Sentencia Contencioso-Administrativo 33/2023 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 134/2020 de 26 de enero del 2023

PRIMERO.- Las partes antes citadas deducen el presente recurso contencioso-administrativo, según ha sido ya apuntado, frente al acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de Valencia de 30 de enero de 2020, dictado en el expediente de justiprecio nº NUM000.

Dicho acuerdo, tras señalar que procedía justipreciar los bienes fijó el justiprecio de la finca NUM001 con una superficie de 634,25m2, valorándola como suelo urbanizado por importe de 75.894,36€, más el 5% de premio de afección, determinando un justiprecio final de 79.689,08€

SEGUNDO.- Los propietarios actores, en su demanda, discrepan del Acuerdo del JPE en lo relativo a la superficie a expropiar, pues entienden que la misma es la de 4.185,37 m2 y no la de 634,25m2 considerada por el Jurado. Refiere que la superficie de 4.185,37 m2 que no fue incluida en el Sector R-5 Magdalena del PGOU de Massamagrell, tiene calificación urbanística de dotacional público y no se encuentra incluida en ningún ámbito de gestión que permita la equidistribución de beneficios y cargas y por lo tanto es necesaria la compensación a sus propietarios, dado su carácter dotacional público.

Por ello solicita se dicte Sentencia por la que se deje sin efecto el Acuerdo del JPE y se reconozca que la superficie objeto de expropiación es de 4.185,37m2. Subsidiariamente en el caso de no reconocer dicha superficie, que se reconozca como superficie objeto de expropiación 2.581m2, según el informe pericial que se aporta.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Massamagrell, por su parte, en su demanda, alega, los siguientes motivos de impugnación, que pasamos a sintetizar debido a su extensión:

i. Vulneración del art. 187 bis.1 de la ley 16/2005, de 30 de diciembre (LUV): improcedencia de atender la expropiación rogada por falta de anuncio previo en los términos exigidos por la ley;

ii. Vulneración de la DT 11ª LOTUP: el plazo para presentar las hojas de aprecio y tramitar expropiaciones rogadas estaba suspendido.

iii. Defectos en la solicitud de expropiación que impedían entrar a conocer del fondo del asunto: señala el Ayuntamiento que no se acredita la titularidad dominical y se presentó de manera indebida en papel un escrito que debió ser presentado telemáticamente.

iv. Arbitrariedad en la fijación del valor de venta: considera que el valor del JPE está inmotivado y por ello, con remisión a los informes periciales que aporta, señala que debe adoptarse un valor final del suelo de 55,43 €/m2 que, a la vista de la superficie expropiada y del premio de afección, comporta una indemnización total de 36.914,30 €.

CUARTO.- El Abogado del Estado se opone a ambas demandas. Así, respecto de la demanda interpuesta por la propiedad, alega que se debe tomar la superficie indiada por la administración expropiante y atender a los terrenos calificados por la ordenación territorial como dotacionales.

QUINTO.- Respecto de la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Massamagrell, indica que los propietarios señalaron en su anuncio la petición subsidiaria de expropiación.

En orden a la moratoria de la Disposición Transitoria 11ª LOTUP, señala que la legislación aplicable es la LUV, al ser la norma que estaba en vigor en el momento de la advertencia al Ayuntamiento y que la citada Disposición Transitoria 11ª LOTUP suspende plazos para solicita y tramitar la expropiación rogad, pero no par la presentación de la hoja de aprecio.

En orden a la acreditación de la titularidad y la defectuosa presentación, se indica que la nota simple del registro es un medio idóneo para acreditar la propiedad y sobre la presentación en papel señala que se trata de un defecto subsanable.

Por último, en cuanto al Valor en venta (Vv), invoca la presunción de acierto de los acuerdos del JPE y que las muestras que aporta el Ayuntamiento no son válidas.

SEXTO.- La representación procesal del Ayuntamiento también se opone a las pretensiones de la parte propietaria alegando la conformidad a derecho del Acuerdo del JPE en lo relativo a la superficie a expropiar.

SÉPTIMO.- Pues bien, así planteada la cuestión, hay que comenzar indicando que, según proclama constante Jurisprudencia, que por conocida resulta innecesaria su cita, los acuerdos de los Jurados merecen ser acogidos con el crédito y autoridad que se desprende de su doble composición técnico-jurídica y de su permanencia y estabilidad, lo cual, si bien no es óbice alguno para que los Tribunales puedan ordenar la nulidad de sus decisiones, para ello tiene que producirse una infracción de preceptos legales o un error o disconformidad patente con elementos de juicio que obren en el expediente o fueren aportados a los autos, gozando dichos organismos de la Administración Pública de cierta discrecionalidad técnica, a fin de determinar y concretar con exactitud el justo valor de los bienes expropiados, pudiendo hacer uso para lograrlo de las facultades previstas en el art. 43 de la Ley de Expropiación Forzosa , aportando sus miembros los conocimientos adquiridos por la diversa experiencia de cada uno de ellos; si no existe prueba que ante la jurisdicción contencioso-administrativa destruya las apreciaciones que hace el Jurado, ha de estarse a cuanto éste decidió, porque el recurso es un proceso a un acto que goza de la presunción de acierto.

A ello podemos añadir que la presunción de acierto de los acuerdos de los Jurados no solo puede desvirtuarse mediante prueba pericial, sino también, conforme a una constante Jurisprudencia, por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho ( sentencias de 3 de noviembre de 2011 -casación 2874/2008; de 23 de julio de 2012 -casación 3888/2009-; 7 de julio de 2015 -casación 1584/2013- y 6 de mayo y 13 de junio de 2016 - casaciones 3615/2014 y 936/2015-), e, incluso, sin necesidad de ningún medio probatorio, cuando la motivación del acuerdo demuestre la existencia de errores esenciales determinantes de la valoración realizada para cuya apreciación no sea preciso especiales conocimientos técnicos, de los que carecen los órganos jurisdiccionales.

OCTAVO.- Dicho lo cual, por razones sistemáticas procede analizar, en primer lugar, los argumentos expuestos en la demanda del Ayuntamiento de Massamagrell.

Si acudimos al expediente administrativo, consta a los folios 38 y siguientes solicitud por parte de los propietarios de fecha 24 de julio de 2007 en el que tras exponer que eran propietarios de la parcela NUM002 y de la fina registral antes mencionada y las circunstancias que constan, se expresaban con el siguiente contenido:

1). Que por el Ayuntamiento de Massamagrell se nos comunique en breve plazo si es posible realizar una transferencia de aprovechamiento inmediata para que de conformidad con los derechos que nos correspondan en suelo urbano pudiéramos ceder el suelo a cambio de aprovechamientos en otro lugar.

2).-Que si no es posible una transferencia se nos informe favorablemente para la realización de una reserva de aprovechamiento en la que cederíamos inmediatamente al Ayuntamiento el suelo urbano destinado a viales de nuestra propiedad a la espera de una transferencia.

3).-Que se nos comunique cual es según el Plan General de Ordenación Urbanística de Massamagrell el aprovechamiento medio del suelo urbano.

4).-Que se no es posible cualquiera de las anteriores peticiones procedan a la expropiación inmediata de dichos terrenos.

El Ayuntamiento de Massamagrell, en contestación de dicha petición, informa a los propietarios el 22 de octubre de 2007 en los siguientes términos:

Así las cosas, el artículo 184 LUV, norma vigente en esa fecha, determinaba lo siguiente:

1. En suelo urbano, en tanto no se desarrollen Programas, los propietarios podrán realizar, disfrutar y disponer del aprovechamiento subjetivo que, en cada momento, la ordenación urbanística otorgue a sus terrenos o solares. Para ello podrán poner en práctica alguna de las siguientes alternativas:

a) Materializar su aprovechamiento subjetivo sobre solar o parcela propios, si la calificación urbanística de éstos lo permite, mediante las actuaciones previstas en el apartado siguiente.

b) Transferir su aprovechamiento subjetivo, para su materialización en suelo apto para ello, cuando la ordenación urbanística afectara el terreno a destino dotacional público.

c) Efectuar una reserva del aprovechamiento, para su posterior transferencia, previa cesión gratuita del suelo de su propiedad a la administración.

d) Solicitar, de ser imposible cualquiera de las anteriores alternativas, la expropiación del terreno a los cinco años de su calificación, si ésta conlleva el destino público.

Como hemos visto, el Ayuntamiento, en su informe, salvo la referencia al aprovechamiento medio recogido en el apartado c) del citado informe, establece en el mismo una serie de generalidades sin dar respuesta concisa y concreta a la parte, por lo que, dado que no cabía ninguna de las posibilidades previstas en los apartados a ) a c) del precepto transcrito, se tiene por válida la petición de expropiación, pues se había cumplido el plazo de cinco años.

La ausencia de una de las firmas de los peticionarios carece de relevancia, pues actúan en calidad de copropietarios. Según reiterada jurisprudencia, cualquier comunero está legitimado para instar la expropiación por ministerio de la ley, sin que sea necesario la unanimidad para ello, siempre y cuando sea en beneficio de la comunidad y en tanto no conste oposición de alguno de ellos.

En este sentido se pronuncian numerosas sentencias, como la Sentencia de Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1995, que faculta a cualquiera de los comuneros a solicitar la expropiación por ministerio de la ley por interpretar que se trata de una actuación en beneficio de la comunidad (STSS de 10/julio/2017, Sentencia TSJ de Madrid de 7/julio/2016 y las Sentencias del TSJ de la Comunidad Valenciana de 2/enero/2007 y de 31/enero/2011, entre otras).

En consecuencia, el motivo (i) fijado en el fundamento tercero de esta resolución debe rechazarse.

NOVENO.- Pasemos a analizar el motivo (iii) del Ayuntamiento de Massamagrell.

Las irregularidades que se mencionan respecto del escrito presentado carecen de fuste y deben rechazarse. En efecto, se dice que el escrito presentado ante el Ayuntamiento iba firmado por Letrada, pero se acompaña copia de poderes, y que no se presentó de manera telemática, lo cual es un requisito subsanable conforme al artículo 68 de la Ley 39/2015.

En cuanto a la acreditación de la titularidad, nada obsta a la presentación de nota simple. El artículo 3 de la L.E.F . establece que "Las actuaciones del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la expropiación. Salvo prueba en contrario, la Administración expropiante considerará propietario o titular a quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que sólo puede ser destruida judicialmente, o en su defecto, a quien aparezca con tal carácter en registros fiscales, o, finalmente, al que lo sea pública y notoriamente".

En consecuencia, se rechaza el motivo (iii)

DÉCIMO.- Expuesto que ha sido que la presentación ante el JPE fue correcta, hay que determinar si en la fecha de presentación de dicho escrito (16 de septiembre de 2019) operaba la suspensión de plazos establecida en la Disposición Transitoria 11ª de la LOTUP en los término que alega el Ayuntamiento.

En efecto, se señala, a los folios 15 y ss de la demanda, petición (ii) de las sintetizadas en el Fundamento tercero de esta resolución, con cita de la Sentencia dictada por esta Sala el 29 de enero de 2020, que no es cierto que el momento de la presentación de la hoja de aprecio solo tenga como efecto jurídico el de marcar la legislación aplicable en materia de valoraciones.

Se alega por el Ayuntamiento de Massamagrell que cuando se presentó hoja de aprecio ante el mismo (30 de octubre de 2018) ya operaba la citada Disposición Transitoria 11ª LOTUP y que la misma se ha seguido prorrogando.

Debemos tener presente que la normativa suspendiendo las expropiaciones rogadas tiene carácter excepcional y, por tanto, de interpretación restrictiva. Hasta tal punto es cierto lo que se acaba de exponer, que en el proceso seguido ante esta Sala y Sección Primera núm. 73/2019, con fecha 9 de febrero de 2019, se planteó cuestión de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional con el número 1096/2022 (BOE 8 de julio de 2022).

La mencionada Disposición Transitoria 11ª tenía el siguiente tenor literal en la fecha de la presentación de la hoja de aprecio ante el Ayuntamiento:

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, el cómputo de los plazos para advertir a la administración competente para que presente la hoja de aprecio correspondiente y para que se dirija al jurado provincial de expropiación para fijar el precio justo establecido en el artículo 104.1 y 104.2 de la Ley 512014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana, quedan suspendidos hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta suspensión de plazo no afecta a las reservas de aprovechamiento ni a ningún caso en el que la administración ya haya obtenido y ocupado los terrenos.

El motivo debe tener favorable acogida.

Conforme a la doctrina fijada por esta Sala, efectivamente, como sostiene el Ayuntamiento de Massamagrell, el Jurado debió haber acordado la inadmisión de la solicitud efectuada por los propietarios, por cuanto a fecha de presentación ante él de la solicitud de los propietarios encaminada a la fijación del justiprecio -e independientemente de que la advertencia se hubiese efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de la citada DTª 11ª- ya regía la suspensión de plazos establecida por la DTª 11 LOTUP que afecta a la totalidad de los plazos previstos en el artículo 104 LOTUP (ahora 110 del nuevo Texto Refundido) pues, de lo contrario la mención a la totalidad de los plazos a que alude la referida DTª sería redundante.

Así pues, conforme hemos ya sostenido en otros supuestos asimilables al presente (recurso contencioso-administrativo ordinario n.º 208/2019) en relación a su vez con lo declarado por la Sentencia n.º 362/2021, de fecha de 12 de julio de 2021, dictada por la Sección Cuarta de esta Sala en el recurso n.º 364/2018, la suspensión de plazos afecta a cada uno de los recogidos en el artículo de remisión.

En el presente caso, cuando los propietarios presentaron el escrito ante el Jurado Provincial de expropiación ya desplegaba efectos la disposición transitoria 11ª incorporada a la LOTUP por el artículo 99 de la Ley 13/2016, imponiendo la suspensión de los plazos de referencia -en la literalidad transcrita- y en concreto el plazo para para dirigirse al Jurado instando su intervención con la determinación del justiprecio.

El JPE cita, en apoyo de su tesis, dos sentencias dictadas por esta Sala. La primera es la STSJ sección cuarta de 5/12/2018 . La misma tenía por objeto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia de instancia que desestimaba el recurso interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia de fecha 27 de noviembre de 2015, que desestima el recurso de reposición frente al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de septiembre de 2015, que desestimaba la solicitud de subrogarse en el procedimiento expropiatorio de determinada parcela, iniciado por otra mercantil. La administración basaba su negativa en que el artículo 104.6 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje establecía que en caso de transmisión onerosa de la propiedad se reiniciará el cómputo de los plazos para el nuevo propietario.

La Sentencia de la Sala señalaba lo siguiente:

Partiendo lo lo dicho, y siendo indiscutible que fue en fecha 6 de junio de 2.011 el anuncio de la intención de iniciar expediente de justiprecio, habrá que referirse a tal fecha para determinar la legislación aplicable, y es evidente dada la irretroactividad de la LOTUP, que no se puede aplicar dicha ley, debiéndose aplicarse la LUV , y por tanto es contrario a derecho el acuerdo del Ayuntamiento inadmitiendo y la sentencia de instancia desestimando la solicitud de subrogan.

Admitir la opinión contraria de la vigencia de la LOTUP y por tanto el reinicio de los plazos en caso de subrogan seria romper las reglas de juego y premiar la inactividad administrativa respecto a la obligación de expropiar .

Cosa distinta es la determinación de la legislación aplicable a los efectos de valoración, que debe venir referida a la fecha de presentación de la hoja de aprecio.

Con lo argumentado el recurso debe ser estimado y en consecuencia decretada la anulación del acto administrativo recurrido.

Como vemos, se trata de un supuesto distinto ya que se refiere al derecho a la subrogación en un procedimiento expropiatorio iniciado por otra mercantil, por lo que no resulta de aplicación la mencionada doctrina.

La segunda de las Sentencias, de 4 de noviembre de 2019, dictada también por la sección Cuarta de esta Sala, hace referencia también a un supuesto distinto, cual es la aplicación de los requisitos previstos en el artículo 104.6 LOTUP, y concluye señalando que " Es obvio que las condiciones recogidas en el número 6 del artículo 104 de la LOTUP, no venían recogidas en la norma autonómica precedente, texto de la LUV ...(...)". Tampoco es este el supuesto objeto de autos, puesto que aquí no se discute que se haya ostentado la titularidad dominical durante todo el periodo.

Lo expuesto implica que deba estimarse esta alegación, lo que determina que resulte innecesario entrar a analizar la cuestión relativa al valor de venta (Vv), que constituía la alegación (iv) del Ayuntamiento de Massamagrell.

DÉCIMO PRIMERO.- Lo expuesto en el fundamento anterior determina que deba desestimarse la demanda interpuesta por los propietarios, sin entrar la Sala a fijar la superficie que debía ser objeto de expropiación, dado que la Sala considera que debía haberse inadmitido la petición de los propietarios.

DÉCIMO SEGUNDO.- En aplicación del art. 139.1 de la Ley 29/1998, atendiendo a los fundamentos jurídicos expuestos no ha lugar a hacer expresa imposición de costas procesales.

Por cuanto antecede,