Sentencia Contencioso-Administrativo 154/2024 Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 4320/2023 de 27 de marzo del 2024

SE ACEPTAN en su totalidad los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida en apelación, en todo lo que no contradigan los que se pasan a exponer.

PRIMERO: Sobre los motivos del recurso de apelación. Alegaciones de la parte apelante.

La parte apelante recurre en apelación la sentencia desestimatoria de su recurso contencioso-administrativo, alegando:

1º. Falta de motivación de la sentencia.

2º. Falta de valoración adecuada de los hechos que resultan del expediente de inspección técnica de edificios ITE NUM001, en el que consta el Acta suscrita por el arquitecto Avelino y como encargante Baltasar, en representación de la propietaria Bay Vien Towers SL, que refleja deficiencias en la instalación contraincendios. En dicho expediente, el mismo Baltasar fue requerido para que solicitara licencia para realizar las obras de subsanación de las deficiencias detectadas y aportara certificado de finalización de las mismas, con advertencia de que, en caso contrario se propondría la iniciación de expediente de Orden de ejecución o de declaración de ruina. En el expediente ITE, no tuvo intervención alguna el aquí recurrente.

Del expediente de Orden de Ejecución de obras, resulta reconocido por el Concello que el interesado (el representante del comunero mayoritario y poseedor del inmueble) solicitó licencia de obras, que comprende las obras requeridas en el expediente ITE que está en tramitación y, pese a haberse requerido reiteradamente informe sobre la situación, no consta en el expediente de orden de ejecución nada al respecto; y el Inspector Municipal no ha comprobado si se han ejecutado las obras. Y la prueba propuesta para verificar su el propietario poseedor del inmueble realizó las obras, ya que el recurrente no puede acceder al inmueble, fue inadmitida por auto de 21/02/2023. Por ello, el expediente de ejecución de obras se encuentra viciado de nulidad por falta del presupuesto municipal para su apertura, porque al menos parte de lo requerido se habría ya cumplido.

3º. Falta de idoneidad de la multa coercitiva y falta de proporcionalidad en el caso del recurrente, como propietario minoritario no poseedor, que no puede ejecutar las obras ordenadas por el Concello, por imposibilidad material. El recurrente ha mantenido y todavía mantiene numerosos litigios en defensa de sus derechos como comunero minoritario, incluso en la vía penal, frente a D. Baltasar y las sociedades que conforman su entramado empresarial (BAY VIEN TOWERS SL, UNIVERSITAS CAPITAL SLU y PRIME EVENTS SLU), y que éstos son los únicos que tienen acceso a la edificación.

SEGUNDO: Sobre la oposición a la apelación.

La representación procesal del CONCELLO DE VIGO se opone al recurso de apelación, alegando que la Administración municipal está legitimada para la emisión de órdenes de ejecución como la recurrida.

En cuanto al expediente previo de ITE, las pruebas fueron correctamente declaradas improcedentes en relación con la cuestión debatida en el proceso, toda vez que la cuestión a resolver es exclusivamente jurídica, consistente en determinar si un copropietario (minoritario y no poseedor) está legitimado pasivamente para recibir una orden de ejecución de obras, así como la proporcionalidad de la advertencia de la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento.

Quedaron acreditadas a la vista de los expedientes tramitados o en tramitación, las deficientes condiciones de conservación de la edificación por la no realización de las obras ordenadas por el técnico municipal, en caso de la edificación, o por falta de mantenimiento, en el caso del muro de cierre, con riesgo evidente de poder ocasionar daños a terceros, lo que necesariamente determinó la intervención municipal.

El Concello coincide con la sentencia en la vinculación existente entre el deber de conservación y el derecho de propiedad, y el recurrente reconoce ostentar un derecho de propiedad sobre la edificación sita en la AVENIDA000 del Concello de Vigo, aunque sea minoritario, y dicho derecho lleva aparejadas una serie de obligaciones, siendo el recurrente un legítimo destinatario de la orden de ejecución dictada.

La actuación municipal encuentra amparo en la legislación urbanística, que al referirse al contenido de las órdenes de ejecución ya especifica que deberán advertir a los destinatarios de que su incumplimiento habilita a la Administración para ejecutar forzosamente la orden incumplida mediante la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria (art. 334.2 RLSG).

La discrepancia entre copropietarios no supone una eximente de las responsabilidades de todo tipo que puedan derivarse del incumplimiento de este deber.

TERCERO: Sobre la motivación de la sentencia y la valoración de los hechos.

La sentencia recurrida en apelación da respuesta a las pretensiones planteadas, dando cuenta de los antecedentes de hecho que obran documentados en el expediente y expresando la fundamentación jurídica que determina la improcedencia de la pretensión ejercitada por la parte actora, sin que se aprecie ningún déficit en su motivación.

No hay una inadecuada valoración de los hechos por el de primera instancia, puesto que consta acreditada la existencia de un informe o acta de ITE en tramitación con nº de expediente NUM001, emitido por el arquitecto D. Avelino, en fecha 6 de mayo de 2011, en el que se expresa el resultado desfavorable de la inspección con deficiencias en el estado general de las condiciones de seguridad en caso de incendio .

En el informe "D2" dicho técnico inspector describe las siguientes deficiencias, sus posibles causas y medidas a adoptar en el edificio:

" D2. ESTADO XERAL DAS CONDICIÓNS DE SEGURIDADE EN CASO DE LUME.

En general la señalización está en mal estado o es deficitaria. Las instalaciones de seguridad en caso de fuego y los recorridos de evacuación, deben completarse y reformarse para adaptarse a las necesidades del local."

A partir de esa constatación le corresponde a la propiedad del inmueble acreditar la subsanación de las deficiencias, sin que las desavenencias entre comuneros puedan legitimar una relevación para alguno de ellos de los deberes de conservación que legalmente le corresponden a todos los propietarios, ni una alteración de las reglas de la carga de la prueba en cuanto a la debida conservación del inmueble, la cual además se debería haber producido en vía administrativa, para lo cual la propiedad ha dispuesto de un tiempo más que suficiente.

En el informe del técnico municipal de 13/04/2022 se concretan las obras necesarias a ejecutar, en estos términos:

" IV.- MEDIDAS DE SEGURIDADE, SALUBRIDADE E HABITABILIDADE

De acordo co establecido no artigo 10 da Ordenanza de ITE e no artigo 332 do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, así como nos artigos 135 e 136 da mesma lei, se deberá proceder, por parte da propiedade e baixo a dirección dun técnico competente e sen prexuízo de que se adopten outras medidas que se estimen necesarias, á execución das obras necesarias, para manter as condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade e habitabilidade do inmoble, que consisten en:

Obras a executar:

Instalacións:

- Deberán instalarse os aparatos de extinción de incendio que correspondan segundo a normativa vixente no momento da licenza obtida.

Outras:

- Outras obras que se estimen necesarias para garantir a conservación e seguridade dos elementos estruturais e construtivos da edificación.

- Durante o transcurso das obras garantirase a adopción das medidas de seguridade necesarias cara ós espazos públicos."

Se indica en el informe propuesta de resolución de inicio de expediente de orden de ejecución de obras, emitido el 19/04/2022, que:

"Transcurrido ampliamente o prazo sinalado, sen terse acreditado a finalización das obras pola propiedade, trasladouse o expediente a esta Oficina de Conservación, para a incoación do correspondiente expediente de orde de execución de obras".

En la resolución definitiva del expediente de orden de ejecución de obras se reafirma esta conclusión, sobre la no justificación en el expediente de que fuesen realizadas las obras precisas para subsanar las deficiencias detectadas que fueron descritas por el arquitecto designado por la propiedad en la elaboración del Informe de la ITE. De hecho, consta solicitada una licencia para acometer esas obras, pero ni siquiera concedida, y mucho menos se ha aportado al Concello en vía administrativa por la propiedad la justificación de la efectiva realización de las obras exigidas, que hubiera requerido, en primer término, la concesión de la licencia, además de la autorización sectorial del órgano competente en materia de protección del patrimonio cultural, y después la aportación del certificado de final de obra.

Además de lo indicado, hay otro expediente de orden de ejecución en relación con muro de cierre núm. NUM002.

No se ha acreditado ante el Concello que antes de la incoación del expediente de orden de ejecución de obras objeto del presente recurso contencioso-administrativo se hubieran subsanado las deficiencias apreciadas en los anteriores expedientes. De hecho, se hace referencia a una mera solicitud de licencia ni siquiera concedida. Si efectivamente tales obras ya se hubieran ejecutado, en los términos exigidos, la propiedad lo debería haber acreditado, cosa que no ha hecho hasta el momento; y si efectivamente tales obras se hubieran ejecutado (de lo que no hay constancia, ya que ningún propietario afirma que se hayan ejecutado), la consecuencia sería que desde el momento en que así se acreditase se tendría por cumplida esa orden de ejecución, que es conforme a derecho, en las condiciones en que se ha dictado, con la información disponible, en cuanto no constan ni siquiera concedidos los títulos habilitantes para la realización de las obras cuya necesidad se puso de manifiesto ya en el año 2011 ni se ha aportación la documentación relativa a su finalización.

No es relevante que el expediente ITE, que no es el objeto de esta litis, se hubiese entendido en su momento solo con uno de los propietarios, el cual sería, según lo alegado por la demandante, el propietario mayoritario y poseedor. La parte actora, como copropietaria, está obligada al mantenimiento de la edificación, al igual que la otra copropietaria, y el Concello, a la hora de verificar su estado, puede dirigirse a cualquiera de ellos, pero cuando se constatan determinadas deficiencias que han de ser corregidas, a la hora de dirigir el expediente de orden de ejecución de obras no puede excluir a ninguno de los propietarios, relevándole a priori de toda responsabilidad. Ese propietario, en su relación con la Administración municipal, y a los efectos de acreditar el cumplimiento de sus deberes legales en relación con la edificación, no puede excusarse en su condición de minoritario no poseedor para argumentar que desconoce si se han ejecutado las obras necesarias. Las desavenencias con el propietario mayoritario y poseedor no determinan que el Concello deba dirigir la orden de ejecución de obras solo a uno de los propietarios, con exclusión del otro, ya que ello sería una exención de sus obligaciones legales, no amparada por el ordenamiento jurídico.

En este sentido, la sentencia recurrida recuerda que el Concello de Vigo cuando dictó la resolución que puso fin al expediente de orden de ejecución de obras, donde se contenía el requerimiento de actuación dirigido a los propietarios del inmueble, el plazo para ello y las consecuencias de la inactividad, no hizo sino cumplir estrictamente con lo dispuesto en los artículos 332 y siguientes del decreto 143/ 2016, de 22 de septiembre por el que se aprueba el reglamento de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia, donde se recoge por un lado el deber de los propietarios de las edificaciones de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público y por otro la obligación de los ayuntamientos de ordenar la ejecución de las obras necesarias para conservar esas mismas condiciones con indicación del plazo de realización.

El art. 15 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana establece que:

1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes siguientes:

(...)

b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos.

El art. 135 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia establece que:

1. Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones, edificios e instalaciones habrán de:

a) Emprender la edificación o rehabilitación en los términos y plazos establecidos en la legislación vigente. El deber de edificar incluye el deber de los propietarios de terminar las edificaciones para cuya ejecución obtuvieron la preceptiva licencia.

b) Destinarlos a los usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística.

c) Conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a dichos usos y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibles.

d) Realizar los trabajos y las obras necesarias para satisfacer los requisitos básicos de la edificación establecidos en las normas legales que les sean exigibles en cada momento.

e) Realizar obras adicionales por motivos turísticos o culturales o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano.

Ante la existencia de una situación de copropiedad el Concello puede dirigir la orden de ejecución de obras a todos los copropietarios, en cuanto que a priori no puede excluir a ninguno de ellos de la obligación de cumplimiento de deberes legales que alcanzan a todos. A este respecto, en la resolución administrativa recurrida también se trae a colación lo dispuesto en la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y regeneración urbanas, que dispone expresamente en el art. 4.1 la obligación que incumbe a las personas y comunidades titulares de construcciones, instalaciones y edificios, en estos términos:

1. No obstante lo dispuesto en la normativa del suelo de Galicia, las personas y comunidades titulares de terrenos y construcciones, instalaciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, eficiencia energética, ornato público y decoro, realizando en ellos los trabajos y las obras precisas para conservarlos o mejorarlos, a fin de mantener las condiciones requeridas para la habitabilidad, la accesibilidad o el uso efectivo correspondiente con un consumo energético responsable. En caso de que los bienes inmuebles de su titularidad formaran parte del patrimonio cultural de Galicia también están obligadas a conservarlos, mantenerlos y custodiarlos debidamente para evitar su pérdida, destrucción o deterioro.

En el art. 24.1 de la misma ley 1/2019 se reitera el deber de las personas propietarias de las edificaciones en orden a realizar obras de conservación que:

1. Las personas propietarias de las edificaciones están obligadas a realizar las obras de edificación, conservación y rehabilitación en los plazos y condiciones previstas en las leyes, especialmente en aquellas que contemplan los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, en los instrumentos de planeamiento y, en su caso, en los instrumentos de gestión y órdenes de ejecución que los recojan.

Atendida toda esta normativa, y por las razones expuestas, asiste la razón al Concello cuando advierte que en este caso no nos encontramos con una verdadera controversia fáctica, sino jurídica, en cuanto a la legitimación pasiva de un comunero minoritario para ser destinatario de una orden de ejecución de obras, junto con el resto de propietarios. Y ello porque el apelante no sostiene que se hayan ejecutado las obras necesarias, sino que lo alegado es que el Concello no ha comprobado si el otro propietario las ejecutó, extremo que el apelante no conoce puesto que manifiesta que no puede acceder al inmueble.

La controversia sería fáctica si el recurrente afirmase su conocimiento de que las obras necesarias ya se han ejecutado, y en ese caso, ese alegato, en función de un conocimiento propio -que el recurrente reconoce en este caso que no tiene-, tendría que concretarse especificando las condiciones objetivas y temporales en que se desarrollaron las obras, los títulos habilitantes obtenidos, la certificación de técnico competente que acreditase su finalización de acuerdo con esos títulos habilitantes, y en función de esa alegación de hecho, en ese supuesto -distinto al que nos ocupa- sí podría apreciarse una controversia fáctica para dilucidar si concretas obras alegadas por el recurrente determinaban o no la pérdida de presupuesto material de la orden de ejecución de obras. Pero no es esto lo que alega el apelante, que simplemente manifiesta que no puede acceder al inmueble, que mantiene litigios con el otro copropietario, y afirma que una parte de lo requerido se habría cumplido por cuanto sí se habría solicitado licencia por el otro copropietario en relación con las obras necesarias, lo cual obviamente no es cumplimiento de lo requerido, que es la efectiva ejecución de las obras necesarias, previa obtención de los títulos habilitantes preceptivos.

El proceso contencioso-administrativo contra la orden de ejecución de obras dirigida por el Concello a la propiedad del inmueble no puede utilizarse por uno de esos propietarios para dirimir sus diferencias con el otro, ni para conseguir el acceso al inmueble al objeto de comprobar su estado, pretensión que ha de ser articulada por otros cauces. El objeto del proceso contencioso-administrativo, en este caso, es enjuiciar la conformidad a derecho de la orden de ejecución de obras, y por las razones expuestas es evidente que las obras necesarias no se han ejecutado, ya que ni siquiera se ha concedido la licencia en su momento solicitada para realizarlo, y en el expediente de ITE no se ha aportado la justificación de su realización, y no hay constancia de que ningún técnico haya certificado su ejecución.

No cabe admitir que un copropietario, excusándose en su condición de no poseedor, pretenda la anulación de la orden de ejecución de obras sosteniendo que el Concello no ha comprobado la situación del inmueble antes de dictar la orden de ejecución, cuando en realidad el mismo propietario, por su condición alegada de no poseedor, no proporciona datos sobre su estado, que tampoco parece conocer, correspondiéndole al propietario -ya sea al actor, ya sea a la mercantil copropietaria- la carga de acreditar que sí se han subsanado las deficiencias apreciadas en expedientes anteriores, y ello en vía administrativa, lo que no se hizo, y ante esa omisión necesariamente el Concello se ve abocado a dictar la orden de ejecución de obras, porque hay constancia de unas deficiencias, por expedientes anteriores, y no hay un acreditado cumplimiento del deber de conservación, lo que determina la conformidad a derecho de la resolución dictada y recurrida en la primera instancia. En este sentido, el Concello de Vigo motiva en la referida resolución administrativa:

"No presente caso, o expediente iniciouse con motivo da presentación dun informe de ITE desfavorable (exp. NUM001). Conforme ao art. 9.1 e 2 da Ordenanza municipal reguladora da Inspección Técnica de Edificacións (ITE) do Excmo. Concello de Vigo, cando o resultado da inspección técnica sexa desfavorable, a propiedade, no seu caso, debe obter licenza municipal (a presentar no prazo de dous meses, salvo que se trate de obras urxentes), para a execución das obras reflectidas no informe, no prazo estimado polo técnico redactor. A acreditación da finalización das obras debe realizarse mediante a certificación emitida por técnico competente. Para o caso de que a propiedade non proceda nos termos expresados, o art. 10.1 da Ordenanza municipal de ITE prevé que, polos servizos técnicos e xurídicos desta XMU se emitirá informen propoñendo ao órgano competente o inicio de expediente de orde de execución de obras ."

Obviamente en este caso ni se obtuvo la licencia preceptiva para ejecutar las obras necesarias por razones de seguridad ni tampoco se aportó al expediente el certificado de finalización de las obras emitido por técnico competente, certificado cuya existencia no alega ninguna parte, y del que no se tiene constancia, como tampoco se tiene constancia de la realización de ninguna de las obras requeridas, lo cual releva de la necesidad de la prueba interesada por el apelante, ya que no es el proceso contencioso-administrativo de impugnación de la resolución que ordena la ejecución de obras el cauce para que el copropietario pueda conseguir averiguar el estado de la edificación.

La finalidad de la prueba es acreditar hechos controvertidos, y en este caso los hechos que determinan la procedencia del expediente de ejecución de obras, esto es, la no obtención de licencia para ejecutar las obras necesarias para subsanar las deficiencias detectadas en el expediente de ITE, la no obtención de la preceptiva autorización del órgano competente para la protección del patrimonio cultural (por razón de la inclusión de la edificación en el Catálogo de Bienes Culturales, Naturales y Paisajísticos), y la no aportación del certificado emitido por técnico competente en relación con la finalización de las obras requeridas y previamente autorizadas, son hechos no controvertidos, así como se pone de manifiesto que el apelante no puede tampoco afirmar que las obras se hayan ejecutado, al manifestar que no tiene acceso a la edificación.

La vía para solucionar sus desavenencias con el otro copropietario no puede ser la del presente recurso contencioso-administrativo. La responsabilidad en relación a la solicitud de licencia, su obtención y ejecución de las obras necesarias, es solidaria para todos los propietarios. Es evidente que la parte actora-apelante no ha acometido ninguna obra ni ha solicitado ninguna licencia (no lo afirma y manifiesta que no tiene acceso a la edificación), y la otra copropietaria nada ha acreditado en relación a la obtención de licencia ni a la ejecución de obras, sin olvidar que además, antes de cualquier intervención material, tal y como advierte el Concello en sus resoluciones, además de licencia municipal (no concedida) es necesaria la autorización del órgano competente en materia de protección del patrimonio cultural, toda vez que la edificación de referencia está incluida en el Catálogo de Bienes Culturales, Naturales y Paisajísticos, con la clave AQ.27.007, " EDIFICIO000", con nivel de protección Ambiental, por lo que cualquier intervención en la misma y en su entorno de protección o zona de amortiguamiento requerirá la previa autorización de la consellería competente en materia de patrimonio cultural, que tampoco consta concedida.

Ante ese escenario, el Concello no solo puede sino que debe dirigirse a la propiedad ordenando que ejecute las obras para subsanar las deficiencias constatadas, estando integrada esta propiedad por dos copropietarios, que desde la perspectiva jurídica están legitimados pasivamente para soportar la orden de ejecución de obras; y no puede el Concello excluir a uno de ellos como destinatario de esa orden, por cuanto que ello iría en contra de los arts. 15 del Real Decreto Legislativo 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana - TRLSRU-, el art. 135 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia (LSG) y 332 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la LSG (RLSG), al relevarle a priori de una obligación que legalmente le corresponde como propietario.

CUARTO: Sobre el apercibimiento de imposición de multas coercitivas.

Al no haberse acreditado en la vía administrativa, en el cauce procedimental establecido, ante el Concello, y por parte de la propiedad, la subsanación de deficiencias apreciadas en anteriores expedientes, el Concello debe velar porque se cumpla de forma efectiva el deber de conservación que incumbe a los propietarios (que debería ser cumplido sin necesidad de requerimientos u órdenes administrativas, por ser un deber con origen legal), y para ello puede y debe dictar órdenes de ejecución de las obras necesarias por razón de seguridad, salubridad, habitabilidad u ornato, dirigidas a la propiedad, sea un único propietario o varios. Y por mandato legal, esa orden debe incorporar el apercibimiento de cuál es la consecuencia jurídica del incumplimiento de la misma, que es la procedencia de iniciar un procedimiento de ejecución forzosa en el que se podrán imponer multas coercitivas.

En este sentido, el art. 136.4 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia establece:

"4. En caso de incumplimiento de la orden de ejecución, la administración municipal procederá a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables trimestralmente, sin que en ningún caso puedan superar individualmente o en su conjunto el 75 % del coste de reposición de la edificación o de una nueva construcción con características similares, excluido el valor del suelo.

5. La administración municipal también podrá acudir a la ejecución subsidiaria, de manera directa o a través de un agente edificador con capacidad y compromiso suficiente para asumir las responsabilidades previstas en este artículo, con la obligación de solicitar licencia de obra en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha en la que esté resuelta la disponibilidad del terreno y tras la correspondiente expropiación del mismo."

El art. 336 del Decreto 143/2016 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia establece:

"Artículo 336 Ejecutividad y ejecución forzosa de las órdenes de ejecución .

1. Las órdenes de ejecución son ejecutivas desde el momento en que se dictan. Efectuada la advertencia previa y transcurrido el plazo de ejecución voluntaria, en el caso de persistir el incumplimiento de la orden de ejecución, la Administración municipal procederá a la ejecución forzosa, respetando el principio de proporcionalidad, mediante ejecución subsidiaria o mediante la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables trimestralmente, sin que en ningún caso puedan superar individualmente o en su conjunto el 75 % del coste de reposición de la edificación o de una nueva construcción con características similares, excluido el valor del suelo.

2. La imposición de las multas coercitivas se reiterará hasta lograr la completa ejecución de lo ordenado, salvo que la Administración competente opte, en cualquier momento, por la ejecución subsidiaria.

3. La Administración municipal también podrá acudir a la ejecución subsidiaria, de manera directa o a través de un agente edificador con capacidad y compromiso suficiente para asumir las responsabilidades previstas en el artículo 136 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero , con la obligación de solicitar licencia de obra en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha en la que esté resuelta la disponibilidad del terreno y tras la correspondiente expropiación del mismo (artículo 136.5 de la LSG).

La ejecución subsidiaria será a cargo de la persona obligada, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 332.3, esto es, sólo en caso de que las actuaciones de obligado cumplimiento estuvieran dentro del límite del deber de conservación que les corresponde. Antes de ejecutar materialmente los actos que hubieran sido ordenados, podrá liquidarse provisionalmente el importe de los gastos, daños y perjuicios que se tengan que soportar previsiblemente, con vistas a su liquidación definitiva. Cuando la persona obligada no satisfaga voluntariamente las cantidades líquidas a las que está obligada, se exigirán por la vía de apremio."

En este caso la resolución administrativa recurrida:

- ordena "a la propiedad de la edificación " que se proceda a la ejecución de las obras señaladas en el informe del técnico municipal de 13/04/2022;

- concreta que el plazo de un mes para "presentar a solicitude de licenza de intervencións menores en edificios catalogados, que incluirá as obras ás que fai referencia o apartado IV.-MEDIDAS DE SEGURIDADE SALUBRIDADE E HABITABILIDADE do dito informe técnico municipal, de data 13/04/2022, acompañada da preceptiva documentación técnica, así como do Estudo de Seguridade e Saúde, ou Estudo Básico (RD 1627/1997), segundo corresponda e do Oficio de Dirección das Obras" plazo que "comezará a computarse desde o día seguinte ao da recepción polos interesados da notificación desta resolución";

-recuerda que "Toda vez que a edificación de referencia está incluída no Catálogo de Bens Culturais, Naturais e Paisaxísticos, coa clave AQ.27.007 " EDIFICIO000", con nivel de protección Ambiental, polo que calquera intervención nela e no seu contorno de protección ou zona de amortecemento terá que ser autorizada pola consellería competente en materia de patrimonio cultural (art. 39.1 da LPCG), infórmaselles aos interesados da obriga de achegar a documentación acreditativa que xustifique ter iniciado o procedemento para obter as autorizacións sectoriais que resulten pertinentes";

-establece un plazo de dos meses para realizar las obras, desde el día siguiente a la recepción de la resolución de otorgamiento de la licencia;

-concreta la forma de acreditación de las obras ordenadas;

-incluye el apercibimiento a los interesados de que:

"... en caso de incumprimento da orde descrita no parágrafo anterior, procederase á súa execución forzosa ( arts. 99 , 100 , 102 e 103 LPAC ), mediante a imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables trimestralmente ata lograr a execución da totalidade das obras ordenadas, ou ben acudirase á execución subsidiaria de maneira directa pola Administración, á conta da propiedade, esixíndolle o importe dos gastos, danos e prexuízos, conforme ao procedemento de constrinximento, ou a través de axente edificador, previa expropiación (artigo 136.4 e 5 LSG e 336 RLSG).

Así mesmo, cómpre advertirlle á propiedade de que, de conformidade co disposto nos arts. 334.2 do RLSG e 29.3 e 104 da LRRRUG, o incumprimento desta orde de execución de obras, habilita a esta Administración municipal para:

"a) Executar forzosamente a orde incumprida mediante a imposición de multas coercitivas ou execución

subsidiaria.

b) Incluír o inmoble no Rexistro de Soares, no caso de terse constituído.

c) Decretar a aplicación do réxime de venda forzosa

d)Instar, do Instituto Galego da Vivenda e Solo, a declaración do inmoble en estado de abandono."

No puede eliminarse u omitirse respecto a uno de los copropietarios el apercibimiento de medidas de ejecución forzosa, para el caso de incumplimiento, por el hecho alegado de que es minoritario y no poseedor. El mero de incluir el apercibimiento en la resolución que ordena ejecutar las obras, dirigida a la propiedad, no supone vulneración de la proporcionalidad, y el alegato de la ausencia de una voluntad rebelde al cumplimiento, sino imposibilidad de este, no puede realizarse frente a la mera orden de ejecución de obras con apercibimiento de la posibilidad futura de multas coercitivas, caso de incumplimiento posterior de la misma, siendo una cuestión que solo cabría valorar en el caso de que la propiedad del inmueble incumpla las obligaciones que le incumben y determine la necesidad de abrir una ejecución forzosa, con la efectiva imposición de multas coercitivas, sin que pueda quedar relevada la recurrente con carácter anticipado o apriorístico y preventivo de toda posible responsabilidad a este respecto, lo cual supondría una alteración del régimen legal de notificación de estos actos que comportan órdenes de ejecución de obras, que debe incluir los apercibimientos de posibles medidas de ejecución forzosa para el caso de incumplimiento.

La falta de proporcionalidad en relación a una multa coercitiva o la ausencia de voluntad rebelde al cumplimiento solo puede valorarse en el marco de un recurso contra un acto de imposición efectiva de una multa coercitiva, no en el marco de un recurso contra un acto que ordena la ejecución de obras, en el que meramente se apercibe a la propiedad de la consecuencia legalmente establecida para el caso de incumplimiento, informando del régimen jurídico de la ejecución forzosa, sin que ello suponga la imposición actual de ninguna multa coercitiva.

En atención a lo expuesto procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia recurrida.

QUINTO: Sobre las costas procesales.

La desestimación del recurso de apelación determina la imposición de las costas procesales a la parte apelante, con el límite máximo total de 1000 euros, por todos los conceptos y partes.