Sentencia Contencioso-Administrativo 789/2022 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 208/2021 de 18 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Tal como se deduce de los antecedentes de la presente resolución, se recurre en apelación la Sentencia n.º 21/2021,del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Castellón, dictada en el Procedimiento abreviado 732/2019 , en cuyo fallo se dice:

" ESTIMAR el recurso Contencioso-Administrativo presentado por D/Dª Evangelina contra RESOLUCION nº 411 de 4 de JULIO de 2019 dictada por el DIRECTOR GERENTE DEL CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLON por la que se ejecuta el ACUERDO de HOMOLOGACIÓN adoptado por el Consejo de Gobierno del CHPC de fecha 3 de JULIO 2017, publicado en DOGV de 1/08/2019, , y en particular la Resolucion de 23/08/2019 del Director Gerente por la que se desestima el recurso de reposición formulado, DECLARANDO que la citada RESOLUCIÓN es CONTRARIA A DERECHO y procede declarar la NULIDAD de la misma, asi como del ACUERDO DE HOMOLOGACIÓN de 3 de JULIO de 2017, por lo que se mantiene la vigencia de la RPT de 20/4/2017.

No Procede la imposición de costas procesales, por las razones expuestas en el antecedente"

SEGUNDO.- En la sentencia recurrida tras exponer las posiciones de las partes, y referirse a las resoluciones recurridas, describe en su fundamento de Derecho 4ºlo relativo a la legislación aplicable y al itinerario procedimental hasta la resolución objeto del recurso, y tras descartar la existencia de cosa juzgada, razona:

"No es un hecho controvertido que no se ha realizado un estudio de las funciones de los puestos de trabajo homologados, sino que la homologación se efectúa con las denominaciones, intentando equiparar las del consorcio con las de la conselleria y cuadrar las retribuciones.

Tampoco es discutido que no se autorizó previa a la adopción del acuerdo de 3 de julio del 17 de Homologación informe favorable de la consellería de Hacienda, sino que éste es de 13 de marzo de 2019 con limitaciones en su autorización en cuanto a las retribuciones básicas y tampoco es discutido que no ha existido autorización de masa salarial ni para el año 2017 ni para los sucesivos ..."

Sigue diciendo: "con todo ello no resta duda de que el consorcio no siguió el trámite preceptivo para acometer la homologación que sirve de título a la equiparación que se ejecuta en el acuerdo de 2019 y que si tiene implicaciones de carácter económico y remuneratorio para los empleados del consorcio "

Y en el 5ºnos dice : "Pues bien , con todo ello , se aprecia que el Acuerdo de Homologación es una RPT encubierta , modifica y altera los complementos retributivos de los empleados del consorcio hospitalario de Castellón y por ende se debía de haber ajustado a una previa valoración de las funciones de cada uno de los puestos a fin de equipararlos y homologarlos con su equivalente en la Consejería de sanidad no es suficiente efectuar como de facto se ha realizado una equiparación de denominaciones, con trascendencia económica sin aquietarse el procedimiento legalmente establecido. "

TERCERO.- Los fundamentos de la apelación son en resumen los siguientes:

1º. Cosa juzgada formal y materialen relación con lo resuelto en el orden jurisdiccional laboral por la Sentencia TSJ, Sala de lo Social, de 19/abril/2018 (recurso de suplicación 902/2018) - Auto del TS de 05/febrero/2019 que inadmite la casación- y la de 23/febrero/2021 (recurso de suplicación 551/29020).

Por lajurisdicción laboral en esas sentencias se habría debatido la legalidad del acuerdo homologacional y los límites retributivos que no puede superar el Consorcio, así como la aplicación de las tablas retributivas por la Consellería. Aunque se aplica al personal laboral, la identidad es clara, se señala.

2º. Incongruencia extra petita, la sentencia anula todo el proceso homologatorio cuando no se pidió por la recurrente.

3º La resolución de 04/julio/2019 constituye un acto administrativo de trámite por el cual el Consorcio actuó en cumplimiento de lo establecido en los estatutos del propio Consorcio ( art.23 c). El acuerdo es ejecutivo desde el 01/enero/2017 puesto que así lo establece la propia Disposición Adicional 31ªque establece su entrada en vigor coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley 14/2016, de 30/diciembre en la que está contenida dicha disposición. Agrega que el Acuerdo de Consejo de Gobierno es ejecutivo desde la fecha indicada por la ley siempre que cuente con los informes favorables de Sanidad y Hacienda, y su publicación a través de la resolución del Director Gerente solo fue a efectos de publicación; prueba de ello sería que aprobado ese acuerdo el 3/julio/2017 el sindicato Comisiones Obreras interpone demanda deconflicto colectivo, siendo admitida trámite y resuelto procedimiento hasta la más alta instancia el Tribunal Supremo que inadmitióla casación y confirmó la sentencia del TSJ.

4º El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Castellónen la sentencia 430/2020, de 30/noviembre (procedimiento abreviado 689/2019), ya se pronuncia ante un caso similar del Juzgado de lo Contencioso-administrativo desestimatoria del recurso contencioso-administrativo presentado frente a la misma resolución aquí recurrida la 411 de 04/julio/2019 del Director Gerente del Consorcio.

5ºEn relación con el aquí recurrente, se señala que la homologación se hace desde un punto de vista estructural.

6º. Respecto del procedimiento.

a) El procedimiento empleado, se señala, cuenta conlos informes favorables de Sanidad y de Hacienda de 12/febrero/2019 y 13/marzo/de 2019.

Se indica que se hace una interpretación errónea del informe del Director General de recursos humanos y económicos de 13/febrero/2017 en cuanto que no es necesaria la homologación oequivalencia de categorías. Se arguye que el reconocimiento de un complemento personal de garantía necesita de una comparativa cierta y concreta para efectuar el cálculo por la diferencia y así consta en diferentes informes en el expediente, se ha reiterado en la mesa de negociación y se asume por la Conselleria de Sanitat y por Hacienda al informar la tabla de homologación.

b) Sí ha habido negociación con la representación sindical a lo largo de un periodo de 6 meses (con remisión a las actas que obran en el expediente), siendo las Mesas de Negociación de 15/marzo/2017 y la de 26/junio/2017 las más decisivas en la toma de acuerdos.

c) En cuanto alos defectos procedimentales:

Conforme al art.35.1 b)de la Ley de Presupuestos para la Generalidad para 2017 los informes para proceder a determinar las retribuciones del personal de los consorcios son preceptivos pero no previos a la toma de acuerdos, siendo el Consejo de Gobierno el que con arreglo a sus estatutos aprueba los acuerdos correspondientes supeditados en cuanto a su eficacia a la obtención de los informes favorables.

En el procedimiento de aprobación del acuerdo del Consejo de Gobierno de 3/julio/2017 por quese aprobó tanto la tabla de homologación de puestos como la RPT hubo un trámite de informe ante la Consellería de Sanidad que analizóel documento aprobado, informófavorablemente la tabla de homologación y con posterioridad también lo hizo la Conselleríade Hacienda introduciendo las modificaciones pertinentes -que son las queapreciala demanda-y emitió informe favorable una vez modificada la tabla de homologación en el sentido que se consideró procedente y sin que para ello le afectara ningún modo el no disponer de la autorización regulada en el art.34. 3 de la Ley de Presupuestos de la Generalidad; puntualiza que no cabe confundir la masa máximacon el documento de masa salarial que regula el apartado 4 del mismo art.34.3 que es al que se refiere el informe de la Dirección General de Presupuestos de la Conselleríade Hacienda y que no es preceptivo en el expediente de autorización de la tabla de homologación; añade que si hubiera sido necesario, el informe de la Dirección General de Presupuestos no habría sido favorable.

Subraya que la naturaleza del informe de la Consellería de Hacienda queda clara por el propio documento vinculando la autorización a lo dispuesto en la Disposición Adicional 31ª, autorización de la homologación que alcanza a cada puesto de trabajo del Consorcio respecto de los de la Consellería con referencia en la tabla retributiva a fin de aplicar el límite retributivo; tampoco se sostiene que la autorización sólo alcance a las retribuciones básicas pues éstas vienen fijadas por la Ley.

Seinsiste en que " la homologación se produce no solo respecto de las denominaciones sino también a la individual homologación de cada uno de los puestos de trabajo del Consorcio respecto de los de la Consellería, con clara expresión del referente en la tabla retributiva ... para precisamente aplicar el límite retributivo"

7º. Mandato legal de lo dispuesto en el art.121 la Ley 40/2015, Ley básica, y aplicación de la Disposición Adicional 31ª.

En este orden de cosas el apelante se remite a la sentencia del TSJCV dela Sala de lo Social cuando dice que no hay base para declarar la ilegalidad de las medidas impugnadas desde la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos para la Generalitat de 2017. Se reproduce lo dispuesto en el apartado i) del art. 31.1 del que se deduce, se afirma, que hay una remisión expresa a la equivalencia porque el legislador ya presume que esa equivalencia existe, ya que está hablando de categorías profesionales (estatutarias), cuerpos o escalas (funcionariales) ygrupos profesionales (laborales), cuyas diferencias de denominación trata de unificar en un concepto único de puesto de trabajo; agrega que la Disposición Adicional de continua referencia da por supuesta la equivalencia entre puestos con funciones propias de una profesión.

Se apunta que las retribuciones básicas se establecen en función del grupo o subgrupo, que a su vez viene determinado por el nivel de titulación retribución que fijela Ley de Presupuestos para lo que no es necesaria autorización/informe de organismo competente en materia de hacienda; y quelas retribuciones complementarias objetivas del puesto, el complemento de destino y el específico, igualmente tienen sus cuantías fijadas según cada nivel por la Ley de Presupuestos.

8º. Inexistencia de RPTencubierta: El acuerdo de homologación y la RPT son cosas distintas, aunque el primero es precedente de la segunda. El Consejo del Consorcio aprobó ambas cosas por separado.

CUARTO.-Frente a ello, en el escrito de impugnación de la apelación se sostiene la conformidad a Derecho de la sentencia apelada. En resumen, se aduce:

1. Falta de crítica real de la sentencia apelada. El recurso de apelación reitera lo ya alegado en la vista.

2.En particular:

1º. No hay cosa juzgada

2º. 2. La sentencia no incurre en incongruencia, resuelve conforme con las pretensiones.

3º. No se trata de un acto de trámite.

4º. Las sentencias dictadas hasta la fecha no analizan con detalle el procedimiento

5º. No estamos ante una homologación estructural al suponer un cambio retributivo de todo el personal tanto funcionario como laboral, cambio retributivo que debe estar sometido a un procedimiento legal: que supone determinar si existen puestos de trabajo equivalentes en el Consorcio con respecto a los de la Conselleríay una vez constatados los puestos equivalentes modificar las retribuciones complementarias de la RPT vigente al personal del Consorcio para que coincidan con las de la Consellería.

6º. El acuerdo de homologación incumple los aspectos formales al no realizar un estudio de las funciones de los puestos homologados.

7º. La Ley de Presupuestos de la Generalitat fija los requisitos de informes previos y preceptivos que se deben dar ante un cambio de retribuciones, situación que se obvia por completo ante la inexistencia de los citados informes previos y perceptivos a la toma de acuerdos.

8º. No existe ni en 2017, ni 2018 ni 2019 autorización de masa salarial en el Consorcio según indican tanto la Consellería de Haciendas como la Sindicatura de Comptes, la Intervención General de la Generalitat y el auditor de cuentas en sus diferentes informes. Por tanto, la modificación de retribuciones es contraria a la ley según las diferentes leyes presupuestarias de la Generalitat.

QUINTO.-Esta Sala y Sección ha tenido ocasión de pronunciarse ante cuestiones similares en las sentencias 783/2022, de 17/noviembre (recurso de apelación 179/2021) y en la 786/2022, de 18/noviembre (recurso de apelación 206/2021), criterio que seguimos en esta al coincidir sustancialmente el planteamiento fáctico y jurídico.

Así, en primer lugar, no se aprecia cosa juzgada: el objeto procesal es distinto, tanto en lo que respecta a los actos directamenteobjeto de examen jurisdiccional como por el ámbito de conocimiento.

La demanda de conflicto colectivo tenía comoobjeto en exclusiva y en relación con el personal laboral la petición de nulidad de la "equiparación de las retribuciones del personallaboral" del Consorcio con las del personal estatutario y funcionarialde la Consellería de Sanidad; la Sala de loSocial desestima la demanda sobre la base, sustancialmente, de lo dispuesto en la Disposición 31ª de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017.

Aquí se examina la conformidad a Derecho de las resoluciones recurridas, sobre la base de la impugnación de la regularidad jurídica del procedimiento seguido para su aprobación como hemos visto.

Tampoco observa la Sala que la sentencia de instancia incurra en incongruencia extra petitta, pues lo resuelto se ajusta al objeto del recurso y a las pretensiones recogidas en el suplico de la demanda.

SEXTO.- Para encuadrar debidamente el debate procesal conviene partir de los antecedentes que se deducen del expediente administrativo y delmarco jurídico general en el que se inscriben las resoluciones recurridas de la que se desprenden algunas consideraciones preliminares:

A) Antecedentes

Recordamos en primer término que el objeto del recurso es en el presente caso la resolución de 23/agosto/2019de la Presidenta del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, por la que se desestima el recurso de reposición, presentado contra la Resolución número 411, de 04/julio/2019 del director gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, " por la que se ejecuta el acuerdo de homologación adoptado por el Consejo de Gobierno del Consorcio de fecha 3 de julio de 2017, informado favorablemente por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, y se adoptan las determinaciones precisas sobre la homologación o equivalencia de los puestos de trabajo del Consorcio a la estructura de los puestos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública".

De manera que la Resolución 411/2019 manifiesta "ejecutar" el Acuerdo del Consejo de Gobierno del Consorcio de 03/julio/2017.

1. Ese acuerdo, el de 03/julio/2017se funda en lo dispuesto en la Disposición Adicional 31ª de la Ley 14/2016, de 30/diciembre, de Presupuestos Generales de la Generalitat para 2017, que cita lo dispuesto en el art. 121 Ley 40/2015, de 01/octubre.

Esa Disposición adicional 31 dice bajo título " Del personal de los consorcios adscritos a la Generalitat":

"1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , el régimen jurídico del personal al servicio de los consorcios adscritos a la Generalitat será el aplicable al personal dependiente de ésta última, y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella.

A tal efecto el sistema retributivo del personal de los consorcios, tanto en lo que se refiere a las retribuciones básicas como a las complementarias, y con independencia del tipo de jornada que tenga asignado, debe articularse sobre la base de cuantías unitarias o equivalentes respecto de las percibidas por el personal al servicio de la Generalitat. En consecuencia, las retribuciones del personal que preste sus servicios en los distintos consorcios adscritos a la Generalitat no podrán sobrepasar, para cada categoría profesional, las establecidas en las Tablas Retributivas aplicables, durante 2017, al personal incluido en el ámbito subjetivo del artículo 27 de la presente ley .

2. Las diferencias por exceso que pudieran resultar por aplicación de lo previsto en la presente disposición a los contratos preexistentes, se computarán mediante un complemento personal de garantía, de carácter transitorio y absorbible con cargo a futuros incrementos retributivos, para cuyo cálculo se estará a lo dispuesto en el artículo 31.1.i de la presente ley .

3. Las distintas consellerias competentes por razón de la materia, serán las responsables de impulsar la aplicación de lo previsto en la presente disposición adicional, y a tal efecto deberán asegurar su efectiva implementación y puesta en marcha, dentro de los seis primeros meses de 2017, con efectos, en todo caso, desde la entrada en vigor de la presente ley."

En la resolución de 03/julio/2017 a continuación se dice que deduciéndose de esa disposición que las retribuciones que prestan sus servicios en el Consorcio no podrán sobrepasar para cada categoría profesional las vigentes para puestos de trabajo equivalentes del personal incluido en el ámbito subjetivo señalado en el art. 27 de la misma Ley 14/2016, así como que las diferencias por exceso que pudieran resultar por aplicación de lo previsto en la presente disposición a los contratos preexistentes conllevará la aplicación de un "complemento personal de garantía" de carácter transitorio y absorbible, procede a su aplicación al personal del Consorcio y para ello dice:

" Aunque la disposición adicional mencionada no obliga a efectuar una homologación o equivalencia de categorías profesionales entre las propias del Consorcio y las de la Consellería de Sanitat... , resulta necesaria para poder proceder a su aplicación, de manera que permita la comparación retributiva entre puestos de trabajo equivalentes.

Dicha homologación ha sido introducida en la plantilla y relación de puestos de trabajo de trabajo del Consorsio para 2017".

Y agrega que se había sometidoa la consideración de la Mesa General de Negociación del Consorcio de 06/junio/2017 y de 26/junio/2017 la modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo.

En efecto, constan en el expediente administrativo aportado como diligencia final aparecen las siguientes referencias a la negociación de los acuerdos de referencia:

- Alusión en el índice a "borrador homologación entregado a sindicatos" el 19/enero/2017, el 26/abril/2017, el 10/mayo y el 16/junio del 2017.

- En el Acta NUM000 de Mesa General de Negociación de 19/enero/2017 en el punto 3 del orden del día aparece la expresión "adaptación al régimen jurídico de los consorcios sanitarios"; en esa reunión consta cuando se discute el punto que el director económico dice que pasaría un "borrador de equivalencias de denominaciones para que hagáis aportaciones; no se pondrá en práctica hasta que haya una reunión de la Mesa u se debata el tema". Aparece un escrito del Consorcio de fecha 19/enero/2017 en el que se abre plazo de un mes para que se presenten alegaciones al documento de "homologación de categorías profesionales del Consorci, con las establecidas en la Consellería de Sanidad, de conformidad con el documento adjunto"

- En la convocatoria para la Mesa de marzo/2017 aparece en el punto 3 del orden del día "propuesta de homologación y aplicación del régimen retributivo Consellería de Sanidad. Cálculo del complemento de garantía";

- En el punto 3º del orden aparece la explicación del proceso así como una tabla de equivalencias y tablas retributivas así como una "propuesta de equivalencias" que llevan fecha de 02/ y 10/marzo/2017. En el Acta NUM001 en como punto 4 se explica la propuesta actualizada por parte de la Directora económica del Consorcio y se debate el tema .

- En el Acta n.º NUM002 la de 06/junio/2017 (folio 362) aparece que se hacen determinados cambios respecto del borrador que se había pasado para la Mesa del 15/marzo, Punto 2 del orden del día; y en el Acta n.º NUM003 (folio 594 y siguientes ) punto 3 se somete a aprobación la plantilla de plazas y relación de puestos de plantilla resultado de la homologación retributiva.

Se observa, por tanto, primero, con claridad que antes de tomar el acuerdo de 03/julio/2017 sí se trato el tema de la homologación en la Mesa de Negociación; por tanto, la impugnación basada en ese argumento queda desvirtuado.

En su parte dispositiva la resolución de 03/juliodice que aprueba la homologación en los términos del anexo I y aprueba "la plantilla y la RPT para 2017" comoaparecen en el Anexo II.

Sin embargo,de todo ello se desprende que una cosa es la propuesta y el acuerdo de homologación que establece las equivalencias y otra lo que sedenomina RPT/plantilla orgánica(adelantamos que en el expediente administrativo consta que la RPT fue aprobada posteriormente, DOGV 16/febrero/2022, que cuenta con el informe favorable de Hacienda). En realidad, como se ve a propósito de las sucesivas resoluciones publicadas en el DOGV, que constituyen el itinerario procedimental habido hasta la resolución 411/2019, lo que se adjunta a los acuerdos no son plantillas orgánicas y/o "RPTs", sino el listado de "homologación/equivalencias" de lo que se denominan "puestos de Trabajo" del Consorcio con los de la Consellería de Sanidad (documento que lleva fecha de 23/junio/2017).

2. Dela resolución de 08/noviembre/2017 de la Presidenta del Consorcio "por la que se adoptan las determinaciones precisas sobre la homologación o equivalencia de los puestos de trabajo del Consorci a la estructura de los puestos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública", publicada el 24/noviembre/2021 en el DOGV, cabe extraer el detalle siguiente:

En el preámbulo se describe el procedimiento seguido y se hace referencia a que la Gerencia del Consorcio "a través de la Dirección de Recursos Humanos del mismo, realizó el estudio de las categorías profesionales/puestos de trabajo según su plantilla orgánica y sus equivalencias con las categorías profesionales/puestos de trabajo de la Conselleria de Sanidad, que se convirtió en el documento de trabajo que fue remitido a la representación de los trabajadores/as, en una primera versión en el mes de mayo de 2017, a la que siguió otra en el mes de junio y finalmente, un documento perfilado con las aportaciones del Servicio de Plantilla de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que se remitió en el mes de septiembre de 2017 y que fue objeto de discusión en las sesiones convocadas con la representación de los trabajadores/as, siendo la última de ellas la celebrada el 11 de octubre de 2017."

Y se acuerda:

"Primero.

Homologar y unificar la denominación de los puestos de trabajo de la plantilla orgánica del Consorcio HGUV en el preciso sentido de su adecuación a los puestos de trabajo de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública desde el principio de la equivalencia; lo que se aplicará a las relaciones de puestos de puestos de trabajo que se exponen a continuación:

1. Homologar los puestos de trabajo en los que exista equiparación económica en cuanto a su denominación y clasificación a los efectos de su homologación con los de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública según consta en el anexo I.

2. Relacionar los puestos de trabajo en los que las retribuciones del Consorcio sean superiores a los de la Conselleria y sea necesario el establecimiento de un complemento personal de garantía, en cuanto a su denominación, clasificación y retribuciones a los efectos de su equiparación con los de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública,

según se refleja en el anexo II.

3 Relacionar los puestos de trabajo en los que las retribuciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública son superiores a los del Consorcio, en el anexo III, debiéndose prever en los presupuestos de 2018 y ser objeto de un tratamiento diferenciado en ese ejercicio en cuanto a la equiparación de sus retribuciones.

Segundo

En la aplicación de esta homologación se tendrán en cuenta las situaciones singulares que concurran en determinados puestos de trabajo, como son los supuestos de nombramientos provisionales, mejoras de empleo y otras en sentido análogo, para las que se delega en la Dirección de Recursos Humanos la adopción de las medidas pertinentes."

En los Anexos se establecen las equivalencias (código actual, denominación actual y la nueva). La referencia a "relacionar puestos de trabajo" se hace en los términos transcritos". No es una plantilla/RPT.

3. Ocurrió que el acuerdo de 08/noviembre fue impugnado ante la jurisdicción social, lapso de tiempo, pasado el cual se dictó la resolución que es el objeto directo del presente recurso.

4. La resolución 411/2019, objeto directo del presente recurso.

En su preámbulo se expresa el procedimiento que se manifiesta que se ha seguido, y se dice que la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Consorcio de 03/julio/2017 estaba "condicionada a la preceptiva autorización e informe favorable de la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, autorización que se ha producido en fecha 13 de marzo de 2019, una vez que el recurso contencioso-administrativo presentado contra el acuerdo de homologación ha sido resuelto en última instancia, casación, en febrero de 2019, resolviéndose su inadmisión, confirmándose la sentencia de instancia que declara ajustado a derecho la homologación de puestos y retributiva efectuada".

Y en su parte dispositiva se dice:

"Primero

Relacionar los puestos de trabajo en los que las retribuciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública son superiores a los del Consorcio, y que deberán ser objeto de un tratamiento diferenciado en cuanto a la equiparación de sus retribuciones, debiendo mantener su clasificación original sin que implique la aplicación del mandato normativo, ni una disminución ni un incremento de las mismas, anexo I.

Dichos puestos, al no existir diferencias retributivas por conceptos comparables superiores en el Consorcio, no generan CPG; no obstante, cualquier otro importe consolidado que responda a concepto no comparable, deberá recibir el tratamiento de complemento personal de garantía consolidado, absorbible y compensable.

Segundo

Homologar y relacionar los puestos de trabajo en los que las retribuciones del Consorcio sean superiores a los de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y sea necesario el establecimiento de un complemento personal de garantía; en estos casos la homologación se extiende a su denominación, clasificación y retribuciones a los efectos de su equiparación con los de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y cuya clasificación en la nueva plantilla orgánica quedará ajustada a las tablas salariales de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, anexo II.

De entre los puestos contenidos en esta relación hay cinco de ellos (coordinador Investigación y Docencia del Instituto Oncológico, director Instituto Oncológico, jefe Área Servicios Centrales, jefe Área Quirúrgica y psicólogo especialista Psicología Clínica), tres homologados a jefatura de servicio, uno a jefatura de sección y uno a facultativo especialista, que dado que para la clasificación de las retribuciones del puesto homologable la referencia es a un puesto que queda clasificado de conformidad con retribuciones propias del Consorcio (ver lo dispuesto en el anterior punto y anexo I), su denominación y clasificación retributiva será la dispuesta para esos puestos en el apartado anterior, esto es, denominación homologada a Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, pero con clasificación retributiva propia del Consorcio; no obstante, a diferencia de los incluidos en el apartado primero, sí que generan CPG por las diferencias globales de los puestos en conceptos comparables, anexo III.

En la aplicación de esta homologación se tendrán en cuenta las situaciones singulares que concurran en determinados puestos de trabajo, como son los supuestos de nombramientos provisionales, mejoras de empleo, situación del personal indefinido no fijo, del personal temporal incluido en la consolidación de la temporalidad de plazas integrantes del expediente aprobado el 25 octubre 2016 ratificado el 18 de diciembre de 2018, excedencias y situaciones administrativas que conlleven reserva de puestos de trabajo y otras de análoga consideración. Asimismo, deberá tenerse en cuenta el personal con un grado personal consolidado o nivel competencial reconocido antes del 1 de enero de 2017 en cuanto que dicho personal mantendrá su derecho personal a percibir el nivel de complemento de destino de ese grado consolidado con independencia del nivel del puesto que desempeñe tras la homologación aplicada."

A continuación se reseñan los mismos, con detalle no solo de las equivalencias sino de las menciones a grupos, nivel y complementos de destino y específico en sus tres Anexos (lo que no estaba, se subraya, en los anteriores acuerdos).

De todo ello se deduce, de momento, lo siguiente:

1ºQue estamos ante la ejecución de una previsión en la Ley de Presupuestos (coherente con lo dispuesto en el art. 121 Ley 40/2015), para cuya observancia la Administración demandada establece un sistema que pasa por fijar las equivalencias entre las categorías del personal del Consorcio a "homologar" económicamente, para cumplir el límite legal de retribuciones y así, además, poder fijar en su caso el complemento personal de garantía (CPG, en adelante). Se plantea por la parte actora que ello habría exigido una valoración puesto por puesto acompañada de los correspondientes informes justificativos; pero lo cierto es que no hay razón para valorar que la opción adoptada, en la medida en que establece en realidad equivalencias entre categorías, como tal fuera contraria a Derecho. La norma de referencia precisamente exige que " el sistema retributivo del personal de los consorcios, tanto en lo que se refiere a las retribuciones básicas como a las complementarias,y con independencia del tipo de jornada que tenga asignado, debe articularse sobre la base de cuantías unitarias o equivalentesrespecto de las percibidas por el personal al servicio de la Generalitat." Lógicamente, la comparación se hace sobre las retribuciones básicas y complementarias que son las que hande ser "equivalentes".

2ºQue es claro que nos encontramos ante un procedimiento singular en relación con el que se conviene que no tenía trámite reglado, y cuyo objetivo es el cumplimiento de la legalidad en relación con las retribuciones que percibía el personal del Consorcio.

3º Cuestión distinta es que la concreción de esas equivalencias no resultara correcta; la corrección técnica de ese cuadro de equivalenciasno ha sido desvirtuado, dejando a salvo lo que atañe a las cuestiones procedimentalesalegadas y a la discrepancia del recurrente con la equivalencia que se le ha atribuido.

Enesta misma línea, esta misma Sala y sección, en la sentencia 91/2022, de 07/febrero (apelación 112/2021) -sentencia firme , que desestima el recurso de apelación interpuesto frente a la alegada sentencia de 30/noviembre/2020- hemos dicho:

"TERCERO.- El acuerdo de homologación adoptado por el Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón de 3-7-2017 (publicado en BOP de 1-8-2019 y rectificado en texto publicado el 7-8-2019) contempla en su apartado "Segundo. Homologar y relacionar los puestos de trabajo en los que las retribuciones del Consorcio son superiores a los de la Consellería de Sanidad [...] y sea necesario el establecimiento de un complemento personal de garantía, en estos casos la homologación se extiende a la denominación, clasificación y retribuciones a los efectos de equiparación con los de la Consellería [...] y cuya clasificación en la nueva plantilla orgánica quedará ajustada a las tablas salariales de la Consellería [...], anexo II".

En el preámbulo de la resolución de 4-7-2019 del Director Gerente del Consorcio -la aquí examinada- se dice que el mandato normativo comporta la adaptación de los puestos de trabajo del Consorcio desde el punto de vista retributivo. "La homologación y adaptación de los puestos de trabajo en orden a la aplicación del límite global de las retribuciones que para el personal del Consorcio establece la normativa debe partir de la clasificación retributiva de los puestos de trabajo".

Por lo demás, la "Plantilla" y la RPT del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón se hubieron publicado en el BOP de 20-4-2017.

De estos antecedentes y de otros que constan en actuaciones cabe decir que el procedimiento que comienza con el acuerdo de 3-7-2021 del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial y que se concreta con el acto impugnado en el presente proceso judicial no tiene por objeto el establecimiento de una nueva RPT, ni siquiera la modificación de la previa RPT. Sino, más bien, la mera adaptación u homologación de los puestos de trabajo preexistentes en la Administración provincial sanitaria a la nomenclatura o terminología de la Administración sanitaria autonómica que asume dichos puestos. Eso sí, con determinadas consecuencias retributivas para los afectados.

.....

De ahí que debamos confirmar el criterio del Juzgado a quo y desestimar el presente recurso de apelación."

4º Se observa también con claridad que antes de tomar el acuerdo de 03/julio/2017 sí se trato el tema de la homologación en la Mesa de Negociación; y que una cosa es el acuerdo de homologación que establece las equivalencias y otra la RPT/plantilla orgánica (en el expediente administrativo consta que la plantilla orgánica/RPT fue aprobada posteriormente, DOGV 16/febrero/2022, que expresa contar con el informe favorable de Hacienda). No estamos, pues, ante una RPT encubierta ante el alcance de las equivalencias aprobadas.

5º Lo que es y ha de ser objeto de examen es, en síntesis, el acuerdo de homologación, y nada más y ello a pesar de la terminología expresada en ocasiones en el procedimiento.

B) Procede a continuación examinar la impugnación fundada en la omisión de procedimiento en la homologación cuya resolución definitiva es la 411/2019. Por tanto, los motivos de impugnación que se refieren a lo que se dice que es la "nueva RPT" y/o plantilla orgánica no tienen virtualidad en este proceso.

Con carácter previo y como también se ha avanzado, no habiendo procedimiento específico lo que procede es determinar si se ha producido las vulneraciones normativas alegadas.

Pues bien:

a. El art. 35 de la Ley 14/2016, de 30/diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017, en lo que aquí interesa, dice:

"Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal laboral y no funcionario al servicio de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.

1. Durante el año 2017, para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario al servicio de la Administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, serán preceptivos los siguientes informes favorables:

a) Para el personal al servicio de la Administración de la Generalitat y de los organismos autónomos adscritos a la misma, los correspondientes a las consellerias competentes en materia de hacienda y función pública.

b) Para el personal al servicio de los consorcios hospitalarios a los que se refiere el apartado 3 del artículo 2 de la presente ley, los correspondientes a las consellerias competentes en materia de hacienda y sanidad.

c) Para el personal al servicio del resto de sujetos que conforman el sector público instrumental de la Generalitat, los correspondientes a las consellerias competentes en materia de hacienda y sector público.

2. A los efectos de este artículo, se entenderá por determinación o modificación de condiciones retributivas del personal laboral y no funcionario las siguientes actuaciones:

a) Determinación de las retribuciones para puestos de nueva creación, o modificación de las correspondientes a puestos ya existentes en la relación de puestos de trabajo de la entidad u organismo.... ...

3. La determinación o modificación de las retribuciones se sujetará al siguiente procedimiento:

a) La propuesta o proyecto, con carácter previo a su acuerdo o firma, se remitirá a las consellerias competentes a los efectos de la emisión de los informes previstos en el apartado primero, acompañado de una memoria económica que incluya una valoración de su coste, así como de los efectos en los estados de ingresos y gastos de los programas presupuestarios de la Generalitat y de las entidades con contabilidad presupuestaria, y en los estados de recursos y dotaciones del resto de personas jurídicas afectadas En todo caso, la propuesta deberá venir debidamente motivada.

b) Los mencionados informes serán evacuados en el plazo máximo de 20 días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto y de su valoración, y versarán sobre:

- El correspondiente a la conselleria competente en materia de hacienda, sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para el año 2017 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que se refiere a la determinación de la masa salarial y al control de su crecimiento,

- El correspondiente a la conselleria competente en materia de función pública, sobre las repercusiones respecto de las relaciones de puestos de trabajo y, en general, su adecuación a la política de recursos humanos de la Generalitat,

- El correspondiente a la conselleria competente en materia de sanidad, sobre las repercusiones relativas a la calidad asistencial hospitalaria y la adecuación a las políticas retributivas del personal de instituciones sanitarias,

- El correspondiente a la conselleria competente en materia de sector público, sobre las repercusiones respecto de la relación de puestos de trabajo de la entidad y, en general, sobre su coherencia respecto de la política retributiva y los procesos de reestructuración y racionalización del sector público instrumental.

De no emitirse, cualquiera de los mencionados informes, en el plazo señalado, se entenderá que el mismo es desfavorable.

4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable, considerado de acuerdo con el apartado anterior, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que determinen las futuras leyes de presupuestos........

6. No podrán autorizarse gastos derivados de la determinación o modificación de las retribuciones del personal incluido en el presente artículo, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo."

Los dos informes han sido emitidos:

- Consta el informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Consellería de Hacienda de 13/febrero/2017.

- Y también el de la Directora General de Presupuestos de 13/marzo/ 2019, ante la solicitud de autorización del Consorcio para la " homologación de denominaciones de puestos del Consorcio respecto de los propios de la Consellería de Sanidad.... , al objeto de aplicar la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la ley 28/2018,de 28 de diciembre , de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019..." .

Se afirma en ese documento que a la solicitud de autorización se acompañan informe justificativo del acuerdo de homologación, informe del Director de Recursos Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad sobre la necesidad de homologación y cálculo del CPG e informe de la misma Dirección General sobre adecuación del cuadro de homologación; el certificado del Acuerdo de 03/julio/2017 y la plantilla y la RPT del Consorcio.

Ese informe manifiesta ser favorable a la homologación de denominaciones de puestos de trabajo de trabajo de acuerdo con lo establecido en el art. 28.8 de la Ley de Preuspuestos y que " analizada la tabla de homologación remitida, se ha verificado que las retribuciones básicas de las denominaciones de los puestos se ajustan a las tablas retributivas de la Conselleria de Sanidad para el ejercicio de 2019...".

Agrega que el Consorcio está inmerso en un proceso de determinación de un Plan de Ordenación de Recursos Humanos y que el anterior 31/enero, esa misma Dirección General había remitido al Consorcio un escrito relativo al coste económico de la masa salarial y que en tanto " el Consorcio no disponga de autorización de masa salarial para el ejercicio de 2019, no es posible la adecuada determinación de la existencia de crédito suficiente para la atención del incremento de gastos de personal en que pudiera incurrir". A este informe de la Dirección General de Presupuesto de 14/marzo/2019 se alude en la demanda, pero es claro que el mismo se emite sobre la "RPT y la masa salarial, como se dice en el encabezamiento, por lo que, se reitera lo ya señalado, en cuanto que no es exigible lo que en el mismo señala

Pues bien, la realidad de los informes que sí se exigen por la norma legalse constata. Aunque se dictara el segundo informe, el de la Directora General de Presupuestos de 13/marzo/2019 , con posterioridad a los acuerdos de 2017, la resolución definitiva es la de 411/2019 del director-gerente del Consorcio -que expresamente alude al mismo-. La norma legal impone la nulidad de los acuerdos adoptados en esta materia " con omisión del trámite de informe o en contra de un informe desfavorable". No es el caso, como hemos visto, primero, porque es favorable, y segundo, porque, además, se emite con anterioridad al acto definitivo, la resolución 411/2019, en cuyo Preámbulo se describe todo el proceso.

Además, de suyo, la homologación como tal no implica incremento de gasto precisamente en atención a la limitación legal que se aplica al personal del Consorcio.

b. Sobre la vulneración de lo dispuesto en el art. 34 de la Ley de Presupuestos, referido al personal laboral dice que la misma, " que no experimentará incremento alguno en 2017, está integrada, al efecto de esta ley, por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas durante el ejercicio 2016 por el citado personal, con el límite, para el personal de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental, de las cuantías informadas favorablemente por la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda para este ejercicio presupuestario."

Y su apartado 4 establece:

"Con anterioridad al 1 de marzo de 2017, los distintos órganos de la Administración de la Generalitat con competencias en materia de personal, y los responsables de los distintos sujetos que conforman el sector público instrumental de la Generalitat, deberán solicitar a la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, la correspondiente autorización de masa salarial, aportando al efecto la certificación de las retribuciones salariales satisfechas y devengadas en 2016 La masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de homogeneidad, los créditos o dotaciones correspondientes a las retribuciones del personal laboral afectado."

Sin embargo, no se advierte justificación a la afirmación de que para aprobar la homologación fuera preciso disponer de la autorización a que se refiere el art. 34; se reitera la singularidad del acto de homologación que como tal establece equivalencias con las consecuencias retributivas que se siguen, pero siempre con la finalidad de cumplir el mandato legal y de poder calcular en su caso el complemento general de garantía. Así se deduce de la comparativa económica contenida en los Anexos: En cada caso se establece el grupo el complemento de destino asignado y el complemento específico; se nombra el puesto de trabajo y el puesto homologado.

Finalmente, se alega por la actora, en este orden de cosas, que el procedimiento seguido por el Consorcio Hospitalario de València sí se ajustó a la legalidad, pero, sin perjuicio de lo ya afirmado, sólo se aporta la resolución definitiva (documento 6 de la demanda), que no permite

En conclusión, teniendo en cuenta la ausencia de un procedimiento específico para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 121 Ley 40/2015 y de la Disposición Adicional 31ª de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017, el proceso de producción de las sucesivas resoluciones que culminan en la 411, de 04/julio/2019, sí se ajustan a lo establecido en las normas reseñadas de aplicación.

Se insiste en que no se aprueba una RPT a través de los actos recurridos sino una equivalencia a los efectos retributivos para aplicar el mandato legal y calcular en su caso los complementos personales de garantía. Y para lo cual debe tenerse en cuenta el total de las retribuciones básicas y complementarias, cuya cuantía está predeterminada por la ley, pues no se aprecia de qué otra manera cabe calcular, en última instancia, el complemento de garantía.

En consecuencia,el alcance del pronunciamiento que se realiza en la presente resolución llega hasta ahí, esto, es considerar que esa homologación como tal es ajustada a Derecho en la medida en que da cumplimiento a la previsión legal. Será en su caso a través de la impugnación de la RPT/plantilla orgánica donde podrá cuestionarse si los puestos de trabajo concretos a que se refiere cada "categoría" homologada responden o no las mismas funciones o en general precisan de una valoración específica distinta. Es por ello que aunque se alegue que no ha habido la concreta valoración de cada puesto de trabajo, reiteramos,la "homologación" y "establecimiento de equivalencias" no es el instrumento jurídico adecuado para ello; de hecho, como hemos ido diciendo, ni en la resolución de 2017 ni en la de 2019, aquí recurrida se contiene una "RPT" o una platilla orgánica como tal; sí aparece en el DOGV de 16/febrero/2022 la resolución de 11/febrero/ 2022, del director gerente del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, " mediante la cual se remite el anuncio de publicación de la plantilla orgánica 2020 del CHPCS aprobada por un acuerdo del Consejo de Gobierno del CHPCS reunido en fecha 10 de junio de 2020, con el informe preceptivo favorable de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico".

SEXTO.- En relación con la pretensión subsidiaradel apelado, como hemos dicho más arriba, sería en su caso a través de la impugnación de la RPT/plantilla orgánica donde podrá cuestionarse si los puestos de trabajo concretos a que se refieren cada "categoría" homologada responden o no las mismas funciones.

Ello es aplicable al demandante, que discute precisamente que en la homologación no se tienen en cuenta las funciones que realiza, argumentación en la que procede no entrar en la presente resolución, sin perjuicio de que impugne en su caso la aprobación de la plantilla en la forma que estime conducente a su derecho.

En consecuencia, procede estimar el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN frente a la Sentencia n.º 21/2021,del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Castellón, dictada en el Procedimiento abreviado 732/2019 , sentencia que se revoca y se deja sin efecto y procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DÑA. Evangelina frente a la Resolución de 23/agosto/2019 de la Presidenta del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, por la que se desestima el recurso de reposición presentado contra la Resolución número 411, de 4/julio/2019 del director gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, por la que se ejecuta el acuerdo de homologación adoptado por el Consejo de Gobierno del Consorcio de fecha 3 de julio de 2017, publicado en el DOGV número 8604, el 1 de agosto de 2019.

OCTAVO. .- De conformidad conlo dispuesto en elart. 139 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no se imponen las costas.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación