquitecto Técnico con D.N.I. NUM000, declaro que me incorporé a la Empresa Constructora VICTOR TORMO S.L. el 3 de diciembre de 2018, y mi cometido inicial fue organizar como Jefe de Obra todas las tareas propias de una obra para su comienzo y buen desarrollo, en este caso "HABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE MENORES EN EL CENTRE CIVIC DEL PRAT_LLÍRIA, PRIMERA FASE".

Entre dichas labores me dediqué al Estudio del Proyecto, la petición de ofertas de industriales y suministradores y la planificación técnica-económica de la obra, bajo la supervisión de mis superiores, Segundo y Sixto.

Dichas labores las realicé hasta el 31 de enero de 2019, fecha a partir de la cual,dado que desde el Ayuntamiento de Llíria no había información alguna sobre la puesta en marcha de la obra, la Empresa me encomendó otros trabajos"

No se formalizó el contrato. Tampoco se acredito mediante documentación contable dicho gasto.

Procede la estimación parcial del recurso de apelación revocando la sentencia de la instancia debiendo descontar de la cantidad reconocida en sentencia el importe de 4.296,09 Euros, rechazando el importe reclamado por la mercantil por falta de acreditación del importe reclamado de 37.519,62 Euros, confirmando la sentencia en dicho extremo.

TERCERO.- El artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , vigente al tiempo del presente procedimiento, establece que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

No procede verificar condena en costas.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación