Sentencia Contencioso-Administrativo 53/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 178/2023 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- La sentencia apelada, tras la identificación del acto objeto del recurso y de las posturas de las partes, señala como hechos fundamentales de autos:

1) La adjudicación del contrato por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante el día 4-6-2012, con una duración inicial de 4 años con posible prórroga.

2) El 16-7-2016 se autoriza por la JGL la primera prórroga del contrato por 1 año.

3) El 20-6-2017 la JGL aprobó la segunda y última prórroga del contrato por lo que el plazo máximo de vigencia del contrato era el 13 de julio de 2018.

4) Finalizado el contrato y agotadas la prórrogas, verbalmente y por razones de interés público - dado que el servicio a prestar tenía el carácter de esencial-, se acordó que la mercantil hoy recurrente continuara prestando el servicio hasta que se resolviera la adjudicación legal del nuevo contrato. Dicha continuidad se llevó a cabo en las mismas condiciones económicas del anterior contrato, siendo abonadas por la Administración las diferentes facturas presentadas por la actora.

5) La demandante solicitó en varias ocasiones la revisión de precios, para mantener el equilibrio económico-financiero del contrato, rechazadas por la Administración.

Destaca la sentencia que no existe acuerdo entre las partes respecto al carácter voluntario o impuesto de la prestación del servicio durante el período comprendido entre el 13-7-2018 y el 31-12-2020, si bien concluye su carácter voluntario porque las facturas que la empresa presentó al cobro se extendieron conforme a los " parámetros establecidos en los Pliegos" y porque las sucesivas peticiones de revisión de precios, considera que prueban que " su consentimiento había sido prestado para continuar con la prestación del servicio, y su disconformidad estaba en los precios estipulados cuya revisión interesaba, siendo contrario a los propios actos que en este momento procesal se alegue que el contrato le fue impuesto de forma unilateral." Y señala que esa es la doctrina sentada por esta Sala y Sección en la sentencia de 20-7-2021 invocada en la contestación de la demanda.

Analiza a continuación si el contrato verbal incurría en causa de nulidad, partiendo de la base de que se trata de una irregularidad, no determinante de la misma, según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ( STS 15-12-2021, que impone la interpretación restrictiva de las causas de nulidad) y señala que estamos en presencia de un servicio prorrogado más allá del plazo previsto por causa de interés público y, por ello, rechaza la causa de nulidad.

Posteriormente, aborda la cuestión del enriquecimiento injusto de la Administración y señala que " la posible indemnización a percibir por la contratista tendría la naturaleza de compensación por el desequilibrio económico padecido, atendiendo al efectivo precio real de la prestación ejecutada por el operador económico" destacando que la actora no ha probado cual es ese precio real de la prestación, ya que la pericial aportada no versa sobre esa cuestión: "El Informe pretende obtener la cuenta de resultados exclusivamente del Contrato, separada por tanto del resto de ingresos y gastos que no guardan relación con este, obteniendo una idea económica clara de cuál ha sido el resultado contable real de la empresa a lo largo del periodo de tiempo analizado", es decir, "los resultados de la explotación de la mercantil".

Y señala que la Administración si " ha acreditado que las cuantías abonadas por los trabajos realizados se ajustan al valor de mercado y por tanto se corresponden con el precio de la prestación que ha realizado. Así el Informe del Sr. Interventor Municipal del Ayuntamiento de Alicante ...justifica plenamente el ajuste a precio de mercado de lo abonado por el Ayuntamiento."

Y es por esta "inexistencia de una prueba clara y terminante por parte de la actora" lo que determina la desestimación de la pretensión de indemnización en 599.612,57.-€ solicitada.

En cuanto a los intereses de demora, rechaza igualmente la pretensión porque se trata de una indemnización por el enriquecimiento injusto, lo que hace "evidente" su improcedencia, tanto más, cuanto reconoce que el Ayuntamiento de Alicante ya ha pagado una cantidad por este concepto. Por último, en cuanto a los gastos de mantenimiento del aval por la supuesta devolución tardía del mismo, destaca que ni la parte la solicitó ni procedía " porque ...continuaba desarrollando el contrato inicial con todos sus condicionantes, incluidas las garantías prestadas para asegurar la correcta prestación del servicio."

SEGUNDO.- Se interpone el presente recurso de Apelación al estimar la Apelante que el contrato previsto para 4 años, prorrogables por 2 más, no sólo fue prorrogado a su finalización de forma verbal y unilateral del Ayuntamiento, sino que además, incrementó las prestaciones para solucionar el problema que había supuesto el Covid-19, mediante la incorporación de 15 operarios, en 44 las zonas verdes, presupuestándose verbalmente con un 13% de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial, sin oposición municipal y firmando las facturas que se emitieron, si bien, posteriormente, el Interventor rechazó dichas cantidades.

Destaca que no existió acuerdo de voluntades para la prestación del servicio durante el período objeto de reclamación (13-7-2018 a 31-12-2020), sino que fue una imposición municipal de forma verbal, según consta en distintos informes municipales (que hablan de órdenes de continuidad), no siendo imputable a la empresa la tardanza en la adjudicación del nuevo contrato.

La sentencia apelada entiende que hubo conformidad de las partes por el hecho de la facturación de los servicios, lo que no tiene más significación que la lógica consecuencia de la realización de una prestación.

A mayor abundamiento, las prórrogas tácitas se encuentran prohibidas y también la posibilidad de acuerdo que, de existir, incurriría en causa de nulidad.

La sentencia, además, concluye la existencia de acuerdo de las solicitudes reiteradas de revisión de precios y modificación del contrato, es decir, que presume la existencia de contrato por la facturación (aceptación del precio anterior) y también de la petición de revisión (no aceptación del precio anterior) conclusiones incongruentes.

Estima la apelante que no existió acuerdo entre las partes, como reconocen los informes municipales y pone de manifiesto la contratista.

En cuanto a la inexistencia de nulidad del contrato irregular que declara la sentencia, así se declara por la Jurisprudencia, sin que pueda considerarse una mera irregularidad la continuidad del contrato en tres años posteriores a su finalización legal, contra el propio contrato, los Pliegos y la LCSP.

El contrato se regía por el TRLCSP que prohíbe las prórrogas tácitas, vulnerando el Ayuntamiento los arts. 114.3 TRLCSP (" los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos"); 23 TRLCSP que dispone la posibilidad de prórrogas del contrato y prohíbe el consentimiento tácito de las partes al efecto; 303.1 TRLCSP que prohíbe que los contratos de servicios tengan un plazo de más de 4 años, siendo posible la prórroga por mutuo acuerdo siempre que la duración total no sea superior a 6 años y que las prórrogas no supongan, aislada o conjuntamente, más del plazo inicial.

Por todo ello estima que sí se ha incurrido en causa de nulidad.

Destaca los informes del Interventor General del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, de 23-07-2021 respecto al incumplimiento de los arts 1.1, 29.1, 29.2 y 37.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y del Letrado Municipal.

En cuanto a los efectos de dicha nulidad y la pericial practicada, la sentencia rechaza la indemnización porque no se ha acreditado cual era el precio real de la prestación llevada a cabo, ya que el informe de Don Pedro Jesús, Economista Colegiado, señala: " En el periodo comprendido entre el 14 de Julio y 31 de diciembre de 2018, la empresa obtuvo unas pérdidas con este contrato de 126.881,05 Euros. 4. En el ejercicio 2019, la sociedad obtuvo un resultado negativo de 173.437,04 Euros. 5. Por último, en el ejercicio 2020, la sociedad obtuvo un resultado negativo de 299.294,49 Euros. 6. Por consiguiente, el resultado, sumando los tres ejercicios correspondientes desde la finalización del Contrato, suma un total de 599.612,57 Euros de pérdidas." Es decir, acredita las pérdidas de la empresa, no el coste del servicio.

En cuanto a los gastos acreditados de mantenimiento de la garantía prestada del contrato original, negados igualmente por la sentencia de instancia, sobre la base de que existía un contrato inicial legal, pero no se trataba de esa ejecución (concluida 3 años antes) sino de la prórroga impuesta unilateralmente.

Estima, por todo ello, que la sentencia debe ser revocada porque 1) Infringe la normativa y Jurisprudencia en cuanto a la continuidad de la prestación, finalizado el contrato. 2) Indebida denegación del enriquecimiento injusto producido durante el período de contratación irregular. 3) Incorrecta valoración de la prueba. 4) Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por ausencia de motivación de la sentencia.

Por todo ello, solicita dicha revocación y la estimación total de la demanda, es decir, que se declare la nulidad de la continuidad forzosa en la prestación del servicio y se condene al Ayuntamiento de Alicante a la indemnización de los daños y perjuicios producidos por enriquecimiento injusto, 599.612,57.-€ euros, así como los intereses legales procedentes; 240.-€ en conceto de gestión de cobro derivadas de la reclamación por impago de seis facturas; 84.665,10.-€ en concepto de intereses de demora por facturas abonadas fuera del plazo marcado legalmente y 17.389,47.-€ por gastos de mantenimiento de la garantía desde la fecha en que tuvo que realizarse la devolución, incrementados con el interés legal de los mismos desde el momento en que tales gastos se han ido produciendo y hasta el momento en que fueron abonados.

La Administración apelada se opone, en primer lugar, porque el recurso de apelación no es sino una reproducción de la demanda faltando en él, por ello, un análisis crítico, propiamente dicho, de los razonamientos de la sentencia que apela . En segundo lugar, porque concurrió el consentimiento de la apelante, siendo prueba de ello que, las facturas que fueron presentadas al cobro fueron confeccionadas conforme a los Pliegos, que la revisión se reclamó en los términos del contrato inicial y que no se solicitaron los gastos de mantenimiento del aval hasta mayo de 2021.

Niega la nulidad radical de la continuidad del servicio, ateniéndose a los términos de la sentencia apelada.

Respecto a las consecuencias de la prórroga del contrato, se remite de nuevo a la sentencia, porque la pericial versa no sobre el valor de los trabajos efectuados, sino sobre la contabilidad de la mercantil, no cabe que se acepte la posición de la recurrente, debiéndose respetar lo fijado por la Administración que establece con claridad que lo facturado se corresponde con los precios de mercado, invocando la prevalencia de la valoración de la prueba por el juzgador a quo, reconocida por esta misma Sala y Sección.

En cuanto a la falta de motivación de la sentencia, doctrina de la incongruencia omisiva, rechaza la misma porque la sentencia resuelve todas las cuestiones que se le plantearon.

TERCERO.- A la vista de este planteamiento del recurso de apelación, debemos señalar, ya inicialmente, que no compartimos las conclusiones alcanzadas en la sentencia apelada.

Dadas las fechas del contrato, la normativa aplicable es el TRLCSP, aprobado por el RDLe 3/2011, de 14 de noviembre, que en relación a la duración del contrato de servicios, establece en su artículo 303 que " no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años..., si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración de contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías...".

Por su parte, el artículo 23 del mismo texto legal y en relación a todos los contratos del sector público, establece con carácter general, que la duración se establecerá " teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas".

Prevé la posibilidad de prórrogas " siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga".

Y que " La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes."

En el presente caso, se trata del contrato de "Servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes de Alicante", suscrito el 6-7-2012, con una duración inicial de 4 años con posible prórroga, que se prorrogó el 16-7-2016 y el 20-6-2017 por segunda y última vez, por lo que el contrato concluía en julio de 2018, sin posibilidad alguna de prórroga, no obstante, por necesidades del servicio, se le impuso a la contratista la continuación del contrato hasta el 31-12-2020.

La cuestión en que se ha centrado el debate en la primera instancia es sobre la voluntariedad o no de la continuidad del servicio para la contratista o la existencia de un concurso de voluntades en este sentido y teniendo en cuenta que se rechazan expresamente las presunciones de las que la sentencia apelada hace derivar dicho concurso (la facturación por ejemplo, consecuencia de la mera prestación del servicio sin más) la cuestión carece de la trascendencia que se le ha otorgado en la medida en que nos encontramos con una imposición municipal ( artículo 23 TRLCSP "será obligatoria para el empresario") carente además de formalización alguna, comportamiento municipal que es completamente inaceptable si tenemos en cuenta que se trata de un contrato cuya finalización se iba a producir en julio de 2016, haciendo uso de las prórrogas, en julio de 2018, sin posibilidad de más dilación ( art. 303 TRLCSP) por lo que la obligación municipal era proveer el servicio del adecuado contrato que sustituyera al anterior, llegada la fecha máxima indicada -julio de 2018-. No sólo no lo lleva a cabo, sino que tarda en hacerlo dos años y medio, superando ampliamente, incluso, las prórrogas inicialmente pactadas, lo que supone una grave negligencia respecto a la que ninguna responsabilidad tiene la empresa contratista.

Y no sólo el proceder municipal es el descrito, sino que la falta de forma en este nuevo período impuesto, lleva consigo que no exista constancia alguna de que previsiones económicas se destinaron al efecto, obligando al contratista, no sólo a continuar el servicio sino con el mismo precio pactado hasta ocho años y medio antes, lo que rompe cualquier equilibrio económico a nivel simplemente teórico o conceptual.

Partiendo de estas consideraciones, que llevan a revocar la sentencia de instancia, la cuestión se centra en determinar la cuantía indemnizatoria a la que tiene derecho el contratista en virtud del instituto por el que reclama: el enriquecimiento injusto.

Como ya hemos señalado en alguna otra ocasión, la STS de 28.04.2008 resume la doctrina jurisprudencial de este modo:

"CUARTO.- En la STS de 21 de marzo de 1991 se afirma que "el enriquecimiento sin causa viene a corregir situaciones de total desequilibrio, en relaciones que, carentes de ropaje jurídico, materialmente han existido produciendo beneficios concretos en una de las partes, a costa de la otra. Con ello se originan unos efectos sin causa -enriquecimiento y empobrecimiento- al no venir respaldados por las formas exigidas en el régimen administrativo. Mas estos efectos, sin causa, por la forma, se convierten en determinantes de la causa que los corrige y repara". Y en sentencias de 18 de diciembre de 2007, recurso de casación 11195/2004 , 2 de octubre de 2006, recurso de casación 1232/2004 y 20 de julio de 2005, recurso de casación 1129/2002 , la doctrina del enriquecimiento injusto que pudiera derivar de la ejecución de una obra para la Administración y del equilibrio económico que debe mantenerse en el cumplimiento del contrato a que se refiere la sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 1991 , siguiendo lo vertido en las de 20 de diciembre de 1983 y 2 de abril de 1986 , significa la exigibilidad por el contratista del pago del exceso de obra necesario para completar el proyecto. O en términos de la sentencia de 18 de julio de 2003 " el desequilibrio ha de estar constituido por prestaciones del particular que no se deban a su propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino que tengan su origen en hechos, dimanantes de la Administración pública, que hayan generado razonablemente en ese particular la creencia de que le incumbía un deber de colaboración con dicha Administración." ...

Incluye también una prórroga de un contrato no pactada aunque si prestada de buena fe por la contratista siguiendo órdenes de la administración ( sentencia de 13 de julio de 1984 ) así como un pago a un subcontratista a consecuencia de una subcontrata con consentimiento tácito de la administración en que hubo incumplimiento contractual por ambas partes contratantes...

La demandante aporta un informe pericial que no es aceptado por la Juzgadora a quo porque no cuantifica el importe real del coste que supuso la ampliación, al mismo precio, del servicio prestado más allá del plazo legal, sino las pérdidas de la empresa, si bien debemos destacar que son las pérdidas de la empresa derivadas de este contrato, como así lo hace constar el Perito que concluye las pérdidas derivadas del contrato por anualidades, con el total anteriormente indicado.

Por otra parte, del expediente remitido -exclusivamente las reclamaciones formuladas por la demandante- se desprende que reclamó la revisión de precios, conforme a la cláusula 15 del PCAP, que establecía el precio tan sólo respecto al primer año de ejecución del contrato y, posteriormente, con el incremento del IPC correspondiente al año anterior, el 18-11-2018, el 29-3-2019, el 12-4-2019, el 7-11-2019 y el 23-12-2019.

La demandante/apelante alega que se acordó verbalmente incrementar el precio en el beneficio industrial (6%) y 13% de gastos generales, pero este extremo no viene avalado por ninguna prueba y tampoco es acorde a las sucesivas reclamaciones que la parte llevó a cabo durante la vigencia de la "prórroga" de facto, es decir, la litigiosa y, por tanto, estimamos que son estas cantidades las que debemos estimar habida cuenta de que son las pactadas por las partes y porque la prueba llevada a cabo en autos, efectivamente, no puede ser estimada en los términos en que se practicó ya que muchos de los conceptos que se incluyen como indemnizables, ya se tienen en cuenta por la empresa en la determinación de sus precios y porque el comportamiento municipal, por inaceptable que sea desde el punto de vista legal, no debe garantizar la total indemnidad económica del contratista.

Por tanto, debemos estimar parcialmente el recurso en cuanto a esta pretensión y declarar que no procede la nulidad de la prórroga en la medida en que la ley permite a la Administración imponer la continuidad del servicio en los términos que ya hemos visto, si bien debemos reconocer el derecho de la apelante a la cantidad de 599.612,57€, en concepto de indemnización por los perjuicios derivados de la prolongación de la ejecución del contrato, más sus intereses legales desde la fecha de la notificación de la sentencia de primera instancia hasta su total pago.

CUARTO.- Por lo que se refiere a las demás cantidades solicitadas, respecto a las que no se pronuncia la sentencia de instancia, debemos señalar que, tanto el artículo 99.4 del RDLeg 2/2000 como los sucesivos que le han sustituido, a través de las modificaciones de la Ley de Contratos, 200 de la Ley 30/2007 y 216 de la Ley 3/2011 y 198 Ley 9/2017, vienen a establecer la obligación de la Administración de abonar el precio dentro del plazo de dos meses -los dos primeros- y treinta días -los posteriores- desde la expedición de las certificaciones de obra o de los documentos acreditativos del cumplimiento del contrato ("bienes entregados o servicios prestados"), si bien hay que tener en cuenta la modificación operada por el RDLe 4/2013 de 22 de febrero (publicación el día 23 y entrada en vigor el 24), tras el que la redacción del art. 216.4 del RDLe 3/2011 de 14 de noviembre, TRLCSP, queda como sigue:

" La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitación.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono."

Debemos señalar además que la reciente STJUE ( ECLI :EU:C:2022:806) de 20 de octubre de 2022 , recaída en la cuestión prejudicial C-585/20, se pronuncia sobre esta cuestión declarando:

" En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

2) El artículo 4, apartados 3 a 6, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, con carácter general, respecto de todas las operaciones comerciales entre empresas y poderes públicos, un plazo de pago de una duración máxima de 60 días naturales, incluso cuando ese plazo esté compuesto por un período inicial de 30 días para el procedimiento de aceptación o de comprobación de la conformidad con el contrato de los bienes entregados o de los servicios prestados y por un período adicional de 30 días para el pago del precio acordado."

Por tanto, el dies a quo de la liquidación aportada por la apelante debe ser aceptado porque contemplando una carencia superior a los 30 días señalado, vincula a este órgano jurisdiccional y así debe ser establecido.

Respecto al dies ad quem o fecha final para el cómputo de los intereses de demora, debemos señalar que el TJUE vino a declarar que el artículo 3, apartado 1, letra c), inciso ii) de la directiva 200/35 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000 , por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debe interpretarse en el sentido de que exige, a fin de que un pago mediante transferencias bancarias evite o cancele el devengo de intereses de demora, que la cantidad adeudada se consigne en la cuenta del deudor en la fecha de expiración del plazo convenido.

Esta decisión choca con el art. 43 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991), si bien, en virtud del principio de primacía del Derecho comunitario, la interpretación de la misma dada por el Tribunal de Justicia de la Directiva 2000/78/CEE , supone que la contradicción entre ésta y el texto legal valenciano debe resolverse con un desplazamiento de la normativa valenciana a favor de la aplicación con primacía de la Directiva.

Por tanto, el dies ad quem es el día del efectivo pago al acreedor, que debe ser excluido porque ese día ya se encuentra la cantidad a disposición del mismo.

En el presente caso, no ha sido excluido este último día, por lo que procede llevar a cabo nueva liquidación en este sentido.

Si debemos estimar la reclamación de 240€ en concepto de costes de cobro del art. 8 de la Ley 3/2004, no impugnado de contrario.

Por último, en cuanto a los 17.389,47.-€ por gastos de mantenimiento de la garantía, no procede su devolución debido a la realidad de la prestación del contrato durante el tiempo de la indebida prórroga impuesta.

QUINTO.- El artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, vigente al tiempo del presente procedimiento, establece que en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En las demás instancias o grados se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

No procede pues su expresa imposición en ninguna de ambas instancias.

A la vista de lo dispuesto en la LO 6/1985, redacción dada por la LO 1/2009, en su Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 ("Si se estimare total o parcialmente el recurso, o la revisión o rescisión de sentencia, en la misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito") procede la devolución del depósito constituido en su día para la interposición del presente recurso.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación