Sentencia Contencioso-Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 880/2015 de 10 de Noviembre de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
En Valencia, a diez de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTOS los presentes autos por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Srs. D. MARIANO
FERRANDO MARZAL, Presidente, D. CARLOS ALTARRIBA CANO, Dª DESAMPARADOS IRUELA
JIMÉNEZ, Dª ESTRELLA BLANES RODRÍGUEZ y Dª LAURA ALABAU MARTÍ, Magistrados, ha pronunciado
la siguiente:
SENTENCIA Nº: 918
En el recurso de apelación número 880/2015, interpuesto por D. Ildefonso contra la sentencia nº
269/15, de 13 de julio de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Alicante
en el recurso contencioso-administrativo abreviado número 285/2014 seguido ante ese Juzgado.
Ha sido parte apelada el AYUNTAMIENTO DE DENIA; siendo Magistrada Ponente Dª
DESAMPARADOS IRUELA JIMÉNEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Alicante se siguió el recurso contencioso-administrativo abreviado número 285/2014, deducido por D. Ildefonso frente a la resolución de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Denia de 16 de enero de 2014, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por aquél contra la resolución de la Alcaldía de 23 de septiembre de 2013, que desestimó el recurso de reposición (sic) que formuló dicho recurrente contra la resolución 518/2013 de la Concejal-Delegada competente en materia de disciplina urbanística, que ordenó la demolición de las siguientes obras realizadas sin licencia municipal: ampliación de vivienda sita en C/ DIRECCION000 nº NUM000 , esc. NUM001 - NUM002 , puerta NUM003 , mediante cerramiento de terraza cubierta (expediente nº NUM004 ).



SEGUNDO.- En el expresado recurso contencioso-administrativo se dictó en fecha 13 de julio de 2015 sentencia nº 269/15 inadmitiéndolo por haber sido presentado extemporáneamente, e imponiendo las costas procesales a la parte actora.



TERCERO.- Contra la anterior sentencia interpuso D. Ildefonso , en tiempo y forma, recurso de apelación, solicitando se dictase por la Sala sentencia que revocase la apelada y, conforme al art. 85.10 de la LJCA , resolviese sobre el fondo del asunto, estimando el recurso contencioso- administrativo y condenando en costas a la Administración demandada.



CUARTO.- Admitido a trámite por el Juzgado el recurso de apelación, se dio traslado al Ayuntamiento apelado, que formuló oposición, solicitando el dictado por la Sala de sentencia que desestimase el recurso, confirmando íntegramente la sentencia apelada.



QUINTO.- Elevados los autos a este Tribunal, y una vez recibidos, se formó el presente rollo de apelación, señalándose la deliberación, votación y fallo del asunto para el ocho de noviembre de dos mil diecisiete.



SEXTO.- Se han cumplido en ambas instancias las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia apelada declaró, al amparo del art. 69.e) de la Ley 29/1998 , la inadmisión del recurso contencioso-administrativo deducido por el actor frente a la resolución de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Denia de 16 de enero de 2014, razonando el Juzgador de instancia que dicho recurso había sido interpuesto extemporáneamente, al haberle sido notificada a aquél esa resolución por la Administración - tras dos intentos fallidos de notificación personal- por medio de edicto publicado en el BOP de Alicante de 7 de marzo de 2014, de manera que el plazo de dos meses para recurrirla en sede contencioso-administrativa ( art.

46.1 de la citada Ley 29/1998 ) finalizaba el día 7 de mayo siguiente y, por tanto, habiendo sido presentado el recurso el día 19 de mayo posterior, la interposición se encontraba fuera de plazo legal.

Añadía la sentencia que la conclusión anterior no quedaba enervada por la circunstancia de que la notificación edictal concediera al interesado un plazo de diez días -contados desde el siguiente a la publicación del edicto- para comparecer en las dependencias municipales a fin de conocer el texto íntegro de la resolución notificada. El mencionado plazo de diez días, afirmaba el Juzgador, no suponía una eficacia demorada de los efectos de la notificación, sino que había que estar en este punto a lo que regulaba la Ley 30/1992, como así argumentaba el propio actor en su demanda cuando se oponía a que la Administración se sirviera de ese plazo de diez días para 'estirar' el plazo máximo de seis meses previsto para la caducidad del procedimiento administrativo.



SEGUNDO.- Frente a la expresada fundamentación jurídica de la sentencia apelada se alza el apelante alegando la ausencia de presentación extemporánea del recurso, al concurrir una circunstancia que el Juzgador de instancia, infringiendo el art. 69.e) de la Ley 29/1998 , no ha tomado en consideración: la Administración le indicó en el anuncio publicado en el BOP que la notificación se entendería producida a todos los efectos legales en otro momento distinto al de la publicación del acto en dicho boletín, concretamente desde el día siguiente al de la finalización del plazo de diez días que le daba para comparecer en las dependencias municipales para el conocimiento íntegro de la resolución. Por tanto, añade el apelante, el plazo de dos meses de que disponía para interponer el recurso contencioso-administrativo ha de computarse desde el día siguiente al del vencimiento de ese plazo de diez días, y de esta forma su recurso fue presentado dentro del citado plazo legal de dos meses.

De todo lo expuesto concluye el apelante que la sentencia de instancia vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, por lo que solicita que se revoque la sentencia y, de conformidad con el art. 85.10 de la ley 29/1998 , se pase por la Sala a resolver el fondo del asunto, estimando en su integridad el recurso contencioso-administrativo y acogiendo, en consecuencia, las alegaciones impugnatorias que formuló en la demanda acerca de la caducidad del expediente administrativo y la prescripción de la acción de la Administración para acordar el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Se opone el Ayuntamiento apelado a las alegaciones impugnatorias y pretensiones ejercitadas por el apelante, y sostiene que tanto los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada como el pronunciamiento de inadmisión del recurso a que la misma llega son conformes a derecho.



TERCERO.- La Sala considera que ha de darse la razón al apelante cuando aduce que presentó el recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de dos meses establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998 .

La resolución de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Denia de 16 de enero de 2014 impugnada en el proceso de instancia por el recurrente le fue notificada a éste por dicho Ayuntamiento, tras dos intentos fallidos de notificación personal, mediante edicto publicado en el BOP de Alicante de 7 de marzo de 2014.

En el edicto se hacía constar, conforme a lo que se preveía en el art. 61 de la Ley 30/1992 , la identidad del interesado, el número de expediente, la identificación del acto notificado y su parte dispositiva, y se le indicaba al interesado que debía comparecer en las dependencias del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del edicto en el BOP, para el conocimiento íntegro del acto, y se le advertía asimismo de que 'de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para comparecer'.

Así pues, el plazo para interponer D. Ildefonso el recurso contencioso-administrativo había de computarse, a tenor del art. 46.1 de la Ley 29/1998 , desde el día siguiente al del vencimiento de ese plazo de diez días contados desde el siguiente al de la publicación del edicto en el BOP que le confirió el Ayuntamiento a aquél para tomar conocimiento del contenido íntegro de la aludida resolución de 16 de enero de 2014. Ha de tenerse en cuenta al respecto que, como acerca de la admisión de los recursos contencioso-administrativos tiene declarado el Tribunal Constitucional en la STC 1ª, nº 214/2002, de 11 de noviembre -recurso de amparo número 4353/2001 -, sentencia que se remite a su vez a otras sentencias anteriores, «no puede considerarse falta de diligencia de la parte, en virtud del principio de buena fe que debe regir la actuación de la Administración y de la obligación constitucional de ésta, según el art. 103 CE , de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al derecho, el seguir las instrucciones contenidas en las notificaciones administrativas, relativas a los recursos procedentes y plazos para interponerlos [pues] lo contrario supondría colocar a los ciudadanos en una situación de inseguridad ante las notificaciones administrativas, y vendría a eliminar la garantía que supone para el administrado la regulación legal de los requisitos de esas notificaciones ( SSTC 193/1992 y 194/1992, de 16 de noviembre , FF JJ 5)».

Añade la precitada STC nº 214/2002 que la Administración no puede dar indicaciones a los interesados sobre el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo y después, cuando aquéllos han seguido esas indicaciones (aunque sean erróneas), oponer en sede jurisdiccional la caducidad del plazo para recurrir.

En tales casos el órgano judicial que aprecia la caducidad del recurso y lo inadmite sin razonamiento, o con un razonamiento arbitrario o irrazonable, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 de la CE ), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, entendiendo por razonamiento arbitrario o irrazonable, precisa el TC, «no toda interpretación que no sea la más favorable, sino la que por excesivo formalismo o rigor revele una clara desproporción entre los fines preservados por las condiciones legales de admisión y los intereses que resultan sacrificados».

En el caso de autos el ahora apelante siguió las indicaciones que acerca del plazo para recurrir la resolución de 16 de enero de 2014 le había dado el Ayuntamiento de Denia en el edicto publicado en el BOP de Alicante de 7 de marzo de 2014, y de conformidad con las mismas presentó el recurso contencioso- administrativo dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de diez días que le había conferido el Ayuntamiento para conocer el contenido íntegro de aquella resolución de 16 de enero de 2014. En definitiva, procedía la admisión del recurso por estar presentado en tiempo legal, y así debió haber sido el Juzgador a quo.

Frente a lo anterior no cabe objetar, como hace la sentencia apelada, la circunstancia de que el propio actor se opusiera en su demanda, para fundar su alegación de caducidad del expediente, a que el Ayuntamiento se sirviera del expresado plazo de diez días para 'estirar' el plazo máximo de seis meses de que disponía para resolver el expediente y notificar la resolución de 16 de enero de 2014. Como tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia, el control de los presupuestos de admisibilidad de los recursos compete a los Tribunales con independencia de las alegaciones de las partes, al tratarse de una materia de orden público de la que éstas no pueden disponer.

A resultas de todo lo dicho, procede la revocación de la sentencia apelada y, en virtud del art. 85.10 de la Ley 29/1998 , entrar la Sala a resolver el fondo del asunto.



CUARTO.- La alegación del recurrente acerca de la caducidad del expediente administrativo nº NUM004 no puede prosperar.

El art. 227.2 de la Ley 16/2005, Urbanística Valenciana (LUV) -aplicable por razones temporales a los hechos enjuiciados en esta litis-, establecía que el plazo máximo de que disponía la Administración para notificar y resolver los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística era de seis meses, plazo que comenzaba, si el interesado no había solicitado la legalización de las obras, el día en que finalizaba el plazo de dos meses otorgado a tal fin a aquél en el requerimiento de legalización.

En el presente supuesto, la resolución nº 794/2012, de 26 de julio, de la Concejala-Delegada de Disciplina Urbanística, que otorgó a D. Ildefonso el aludido plazo de dos meses para legalizar las obras de cerramiento de terraza cubierta realizadas en su vivienda, le fue notificada a éste, tras dos intentos fallidos de notificación personal, mediante edicto publicado en el BOP de Alicante de 26 de septiembre de 2012.

Dicho plazo, que el interesado dejó transcurrir sin solicitar licencia municipal, venció el día 26 de noviembre siguiente, por lo que a partir de esa fecha comenzaba a contarse el indicado plazo máximo de seis meses de que disponía el Ayuntamiento para resolver el expediente y notificar la resolución que le ponía fin. El plazo finalizaba, por tanto, en virtud de lo referido, el día 26 de mayo de 2013.

No obstante, dicho plazo máximo quedó suspendido por resolución de la Concejala-Delegada de Disciplina Urbanística de 20 de febrero de 2013, que dispuso, a tenor del art. 42.5.a) de la Ley 30/1992 , requerir al interesado para que en el plazo de diez días aportara determinada documentación. Esta resolución fue debidamente notificada en fecha 7 de marzo siguiente al Sr. Ildefonso , que cumplimentó el requerimiento mediante escrito que presentó el día 15 de marzo posterior, por lo que durante el tiempo que medió entre ambas fechas -ocho días- el transcurso del mencionado plazo máximo de seis meses quedó interrumpido, finalizando, a resultas de lo expuesto, el día 3 de junio de 2013.

Pues bien, la resolución que puso fin al citado expediente nº NUM004 -resolución 518/2013, de 14 de mayo, de la Concejal-Delegada de Disciplina Urbanística, que ordenó la demolición de las obras-, ha de tenerse por debidamente notificada por el Ayuntamiento a D. Ildefonso el 29 de mayo de 2013, día en que tuvo lugar el primer intento fallido de notificación (que fue intentada por medio del servicio postal, a través de envío certificado con acuse de recibo, devuelto por encontrarse ausente el destinatario). Ese intento de notificación surtió los efectos que preveía art. 58.4 de la Ley 30/1992 , precepto interpretado por el Tribunal Supremo en la STS 3ª, de 17 de noviembre de 2003 , dictada en el recurso de casación en interés de la ley número 128/2002, que razonaba que dicho art. 58.4 «establece que cualquier notificación que, pese a incumplir cualesquiera otros requisitos, contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, o bien 'el intento de notificación debidamente acreditado', producen un concreto efecto: 'entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos'. El objetivo, por tanto, de este último apartado cuya interpretación constituye el objeto del presente recurso de casación en interés de la Ley, es añadir dos supuestos en los que se entiende cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos administrativos, además del supuesto básico de una notificación efectuada con todos los requisitos legales. Tales supuestos son la notificación que, pese a no cumplir con todos los requisitos previstos en el apartado 2 del propio artículo 58, contenga el texto íntegro de la resolución, y el intento de notificación debidamente acreditado».

Aquel primer intento de notificación al interesado de la resolución nº 518/2013, de 14 de mayo, produjo el efecto de entender cumplida la obligación del Ayuntamiento de Denia de notificar esa resolución dentro del plazo máximo de seis meses: la notificación intentada contenía, de un lado, el texto íntegro de la resolución (requisito, según el precitado art. 58.4, suficiente a los efectos en él contemplados, por lo que no era necesario, contrariamente a lo que sostiene el apelante, que dicha notificación hiciera expresión de los recursos que procedían contra la resolución notificada); y de otro lado, consta debidamente acreditado en el expediente tal intento de notificación, practicado cumpliendo todas las garantías que exigía el art. 59.1 de la Ley 30/1992 .

En definitiva, el Ayuntamiento no dejó transcurrir el plazo máximo de seis meses para notificar y resolver el expediente de restauración de la legalidad urbanística previsto en el art. 227.2 de la LUV , computado en la forma que establecía el apartado a) de este precepto legal. No se produjo, pues, la caducidad del procedimiento invocada por el actor-apelante - art. 44.2 de la Ley 30/1992 -.



QUINTO.- No puede tampoco ser acogida la alegación del recurrente en torno a la prescripción de la acción del Ayuntamiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida por aquél.

El art. 224.1 de la LUV contemplaba al respecto un plazo de cuatro años desde la total terminación de las obras (actualmente la LOTUP lo eleva a quince años).

Ha de tomarse como punto de partida la reiterada doctrina jurisprudencial que pone de manifiesto que, en los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, la obligación de acreditar la fecha de la finalización de las obras ilegalmente ejecutadas pesa sobre el administrado que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad y ha creado, por tanto, la dificultad para el conocimiento del dies a quo del plazo de prescripción.

En el caso enjuiciado D. Ildefonso no ha aportado ninguna prueba concluyente, ni en vía administrativa ni en la primera instancia judicial, que acredite de forma indubitada que, según aduce, las obras de cerramiento de la terraza cubierta de su vivienda estuvieran totalmente terminadas en el mes de mayo de 2008. En vía administrativa presentó los siguientes documentos (en sede jurisdiccional no aportó prueba documental): -un presupuesto de fecha 15 de mayo de 2008 de una ventana corredera dos hojas en aluminio inoxidable con cristal y persiana de aluminio, por valor (montaje incluido) de 4.278,57 €, elaborado por la empresa Alu-Cardona S.L., en el que por toda identificación del inmueble a que viene referido consta 'Terra de Mar'. Con tal presupuesto adjuntó un certificado emitido por D. Prudencio , quien manifestaba ser propietario y gerente de dicha empresa, en el que éste afirmaba que había efectuado una obra de acristalamiento y cerramiento de terraza para D. Ildefonso en la urbanización Tierra de Mar, C/ DIRECCION000 nº NUM000 , escalera NUM002 , puerta NUM003 , según el anterior presupuesto, obra que, añadía, había sido ejecutada y finalizada en fecha 29 de mayo siguiente.

-y tras ser requerido por el Ayuntamiento para aportar certificación o declaración responsable suscrita por técnico competente (arquitecto o arquitecto técnico) que acreditase que las obras objeto del expediente tenían una antigüedad superior a cuatro años, presentó una declaración responsable firmada en fecha 11 de marzo de 2013 a petición suya por el arquitecto técnico D. Calixto en el que este técnico se limita a señalar que, como se indicaba en aquellos documentos antecitados, las obras de acristalamiento de la terraza 'fueron realizadas el 29 de mayo de 2008 por la empresa Alu-Cardona S.L., y desde su instalación hasta la fecha actual tienen una antigüedad superior a cuatro años'.

Pues bien, tales documentos no permiten tener por cierto que las obras objeto de controversia se ejecutaran y se terminaran totalmente en mayo de 2008. La existencia de un mero presupuesto no puede llevar a dar por probada la efectiva realización de las obras a que se contrae, ni mucho menos la fecha de finalización de las mismas, como así entendió acertadamente el Ayuntamiento. Y la declaración responsable emitida por el arquitecto técnico Sr. Guillermo carece asimismo de todo valor probatorio a los efectos que interesan, por cuanto su autor no hace otra cosa que remitirse al contenido de los documentos que le había facilitado el recurrente y que transcribe, sin hacer ninguna referencia a que hubiera examinado la obra y sin poder ofrecer, por consiguiente, ni un solo dato de carácter técnico que sustente su aseveración acerca de la antigüedad del cerramiento de la terraza.

El apelante opone que el Ayuntamiento se basa para argumentar que las obras no tienen una antigüedad superior a cuatro años en que, consultado el visor de Google en la C/ DIRECCION000 cuyas imágenes datan de septiembre de 2008, aparece en las mismas la terraza en cuestión abierta y sin cerramiento (informe del arquitecto municipal de 8 de abril de 2013), imágenes que poseen, a criterio del apelante, dudosa fiabilidad.

La Sala considera que, en efecto, tales imágenes no pueden ser consideradas un medio técnico idóneo para sustentar la afirmación del Ayuntamiento. Ahora bien, no cabe olvidar, en lo que ahora importa, que tratándose de obras realizadas ilegalmente por el interesado sin contar con la preceptiva licencia municipal, pesaba sobre él la carga de la prueba de acreditar en el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística que la acción del Ayuntamiento no se encontraba prescrita, y tal como ha sido ya apuntado, el Sr. Ildefonso no probó de forma fehaciente que las obras concernidas se encontraran totalmente acabadas en la fecha que aduce - mayo de 2008-.

En suma, el actor-apelante no ha justificado de forma bastante que cuando el Ayuntamiento de Denia inició el expediente nº NUM004 -mediante resolución nº 794/2012, de 26 de julio, de la Concejala-Delegada de Disciplina Urbanística- se encontrara ya prescrita la acción de ese Ayuntamiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística conculcada por aquél mediante la realización de las obras en cuestión.

No estando prescrita, en consecuencia, esa acción para el restablecimiento de la legalidad urbanística, el Ayuntamiento de Denia venía obligado a ejercitarla, siendo de recordar, en este punto, el carácter inexcusable para las administraciones públicas del ejercicio de la potestad de restauración de la legalidad urbanística que se recogía en el art. 220 de la LUV -«La adopción de las medidas de restauración del orden urbanístico infringido es una competencia irrenunciable y de inexcusable ejercicio por la administración actuante»-.



SEXTO.- A resultas de todo lo fundamentado, procede: 1.- estimar el recurso de apelación; 2.- revocar la sentencia apelada; y 3.- desestimar el recurso contencioso-administrativo de instancia.

SÉPTIMO.- De conformidad con el art. 139.1 y 2 de la Ley 29/1998 , no ha lugar a hacer expresa imposición de costas procesales causadas en ninguna de las dos instancias.

Fallo

FALLAMOS 1.- Estimar el recurso de apelación número 880/2015, interpuesto por D. Ildefonso contra la sentencia nº 269/15, de 13 de julio de 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Alicante en el recurso contencioso-administrativo abreviado número 285/2014 seguido ante ese Juzgado.

2.- Revocar la sentencia apelada.

3.- Desestimar el mencionado recurso contencioso-administrativo nº 285/2014, deducido por D.

Ildefonso frente a la resolución de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Denia de 16 de enero de 2014 (expediente nº NUM004 ).

4.- No hacer expresa imposición de costas procesales causadas en ninguna de las dos instancias.

La presente sentencia no es firme y contra ella cabe, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162, de 6 de julio de 2016).

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso de apelación, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de la que como Secretaria de la misma, certifico.