Sentencia Contencioso-Administrativo 607/2023 Tribunal Superior de Justicia de Galicia . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 155/2023 de 12 de julio del 2023

PRIMERO. - Recurso de Apelación interpuesto por la representación de D. Ángel Daniel.

El recurso se dirige contra la Sentencia de fecha 2 de julio de 2.021 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo N.º 1 de Vigo, en el Procedimiento Ordinario N.º 216/2020 /que acuerda: " Que estimando parcialmente el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Santa Cecilia Escudero, en nombre y representación de D. Ángel Daniel, contra la resolución desestimatoria por silencio administrativo de las reclamaciones formuladas por el recurrente el 18/11/2019 ante el Ayuntamiento de Vigo, que se anula en parte, por no estimarla totalmente conforme a derecho, reconociendo el derecho del reclamante al abono de las diferencias retributivas por horas de exceso sobre la jornada ordinaria anual realizadas por el recurrente desde octubre de 2015 hasta diciembre de 2020, descontadas el número de horas de exceso retribuidas en las nóminas conforme al CE factor relativo al exceso de la jornada anual (219 h), que se valorarán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo regulador de Condiciones económicas y sociales de los trabajadores al servicio del Concello de Vigo 1999-2002, esto es, al valor del importe de la hora normal de trabajo, condenando al Concello demandado a su abono, con los intereses legales preceptivos desde su reclamación en vía administrativa, y desestimando en lo demás el resto de las pretensiones formuladas por la recurrente, todo ello sin expresa imposición de las costas procesales.".

Solicita la parte apelante que dicte sentencia anulando parcialmente la apelada, por ser disconforme a derecho, estableciendo lo siguiente: 1. Manteniendo las declaraciones de la sentencia, en lo que se refiere al abono de las horas extraordinarias realizadas por el recurrente, desde el mes de octubre de 2015 hasta diciembre de 2020 al precio de la hora normal de trabajo, con los intereses legales preceptivos desde su reclamación en vía administrativa, sin descuento de las 219 horas que se establece en la sentencia recurrida; y asimismo que se declare que el Ayuntamiento de Vigo debe abonar, a partir enero de 2021 las horas extraordinarias que haya realizado y que el recurrente realice en el futuro, por el valor de la hora normal de trabajo, sin descuento de las referidas 219 horas, con los intereses legales preceptivos. 2. Declarando la responsabilidad patrimonial en que ha incurrido el Ayuntamiento de Vigo por las razones indicadas en la demanda y en el cuerpo del presente escrito, condenándole en su consecuencia a que indemnice a mi representado en la cantidad de 25.000 euros en concepto de daño moral. Para el caso de que no se estime lo anterior, que se condene al Ayuntamiento de Vigo a que indemnice en dicha cantidad a mi representado, en restablecimiento de la situación jurídica perturbada, como consecuencia de las vulneraciones en que incurrió el Decreto de 6 de febrero de 2019. Todo ello con imposición de las costas causadas en este procedimiento al Ayuntamiento de Vigo".

El Sr. Letrado del AYUNTAMIENTO de VIGO, se opuso al Recurso de Apelación interpuesto, solicitando que se declare la inadmisibilidad del recurso de apelación, o, se desestime el mismo.

SEGUNDO. - Relación de hechos relevantes.

Atendidas las alegaciones de las partes y lo contenido en la Sentencia apelada, los hechos de interés en el presente procedimiento son los siguientes.

1º.- El recurrente D. Ángel Daniel, presentó un escrito ante el Ayuntamiento de Vigo en el que solicitaba:

1. Que se anule el Decreto del Concelleiro de Seguridad y Movilidad, de 6 de febrero de 2.019, por el que se autoriza al jefe del Cuerpo de Bomberos, para que pueda acordar la suspensión de los descansos del personal adscrito a dicho Servicio.

2. Que se le abone la diferencia de valor de las horas extraordinarias que ha realizado fuera de la jornada ordinaria, de acuerdo con el valor que le correspondía a la hora ordinaria en cada uno de los años en que las realizó y respecto a la cantidad realmente satisfecha por este concepto, desde el mes de septiembre de 2015 hasta la fecha en que presentó la reclamación administrativa - 18 de noviembre de 2019-, a lo que debía añadirse la misma diferencia de valor respecto a las horas extraordinarias que pudiese prestar en los meses sucesivos.

3. Finalmente solicitó que se tramitase un expediente de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, por haberle obligado por medio del Decreto de fecha 6 de febrero de 2019, a realizar durante el tiempo de descanso horas extraordinarias, por tratarse de trabajo obligatorio o forzado que conculca importantísimos y graves derechos de la persona, reclamando una indemnización por daño moral de 25.000 euros.

2º.- Esa solicitud no fue resuelta expresamente por la Administración Local.

3º.- La representación del recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación formulada por el interesado contra el Concello de Vigo, con entrada en la Administración demandada el 18/11/2019, por la que solicitaba: I. "Que se anule el Decreto del Concelleiro de Seguridad y Movilidad, de 6 de febrero de 2019, por el que se autoriza al jefe del Cuerpo de Bomberos para que pueda acordar la suspensión de los descansos del personal adscrito a dicho Servicio. II. Que se tramite el procedimiento de responsabilidad patrimonial con motivo de la anulación del referido Decreto y, en consecuencia, se me indemnice por el daño moral que está causando la imposición de jornadas obligatorias. III. Que se me abone la diferencia de valor de las horas de exceso que he realizado sobre la jornada ordinaria, desde el mes de agosto de 2015 hasta la actual fecha de 30 de octubre de 2019, de acuerdo con el valor que le correspondía a la hora ordinaria en cada uno de los años en que las realicé, respecto a la cantidad realmente satisfecha por este concepto."

4º.- El recurso fue turnado al Juzgado de lo Contencioso-administrativo Nº 1 de Vigo, en el que se tramitó como Procedimiento Ordinario Nº 216/2020.

En la demanda presentada, la parte recurrente solicitaba: " TOTAL RECLAMADO POR HORAS EN EXCESO: 821,75 + 2.675,37 + 3.544,30 + 3.544,30 + 4.983,91 + 800,92 = 16.370,55 euros".

El Juzgado dictó sentencia de fecha 1 de julio de 2021, estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo.

5º.- Frente a dicha sentencia interpone recurso de apelación la representación del recurrente, solicitando dicte sentencia anulando parcialmente la apelada, por ser disconforme a derecho, estableciendo lo siguiente:

1. Manteniendo las declaraciones de la sentencia, en lo que se refiere al abono de las horas extraordinarias realizadas por el recurrente, desde el mes de octubre de 2015 hasta diciembre de 2020 al precio de la hora normal de trabajo, con los intereses legales preceptivos desde su reclamación en vía administrativa, sin descuento de las 219 horas que se establece en la sentencia recurrida; y asimismo que se declare que el Ayuntamiento de Vigo debe abonar, a partir enero de 2021 las horas extraordinarias que haya realizado y que el recurrente realice en el futuro, por el valor de la hora normal de trabajo, sin descuento de las referidas 219 horas, con los intereses legales preceptivos. 2. Declarando la responsabilidad patrimonial en que ha incurrido el Ayuntamiento de Vigo por las razones indicadas en la demanda y en el cuerpo del presente escrito, condenándole en su consecuencia a que indemnice a mi representado en la cantidad de 25.000 euros en concepto de daño moral. Para el caso de que no se estime lo anterior, que se condene al Ayuntamiento de Vigo a que indemnice en dicha cantidad a mi representado, en restablecimiento de la situación jurídica perturbada, como consecuencia de las vulneraciones en que incurrió el Decreto de 6 de febrero de 2019. Todo ello con imposición de las costas causadas en este procedimiento al Ayuntamiento de Vigo.

TERCERO. -Análisis de las alegaciones sobre inadmisibilidad del recurso de apelación.

La primera cuestión que se plantea en este recurso, a la vista de la inadmisibilidad invocada por el Ayuntamiento demandado en su escrito de oposición al recurso que nos ocupa, es si la apelación resulta admisible por razón de la cuantía.

En el anterior fundamento jurídico se ha especificado lo solicitado en la demanda a fin de que quedase claro que lo postulado por el demandante en este concepto en ningún caso excede de la suma de 30.000 euros, que se fija en el artículo 81.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por lo que la exigencia derivada del principio de congruencia impide que la condena rebase la suma solicitada.

Así, en la demanda se postula la cantidad de 16.370,55 euros, que se corresponde con la diferencia existente, entre el valor de la hora normal de trabajo en cada uno de los años en que ha prestado las horas extraordinarias y la cantidad efectivamente abonada por dicho concepto, desde el mes de noviembre de 2.015 hasta el mes de octubre de 2.020.

Por su parte, en el fallo de la sentencia del Juagado se estima parcialmente la pretensión articulada condenando al Ayuntamiento de Vigo al abono de las diferencias retributivas por horas de exceso sobre la jornada ordinaria anual realizadas por el recurrente desde octubre de 2.015 hasta diciembre de 2.020, descontado el número de horas de exceso retribuidas en las nóminas conforme al CE factor relativo al exceso de jornada anual (219 horas) que se valorarán conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo Regulador de las Condiciones Económicas y Sociales de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Vigo 1999-2002, esto es, al valor del importe de la hora normal de trabajo.

Aquel principio de congruencia impide que se rebase la suma de 16.370,55 euros que se pide, máxime si se tiene en cuenta que la estimación de la pretensión no es total sino parcial.

El demandante considera que se alcanza y supera la cuantía de 30.000 euros para que la apelación sea procesalmente admisible, y sustenta tal consideración en el hecho de sumar a los 16.370,55 euros aludidos, los 25.000 euros que reclama el actor en concepto de responsabilidad patrimonial y los importes que calculó el actor en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios, llegando a la conclusión de que ambas cantidades, sumadas, exceden de los 30.000 euros a que se refiere el artículo 81.1.a) LJ.

En este punto debemos señalar que el cálculo que ha de hacerse en esta segunda instancia, a los efectos de la admisión de este recurso de apelación, es el de la summa gravaminis, es decir, la cantidad debatida en la apelación planteada y en la que el demandante se considera perjudicado, al margen de cuál haya sido en su momento la cuantía del recurso a los efectos del artículo 42 LJ. Así, en la apelación se pretende la revocación del pronunciamiento relativo a la suma otorgada en concepto de gratificaciones por exceso de jornada, al objeto de que no sean descontadas las 219 horas de exceso retribuidas en las correspondientes nóminas, y ya hemos visto que en ese concepto la condena no puede rebasar la suma de 16.370,55 euros postulada, por lo que resulta indudable que la apelación ha de ser inadmitida por razón de la cuantía.

La sentencia de 8 de junio de 2020 de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (recurso 541/2019 ) incide asimismo en esa diferenciación entre cuantía del recurso y cuantía de la apelación, resaltando que es esta segunda la que ha de tenerse en cuenta a los efectos de admisión del recurso de apelación. Se argumenta en dicha sentencia que el umbral del recurso de apelación ha de ser examinado conforme al valor de la pretensión tras haberse dictado la sentencia en primera instancia, y ello con la manifiesta finalidad de que solo accedan al recurso aquellos procesos de cierta relevancia económica que evite el colapso de los Tribunales.

En consecuencia, procede, en este concreto punto, la inadmisión del recurso de apelación interpuesto.

CUARTO. - Solicitud de declaración de responsabilidad patrimonial.

En el suplico del escrito que contiene el recurso de apelación se solicita, también, que se declare la responsabilidad patrimonial en que ha incurrido el Ayuntamiento de Vigo, condenándole en su consecuencia a que indemnice al actor en la cantidad de 25.000 euros; para el caso de que no se estime lo anterior, que se condene al Ayuntamiento de Vigo a que indemnice en dicha cantidad al recurrente, en restablecimiento de la situación jurídica perturbada, como consecuencia de las vulneraciones en que incurrió el Decreto de 6 de febrero de 2019.

Se reclama en concepto de responsabilidad patrimonial la suma de 25.000 euros, cantidad inferior a la de 30.000 euros del artículo 81.1.a) LJ. La apelación sería admisible si el fallo de la sentencia apelada tuviese encuadre en el apartado 2.a) de ese mismo artículo 81 LJ, en cuanto declarase la inadmisión del recurso contencioso-administrativo, lo que no sucede en el presente supuesto. El cometido de esta Sala en segunda instancia sería, en ese caso, el examen sobre la procedencia o no de la admisión de la reclamación, de modo que si la conclusión fuese positiva lo procedente sería devolver las actuaciones a la juzgadora de primera instancia a fin de que decidiese sobre el fondo, porque en los asuntos cuya cuantía no alcanza los 30.000 euros no cabe la apelación (salvo en caso de que se acuerde la inadmisión del recurso contencioso-administrativo), siendo el juez natural el titular del Juzgado de lo Contencioso administrativo.

La responsabilidad patrimonial que reclamaba el recurrente ante la Administración, según razona, era la derivada de la anulación del Decreto municipal de 6 de febrero de 2019 por las sentencias de 30 de septiembre de 2019 dictadas por el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 1 de Vigo en los Procedimientos abreviados 119/2019 y 285/2019. Sin embargo, en el suplico de la demanda se interesa la condena al Ayuntamiento de Vigo a que indemnice al recurrente en la cantidad de 25.000 euros por el daño moral tanto en el supuesto de que hayan alcanzado firmeza las referidas sentencias como si se declara la nulidad instada porque el Decreto incurre en la ilegalidad derivada de que se impone al recurrente la realización obligatoria de horas extraordinarias, de modo que, según el recurrente, se vulnera el derecho a la libertad ( artículo 17 de la Constitución española ) y se lesiona la dignidad de la persona, que en el recurso de apelación se extienden a la integridad moral a no ser objeto de un trato degradante.

Por tanto, la pretensión de condena en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración no está ineludiblemente ligada a la previa declaración de nulidad en las sentencias que se dicten en litigios promovidos por otros demandantes, por lo que no puede deducirse que necesariamente haya que esperar a esa previa declaración de nulidad, pues, de hecho, se basa en fundamentos autónomos que solo en parte resultan coincidentes.

En consecuencia, no habiéndose declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo en ese aspecto, no hallando encaje, por tanto, en el artículo 81.2.a) LJ, ni tampoco en el apartado 2.b) de dicho precepto legal, al no movernos en el marco del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, es evidente que el recurso de apelación resulta inadmisible, también en este concreto punto, al no exceder la reclamación pecuniaria por daño moral de 30.000 euros.

Es de significar que lo que había de decidirse era la reclamación de responsabilidad patrimonial tal como se había planteado en primera instancia, es decir, en los términos del suplico de la demanda, en el que se interesaba la condena del Concello de Vigo a que indemnizase al recurrente en la cantidad de 25.000 euros por el resultado lesivo que le había ocasionado la aplicación de dicho Decreto, al haberle obligado a realizar horas extraordinarias durante su tiempo libre y de descanso, al vulnerar con ello los derechos que cita, con el correspondiente interés legal desde la solicitud deducida en vía administrativa.

Pero lo que no puede resultar acogible es la sustancial modificación del suplico que se llevó a cabo en el recurso de apelación, en el que se sustituyó la anterior petición por una suerte de peticiones subsidiarias, pues en la demanda la petición de condena al abono de 25.000 euros lo fue exclusivamente en concepto de responsabilidad patrimonial por daño moral. Por tanto, ha de quedar excluida la solicitud de condena al Concello de Vigo al abono de dicha cantidad en restablecimiento de la situación jurídica perturbada respecto del promovente.

La doctrina, a la hora de interpretar el contenido del artículo 41.3 de la ley Jurisdiccional ("En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación"), ha señalado:

En estos casos de acumulación objetiva la regla de cálculo de la cuantía es muy simple:

1. Ha de sumarse el valor de todas las pretensiones ejercitadas por el demandante, por ejemplo, si pide en un proceso la declaración de nulidad de la sanción que se le hubiere impuesto, pero también la de devolución de la cantidad que abonó como multa y, además, el importe del perjuicio económico derivado del comiso del objeto con el que se hubiera cometido la infracción, la cuantía estará representada por la suma de los importes de la multa y del valor de objeto decomisado.

2. Pero esta suma solo tiene efectos en el proceso de instancia. A efectos de poder interponer el recurso que proceda contra la sentencia, los importes deberán ser desagregados, de manera que el recurso solo procederá respecto de la pretensión cuyo valor supere los umbrales establecidos respecto de cada tipo de recurso. Así, en el ejemplo citado en el párrafo anterior, si contra la sentencia procediera recurso de apelación (cuyo umbral es de 30.000 euros), si el importe de la multa fuere de 20.000 euros, la multa no podría ser recurrida; pero si el valor del objeto decomisado fuere de 50.000 euros, el comiso sí podría ser impugnado.

Por todo cuanto queda argumentado, procede declarar la inadmisión, por razón de la cuantía, del recurso de apelación interpuesto.

QUINTO.- Costas.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1998 , no se hará especial pronunciamiento sobre las costas de la apelación, porque, pese a la inadmisión que se acuerda, el apelante se ha limitado a seguir las indicaciones contenidas en la sentencia recurrida.